STC11681-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11681-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03145-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miguel \u00c1ngel Bustos Granados contra las Salas Penales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena y Santa Marta, los Juzgados Tercero Penal del Circuito de Cartagena y Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la \u00faltima ciudad, a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad y \u00abdignidad humana\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) \u00abla disminuci\u00f3n punitiva contenida en la sentencia C-015\/18 de la\u2026 Corte Constitucional\u00bb y ii) \u00abimplementar, todas y cada una de las medidas que permitan proteger [sus] derechos fundamentales que vienen siendo desconocidos y vulnerados sistem\u00e1ticamente\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia proferida el 15 de diciembre de 2011 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, el accionante fue condenado a 448 meses de prisi\u00f3n, como responsable de los punibles de homicidio agravado y porte de armas de fuego o municiones; determinaci\u00f3n que el 22 de junio de 2014, en Sala mayoritaria, modific\u00f3 el Tribunal Superior de ese lugar, en el sentido de decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n respecto al segundo delito y confirmar la condena en cuanto al primero, fijando la pena en 340 meses de retenci\u00f3n intramural. <\/p>\n
2.2. Frente a esa \u00faltima providencia el tutelante inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya demanda inadmiti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte con prove\u00eddo AP1088-2017 del 22 de febrero de 2017. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, el 9 de noviembre de 2020 el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta no accedi\u00f3 a la solicitud de \u00abdisminuci\u00f3n punitiva por favorabilidad constitucional ultractiva\u00bb que present\u00f3 el censor invocando la sentencia C-015\/18 de la Corte Constitucional; lo cual, el pasado 3 de marzo, confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela el accionante critic\u00f3 que, equivocadamente, se le conden\u00f3 como coautor \u00absin la existencia del protocolo de necropsia, sin haber demostrado acuerdo previo, sin haber determinado con exactitud [su] ubicaci\u00f3n estrat\u00e9gica\u2026 en el sitio de los hechos, no se demostr\u00f3 la participaci\u00f3n en el homicidio, no se valor\u00f3 [su] estado de indefensi\u00f3n ante [el] secuestro acaecido el d\u00eda de los hechos, donde se [l]e orden\u00f3 conducir hasta [que] el delincuente no pudo\u2026 continuar en el veh\u00edculo por el asecho de la autoridad, bajando\u2026 del veh\u00edculo, con se\u00f1al de auxilio por todo lo ocurrido y otros elementos caracter\u00edsticos de la conducta punible\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las sedes judiciales a cargo de vigilar su pena interpretaron erradamente su petici\u00f3n de \u00abdisminuci\u00f3n punitiva por favorabilidad constitucional ultractiva\u00bb, pues con ella busc\u00f3 se corrigieran, \u00aba trav\u00e9s del principio de igualdad, los errores y vac\u00edos judiciales que se cometieron en diversas actuaciones, cuando se le conden\u00f3 en calidad de coautor y no de c\u00f3mplice\u00bb. <\/p>\n
3. Esta sala de la Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta rog\u00f3 declarar \u00abimprocedente el amparo\u00bb porque \u00abel accionante reclama\u2026 una disminuci\u00f3n punitiva, al considerar errado el grado de participaci\u00f3n que le fue atribuido en sentencia, pretensi\u00f3n que indefectiblemente\u2026 escapa de la \u00f3rbita de competencia del Juez Constitucional, por cuanto se trata de controversias que versan sobre una sentencia debidamente ejecutoriada y frente a la cual, los sujetos procesales, entre ellos el hoy accionante, hicieron uso oportuno de los recursos ordinarios y extraordinarios\u00bb; conclusi\u00f3n \u00abextensiva al auto del 9 de noviembre de 2020, en el que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta le neg\u00f3 tal disminuci\u00f3n, al considerar que la actuaci\u00f3n seguida contra\u2026 Bustos Granados ya hab\u00eda cobrado firmeza jur\u00eddica, lo que imped\u00eda un nuevo pronunciamiento, posici\u00f3n que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de [esa] ciudad\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Seccional de Magdalena de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 haber corrido traslado de la solicitud de tutela a su hom\u00f3loga de Bol\u00edvar, \u00aben atenci\u00f3n a que en la demanda se hace menci\u00f3n, entre otros hechos, a la condena proferida contra el accionante por parte del Juzgado 3 Penal del Cto de ese Distrito\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena indic\u00f3, en lo medular, que el quejoso pretend\u00eda, inapropiadamente, \u00abreabrir un debate concluido\u00bb, porque la sentencia condenatoria en su contra se encuentra ejecutoriada; y que de aceptarse que \u00abla Sentencia C 015 de 2018 establece una \u201cDisminuci\u00f3n Punitiva por Favorabilidad Constitucional Ultractiva\u201d como la interpreta el accionante, este tendr\u00eda posibilidad de iniciar una acci\u00f3n de revisi\u00f3n seg\u00fan lo establecido en el art. 220 No. 6 de la Ley 600 de 2000 y no deber\u00eda acudir a la tutela, pues, esta es de naturaleza subsidiaria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de protecci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, con fundamento en las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto al reclamo frente a la imposici\u00f3n de la condena en contra del accionante como coautor del punible de homicidio agravado, el ruego constitucional es inviable porque carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha en que se inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que interpuso el quejoso (22 de febrero de 2017), con lo que cobr\u00f3 ejecutoria la pena a \u00e9l impuesta, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (agosto de 2021), transcurrieron m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso de seis (6) meses que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n es improcedente frente a la memorada condena porque al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para invocar las inconformidades que por v\u00eda de tutela aleg\u00f3, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente porque, se itera, fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 22 de febrero de 2017, por la ausencia de t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n, siendo ese el escenario id\u00f3neo para aquel prop\u00f3sito, con lo cual el censor abandon\u00f3 la posibilidad de que esa Sala especializada de esta Corporaci\u00f3n se ocupara del fondo de la determinaci\u00f3n del ad-quem. <\/p>\n
De all\u00ed que la salvaguarda no resulte viable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. Finalmente, respecto al prove\u00eddo de 5 de abril de 2021, mediante el cual el Tribunal Superior de Santa Marta confirm\u00f3 el emitido el 9 de noviembre de 2020 por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, que no accedi\u00f3 a \u00abla solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad e igualdad elevada por el condenado\u00bb; la protecci\u00f3n rogada no se abre paso porque dicha Colegiatura expres\u00f3 all\u00ed, con suficiencia, las razones por las cuales adoptaba tal determinaci\u00f3n, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
2.3.1. En efecto, all\u00ed precis\u00f3 que el inconforme busc\u00f3 obtener la redosificaci\u00f3n de la pena con apoyo en los siguientes planteamientos: <\/p>\n
\u2026que el Magistrado\u2026 Londo\u00f1o\u2026, mediante salvamento de voto manifest\u00f3 que su participaci\u00f3n fue de c\u00f3mplice y no coautor y por tal raz\u00f3n es acreedor de un reajuste de la pena impuesta. <\/p>\n
\u2026teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia C-015 de 2018 emitida por la Corte Constitucional, aplicando el principio de igualdad y favorabilidad constitucional ultractiva. <\/p>\n
El apelante indica que en Colombia se ven\u00eda dando una aplicaci\u00f3n errada por parte del operador judicial a la figura de la coautor\u00eda y la complicidad y mediante la sentencia C-015 de 2018, la Corte Constitucional pone en evidencia esa mala pr\u00e1ctica cuando se habla de determinadores y c\u00f3mplices de la conducta punible. <\/p>\n
Fijado ese rumbo, desech\u00f3 el primer argumento bajo el siguiente razonamiento: <\/p>\n
\u2026observa la Sala que en la sentencia de segunda instancia al desatar el recurso contra la sentencia condenatoria se expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c\u2026Todo ello devela la mancomunidad que exist\u00eda entre el aqu\u00ed enjuiciado y el autor material del il\u00edcito al haber planeado una ruta de escape…\u201d <\/p>\n
(…) <\/p>\n
\u201c…A partir de estos razonamientos en los cuales se evidencia la ocurrencia de los elementos que configuran la coautor\u00eda, es que esta Colegiatura apoya la tesis de responsabilidad penal…\u201d <\/p>\n
En esta decisi\u00f3n el Tribunal antes referenciado resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume la decisi\u00f3n de primera instancia en cuanto al grado de participaci\u00f3n del procesado a t\u00edtulo de coautor. Dentro de esta actuaci\u00f3n, uno de los Magistrados que conformaba la Sala Penal salv\u00f3 el voto indicando que la participaci\u00f3n del procesado era de c\u00f3mplice y no coautor, sin embargo, la Sala Mayoritaria estim\u00f3 que la participaci\u00f3n era a t\u00edtulo de coautor y no de c\u00f3mplice. <\/p>\n
Ante la decisi\u00f3n emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, el defensor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual mediante prove\u00eddo de 22 de febrero de 2017 fue inadmitido por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Penal en sus consideraciones manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c…De suerte que, contrario a lo alegado por el demandante, s\u00ed, hay pruebas, directas e indirectas, que [lo] vinculan\u2026, como coautor de los hechos investigados. Tal conclusi\u00f3n se soporta en una valoraci\u00f3n conjunta de los aludidos medios de conocimiento…\u201d. <\/p>\n
Para este Tribunal fue necesario hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior de este proceso penal para dejar claro los siguientes puntos: Primero, el debate entre s\u00ed, el grado de participaci\u00f3n del procesado fue de coautor o c\u00f3mplice, fue analizado por los operadores judiciales que en su momento discutieron el caso en concreto y determinaron que la participaci\u00f3n del condenado en la conducta punible fue como COAUTOR del delito de homicidio agravado. Segundo, El hecho que un magistrado haya salvado su voto, no quiere decir que la conducta desplegada por el hoy condenado haya sido en calidad de c\u00f3mplice como lo alega Bustos Granados. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual, concluye esta Colegiatura que no se puede dar pie a un nuevo debate probatorio[,] dado que estamos en presencia de una sentencia ejecutoriada donde las partes (procesado y defensa) hicieron uso oportuno de los recursos ordinarios y extraordinarios y en su momento procesal se determin\u00f3 que el grado de participaci\u00f3n de Bustos Granados era de coautor. En consecuencia, se desestima la primera solicitud del recurrente. <\/p>\n
Luego, tambi\u00e9n desestim\u00f3 la segunda alegaci\u00f3n del apelante, efectuando el siguiente an\u00e1lisis de cara a la sentencia C-015\/18 de la Corte Constitucional: <\/p>\n
Revisada la decisi\u00f3n es preciso realizar la siguiente tabla: <\/p>\n
<\/p>\n
CORPORACI\u00d3N: <\/p>\n
CORTE CONSTITUCIONAL. <\/p>\n
TIPO DE SENTENCIA: <\/p>\n
CONSTITUCIONALIDAD. <\/p>\n
NORMA DEMANDADA: <\/p>\n
Ley 599 de 2000 – C\u00f3digo Penal Inciso 4\u00ba del art\u00edculo 30. <\/p>\n
DECISI\u00d3N: <\/p>\n
LEVANTAR la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos ordenada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el auto 305 d e l 21 de junio de 2017. <\/p>\n
DECLARAR EXEQUIBLE, por el cargo de igualdad analizando en la presente sentencia, el inciso cuarto del art\u00edculo 30 de la ley 599 de 2000. <\/p>\n
N\u00daMERO DE SENTENCIA <\/p>\n
C-015 DE 2018 <\/p>\n
RADICADO <\/p>\n
D-11917 <\/p>\n
FECHA <\/p>\n
14 DE MARZO DE 2018 <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE <\/p>\n
CRISTINA PARDO SCHLESINGER <\/p>\n
ACTOR\/ACCIONANTE <\/p>\n
Juan Jos\u00e9 G\u00f3mez Urre\u00f1a y Jos\u00e9 Manuel D\u00edaz Soto. <\/p>\n
ACCIONADO <\/p>\n
N\/A <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
NO <\/p>\n
Recordemos que el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal, establece que son part\u00edcipes el determinador y el c\u00f3mplice, y en el caso concreto, el procesado fue sentenciado como coautor, adem\u00e1s no estar en presencia de un delito especial sino en presencia de un tipo penal como lo es el homicidio. <\/p>\n
La Corte Constitucional1 sobre el principio de igualdad ha manifestado lo siguiente: <\/p>\n
\u201c…La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garant\u00eda. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido [de] garantizar la paridad de oportunidades entre l[os] individuos; y, iii) la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen \u00e9tnico, identidad de g\u00e9nero, religi\u00f3n y opini\u00f3n pol\u00edtica, entre otras…\u201d <\/p>\n
En el caso concreto, no se est\u00e1 en presencia de una conducta cometida en grado de complicidad y mucho menos ante un delito especial o de sujeto activo calificado, lo que imposibilita aplicar la f\u00f3rmula Aristot\u00e9lica \u201ctratar igual a los iguales y desigual a los desiguales\u201d en el entendido que los hechos objeto de debate y el contenido de fondo tratado en la sentencia C-015 de 2018, no tienen relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n jur\u00eddica del sentenciado Bustos Granados. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el principio de favorabilidad la doctrina ha determinado lo siguiente: <\/p>\n
\u201c…Es pertinente manifestar que, aunque por regla general la ley rige para los hechos cometidos dentro de su vigencia, en virtud de la favorabilidad es posible excepcionar este postulado con la aplicaci\u00f3n de una norma legal por fuera del marco temporal de su vida jur\u00eddica, esto es, para hechos ocurridos antes del momento de su entrada en vigencia (retroactividad) con relaci\u00f3n a procesados, e inclusive a condenados[,] caso en el cual corresponder\u00e1 hacer los ajustes pertinentes al fallo ya proferido que se est\u00e9 ejecutando, y con posterioridad a su derogatoria para sucesos acaecidos durante su vigencia (ultraactividad) respecto de procesados, siempre que se trate de manera beneficiosa la situaci\u00f3n del sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal…\u201d <\/p>\n
Es claro para esta Colegiatura que dentro del caso concreto, no se ha promulgado una ley m\u00e1s beneficiosa para el procesado, raz\u00f3n por la cual se desestima esta segunda pretensi\u00f3n. <\/p>\n
2.3.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Entonces, el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que formul\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de los planteamientos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos que sirvieron de soporte para el pronunciamiento antes rese\u00f1ado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria por este juzgador constitucional, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho [el fallador ordinario] no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Lo consignado impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia 030 de 2017. <\/p>\n
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STC11681-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11681-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03145-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miguel \u00c1ngel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57431","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57431","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57431"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57431\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}