STC11671-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11671-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03099-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por O-Tek Central S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Tribunal de Arbitramento integrado en la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia con el fin de resolver el conflicto suscitado entre Aures Bajo S.A.S. -convocante- y la quejosa -convocada-, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los accionados. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse dejen sin efectos: 3.1. Las decisiones adoptadas por el Tribunal Arbitral en el laudo de 4 de mayo de 2020, en relaci\u00f3n con el lucro cesante\u2026 3.2. La Providencia proferida por la Sala\u2026 Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 22 de febrero de 2021, mediante al que se declar\u00f3 infundado el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Con sentencia del 22 de febrero de 2021 el Tribunal Superior acusado declar\u00f3 infundado el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n que la aqu\u00ed accionante, con apoyo en las causales 7\u00aa1 y 9\u00aa2 del precepto 41 de la Ley 1563 de 2012, interpuso frente al laudo dictado el 4 de mayo de 2020 por el Tribunal de Arbitramento integrado en la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia con el fin de resolver el conflicto suscitado entre ella -convocada- y Aures Bajo S.A.S. -convocante-; \u00faltimo en el cual, entre otras disposiciones, adem\u00e1s de declarar que la quejosa incumpli\u00f3 el contrato celebrado con \u00e9sta \u00abel d\u00eda 28 de julio de 2017, para el suministro de la tuber\u00eda para sistemas a flujo libre y a presi\u00f3n hasta 32 bar (470 psi) para la PCH Aures Bajo\u00bb, la conden\u00f3 a pagar a su antagonista, por concepto de lucro cesante, $353.288.387, as\u00ed como $124.699.822, a t\u00edtulo de intereses de mora liquidados sobre aquella suma entre el 13 de diciembre de 2018 y el 30 de abril de 2020. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela la accionante critic\u00f3, en concreto, la condena que se le impuso por perjuicios en la vertiente de lucro cesante, comoquiera que, adujo, para ello el Tribunal de Arbitramento incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y org\u00e1nico, pues dio un alcance que no ten\u00eda al dictamen pericial en el que edific\u00f3 sus conclusiones, en tanto que, contrario a lo que resolvi\u00f3, de tal experticia no se desprende que su incumplimiento hubiese sido el factor determinante para imposibilitar la puesta \u00aben operaci\u00f3n [de] la conducci\u00f3n\u00bb; sumado a que en la demanda, por ese concepto, la suma pretendida se refiri\u00f3 a lo causado entre el 16 de agosto y el 11 de septiembre de 2018, mientras que lo reconocido fue por el lapso corrido entre el 4 y el 13 de diciembre de ese a\u00f1o, quebrant\u00e1ndose, no s\u00f3lo los l\u00edmites \u00abf\u00e1cticos y jur\u00eddicos\u00bb derivados del precepto 281 del C\u00f3digo General del Proceso, sino la competencia del juzgador arbitral, en tanto que esa condena result\u00f3 edificada \u00aben hechos no debatidos en el proceso y respecto de los cuales el mismo Tribunal Arbitral reconoce que hubo incongruencias por parte de Aures Bajo\u00bb, motivos mismos por los cuales su recurso de anulaci\u00f3n debi\u00f3 salir avante, especialmente por esa ausencia de correspondencia entre lo efectivamente pedido y lo concedido. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a informar los datos existentes para la notificaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el asunto fustigado. <\/p>\n
2. La C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia advirti\u00f3 que \u00abde conformidad con lo consagrado en la Sentencia de la Corte Constitucional C-1038 de noviembre 28 de 2002[,] los Centros de Arbitraje carecen de funciones jurisdiccionales y limitan su actuaci\u00f3n a brindar un apoyo log\u00edstico para el adecuado funcionamiento de los tr\u00e1mites arbitrales que ante \u00e9l se adelanten\u00bb, motivo por el cual \u00abno hay lugar a un pronunciamiento sobre la situaci\u00f3n particular que es objeto de la acci\u00f3n de tutela, pues no existe por [esa] Instituci\u00f3n violaci\u00f3n a derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. Los \u00e1rbitros que integraron el Tribunal cuestionado solicitaron \u00abdenegar la solicitud de tutela con fundamento en varias razones jur\u00eddicas\u2026[,] a saber: Por la falta de inmediatez de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n contra el Laudo, por la improcedencia de la acci\u00f3n presentada sin los requisitos establecidos por la Corte Constitucional y por el hecho evidente y demostrado que no fue violado derecho constitucional alguno a\u2026 O-Tek Central S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte que la promotora cuestiona: (i) la sentencia calendada 22 de febrero de 2021, mediante la cual el estrado judicial criticado desestim\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n que ella interpuso contra del laudo arbitral de 4 de mayo de 2020; y (ii) la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica efectuada en este \u00faltimo para reconocer la reparaci\u00f3n por lucro cesante a favor de la all\u00ed convocante. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, de entrada, advierte la Corte la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad de este ruego, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. Respecto de la primera de las quejas rese\u00f1adas esta acci\u00f3n constitucional est\u00e1 llamada al fracaso porque el Tribunal enjuiciado, en la referida providencia de 22 de febrero de 2021, explic\u00f3 con suficiencia los motivos por los cuales el recurso de anulaci\u00f3n formulado por la reclamante no se abr\u00eda paso. <\/p>\n
2.1.1. En efecto, preliminarmente precis\u00f3 que los siguientes eran los problemas jur\u00eddicos que le correspond\u00eda dilucidar: <\/p>\n
1. \u00bfSe apart\u00f3 el Tribunal Arbitral de fallar en derecho al dar por probada la causaci\u00f3n de un da\u00f1o emergente derivado de las obras de desmontaje y reinstalaci\u00f3n de tuber\u00eda recibidas por la actora, por no existir prueba directa de una erogaci\u00f3n efectiva por este concepto? <\/p>\n
2. \u00bfSe apart\u00f3 el Tribunal Arbitral de fallar en derecho al cuantificar el precio y la cantidad de energ\u00eda producida por Aures Bajo en diciembre de 2018, para proferir la condena por lucro cesante? <\/p>\n
Seguidamente, con apoyo en las normas aplicables al caso (especialmente los art\u00edculos 42 y 43 de la Ley 1563 de 2012), la jurisprudencia (entre otros pronunciamientos, CSJ SC, 13 jun. 1990 y 13 ag. 1998) y la doctrina, expuso algunas generalidades en torno a la \u00ab[n]aturaleza y alcance del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n\u00bb, destacando que el mismo se concibi\u00f3 como una herramienta para controvertir los errores en los que se hubiese podido incurrir en la \u00abactividad procesal\u00bb mas no para replantear la discusi\u00f3n de fondo frente a aspectos sustanciales. <\/p>\n
Luego, tras referirse a la causal s\u00e9ptima de anulaci\u00f3n, para concluir que \u00ablas consideraciones jur\u00eddicas y probatorias recogidas en el laudo le hacen mantener una apariencia de acogimiento al derecho, y, por ende, no se impone la prosperidad de esta causal\u00bb, in extenso consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la recurrente sustent\u00f3 su recurso con referencia -en t\u00e9rminos generales- a dos aspectos trascendentales del laudo desprovistos de consideraciones jur\u00eddicas y probatorias: la determinaci\u00f3n del da\u00f1o emergente y la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante. <\/p>\n
A partir de la lectura del laudo arbitral, empero, surge la conclusi\u00f3n contraria a la aqu\u00ed pregonada por el recurrente, pues se observa que los \u00e1rbitros acudieron a la normativa jur\u00eddica y se dieron a la tarea de explicitar su cr\u00edtica probatoria, sin invocar la equidad o razones extralegales en desatadura de los puntos resaltados por la impugnante. <\/p>\n
Con respecto del da\u00f1o emergente, se advierte que los \u00e1rbitros enmarcaron su an\u00e1lisis dentro de los presupuestos de la responsabilidad civil contractual, anotando que \u201csurge imprescindible el an\u00e1lisis de los elementos o presupuestos de esta categor\u00eda de la responsabilidad civil, art\u00edculos 1502 y 1604 a 1607 del C\u00f3digo Civil\u201d\u2026 Abord\u00e1ndolo propiamente en la secci\u00f3n 3.8.3.2. del laudo, dejaron dicho que \u201cpartiendo del principio de la responsabilidad civil, quien sufra un da\u00f1o tiene derecho a que \u00e9ste sea resarcido por su causante y por lo tanto, se le rembolsen los gastos en que razonablemente incurri\u00f3 con ocasi\u00f3n de los hechos que lo originaron, siempre que exista relaci\u00f3n de causalidad entre los elementos y, teniendo en cuenta la prosperidad de la primera pretensi\u00f3n principal se acoger\u00e1 la pretensi\u00f3n relacionada con el da\u00f1o emergente, seg\u00fan los fundamentos y consideraciones que a continuaci\u00f3n se indican\u201d\u2026 <\/p>\n
Acto seguido, y tras precisar el alcance de la pretensi\u00f3n, el Tribunal Arbitral \u201ctuvo en cuenta las pruebas aportadas y los testimonios recibidos\u201d, se\u00f1alando expresamente el \u201cacta t\u00e9cnica n.\u00ba 27\u201d\u2026, \u201clos documentos denominados \u201cControl de Actividad\u201d\u2026, el testimonio \u201cdel Ingeniero\u2026 Giraldo Arroyave\u201d\u2026 y la declaraci\u00f3n del \u201crepresentante legal de AURES BAJO, doctor\u2026 Mej\u00eda Osorio\u201d\u2026 De ellas se sirvi\u00f3 para, en conclusi\u00f3n, \u201cacoge[r] la pretensi\u00f3n de AURES BAJO y condenar\u00e1 a O-TEK CENTRAL, al pago de las sumas de dinero consignadas en el acta t\u00e9cnica n.\u00ba 27 (\u2026) como se acredita en los documentos aportados de \u201cControl de actividad (\u2026), relaci\u00f3n y cobro que fue avalado por AURES BAJO, como obra en el expediente y como consta de lo afirmado por el representante de O-TEK CENTRAL (sic), al responder su interrogatorio\u201d\u2026 <\/p>\n
Pero la recurrente se duele de que los \u00e1rbitros se hayan contentado con un simple aval -del cual dice que no hay evidencia en el proceso-, sin siquiera verificar que la suma de dinero avalada efectivamente haya salido del patrimonio de la convocante, o bien que haya sido cobrada por Excavaciones Subterr\u00e1neas y Tratamiento S.A.S. <\/p>\n
Sin embargo, y pese a tales apreciaciones, paladino es que los \u00e1rbitros motivaron probatoriamente su determinaci\u00f3n dentro de un marco jur\u00eddico, y no le corresponde a este Tribunal infirmar la certeza que aquellos derivaron del acervo probatorio, en el cual vieron avaladas \u201cpor el representante legal de AURES BAJO\u201d las obras recibidas en el \u201cacta t\u00e9cnica n.\u00ba 27\u201d y razonaron que dicho aval implic\u00f3 una erogaci\u00f3n para la convocante. <\/p>\n
Cabe anotar, con respeto del defecto f\u00e1ctico, que el Consejo de Estado ha acogido la causal comentada cuando no se encuentran expresamente plasmados los racionamientos que condujeron a la decisi\u00f3n, refiri\u00e9ndose gen\u00e9ricamente a la \u201ctotalidad de la prueba\u201d o a la \u201cvaloraci\u00f3n global\u201d sin ninguna otra especificaci\u00f3n (Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n A, sentencia de 29 de noviembre de 2012, exp. n.\u00ba 39332) o evidenci\u00e1ndose la completa ausencia de un ejercicio valorativo de las pruebas recaudadas (Subsecci\u00f3n B, sentencia de 26 de abril de 2017, exp. n.\u00ba 55.852). <\/p>\n
Aqu\u00ed es patente que los \u00e1rbitros enmarcaron su an\u00e1lisis dentro del marco jur\u00eddico de la legislaci\u00f3n nacional, y que hicieron cuenta particular de varias de las pruebas obrantes al interior del proceso, deteni\u00e9ndose en ellas para sustentar su conclusi\u00f3n con expresa referencia a sus valoraciones. Visto as\u00ed, no es de este recurso escrutar el acierto de las consideraciones probatorias con que los \u00e1rbitros cimentaron su decisi\u00f3n, aunque la recurrente sostenga que de ellas no es posible desprender -por insuficiencia del supuesto aval- la prueba del perjuicio patrimonial. <\/p>\n
Por otro lado, frente al lucro cesante -tambi\u00e9n afincado en el ac\u00e1pite 3.8- los \u00e1rbitros enmarcaron su an\u00e1lisis en los art\u00edculos 1613, 1614 y 1616 del C\u00f3digo Civil (ac\u00e1pite 3.8.3.3\u2026), anotando particularmente que \u201cel lucro cesante reclamado por AURES BAJO es un perjuicio previsible y directo (\u2026); y lo segundo toda vez que la menor venta de energ\u00eda de AURES a EPM es consecuencia inmediata y explicable por el incumplimiento\u201d\u2026 Cabe anotar que no son pocas las razones y consideraciones explanadas por el Tribunal Arbitral en sustento de aquella afirmaci\u00f3n\u2026, dedicando considerables esfuerzos a justificar sus hallazgos bajo la luz de la jurisprudencia y doctrina nacional3\u2026 <\/p>\n
Claro que la recurrente no cuestiona que los \u00e1rbitros hayan concatenado el incumplimiento contractual con el lucro cesante padecido por la convocante, sino que lo hayan delimitado con valores hu\u00e9rfanos -a su juicio- de toda consideraci\u00f3n probatoria, y aun contra pruebas obrantes al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan la recurrente, no existe prueba que le permitiera al Tribunal Arbitral concluir que la energ\u00eda que se generar\u00eda en diciembre ser\u00eda de 9.150.000 kilovatios por hora, ni que \u00e9ste se vendiera al precio de $179,54. Por el contrario, refiere que en el expediente hay pruebas se\u00f1aladoras de cantidad y precio diferentes. <\/p>\n
En sus consideraciones alrededor del precio que se dej\u00f3 de vender como lucro cesante, el Tribunal Arbitral asent\u00f3: \u201c(\u2026) el lucro cesante se calcular\u00e1 como el resultado de multiplicar la energ\u00eda que AURES BAJO se hab\u00eda comprometido vender a EPM y que no se pudo entregar durante el per\u00edodo correspondiente al lucro cesante4 por el precio del kilovatio hora, que var\u00eda seg\u00fan el mes, de conformidad con lo estipulado en el contrato entre estas dos compa\u00f1\u00edas\u201d\u2026 M\u00e1s adelante, y justo antes de aplicar la ecuaci\u00f3n, dijo que \u201c[el esquema de an\u00e1lisis adoptado por los \u00e1rbitros] le termina conviniendo, toda vez que tanto la energ\u00eda estimada como el precio de la energ\u00eda en diciembre, seg\u00fan el contrato entre AURES BAJO y EPM, es mayor que el precio en agosto o septiembre, posiblemente por el hecho de que diciembre sea un mes de mayores lluvias que agosto y con mayor demanda de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u201d\u2026 <\/p>\n
Se advierte que la recurrente parece rebatir la valoraci\u00f3n que el Tribunal Arbitral hizo del contrato entre la convocante y las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn, del cual dijo haber extractado los valores aplicados en la f\u00f3rmula. Empero, porque es claro que el criterio de los \u00e1rbitros eman\u00f3 del clausulado aludido, no le es dado a esta Sala inmiscuirse en la interpretaci\u00f3n contractual adelantada por los \u00e1rbitros, seg\u00fan las consideraciones de l\u00edneas superiores. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, los \u00e1rbitros abordaron el contrato celebrado de EPM como \u201cun contrato por medio del cual AURES BAJO como vendedor se compromete a entregar toda su producci\u00f3n, sea un kilovatio o miles, a EPM como comprador\u201d. Continuaron diciendo que \u201c[e]n tal sentido, son relevantes tanto la cl\u00e1usula primera, seg\u00fan la cual el contrato es bajo la modalidad de pague lo generado, as\u00ed como la segunda, que estipula una vigencia desde el 1 de enero de 2018 o desde la entrada en operaci\u00f3n de la PCH hasta el 31 de diciembre de 2016\u201d. De ah\u00ed resalt\u00f3 \u201c[l]a facilidad de calcular el lucro cesante cuando ya todo lo generado est\u00e1 vendido, la ratific\u00f3 ELI\u00c1N YEPES MONTOYA (\u2026) testimonio al que le da credibilidad este Tribunal\u201d, reproduciendo la parte de dicho testimonio que mira al c\u00e1lculo del lucro cesante\u2026 <\/p>\n
No se ignora la advertencia de la recurrente, seg\u00fan la cual en ninguna de las cl\u00e1usulas all\u00ed contenidas se encuentra un estimado de la energ\u00eda que producir\u00eda la convocante. No menos oculto, empero, es que el Tribunal Arbitral estim\u00f3 la energ\u00eda a partir de la f\u00f3rmula que fue establecida en el contrato y explicitada en el juramento estimatorio, cuya objeci\u00f3n fue descartada en un aparte inconcuso del laudo\u2026 Esto es, en efecto, lo que explicaron los \u00e1rbitros al justificarse en el uso de la facturaci\u00f3n m\u00e1xima esperada como base de la indemnizaci\u00f3n, consignando que \u201c[d]e otro lado, la parte convocada alega que una PCH, al entrar en operaci\u00f3n, no lo hace en su m\u00e1xima capacidad y por ello no se deben otorgar como indemnizaci\u00f3n el valor de la facturaci\u00f3n m\u00e1xima esperada. Con todo, y a lo largo del proceso, O-TEK CENTRAL nunca prob\u00f3 esta premisa [una generaci\u00f3n menor] desde la perspectiva t\u00e9cnica ni indic\u00f3 cu\u00e1l hubiese sido el nivel de generaci\u00f3n probable, raz\u00f3n por la cual este argumento no se acepta\u201d\u2026 <\/p>\n
Con respecto de las supuestas pruebas que acreditan valores diferentes y que, a juicio de la recurrente, pasaron desapercibidas por los \u00e1rbitros, debe anotarse que este Tribunal no est\u00e1 en posici\u00f3n de derivar consecuencias del defecto f\u00e1ctico por omisi\u00f3n, como desentra\u00f1ando el m\u00e9rito que no se le dio a determinado medio o al conjunto de todos. Esta causal se configura, it\u00e9rese, cuando los \u00e1rbitros apoyan el laudo exclusivamente en su \u00edntima convicci\u00f3n y, por ende, prescinden de toda explicaci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido previamente el Consejo de Estado, cuando se le ha pedido la anulaci\u00f3n bajo el argumento de que ciertos elementos probatorios no fueron valorados (Secci\u00f3n Tercera, sentencia de 9 de abril de 2018, exp. n.\u00ba 59270; 18 de enero de 2019, exp. n.\u00ba 60855). <\/p>\n
Para la Sala, entonces, no puede predicarse que la cuantificaci\u00f3n de los valores del lucro cesante estuvo hu\u00e9rfana de toda valoraci\u00f3n probatoria. Muy diferente es que tales guarismos merezcan, a juicio de la recurrente, ser revisados en funci\u00f3n de algunos documentos que se pasaron por alto, lo cual no pertenece al juez de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
Despu\u00e9s, se pronunci\u00f3 frente a la causal novena de anulaci\u00f3n, encontrando que por la misma tampoco se impon\u00eda la prosperidad del recurso, bajo los siguientes razonamientos: <\/p>\n
\u2026la recurrente sustent\u00f3 esta causal en que los \u00e1rbitros excedieron su competencia al supuestamente afincarse en un esquema temporal que no se plante\u00f3 en la demanda frente al lucro cesante, violando as\u00ed la congruencia en su modalidad de fallo extra petita. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se transcriben las pretensiones pertinentes de la demanda: <\/p>\n
3.1\u00ba Primera Principal. Se declare que\u2026 O-TEK CENTRAL S.A.S. incumpli\u00f3 el contrato celebrado con AURES BAJO S.A.S. E.S.P. el d\u00eda 28 de julio de 2017, para el suministro de la tuber\u00eda para sistemas a flujo libre y a presi\u00f3n hasta 32 bar (470 psi) para la PCH Aures Bajo, conforme con los hechos expuestos en la demanda, por causa y ocasi\u00f3n del indebido suministro de la tuber\u00eda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.4\u00ba Tercera Pretensi\u00f3n Consecuencial. Que como consecuencia de la declaraci\u00f3n de la pretensi\u00f3n principal, se condene a O-Tek Central S.A.S. a pagar favor de Aures Bajo S.A.S. E.S.P., la suma de\u2026 ($1.645.000.000) a t\u00edtulo de lucro cesante. <\/p>\n
La tocante al lucro cesante, m\u00e1s precisamente, recibi\u00f3 el siguiente sustento en los hechos de la demanda: <\/p>\n
2.10\u00ba Por causa de la equivocada instalaci\u00f3n de la tuber\u00eda por parte de O-Tek, el contratista encargado, Andritz Hydro, de poner en operaci\u00f3n los equipos de la central se fue de la obra, y solo pudo regresar hasta mediados del mes de septiembre, lo que retras\u00f3 la entrada en operaci\u00f3n de la central hidroel\u00e9ctrica por un lapso aproximado de un mes, lo que constituye para Aures Bajo un lucro cesante de\u2026 ($1.645.000.000). <\/p>\n
De ellas se ocupan los siguientes numerales de la parte resolutiva del laudo (4.3. \u201cSobre las Pretensiones\u201d\u2026): <\/p>\n
4.3.1. DECLARAR que\u2026 O-TEK CENTRAL S.A.S. incumpli\u00f3 el contrato celebrado con AURES BAJO S.A.S. E.S.P. el d\u00eda 28 de julio de 2017, para el suministro de la tuber\u00eda para sistemas a flujo libre y a presi\u00f3n hasta 32 bar (470 psi) para la PCH Aures Bajo, por no haber cumplido la obligaci\u00f3n de la asesor\u00eda t\u00e9cnica como parte integral del debido suministro de la tuber\u00eda, conforme a las razones expuestas en este laudo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4.3.2.3. CONDENAR a O-TEK CENTRAL S.A.S. a pagar a favor de AURES BAJO S.A.S. E.S.P., la suma de\u2026 ($353.288.387) a t\u00edtulo de lucro cesante y de acuerdo con lo motivado en este laudo. <\/p>\n
Bien que lo resuelto por los \u00e1rbitros se compagina formalmente con las formulaciones de la demanda, como es evidente, aunque con una suma menor a la pretendida, la recurrente alega que se desconoci\u00f3 la causa petendi al interior de las motivaciones contenidas en el laudo. Y aunque el simple examen formal convence a esta Sala -como juez de anulaci\u00f3n- de que los \u00e1rbitros permanecieron dentro de los l\u00edmites litigiosos, tampoco encuentra que las motivaciones de la decisi\u00f3n denoten una decisi\u00f3n incongruente. <\/p>\n
Es claro que el lucro cesante pretendido se apoyaba en la tard\u00eda entrada en operaci\u00f3n de la central hidroel\u00e9ctrica \u201cpor un lapso aproximado de un mes\u201d, al tenor del hecho 2.10 arriba reproducido. Es decir que el pedimento de la actora concatenaba el incumplimiento contractual ocasionado por la indebida asesor\u00eda t\u00e9cnica -pretensi\u00f3n principal- con la retrasada operaci\u00f3n de la hidroel\u00e9ctrica -lucro cesante-. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis probatorio del caso, los \u00e1rbitros concluyeron que el retraso no correspond\u00eda a un \u201clapso aproximado de un mes\u201d, sino a los ocho d\u00edas que dur\u00f3 la reinstalaci\u00f3n de las tuber\u00edas entre el 17 y el 24 de agosto de 2018\u2026 <\/p>\n
Pues bien, \u201c[e]l siguiente problema a resolver -se preguntaron los \u00e1rbitros- es a qu\u00e9 mes debe corresponder dicho per\u00edodo\u201d, ya que \u201c[t]anto AURES BAJO como O-TEK CENTRAL, dan equivocadamente a entender, en su orden, que el per\u00edodo a tener en cuenta es el comprendido entre el 16 de agosto y el 11 de septiembre en el primer caso y entre el 17 y 25 de agosto en el segundo caso\u201d\u2026 Como no vieron factible que el incumplimiento impidiera la generaci\u00f3n de energ\u00eda \u201cni en septiembre, ni en octubre e incluso tampoco en noviembre\u201d, concluyeron que la operaci\u00f3n definitiva de la hidroel\u00e9ctrica, sin el problema de tuber\u00edas, \u201chabr\u00eda comenzado no el 13 de diciembre sino aproximadamente nueve d\u00edas antes, el 4 de ese mismo mes\u201d\u2026 <\/p>\n
El hecho de que en el laudo se reconozca que \u201cla convocante no sugiri\u00f3 este esquema de an\u00e1lisis que adopta el Tribunal\u201d, no implica una incongruencia entre lo pedido y lo alegado. En \u00faltimas, los \u00e1rbitros no hicieron otra cosa que precisar el per\u00edodo de retraso operativo de la hidroel\u00e9ctrica de acuerdo con su convicci\u00f3n probatoria, cosa que se mostr\u00f3 abiertamente desde la demanda como el fundamento f\u00e1ctico de la pretensi\u00f3n comentada. <\/p>\n
Reprocha la recurrente que los \u00e1rbitros hayan desatendido la estimaci\u00f3n de la convocante, en cuyo juramento anot\u00f3 que el lucro cesante \u201cse fundamenta en que se gener\u00f3 una par\u00e1lisis entre el 16 de agosto al 11 de septiembre de 2018, esto es, 11 d\u00edas para el mes de agosto y 11 d\u00edas para el mes de septiembre de 2018, para un total de 27 d\u00edas, que generaron un lucro cesante\u2026 total de $1.290.153.424 [\u2026]\u201d (1.5 en el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda). Sin embargo, encuentra esta Sala que este planteamiento no sustituye o desnaturaliza los fundamentos f\u00e1cticos expuestos en la demanda y arriba rese\u00f1ados, que son los verdaderos delimitadores del pleito para los efectos de la congruencia. <\/p>\n
Y es que la estimaci\u00f3n de la actora -am\u00e9n de su valor probatorio- s\u00f3lo marca el l\u00edmite de la pretensi\u00f3n en cuanto a su techo o tope. Cuandoquiera que su fundamento era que el incumplimiento contractual \u201cretras\u00f3 la entrada en operaci\u00f3n de la central hidroel\u00e9ctrica por un lapso aproximado de un mes\u201d, cumpl\u00eda a las partes defender o rebatir, seg\u00fan el caso, ese supuesto de retraso operacional. Por ello, encuentra la Sala que la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros no violent\u00f3 el derecho de defensa de la recurrente, quien, avisada desde la demanda sobre del fundamento f\u00e1ctico de la pretensi\u00f3n, estuvo en la posici\u00f3n de pronunciarse acerca de dicho planteamiento y de controvertir las pruebas presentadas sobre su existencia y su cuant\u00eda, as\u00ed como de proponer las suyas; o, en una palabra, ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
No puede obviarse que los \u00e1rbitros vieron el da\u00f1o en la par\u00e1lisis ocasionada por el incumplimiento de la convocada, durante el reemplazo de tuber\u00edas acaecido entre el 17 y 24 de agosto de 2018\u2026 Es decir que el debate sobre el lucro cesante se mantuvo anclado a lo alegado por la actora, bien que los \u00e1rbitros no compartieron todos sus planteamientos. <\/p>\n
Claro que la convocante pudo haber desbarrado en la estimaci\u00f3n de la cuant\u00eda, frente a cuyo valor probatorio se pronunci\u00f3 el Tribunal Arbitral en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cA pesar de que se condena por lucro cesante a la convocada en una cifra cercana a la quinta parte de lo pretendido por la convocante, y de que la propia convocada advierte que la cuant\u00eda reclamada excede por mucho lo demostrado en el proceso, este Tribunal considera que no hay raz\u00f3n para aplicar la sanci\u00f3n del art\u00edculo 206 sobre el C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) si bien el Tribunal no comparti\u00f3 su estimaci\u00f3n del lucro cesante, la sociedad convocante hizo una valoraci\u00f3n que fue debidamente sustentada y argumentada con la prueba que \u00e9sta consider\u00f3 \u00fatil y suficiente para ese prop\u00f3sito, por lo cual, no prosperar\u00e1 la objeci\u00f3n al juramento estimatorio\u201d\u2026 Que la cuant\u00eda declarada haya sido mucho menor que la reclamada, entonces, responde llanamente a la hip\u00f3tesis que, sin constituir incongruencia, contempla el art\u00edculo 281 del C.G.P.: \u201cSi lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo\u201d. <\/p>\n
En suma, los \u00e1rbitros concluyeron en su laudo que el incumplimiento de la convocada tuvo el efecto de retrasar la operaci\u00f3n generadora de la convocante, cosa que no nunca fue ajena a lo que se debat\u00eda en el proceso. Ambas partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse respecto al tema de la generaci\u00f3n atrasada, as\u00ed como de participar en la etapa probatoria referente a la misma, sin que la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros se muestre injustificadamente sorpresiva o inesperada. En efecto, fuera de que la parte resolutiva del laudo se conforma formalmente a las pretensiones de la demanda, el minucioso examen probatorio de los \u00e1rbitros es se\u00f1alador de que la decisi\u00f3n tomada estuvo acorde a lo debatido dentro del proceso. <\/p>\n
2.1.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada resolvi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n interpuesto, concluyendo que los hechos planteados en sustento de las causales invocadas no las configuraban, especialmente por la correspondencia existente entre las pretensiones y las condenas, comoquiera que si bien el monto por lucro cesante se liquid\u00f3 por el per\u00edodo corrido entre el 4 y el 13 de diciembre de 2018, \u00ab[n]o puede obviarse que los \u00e1rbitros vieron el da\u00f1o en la par\u00e1lisis ocasionada por el incumplimiento de la convocada, durante el reemplazo de tuber\u00edas acaecido entre el 17 y 24 de agosto de 2018\u2026 Es decir que el debate sobre el lucro cesante se mantuvo anclado a lo alegado por la actora\u00bb; en cuyo caso tales deducciones no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada, entre muchas otras, en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
2.2. En lo que ata\u00f1e al laudo arbitral proferido el 4 de mayo de 2020, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la inmediatez, habida cuenta que entre la emisi\u00f3n de esa decisi\u00f3n y la interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (20 de agosto de 2021), transcurrieron m\u00e1s de quince (15) meses, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este recurso excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que si bien la promotora plante\u00f3 el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n para criticar el referido laudo, lo cierto es que a trav\u00e9s de dicha herramienta era inviable criticar la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica en que aqu\u00e9l se sustent\u00f3, como en efecto fue definido. <\/p>\n
Frente al requisito de la inmediatez, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para despachar adversamente la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abHaberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abHaber reca\u00eddo el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros, haber concedido m\u00e1s de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 En el laudo se invocan las sentencias de 10 de agosto de 1976 y 4 de marzo de 1998 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. As\u00ed mismo, se resalta la opini\u00f3n de tratadistas nacionales como Guillermo Ospina Fern\u00e1ndez, Fernando Hinestrosa, Jorge Suesc\u00fan Melo y Edgar Iv\u00e1n Le\u00f3n Robayo, quien se\u00f1ala a los principios UNIDROIT como fuente interpretativa en el derecho colombiano, tambi\u00e9n invocados expresamente. <\/p>\n
4\u0002 \u201cDe todas maneras, parece ser que la no entrega de la energ\u00eda no configur\u00f3 incumplimiento por parte de AURES BAJO con base en la cl\u00e1usula octava de su contrato con EPM, seg\u00fan el cual no hab\u00eda incumplimiento si la entrada en operaci\u00f3n comercial de la PCHA era posterior a 1 de enero por hechos imprevisibles e irresistibles. De otro lado, la parte convocada alega que una PCH, al entrar en operaci\u00f3n, no lo hace en su m\u00e1xima capacidad y por ello no se debe otorgar como indemnizaci\u00f3n el valor de la facturaci\u00f3n m\u00e1xima esperada. Con todo, y a lo largo del proceso, O-TEK CENTRAL nunca prob\u00f3 esta premisa desde la perspectiva t\u00e9cnica ni indic\u00f3 cual hubiese sido el nivel de generaci\u00f3n probable, raz\u00f3n por la cual este argumento no se acepta\u201d. (Nota 54 al interior del laudo arbitral). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11671-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11671-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03099-00 Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por O-Tek Central S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}