STC11676-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11676-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03117-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Francisco Rojas Arrazola contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, \u00abaudiencia\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en [su] contra\u00bb o, en forma \u00abalternativa\u00bb, \u00abdecretar la nulidad\u2026 de la sentencia de\u2026 11 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Fabi\u00e1n Andr\u00e9s Mart\u00ednez Ayala, Nelson Enrique Vargas Archila y Marco Alfredo Mart\u00ednez Rojas promovieron acci\u00f3n ejecutiva contra Diego Francisco Rojas Arrazola, quien formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, que fueron desestimadas con sentencia del 13 de agosto de 2019, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado, siendo confirmada por el Tribunal convocado con providencia del 11 de mayo de la presente anualidad. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el fallo de segunda instancia \u00abincurre en un defecto f\u00e1ctico al desestimar el contenido de los interrogatorios de parte y pruebas declarativas practicadas\u2026; optando por apelar a consideraciones gen\u00e9ricas, sin an\u00e1lisis probatorio detallado\u2026\u00bb; y que el ad quem enjuiciado desconoci\u00f3 \u00ablas\u2026 inconsistencias y contradicciones de los demandantes\u2026 que determinaban la ausencia de claridad en los t\u00edtulos presentados para su cobro judicial, as\u00ed como las circunstancias que daban cuenta de la existencia de un negocio causal -sociedad de hecho- entre las partes [y] la no disoluci\u00f3n del negocio subyacente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que el Tribunal querellado dej\u00f3 de valorar las contradicciones en que incurrieron los demandantes en sus declaraciones de parte, as\u00ed como tambi\u00e9n los testigos que comparecieron al proceso a solicitud de la parte ejecutante; que \u00abdesconoci\u00f3 la conducta procesal de los demandantes que acudiendo de forma irregular y oculta a la lectura de documentos se apoyan en \u00e9stos para dar respuesta al cuestionario formulado en Interrogatorio\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado Sigifredo Gonz\u00e1lez Am\u00e9zquita, quien dijo fungir como apoderado judicial de Fabi\u00e1n Andr\u00e9s Mart\u00ednez Ayala, Nelson Enrique Vargas Archila y Marco Alfredo Mart\u00ednez Rojas, sin que allegara mandato que lo facultara para representarlos en el presente asunto, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 11 de mayo de los corrientes, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo de 13 de agosto de 2019, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que resultaban inviables las excepciones de m\u00e9rito que formul\u00f3 el ejecutado en el juicio criticado, enfiladas a cuestionar la exigibilidad de los cr\u00e9ditos reclamados, ante la supuesta existencia de una sociedad de hecho entre los contendientes, cuesti\u00f3n sobre la cual, tras relacionar las pruebas recaudadas en el juicio criticado, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Frente a la cesura de que se prob\u00f3 la constituci\u00f3n de una sociedad de hecho entre las partes, tampoco debe prosperar, pues debe partirse de que la sociedad es un contrato por medio del cual dos o m\u00e1s personas se obligan a hacer aportes en dinero o en trabajo con el fin de repartirse utilidades en la empresa o actividad social. Las sociedades de hecho, como bien se sabe, pueden originarse en la voluntad expresa y concordante de dos o m\u00e1s personas de conformar una sociedad para desarrollar una determinada actividad, que a la postre no logran constituir regularmente, por la omisi\u00f3n de alguna de las formalidades prescritas por la ley. Pero tambi\u00e9n surge del consentimiento t\u00e1cito o impl\u00edcito de formarla, deducido de su cooperaci\u00f3n en una actividad econ\u00f3mica com\u00fan, dirigida a la consecuci\u00f3n de beneficios, caso en el cual, como lo predica la doctrina, la sociedad resulta creada por los hechos. <\/p>\n
Una sociedad de hecho puede tener su fuente, en el ordenamiento colombiano, por defecto o sanci\u00f3n, cuando una sociedad regular sujeta a solemnidades especiales no las cumple, como acontece con la carencia de escritura p\u00fablica o la falta de registro de la misma en materia de sociedades comerciales previstas en el C. de Co., pues no se no ha constituido v\u00e1lidamente; o lo es, por la voluntad expresa de los socios en formarla, cuando sin solemnidad alguna por el mero consentimiento de las personas, \u00e9stas deciden asociarse. En el primer caso, si se constituye v\u00e1lidamente da lugar al nacimiento de una persona jur\u00eddica diferente de los socios, pero si la sociedad no cumple los requisitos legales, ser\u00e1 de hecho, no ser\u00e1 persona jur\u00eddica, como tampoco lo ser\u00e1 la que nace por la mera voluntad de los socios en formarla, y la existencia se probar\u00e1 con cualquiera los medios probatorios previstos en la ley. <\/p>\n
La sociedad de hecho entonces no es persona jur\u00eddica y carece de representaci\u00f3n pues lo son todos los socios, a quienes adem\u00e1s, se abraza con responsabilidad solidaria e ilimitada, y por ello mismo se trata de sociedades, permanentemente expuestas a la disoluci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n para obtener el pago de la participaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Este tipo de sociedades exige como requisitos especiales: <\/p>\n
1. \u00c1nimus o affectio societatis, es decir, que se trate de pluralidad de personas con \u00e1nimo o intenci\u00f3n asociativa o con consentimiento para asociarse. <\/p>\n
2. Aportes comunes en trabajo o en dinero para desarrollar un objeto social, una explotaci\u00f3n coordinada o una actividad com\u00fan. <\/p>\n
4. Igualdad entre los socios. Colaboraci\u00f3n en plano de igualdad, que deseche o descarte la existencia de un contrato de trabajo o relaciones de subordinaci\u00f3n que no rompa el plano de igualdad entre los socios. <\/p>\n
La sociedad de hecho no puede tratarse de un simple estado de indivisi\u00f3n o comunidad, simple tenencia, guarda, conservaci\u00f3n o vigilancia de bienes comunes. <\/p>\n
En la formaci\u00f3n de sociedades de tal estirpe, adem\u00e1s de concurrir los elementos propios del contrato en general, es necesaria la convergencia de los requisitos espec\u00edficos del contrato de sociedad, como son, el aporte de los asociados, su intenci\u00f3n de lucrarse con las actividades desarrolladas en la empresa com\u00fan, el animus o affectio societatis y la voluntad de repartirse las ganancias o p\u00e9rdidas resultantes de la actividad social, tal como antes se se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n
La affectio societatis o intenci\u00f3n de asociarse, es el elemento an\u00edmico o psicol\u00f3gico que perfila la sociedad y permite diferenciarla de otras figuras como la comunidad o la relaci\u00f3n laboral, habida cuenta que involucra la voluntad de los socios de participar activa e interesadamente en la empresa social, en un plano de igualdad, toda vez que lleva \u00ednsito su prop\u00f3sito de contribuir, en la medida de sus capacidades, al desarrollo del objeto social, en condiciones de igualdad con los otros asociados, por virtud del \u00e1nimo de lucro que los alienta. <\/p>\n
3.5.6 Descendiendo al caso en estudio, ni los testimonios allegados, como tampoco los interrogatorios de las partes arrojan elementos demostrativos de los requisitos de la existencia de una sociedad de hecho, pues lo que se prob\u00f3 fue la entrega de las sumas de dineros por parte de los demandantes, para la compra de un conteiner de llantas rines 13, 14 y 15, por parte del demandado, \u00e9ste es el \u00fanico que en su afirmaci\u00f3n manifiesta que se reunieron con los actores, a fin de repartirse las ganancias que se obtuvieran de esa negociaci\u00f3n, pero no existe una prueba que as\u00ed lo confirme, no se debe perder de vista que la simple invocaci\u00f3n de los hechos y de las alegaciones procesales, no son suficientes para proporcionar al \u00f3rgano jurisdiccional los instrumentos que este necesita para emitir su fallo. Pues el juez al sentenciar o decidir, debe y tiene que contar con datos l\u00f3gicos que le inspiren la directriz de su decisi\u00f3n, y la actividad propia con tal fin es la aportaci\u00f3n y existencia de las pruebas, dentro del proceso, y es por eso quien quiera hacer valer un derecho, debe probar los hechos constitutivos de su fundamento, regla preponderante de la carga de la prueba, a\u00fan vigente. Al contrario, quien aduce la ineficacia de ellos, o que el derecho se ha extinguido o modificado, deber\u00e1 probar los hechos en que se apoya su defensa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas como lo dej\u00f3 expuesto el Juzgado del conocimiento y contrario a lo expuesto por el apelante, debe recordarse para que pueda predicarse la existencia de una sociedad de hecho, es necesario que los asociados tengan la conciencia de asumir entre todos las p\u00e9rdidas, pero est\u00e1 probado por el propio dicho del demandado que, constantemente fue requerido por los actores, para que les fuera devuelto su dinero, por lo que les gir\u00f3 los cheques, despu\u00e9s les hizo unos pagos parciales a cada uno, aspecto que es importante destacar que esa conciencia o \u00e1nimo propio de un socio, que asume tanto la ganancia como la p\u00e9rdida, tampoco est\u00e1 probada en el presente caso, pero lo que se evidencia es que si bien el se\u00f1or Rojas iba a hacer, o hizo un negocio de compra de unas llantas, \u00e9ste era el \u00fanico responsable del mismo, y para su realizaci\u00f3n hizo la consecuci\u00f3n de dinero que le fue suministrado por los suplicantes. <\/p>\n
Como ya se explicit\u00f3 no basta invocar la existencia de una pretendida sociedad de hecho, a partir de las manifestaciones que relaciona el censor, pues ha de acreditarse que efectivamente el negocio que subyace a la creaci\u00f3n de los t\u00edtulos valores fue en desarrollo de esa pretensa sociedad y acreditar a suficiencia que se hizo en el giro ordinario de los negocios de la misma, lo cual luce hu\u00e9rfano en esta actuaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de las simples interpretaciones del impugnante. No puede olvidarse que estamos tratando del cobro forzoso de una obligaci\u00f3n contenida en unos cheques y se pretend\u00eda derivado de esa sociedad, esta no se acredit\u00f3, memorando que bien pod\u00eda el recurrente iniciar acci\u00f3n en ese punto y frente a este proceso ejercer las acciones suspensivas que la ley le permite, pues las citaciones y an\u00e1lisis que hace el abogado apelante, est\u00e1n m\u00e1s dirigidas a aprobar en un ordinario la existencia de la pluricitada sociedad, evento que no puede trasladarse a esta actuaci\u00f3n, que no es declarativa sino de condena, evidenci\u00e1ndose un yerro en la v\u00eda elegida por quien recurre en la alzada. <\/p>\n
3.6.7 Ahora si existe discrepancia sobre el monto y valor de los intereses que se cobran y que refiere a extenso en su escrito el Dr. Cortes Pirab\u00e1n, sobre ese punto tanto las partes como el juzgador pueden ejercer control en la etapa respectiva y que en todo caso es subsiguiente a la decisi\u00f3n de segundo grado. En igual direcci\u00f3n, podr\u00eda procederse en caso de desembolsos y pagos a las obligaciones. Frente a la afirmaci\u00f3n de las consecuencias se\u00f1aladas en el art\u00edculo 305 del CGP, en el cual se interrog\u00f3 a Marco Alfredo Mart\u00ednez, Nelson Vargas y Fabi\u00e1n Mart\u00ednez, estos eligieron respuestas evasivas seg\u00fan el apelante y seg\u00fan \u00e9l mismo, el juez no aplic\u00f3 la consecuencia jur\u00eddica prevista en la norma, es de elemental entendimiento que en tal acto el interesado debe formular el requerimiento para que se cumpla con lo dicho en la norma y ello sirva de soporte a los alegatos conclusivos y a la sentencia de primer grado y si all\u00ed como lo dice expresamente el Dr. Cortes Piraban no se aplic\u00f3 la consecuencia jur\u00eddica, no es de recibo que su omisi\u00f3n se salde en segunda instancia, cuando lo derivado de la norma en cita no fue objeto de contradicci\u00f3n y decisi\u00f3n en primer grado, seg\u00fan se desprende del escrito de sustentaci\u00f3n. Continuando con las respuestas la sustentaci\u00f3n del vertical, no puede pretender el abogado impugnante que se desconozca la existencia de los t\u00edtulos valores y no puedan ser cobrados coercitivamente, por cuando seg\u00fan \u00e9l, no se ha disuelto el negocio jur\u00eddico subyacente. Es decir, del contenido de su escrito emerge que lo pretendido es que se disuelva la pretendida sociedad de hecho y mientras tanto no se puedan ejecutar los t\u00edtulos valores, cuando ni siquiera ya se punt\u00faa en extenso en esta providencia, no hay sentencia declarativa sobre la mentada sociedad de hecho y m\u00e1s bien s\u00ed se acredit\u00f3 los requisitos de claridad, expresividad y exigibilidad de los documentos presentados a cobro y en un negocio de pr\u00e9stamo de dinero no sustentado en otro diferente, cumpli\u00e9ndose con las reglas del art\u00edculo 422 de la ley 1564 de 2012. Este juez plural advierte, y en coherencia con lo antes motivado que acierta en principio el quejoso cuando invoca que debe existir un proceso declarativo, pero no goza de lo mismo, cuando subraya que no puede adelantarse el presente proceso ejecutivo, al olvidar como ya se se\u00f1al\u00f3 que la diferencia entre las dos actuaciones y que si quer\u00eda obtener decisi\u00f3n favorable a la existencia de la sociedad de hecho sobre la cual reitera en su escrito, que ha debido iniciar el proceso respectivo. <\/p>\n
Para concluir que s\u00ed se est\u00e1 cobrando lo que se debe, que existen lo t\u00edtulos valores firmados, que llenan las exigencias de la ley sustancial, que no se ha probado la existencia de la sociedad de hecho y menos que los t\u00edtulos valores se originaran en ella, record\u00e1ndole al doliente que s\u00ed hay causa real y l\u00edcita en la obligaci\u00f3n cobrada, aparejado que si hay una merma en el patrimonio del deudor, no lo es por una actuaci\u00f3n il\u00edcita del cobrador, sino por una conducta de desconocer su obligaci\u00f3n, conllevando a que el reclamo para que tenga sustento legal y que en el fondo no es que decrezca el patrimonio del obligado, pues a contrario, al pagar lo adeudado, sus haberes reflejan la realidad de lo que posee, todo en una operaci\u00f3n que culmin\u00f3 edificada sobre la entrega de dineros de los t\u00edtulos que lo reflejan y las obligaciones de cada una de las partes, sin asomo de mala fe o actuaci\u00f3n indebida en el reclamante, para recordarle al Dr. Cortes Piraban que no puede mezclar asuntos propios de un proceso declarativo sobre la existencia de la tantas veces mentada sociedad de hecho con las particulares exigencias de la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado valor\u00f3 las pruebas recaudadas en el juicio criticado y concluy\u00f3 que resultaban insuficientes para demostrar la existencia de la sociedad de hecho que adujo el ejecutado, con miras a cuestionar la exigibilidad de las obligaciones que se reclamaron en el asunto fustigado, pues de \u00e9stas no se extractaba la existencia de \u00abaffectio societatis\u00bb entre los contendientes, elemento esencial para poder predicar que se conform\u00f3 la anotada figura asociativa, aspecto que no pod\u00eda deducirse de las contradicciones en las que, seg\u00fan el quejoso, incurrieron sus antagonistas y los testigos que comparecieron a solicitud de aquellos. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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