STC11672-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11672-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03061-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carlos Fabi\u00e1n Rico Rojas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Universidad Internacional Iberoamericana, la Universidad Francisco de Paula Santander, y el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al trabajo, a la igualdad, a la \u00abno discriminaci\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas, en el marco de la salvaguarda que present\u00f3 contra el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, con radicado n.\u00ba 2021-00238-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta senda se ordene (i) a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, \u00abrevoque el fallo de segunda instancia y reestablezca mis derechos, adem\u00e1s este ordene al Ministerio de educaci\u00f3n que expida el Acto Administrativo que me concede la Convalidaci\u00f3n de mi maestr\u00eda\u00bb; (ii) al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional que convalide su t\u00edtulo; (iii) al Juzgado Primero de Familia de C\u00facuta que \u00abajuste el fallo de primera instancia\u00bb; (iv) a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo que \u00abexpliquen por qu\u00e9 no se ha gestionado con la debida diligencia y deber objetivo de cuidado desde su competencia a lo peticionado de mi parte, en lo referente al tema que aqu\u00ed nos ocupa\u00bb; y (v) finalmente, \u00ab[c]ompulsar copias de los expedientes a quien corresponda, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que desde su poder preferente o supervigilancia administrativa y a la Defensor\u00eda del Pueblo, para que act\u00faen y gestionen de manera objetiva desde su competencia al debido control administrativo y sean [g]arantes de mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja, refiere que el 1 de marzo de 2019 obtuvo el t\u00edtulo de \u00abPosgrado de Maestr\u00eda en Direcci\u00f3n Estrat\u00e9gica, Especialidad en Gerencia Orientaci\u00f3n en Auditoria\u00bb en la Universidad Internacional Iberoamericana, y, motivado por la intenci\u00f3n de participar en el concurso de docentes, el 5 de agosto siguiente, inici\u00f3 los tr\u00e1mites para la convalidaci\u00f3n de su maestr\u00eda, con el cumplimiento \u00edntegro de los requisitos para ello; no obstante, el 20 de abril de 2020 fue enterado de la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 006032 del d\u00eda 17 de ese mismo mes y a\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual se dispuso no convalidar su t\u00edtulo. Dijo que esa determinaci\u00f3n quebrant\u00f3 sus garant\u00edas ius fundamentales, pues esa autoridad obvi\u00f3 los \u00abt\u00e9rminos del art\u00edculo 12 de la resoluci\u00f3n 20797 de 2017 que es de m\u00e1ximo 4 meses y se expidi\u00f3 dicha resoluci\u00f3n 6 meses y 28 d\u00edas despu\u00e9s de iniciado el tr\u00e1mite, figurando el primer silencio administrativo positivo\u00bb, e incurri\u00f3 en \u00abposibles actos disciplinarios\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que inconforme, interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, transcurriendo un a\u00f1o sin recibir respuesta alguna, por lo que, dice, se configur\u00f3 \u00abnuevamente el silencio positivo administrativo resolvi\u00e9ndose los recursos a mi favor como recurrente\u00bb, situaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a decantarse por \u00abprotocolizar el silencio administrativo mediante escritura p\u00fablica acorde a la ley, acto gestionado ante la Notar\u00eda Segunda de C\u00facuta, mediante escritura p\u00fablica No. 3047-2021 de fecha 03 de mayo de 2021\u00bb. Adicionalmente, dijo que los entes de control no le han brindado el \u00abdebido acompa\u00f1amiento\u00bb en el seguimiento a su caso, pese a que tienen pleno conocimiento de la injustificada demora en la que se ha incurrido. <\/p>\n
Como colof\u00f3n anot\u00f3, que todas esas falencias lo impulsaron a acudir en sede de amparo, la cual por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de C\u00facuta, quien en decisi\u00f3n del 18 de junio de 2021 acogi\u00f3 sus pedimentos y, en consecuencia, le orden\u00f3 a la cartera ministerial convocada resolver los recursos por \u00e9l interpuestos, sin embargo, calific\u00f3 dicha orden como carente de claridad y precisi\u00f3n, pues \u00abdej\u00f3 abierta la posibilidad de REVIVIR LA COMPETENCIA y POTESTAD PERDIDA, a la luz del art\u00edculo 52 del CPACA\u00bb, por lo que acudi\u00f3 en impugnaci\u00f3n, la cual fue zanjada el 29 de julio actual por el Tribunal convocado quien revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, al considerar que oper\u00f3 la figura del hecho superado, quebrantando sus garant\u00edas superiores por carecer de una valoraci\u00f3n probatoria integral, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n de un nuevo juez de tutela para que se restablezca el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 26 de agosto actual se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
a. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, remiti\u00f3 el expediente contentivo de la acci\u00f3n constitucional que all\u00ed se adelant\u00f3, y que ahora es objeto de cuestionamiento por parte del actor. <\/p>\n
b. La Universidad Francisco de Paula Santander pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite, tras considerar que con su actuaci\u00f3n no ha quebrantado las garant\u00edas del quejoso. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es por regla improcedente contra decisiones judiciales, premisa que aplica con mayor rigor cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Carlos Fabi\u00e1n recae concretamente, en contra de la decisi\u00f3n constitucional del 29 de julio de los corrientes, por medio de la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta mantuvo en sede de impugnaci\u00f3n, el fallo proferido el pasado 18 de junio por el Juzgado Primero de Familia de la misma urbe, por considerar que las conclusiones a las que all\u00ed se arrib\u00f3 por cuenta de las aludidas autoridades judiciales se adoptaron sin reparar en las pruebas oportunamente adosadas al plenario. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, se aprecia sin asomo de duda, que el resguardo ahora reclamado es improcedente, habida cuenta que como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es, en \u00faltimas, atacar las providencias dictadas en ambas instancias procesales por las sedes judiciales convocadas, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, sin que adem\u00e1s, se evidencie la ocurrencia de las hip\u00f3tesis previstas en el numeral 4.6.2.2. de la providencia citada en l\u00edneas anteriores, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
5. Ahora, en lo que concierne a los pronunciamientos echados de menos respecto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, nada obsta para el aqu\u00ed interesado acuda ante esos entes de control y ponga de relieve dicha situaci\u00f3n, comoquiera que \u00e9ste tr\u00e1mite especial\u00edsimo no fue concebido como una instancia paralela a las actuaciones judiciales o administrativas, y, en todo caso, no se advierte la imposibilidad del pretensor de acudir directamente ante esas autoridades para verificar el estado de sus solicitudes; oportunidad en la que, adem\u00e1s, bien puede solicitar la compulsa de copias que aqu\u00ed reclama, pues cuenta con el acceso a los diferentes canales institucionales que le permiten acceder a las acciones que considera procedentes. <\/p>\n
6. Para finalizar, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC8010-2021). <\/p>\n
7. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABO <\/p>\n
<\/p>\n
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