STC11688-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11688-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02970-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier Arroyo Hern\u00e1ndez en representaci\u00f3n de Anan\u00edas Valencia Arriaga, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de las acciones constitucionales a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo en la condici\u00f3n en cita, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al \u00abdejar de notificarle\u00bb los fallos pronunciados al interior de las acciones constitucionales con radicado No. i) 2021-00043-01 (interno 115678); ii) 2021-00160-01 (interno 117691), y, iii) 2021-00003-01 (interno 115114). <\/p>\n
De este modo, lo que pretende el se\u00f1or Valencia Arriaga, de manera puntual, es que a) se ordene a la Colegiatura convocada, que proceda con dichos actos de enteramiento; adem\u00e1s, b) solicita que se \u00abcompuls[en] copias a las autoridades competentes conforme al art\u00edculo 53 del Decreto 2591 de 1991, ante un eventual prevaricato por omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado, el abogado del promotor se limit\u00f3 a se\u00f1alar, que los \u00abfallos de segunda instancia [pronunciados en los tr\u00e1mites aludidos], a la fecha, no han sido debidamente notificados a [su]poderdante y en consecuencia se viola el derecho fundamental al debido proceso\u00bb, motivo por el que acude nuevamente a la v\u00eda excepcional, por no contar con otro mecanismo de defensa judicial a trav\u00e9s del cual pueda obtener la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos que invoc\u00f3. <\/p>\n
3. Una vez asumido el asunto, el 27 de agosto hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a.) La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por un lado, aport\u00f3 los soportes de notificaci\u00f3n de las decisiones pronunciadas en el marco de las acciones de tutela identificadas con los radicados i) 2021-00043-01 (interno 115678, oficio 32563 remitido por correo electr\u00f3nico el pasado 18 de agosto) y, ii) 2021-00003-01 (interno 115114, oficio 33878 remitido por correo electr\u00f3nico el pasado 2 de septiembre). <\/p>\n
Ahora bien, en lo que respecta a la acci\u00f3n de amparo No. 2021-00160-01 (interno 117691), indic\u00f3 el Magistrado Sustanciador a cargo, que \u00abencontr\u00e1ndo[se] dentro del t\u00e9rmino concedido, d[a] respuesta a la acci\u00f3n constitucional de la referencia, remitiendo copia de la sentencia de tutela STP11516-2021, emitida dentro de [esa] actuaci\u00f3n, promovida por el actor\u00bb, adem\u00e1s de poner de presente, que \u00abno se puede pasar por alto que en la actualidad el pa\u00eds se encuentra afrontando una pandemia, lo cual ha imposibilitado el desempe\u00f1o normal de la funci\u00f3n judicial. Y, si bien, los funcionarios de la Corporaci\u00f3n est\u00e1n trabajando desde sus lugares de residencia, lo cierto es que los tr\u00e1mites pueden presentar demoras por fallas en los sistemas, o problemas con los correos electr\u00f3nicos, y otros motivos ajenos a nuestra voluntad\u00bb. <\/p>\n
b.) Por su parte, tanto el apoderado judicial de la Nueva E.P.S. S.A, como el representante legal de la sociedad Mansarovar Energy Colombia Ltda, solicitaron la desvinculaci\u00f3n de las entidades a las que representan, luego de esgrimir al efecto que ninguna injerencia tienen en los hechos y pretensiones narradas por el se\u00f1or Anan\u00edas, por lo que carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
c.) De otro lado, el titular del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, se limit\u00f3 a resumir las actuaciones constitucionales que ha adelantado en torno a las acciones de amparo y los incidentes de desacato, propuestos por el aqu\u00ed inconforme, y a indicar que la tutela es improcedente para atacar las decisiones que en esa misma sede ha pronunciado la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte. <\/p>\n
d.) Al momento del registro del fallo no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente contienda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que el descontento del se\u00f1or Anan\u00edas Valencia Arriaga radica, en esencia, en que a la fecha de presentaci\u00f3n del escrito inicial, seg\u00fan sus dichos, ya hab\u00eda transcurrido un tiempo prudente desde el proferimiento de las sentencias que zanjaron las salvaguardas objeto de an\u00e1lisis, sin que se le hubiere notificado lo determinado. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios probatorios obrantes en las presentes diligencias, observa la Corte que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, por las razones que a continuaci\u00f3n se comprend\u00edan: <\/p>\n
3.1. De un lado, y acerca de la notificaci\u00f3n de la sentencia STP 4463 del 20 de abril de 2021, dictada dentro del radicado 2021-00003-01 (interno 115114), a trav\u00e9s de la cual se dispuso \u00abADICIONAR la protecci\u00f3n constitucional en el sentido de ORDENAR al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac\u00e1 que, conforme al art\u00edculo 27, inciso 2\u00b0, del Decreto 2591 de 1991, informe del tr\u00e1mite del incidente de desacato a la Junta Directiva de DIATECO S.A.S. y, de ser el caso, eval\u00fae qu\u00e9 clase de directrices puede emitir frente a ese Organismo de la empresa en aras de hacer cumplir la orden de tutela, junto a ello ORDENAR al despacho judicial encargado de hacer cumplir la orden de tutela, que oficie a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que designe un agente especial del Ministerio P\u00fablico que intervenga en los incidentes que se tramiten en la acci\u00f3n de tutela n\u00b0157224089003201300207, hasta que se declaren cumplidas integralmente las \u00f3rdenes all\u00ed dadas y CONFIRMAR en lo dem\u00e1s el fallo impugnado\u00bb, la secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, alleg\u00f3 prueba de la remisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico del apoderado del accionante (Jah7565@yahoo.es), del oficio No. 32563 adiado, 17 de agosto de 2021, env\u00edo que se cumpli\u00f3 el d\u00eda 18 postrero. <\/p>\n
Por lo anterior, y en lo que respecta a ese preciso alegato, el amparo debe denegarse, si se tiene en cuenta que al momento de la interposici\u00f3n del amparo, no exist\u00eda de parte de la autoridad judicial criticada, actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que deba ser enmendada a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, comoquiera que, lo cierto es que el acto de enteramiento solicitado se hab\u00eda cumplido antes de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional, radicada el 19 de agosto hoga\u00f1o. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (STC3695-2021). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en lo que respecta al acto de notificaci\u00f3n de la sentencia pronunciada en el tr\u00e1mite constitucional 2021-00043-01 (radicado interno 115678), mediante oficio No. 33878 del 23 de agosto de los corrientes, y remitido al citado correo electr\u00f3nico el 1\u00b0 de septiembre siguiente, se indic\u00f3 al aqu\u00ed interesado que \u00aben respuesta a la solicitud elevada el 19 de agosto de 2021 al correo electr\u00f3nico de la secretaria, donde solicita certificar cu\u00e1ndo y por cual v\u00eda fue notificado el fallo de segunda instancia a la parte accionada y terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el mismo, me permito informarle que: <\/p>\n
1-. Las notificaciones del fallo de segunda instancia fueron enviadas el 18 de agosto de 2021, por correo electr\u00f3nico a la parte accionante, accionados, junto a ello por el mismo medio se envi\u00f3 notificaci\u00f3n personal al Juez Penal del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 y Juez 3\u00ba Promiscuo Municipal de Puerto Boyac\u00e1. <\/p>\n
2-. El 26 de agosto de 2021 el Juez Penal del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 y Juez 3\u00ba Promiscuo Municipal de Puerto Boyac\u00e1, enviaron las actas de notificaci\u00f3n personal firmadas. <\/p>\n
3-. En respuesta a su solicitud se allega constancia de las notificaciones enviadas en cuatro (4) archivos en formato PDF\u00bb. <\/p>\n
3.3. Y frente al asunto constitucional 2021-000160-01 (interno 117691), se tiene que el 22 de septiembre hoga\u00f1o, fue emitido el fallo en el que se resuelven las impugnaciones presentadas por Anan\u00edas Valencia Arriaga y el apoderado judicial de Diateco S.A.S, frente a la sentencia proferida el 3 de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales, confirm\u00e1ndose tal determinaci\u00f3n, aun cuando se advirti\u00f3 al \u00abJuzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyac\u00e1 debe efectuar un an\u00e1lisis m\u00e1s riguroso e integral (i) del elemento objetivo y subjetivo para ejecutar la multa y\/o la restricci\u00f3n de la libertad, o (ii) del acatamiento de la resoluci\u00f3n judicial para inaplicar la sanci\u00f3n, debido a que la finalidad del incidente de desacato recae en el reintegro del trabajador y en el pago de acreencias laborales insolutas, incluso situaciones concernientes a que el trabajador estuvo privado preventivamente de la libertad o que supuestamente no se quiere reintegrar a la labor\u00bb, encontr\u00e1ndose, a la fecha, en tr\u00e1mite su notificaci\u00f3n a los interesados. <\/p>\n
4. Entonces, finalmente lo pretendido por el promotor ya se surti\u00f3 dentro de las dos \u00faltimas diligencias referenciadas, conforme a los informes rendidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, como para la fecha en que se adopta el presente fallo ya se encuentra subsanada la omisi\u00f3n denunciada por el inconforme, y por ende, cesado la posible o eventual vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales por \u00e9l invocados, por lo que es claro que \u00abemerge una carencia actual de objeto del auxilio, en la medida que existe plena certeza de que el fin \u00faltimo perseguido con \u00e9ste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexistente\u00bb (CSJ STC3516-2021). <\/p>\n
Al punto, la Corte Constitucional ha precisado que, \u00absi bien se tiene que el prop\u00f3sito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las \u00f3rdenes que considere pertinentes a la autoridad p\u00fablica o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar as\u00ed la defensa actual y cierta de los mismos, cuando la situaci\u00f3n de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acci\u00f3n de tutela pierde toda raz\u00f3n de ser como mecanismo m\u00e1s apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, por cuanto la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultar\u00eda a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n\u00bb (C.C. T-308\/03, citada en CSJ STC3839-2021). <\/p>\n
5. Finalmente, se advierte que en lo atinente a la petici\u00f3n de compulsar copias con destino a las \u00abautoridades competentes\u00bb para investigar el actuar de la enjuiciada, basta con decir que ello desborda objeto de la acci\u00f3n de tutela; adem\u00e1s, el reclamante, sin intermediaci\u00f3n, puede incoar las denuncias que considere procedentes. <\/p>\n
6. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda reclamada ante la inexistencia de la vulneraci\u00f3n por un lado, y la configuraci\u00f3n de un hecho superado por el otro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DENIEGA la protecci\u00f3n solicitada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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