STC11678-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC11678-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03078-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Enrique Sarria Jim\u00e9nez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al rechazar la demanda que present\u00f3 para la liquidaci\u00f3n judicial de su patrimonio como persona natural comerciante, a la que correspondi\u00f3 el consecutivo No. 2020-00208-00. <\/p>\n
Aunque no lo indica de forma expresa, del an\u00e1lisis del escrito de tutela se infiere, que el accionante pretende que se de curso legal al precitado ruego. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce, en lo esencial, que mediante auto del 18 de septiembre de 2020 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali rechaz\u00f3 la citada demanda, \u00abbajo el argumento de la insuficiencia de bienes, lo cual conllevar\u00eda a que no se cubran razonablemente los pasivos y a un desgaste innecesario de la justicia\u00bb, decisi\u00f3n que no obstante apel\u00f3, fue confirmada el 3 de agosto pasado por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, pese a que, dice, no se le puede negar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia con sustento en la cuant\u00eda del proceso, ni con base en requisitos no establecidos en la norma aplicable, y de paso impedirle acceder al derecho a que los saldos insolutos de sus deudas se conviertan en obligaciones naturales, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 571 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancias que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 27 de agosto se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Tribunal Superior de Cali por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 del decurso criticado, corrobor\u00f3 que el pasado 3 de agosto confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 18 de septiembre de 2020 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad, la cual, asegur\u00f3, no es controvertible a trav\u00e9s del presente mecanismo, m\u00e1xime porque all\u00ed se destac\u00f3 que \u00abla propuesta de pago planteada por el deudor, desagravia un total de $20\u00b4500.629, correspondiente al 1,29% de cobertura frente al total de acreencias, equivalente a $1\u00b4586.466.191, un ofrecimiento p\u00edrrico frente a la deuda, lo que no logra estructurar una f\u00f3rmula de pago seria, significativa y razonable para solventar las obligaciones, que, de aceptarse, necesariamente terminar\u00eda dejando insatisfechas las obligaciones del deudor y mutando las referidas a naturales, con el consecuente castigo a los acreedores por el no cobro de sus cr\u00e9ditos, lo que no abre paso para hacer un pronunciamiento judicial al respecto\u00bb. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Once Civil del Circuito de Cali inform\u00f3, que all\u00ed curs\u00f3 proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial promovido por Jorge Enrique Sarria Jim\u00e9nez, identificado con el consecutivo No. 2013-00344-00, proceso que termin\u00f3 el 3 de julio de 2019 por desistimiento t\u00e1cito, lo que condujo a levantar las medidas cautelares all\u00ed decretadas, dejando en firme las ordenadas dentro de las ejecuciones que hicieron parte del concurso. <\/p>\n
c. El Juez Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a narrar lo acontecido dentro del proceso cuestionado y remiti\u00f3 la versi\u00f3n digital del mismo. <\/p>\n
d. A la fecha de registro del fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, cuando tiene por finalidad controvertir actuaciones judiciales, s\u00f3lo deviene procedente si en ellas el juez natural ha incurrido en causal de procedencia del amparo, entendi\u00e9ndose por tal, aquella actividad jurisdiccional que carece de fundamento jur\u00eddico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, y, siempre y cuando el interesado no disponga de otros medios de defensa id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de sus derechos, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Jorge Enrique Sarria est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al auto proferido el 3 de agosto del presente a\u00f1o por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 18 de septiembre de 2020 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, de rechazar la demanda para liquidaci\u00f3n judicial de persona natural comerciante presentada por aquel, pues en su criterio, no se le pod\u00eda negar el curso legal a la demanda con sustento en que los activos que inform\u00f3, no eran representativos frente a los pasivos. <\/p>\n
3. De la revisi\u00f3n del escrito de tutela y la documental anexa al expediente constitucional, la Corte extrae los siguientes hechos relevantes para la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. El 27 de agosto de 2020 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali inadmiti\u00f3 la demanda que el aqu\u00ed interesado present\u00f3 para la apertura de \u00abliquidaci\u00f3n patrimonial definitiva judicial del deudor\u00bb, con fundamento en \u00abel numeral 1\u00ba del art\u00edculo 49 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
3.2. Aunque el gestor present\u00f3 escrito con que pretendi\u00f3 subsanar su solicitud, la demanda fue rechazada el 18 de septiembre el mismo a\u00f1o, con fundamento en que \u00abno obstante haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados en los puntos 1 al 6 del auto de inadmisi\u00f3n, no se observan bienes con los cuales se pueda atender el pasivo que asciende a $1.586\u00b4466.191, a excepci\u00f3n de una partida en el fondo privado de pensiones y cesant\u00edas horizonte por valor de $20\u00b4500.629, pues como lo indica el mismo deudor, todos sus bienes se encuentran inmersos en un proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
La Ley 1116 de 2006, en su art\u00edculo 1\u00ba, inciso 3\u00ba, establece entre los objetivos principales de la liquidaci\u00f3n judicial, el siguiente: \u201cEl proceso de liquidaci\u00f3n judicial persigue la liquidaci\u00f3n pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, no existiendo en el proceso bienes suficientes y susceptibles de adjudicaci\u00f3n que cubran razonablemente parte de los pasivos, se vislumbra un desgaste jur\u00eddico innecesario al admitir un tr\u00e1mite que no conllevar\u00eda satisfacer m\u00ednimamente los cr\u00e9ditos relacionados. En consecuencia, al no completarse todos los requisitos conforme al objeto de la liquidaci\u00f3n judicial, el Juzgado proceder\u00e1 a rechazar la demanda conforme al art. 90 del C.G.P\u00bb <\/p>\n
3.3. En el escrito con que el inconforme apel\u00f3 la decisi\u00f3n, expuso que \u00abno estamos ante una ausencia de subsanaci\u00f3n de la demanda, o de falta de jurisdicci\u00f3n o competencia, ni se trata de un caso en la que se haya configurado la caducidad de la acci\u00f3n que se propone. Estamos entonces, ante el rechazo injustificado de la demanda en la que el juez de conocimiento resuelve, violando el debido proceso, crear una nueva causal de rechazo que el legislador nunca contempl\u00f3\u00bb y as\u00ed mismo se le impidi\u00f3 acceder al beneficio del art\u00edculo 571 del C\u00f3digo General del Proceso, atinente a que \u00ablos saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidaci\u00f3n, mutar\u00e1n en obligaciones naturales, producir\u00e1n los efectos previstos por el art\u00edculo 1527 del C\u00f3digo Civil. (\u2026) Par\u00e1grafo 1\u00ba. El efecto previsto en el numeral 1\u00ba de este art\u00edculo tambi\u00e9n se aplicar\u00e1 a los deudores personas naturales comerciantes que adelanten un proceso de liquidaci\u00f3n judicial en los t\u00e9rminos establecidos en la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
3.4. El 3 de agosto pasado, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, tras establecer que el problema jur\u00eddico a resolver consist\u00eda en determinar \u00absi la insuficiencia de bienes para atender las obligaciones contenidas en la relaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, es sustento suficiente para disponer el rechazo de la solicitud de liquidaci\u00f3n patrimonial\u00bb <\/p>\n
En seguida observ\u00f3, que \u00aben el caso bajo consideraci\u00f3n, es claro que el \u00fanico bien que posee el solicitante es una partida en el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Horizonte por valor de $20.5000.629.oo pesos, es decir que, dicha cifra asciende aproximadamente al 1,29% de las acreencias que posee el insolvente, lo que indica que en caso de llegar a ser adjudicado, dicho porcentaje a los cr\u00e9ditos del deudor mutar\u00edan a obligaciones naturales, de manera en que lo afirma el togado promotor, situaci\u00f3n que es un efecto de la adjudicaci\u00f3n establecido en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 571 del C. G. del P. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo expuesto y, al realizar un an\u00e1lisis desapasionado del caso que nos ocupa, es imperioso resaltar que proceder con la apertura de la liquidaci\u00f3n patrimonial ser\u00eda desdibujar el proceso liquidatorio, en tanto, en este caso no habr\u00eda una satisfacci\u00f3n m\u00ednima de los acreedores, por el contrario, \u00e9stos asumir\u00edan la consecuencia de ser mutadas sus obligaciones a naturales, sin tan siquiera obtener provecho alguno de los bienes del deudor, simplemente porque \u00e9ste no posee bienes o como en el caso de estudio, por configurar estos una cuant\u00eda irrisoria, lo que tambi\u00e9n significa que no se cumple con el objeto de la ley en lo concerniente a la liquidaci\u00f3n patrimonial, el cual radica en evidenciarse la falta de liquidez del deudor y su cese de pagos, y por ello proceder a cubrir dichas obligaciones con la adjudicaci\u00f3n de los bienes muebles o inmuebles susceptibles de embargo, que ser\u00edan los bienes adjudicables. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similar connotaci\u00f3n el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, se\u00f1al\u00f3: \u201c\u2026En todo caso no pasa desapercibido para esta Sala de Decisi\u00f3n que la suma referida anteriormente se torna irrisoria en relaci\u00f3n al capital adeudado por el deudor ($93.505.581), inclusive sin intereses, por lo que de tramitarse la liquidaci\u00f3n conllevar\u00eda necesariamente a la mutaci\u00f3n de un 98% de las obligaciones a cargo del deudor a naturales, sin que sea admisible interpretar que el esp\u00edritu de la norma sea sanear las obligaciones del deudor sin una retribuci\u00f3n m\u00ednima a los acreedores. Corolario, esta Sala considera que rechazar la liquidaci\u00f3n patrimonial, no fue el resultado de un criterio subjetivo o producto del antojo del juzgador, sino que obedecen a una interpretaci\u00f3n legitima sentada bajo una posici\u00f3n consecuente con la finalidad del proceso patrimonial y a los hechos concretos del caso, de ah\u00ed que, no se hayan desconocido prerrogativas superiores. Del mismo modo, debe precis\u00e1rsele al accionante que el objetivo del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante es establecer alternativas para el pago de sus deudas y as\u00ed restablecer su condici\u00f3n financiera, y concretamente la liquidaci\u00f3n patrimonial (Art. 563 C.G.P.) conlleva la extinci\u00f3n parcial del patrimonio de una persona natural a trav\u00e9s de los activos y no mutar sus obligaciones a naturales\u2026\u201d <\/p>\n
En el mismo sentido, esta corporaci\u00f3n se pronunci\u00f3 en providencia de fecha 10 de octubre de 2019, que, a la letra sostiene: \u201cAhora, frente a la raz\u00f3n de la no apertura de la liquidaci\u00f3n patrimonial, encuentra la Sala que tal decisi\u00f3n no es caprichosa o abrupta por parte del Juzgado conocedor, que pudiera considerarse vulneratoria de los derechos fundamentales del accionante, pues las reflexiones que tuvo el se\u00f1or Juez accionado para rechazar el tr\u00e1mite liquidatorio son coherentes con la realidad procesal, al considerar b\u00e1sicamente que los bienes relacionados por el deudor eran insuficientes para cubrir los valores adeudados, que el fracaso de la negociaci\u00f3n de las deudas se debi\u00f3 a que la propuesta de pago no fue aprobada por los acreedores, agregando que dicha f\u00f3rmula de arreglo, una vez revisada, consider\u00f3 que no se ajustaba a las exigencias del numeral 2o del art. 539 del C.G.P. pues la misma carec\u00eda de claridad y objetividad. A\u00f1adi\u00f3 que los bienes relacionados por el deudor fueron dos veh\u00edculos automotores uno que lo cuantific\u00f3 en la suma de $4’000.000.oo y el otro que est\u00e1 sujeto a prenda resultando irrisorio dichos aval\u00faos para cubrir una obligaci\u00f3n que a la fecha de presentaci\u00f3n del tr\u00e1mite de insolvencia ascend\u00eda a la suma de $164’410.149.oo, considerando adem\u00e1s que no se cumpl\u00eda con la objetividad y seriedad que impera dicho tr\u00e1mite, que con ello no demuestra la intenci\u00f3n del solicitante de cumplir con sus obligaciones pecuniarias, labor hermen\u00e9utica y valorativa que no puede ser inferida por el juez constitucional, pues de lo contrario se desconocer\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia judicial. Tampoco es de recibo por esta Sala que la liquidaci\u00f3n patrimonial como consecuencia del fracaso de la negociaci\u00f3n de las deudas deba ser admitida \u201cde plano\u201d de manera objetiva como lo consider\u00f3 el se\u00f1or Juez A quo en la sentencia impugnada, ya que el juez natural est\u00e1 en el deber de analizar e interpretar para decir si es viable o no el tr\u00e1mite liquidatorio, no puede ser ajeno o ciego a lo que encuentre en la solicitud\u201d <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, en el caso estudiado en previo pronunciamiento de la sala, la proporci\u00f3n de los bienes del deudor frente al valor de sus deudas insolutas, a pesar de ser del 38.92% fue calificada de irrisoria, no menos podr\u00eda decirse de la propuesta planteada por el aqu\u00ed deudor, que, como ya se analiz\u00f3, apenas alcanza un 1,29% de cobertura frente al total de acreencias, lo que no logra estructurar una f\u00f3rmula de pago seria, significativa y razonable para solventar sus obligaciones, que de aceptarse, necesariamente terminar\u00eda dejando insatisfechas las obligaciones del deudor y mutando sus obligaciones a naturales, con el consecuente castigo a los acreedores por el no cobro de sus acreencias. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta corporaci\u00f3n se abstendr\u00e1 de proseguir con el procedimiento de liquidaci\u00f3n patrimonial solicitado, por cuanto, la propuesta del promotor no supera la vocaci\u00f3n liquidatoria que deben ostentar los bienes que se relacionan en la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Expuesto lo anterior, concluye la Corte que la decisi\u00f3n criticada a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali ciertamente ostenta un defecto que constituye la causal de procedencia del amparo que a trav\u00e9s de esta v\u00eda se reclama, al haberse incurrido en la misma en un defecto procedimental, situaci\u00f3n que devino en la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores invocadas por el aqu\u00ed accionante, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
4.1. El motivo que fund\u00f3 la decisi\u00f3n de la autoridad judicial criticada de rechazar la demanda para liquidaci\u00f3n judicial de persona natural comerciante, consistente en que el activo a liquidar relacionado por el actor en su solicitud \u00abno supera la vocaci\u00f3n liquidatoria que deben ostentar los bienes que se relacionan en la negociaci\u00f3n\u00bb, no est\u00e1 expresamente establecido en el estatuto de procedimiento civil ni en la Ley 1116 de 2006, como causal para el rechazo de la demanda o si quiera para su inadmisi\u00f3n, lo que impide negar el curso legal de la misma con sustento en ese argumento, ya que, como lo ha considerado la Sala, \u00ab(\u2026) la inadmisi\u00f3n y el rechazo de la demanda s\u00f3lo puede darse por las causales que taxativamente contempla el estatuto procesal, en tanto que la introducci\u00f3n de motivos ajenos a los all\u00ed dispuestos, en \u00faltimas, limita el derecho que tienen los coasociados a acceder a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) En cuanto al particular, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) no debe perderse de vista que por expreso mandato del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso las declaraciones de \u00abinadmisibilidad\u00bb y \u00abrechazo\u00bb de la demanda \u00absolo\u00bb se justifican de cara a la omisi\u00f3n de \u00abrequisitos formales\u00bb (cfr. arts. 82, 83 y 87 ib\u00edd.), la ausencia de los \u00abanexos ordenados por la ley\u00bb (cfr. arts. 26, 84, 85, 89, 206 ib\u00edd.), la inadecuada \u00abacumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb (cfr. art. 88 ib\u00edd.), la \u00abincapacidad legal del demandante que no act\u00faa por conducto de representante\u00bb y la \u00abcarencia de derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (cfr. art. 73 y ss. ib\u00edd.), ninguna de las cuales parecen ajustarse a las puntuales circunstancias esgrimidas en el sub lite. <\/p>\n
Y aunque en algunas ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha visto con buenos ojos la posibilidad de adelantar en esa etapa preliminar las \u00abpesquisas necesarias\u00bb para \u00abaclara[r] aspectos oscuros del libelo inicial\u00bb, como una \u00abexpresi\u00f3n fiel de los deberes que como director del proceso le asisten [al] funcionario\u00bb (CSJ, STC16187-2018), lo cierto es que tal privilegio no constituye una patente de cor[s]o para restringir la prerrogativa prevista en el canon 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, menos a\u00fan, para comprometer el debido proceso de las personas que elevan sus s\u00faplicas ante la justicia con criterios puramente subjetivos de quienes est\u00e1n llamados a impulsarlas (CSJ STC2718-2021 y STC4698-2021). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, la Corte Constitucional tiene establecido que \u00abrespecto al tema particular del auto de admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de una liquidaci\u00f3n judicial de una sociedad, la Superintendencia de Sociedades, ni puede exigir requisitos adicionales a los que la ley determina, ni puede entrar en consideraciones ni an\u00e1lisis relacionados con el contenido de la informaci\u00f3n para resolver si admite o rechaza la solicitud. La labor de esa entidad, es cerciorarse que la sociedad deudora \u2013quien se va a liquidar- cumpla todos los requisitos, tanto sustanciales como formales, exigidos en la Ley 1116 de 2006 para efectos de su liquidaci\u00f3n judicial\u00bb (C.C., SU773-2014). <\/p>\n
4.2. Aunque lo expuesto es suficiente para acceder a la protecci\u00f3n solicitada, amerita precisar que para la Sala no resulta admisible el citado motivo que las autoridades accionadas infirieron para fundar su decisi\u00f3n de rechazar la demanda, debido a que inobserva parte del prop\u00f3sito que tiene el proceso de liquidaci\u00f3n judicial y de paso impide al deudor acceder a los beneficios que pudiera obtener de llegar a finiquitar ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Observa la Sala que el Tribunal fund\u00f3 la decisi\u00f3n de rechazar la demanda, en la poca representatividad econ\u00f3mica que tienen los activos informados por el deudor de cara a la cuant\u00eda de los pasivos, lo que implicar\u00eda tramitar un proceso que, en \u00faltimas, no desembocar\u00eda en una soluci\u00f3n adecuada para los acreedores, ya que \u00e9stos no recibir\u00edan una satisfacci\u00f3n representativa de las deudas a su favor, a la par que el saldo insoluto de las mismas mutar\u00eda a natural, lo que, en suma, har\u00eda del proceso m\u00e1s un desgaste para la administraci\u00f3n de justicia y un perjuicio para los acreedores, que una soluci\u00f3n real para el pago de las obligaciones. <\/p>\n
No obstante, la autoridad accionada pasa por alto que el proceso de liquidaci\u00f3n judicial, si bien tiene como finalidad la satisfacci\u00f3n de las obligaciones del deudor con cargo a la realizaci\u00f3n pronta y ordenada de su patrimonio (inc. 3\u00ba, art. 1\u00ba, Ley 1116 de 2006), no exige para su viabilidad, que el activo liquidable tenga determinada representatividad de cara a los pasivos por cubrir, sino simplemente que exista un patrimonio al que se limitar\u00e1 la adjudicaci\u00f3n, todo cual, en \u00faltimas, viabilizar\u00e1 brindar soluci\u00f3n definitiva a la situaci\u00f3n de iliquidez presentada por el deudor, la que, de lo contrario, seguramente se mantendr\u00eda en un estado de indefinici\u00f3n. <\/p>\n
Ese estado de indefinici\u00f3n, es para el deudor un obst\u00e1culo para eventualmente iniciar otra actividad comercial, de ah\u00ed la importancia que el proceso de liquidaci\u00f3n judicial representa para \u00e9ste, al tener como consecuencia que \u00ablos saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidaci\u00f3n, mutar\u00e1n en obligaciones naturales, y producir\u00e1n los efectos previstos por el art\u00edculo 1527 del C\u00f3digo Civil\u00bb a la par que \u00ablos acreedores insatisfechos del deudor no podr\u00e1n perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad al inicio del procedimiento de liquidaci\u00f3n\u00bb (n\u00fam. 1 art. 571 del C\u00f3digo General del Proceso), todo lo cual, sin lugar a dudas, representa un beneficio para el anotado cometido del deudor. <\/p>\n
De ah\u00ed que, la postura que asumi\u00f3 la autoridad accionada, lejos de evitar un desgaste para la administraci\u00f3n de justicia o una salida inconveniente para la situaci\u00f3n de iliquidez denunciada por el deudor, termina siendo una aut\u00e9ntica denegaci\u00f3n de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al impedir a \u00e9ste tramitar el proceso concebido para la liquidaci\u00f3n de la \u00fanica garant\u00eda que tiene para la satisfacci\u00f3n de sus deudas, lo que adem\u00e1s conducir\u00e1 a terminar o evitar procesos judiciales que persigan su ya agotado patrimonio, y de paso, le permitir\u00e1 eventualmente iniciar otra actividad comercial, proceso durante el cual, valga relievar, los acreedores no estar\u00e1n desprovistos de protecci\u00f3n, pues podr\u00e1n hacerse parte del mismo y all\u00ed elevar las objeciones y hacer uso de los medios legales que tienen a su disposici\u00f3n para procurar sacar el m\u00e1ximo provecho al patrimonio del deudor. <\/p>\n
5. As\u00ed, aunque los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico, no cabe duda que en el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n excepcional del Juez de tutela con el fin de remediar el quebrantamiento constitucional advertido, a fin de que la Corporaci\u00f3n criticada resuelva nuevamente sobre el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el gestor, teniendo en cuenta las consideraciones esbozadas. <\/p>\n
6. Corolario de lo expuesto se acceder\u00e1 a la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, tras dejar sin efecto el auto del 3 de agosto de 2021, y toda actuaci\u00f3n posterior que dependa del mismo, resuelva nuevamente sobre el recurso de apelaci\u00f3n presentado por Jorge Enrique Sarria contra el auto de 18 de septiembre de 2020 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, al interior del proceso de liquidaci\u00f3n judicial promovido por \u00e9ste. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11678-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO STC11678-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03078-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Enrique Sarria Jim\u00e9nez contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57428","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57428","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57428"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57428\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57428"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}