STC11691-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11691-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00214-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 24 de febrero de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Gustavo Medina Riveros en nombre de Ecopetrol S.A. contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El memorialista, actuando como apoderado general de la entidad en cita, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL1485-2020, rad. 70748). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que un extrabajador present\u00f3 demanda ordinaria contra la compa\u00f1\u00eda, en procura del reconocimiento y pago de las incidencias salariales de alimentaci\u00f3n, vi\u00e1ticos, reliquidaci\u00f3n de prestaciones sociales de los \u00faltimos tres a\u00f1os y el retroactivo de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y las mesadas adicionales, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de C\u00facuta, quien accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa localidad revoc\u00f3 parcialmente la sentencia del a quo, \u00aben lo que tiene que ver con la pretensi\u00f3n de la incidencia salarial del suministro de alimentaci\u00f3n, est\u00edmulo al ahorro y reliquidaci\u00f3n de derechos legales y extralegales de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, absolviendo a Ecopetrol S.A del reconocimiento y pago de los mismos\u00bb, pero \u00abfrente a la pretensi\u00f3n de reconocimiento de la incidencia salarial de los vi\u00e1ticos durante el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2006 y hasta el 29 de noviembre de 2008 y la indemnizaci\u00f3n moratoria establecida en el art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el Tribunal confirmo lo decidido en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 mantuvo en firme la resoluci\u00f3n del ad quem, porque, \u00abde cara al reconocimiento de la incidencia salarial de los vi\u00e1ticos correspondientes al mes de noviembre en el a\u00f1o 2006 hasta el 2008, concluyo que s\u00ed entra\u00f1aban naturaleza salarial, en tanto comportaron un requerimiento habitual u ordinario del servicio\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abque se deje sin efectos la mencionada sentencia por vulnerar los derechos fundamentales de mi representada\u00bb y, en consecuencia, que se ordene \u00aba la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 4 de la Corte que dicte un nuevo fallo ajustado, a la Constituci\u00f3n y a la Ley y al precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
De conformidad con el recuento realizado por el a quo constitucional, se tiene que: <\/p>\n
\u00ab1. Mediante auto del 15 de febrero del a\u00f1o en curso, esta Sala de Decisi\u00f3n avoc\u00f3 el conocimiento de las diligencias, vincul\u00f3 a la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de controversia. <\/p>\n
2. A la fecha de emisi\u00f3n de la presente decisi\u00f3n no se hab\u00eda recibido respuesta alguna. Sin embargo, como se aport\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada por v\u00eda de tutela basta auscultar su contenido en orden a verificar si se materializ\u00f3 o no la alegada lesi\u00f3n de los derechos fundamentales de la empresa accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abla providencia objeto de cuestionamiento responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del accionante que, se reitera, pretende que por v\u00eda de tutela se realice un juicio de valor diferente al efectuado por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, convirtiendo la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, trayendo a esta sede una controversia legal, que escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela y en la que no existi\u00f3 la alegada afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales, ni el desconocimiento de la jurisprudencia de la Sala permanente de la Corporaci\u00f3n. Lo anterior, por cuanto revisada la providencia en cita, la Sala de Descongesti\u00f3n s\u00ed tuvo en consideraci\u00f3n la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre en materia laboral frente a los vi\u00e1ticos y su causaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El mandatario general de la entidad censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el memorialista est\u00e1 facultado para interponer la presente salvaguarda, y, en caso de superarse lo anterior, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral de la referencia (SL1485-2020, rad. 70748), por no casar el fallo del ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando esta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que, al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: <\/p>\n
\u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Esta Corte, adem\u00e1s de compartir la anterior postura, en repetidas oportunidades ha venido sosteniendo que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter jurisdiccional, en la medida en que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De conformidad con los anteriores lineamientos, esta Corporaci\u00f3n confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, pero por el criterio que antecede, ya que, como viene de explicarse, el memorialista no alleg\u00f3 el poder especial que lo faculte para actuar en nombre y representaci\u00f3n de Ecopetrol S.A. deficiencia que pretendi\u00f3 subsanar con la aportaci\u00f3n del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, en el que consta la anotaci\u00f3n del otorgamiento del mandato general por parte de la representante legal para asuntos judiciales de la entidad, el cual no es suficiente para impulsar este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que el poder general otorgado a un abogado \u2013como en el sub ex\u00e1mine\u2013 no lo habilita para reclamar, a trav\u00e9s del amparo, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de su poderdante, en tanto el mandato requerido para estos asuntos es especial. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha relievado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026) (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[E]l poder general otorgado por las prenombradas personas a favor de la accionante (…), no la habilita para cuestionar a nombre de ellos la actuaci\u00f3n adelantada por la Colegiatura accionada mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u201cpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ STC7036-2019, reiterada, entre otras, en STC13126-2019). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia de primer grado que deneg\u00f3 el amparo deprecado, pero por las razones que anteceden, habida cuenta que el memorialista no aport\u00f3 el poder especial que lo faculte para actuar en esta causa en nombre de Ecopetrol S.A. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00214-01 <\/p>\n
Disiento de la decisi\u00f3n acogida en la providencia objeto de este pronunciamiento, porque en mi criterio el promotor s\u00ed estaba habilitado para impetrar el auxilio, seg\u00fan paso a explicar. <\/p>\n
1. Jos\u00e9 Gustavo Medina Riveros, como apoderado general de Ecopetrol S.A., impuls\u00f3 el resguardo de la referencia contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto, seg\u00fan sostuvo, en el juicio ordinario laboral iniciado contra su agenciada por un extrabajador, no cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de C\u00facuta, dictada en sede de apelaci\u00f3n y donde \u00e9ste aval\u00f3 la condena impuesta a su representada por el juez de primer grado, en relaci\u00f3n con el car\u00e1cter salarial \u201cde los vi\u00e1ticos correspondientes al mes de noviembre en el a\u00f1o 2006 hasta el 2008\u201d. <\/p>\n
2. El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al no evidenciar irregularidad, pues en la determinaci\u00f3n cuestionada, adujo, no hubo desconocimiento de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n laboral permanente. <\/p>\n
Impugnada la anterior determinaci\u00f3n por el querellante, en la condici\u00f3n arriba descrita, se remiti\u00f3 a esta Sala el asunto para lo de su cargo. <\/p>\n
La Sala Mayoritaria de esta Corte, ratific\u00f3 la negativa al amparo; empero, por razones distintas a las esgrimidas en primer grado. As\u00ed, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l memorialista no alleg\u00f3 el poder especial que lo faculte para actuar en nombre y representaci\u00f3n de Ecopetrol S.A. deficiencia que pretendi\u00f3 subsanar con la aportaci\u00f3n del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, en el que consta la anotaci\u00f3n del otorgamiento del mandato general por parte de la representante legal para asuntos judiciales de la entidad, el cual no es suficiente para impulsar este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que el poder general otorgado a un abogado \u2013como en el sub ex\u00e1mine\u2013 no lo habilita para reclamar, a trav\u00e9s del amparo, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de su poderdante, en tanto el mandato requerido para estos asuntos es especial. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha relievado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026) (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). <\/p>\n
\u201c(\u2026). <\/p>\n
\u201c[E]l poder general otorgado por las prenombradas personas a favor de la accionante (…), no la habilita para cuestionar a nombre de ellos la actuaci\u00f3n adelantada por la Colegiatura accionada mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u201cpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ STC7036-2019, reiterada, entre otras, en STC13126-2019) (\u2026)\u201d. (subraya y negrilla del texto). <\/p>\n
3. De acuerdo con dicho concepto, si ruegos como el actual se impulsan por intermedio de mandatario, menester es que \u00e9ste: (i) sea abogado y (ii) allegue poder especial para el efecto, otorgado por el titular de las prerrogativas presuntamente lesionadas. <\/p>\n
Con respaldo en semejante tesis, el fallo del cual me aparto concluy\u00f3 que el petente no pod\u00eda acudir a esta sede excepcional en defensa de las garant\u00edas de Ecopetrol S.A., a pesar de aportar a las diligencias poder, en donde la prenombrada lo design\u00f3 como su apoderado general, invisti\u00e9ndolo de amplias facultades para procurar la indemnidad de sus intereses ante todo tipo de autoridades, incluidas las jurisdiccionales. <\/p>\n
La antelada posici\u00f3n se apoya en la l\u00ednea jurisprudencial que la Corte empez\u00f3 a consolidar en el a\u00f1o 2006, pues previamente hab\u00eda reconocido legitimaci\u00f3n para adelantar este tipo de tr\u00e1mites, a quien verificara la condici\u00f3n de vocero judicial, especial o no1, siempre y cuando fuese abogado titulado2. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la vigente tesitura de la Sala frente a este aspecto, para la instauraci\u00f3n del resguardo consagrado en el canon 86 superior, en armon\u00eda con el precepto 10 del Decreto 2591 de 19913, fuera de los eventos de representaci\u00f3n legal \u2013de menores de edad, personas jur\u00eddicas y sujetos en situaci\u00f3n de discapacidad mental absoluta o relativa-, y de aquellos en los cuales es viable la agencia oficiosa, se torna indispensable conferir \u201cpoder espec\u00edfico\u201d a un profesional del derecho, pues, se aduce, quien plantea a nombre de otro mecanismos como el presente, act\u00faa dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio del indicado empleo4, siendo, por ende, aplicable la regulaci\u00f3n prevista para \u00e9ste en el ordenamiento jur\u00eddico, vale decir, por el Decreto 196 de 19715, hoy d\u00eda, por la Ley 1123 de 20076. <\/p>\n
Esta intelecci\u00f3n del asunto se ha fincado adem\u00e1s, de forma expresa, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien ha pregonado, con las anotadas salvedades, la necesidad de que la representaci\u00f3n en esta materia sea confiada a un abogado, en virtud de poder especial7, entendi\u00e9ndose por \u00e9ste, el otorgado por \u201cuna sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u201d8. <\/p>\n
Desde tal perspectiva, esa Alta Corporaci\u00f3n, al discurrir acerca de los \u201crequisitos del apoderamiento judicial para interponer la acci\u00f3n de tutela\u201d, expuso que \u201cel poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar [ha de contar] con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar\u201d9. <\/p>\n
4. En mi opini\u00f3n, la doctrina atr\u00e1s expuesta es equivocada, por cuanto, estimo, el poder general es suficiente para promover herramientas como la examinada. <\/p>\n
4.1. En su acepci\u00f3n lata, mandato viene del lat\u00edn mandatum, de mando, as, are, mandar, encargar. Mandatum, a su turno, proviene de manus datio, pues seg\u00fan la opini\u00f3n generalizada, el estrechamiento de manos era entre los hombres antiguos symbolum fidei datae, suponiendo la confianza rec\u00edproca entre quien lo confiere y a quien se le otorga10. <\/p>\n
4.1.1. En punto a su origen hist\u00f3rico, en Caldea11 se conoci\u00f3 la figura con las mismas caracter\u00edsticas que hoy reviste en el Derecho Moderno. El C\u00f3digo de Hammurabi no se refiri\u00f3 a la misma, si bien pueden apreciarse sus rasgos en las \u201ccartas de negocios\u201d. <\/p>\n
La fuente m\u00e1s fidedigna y abundante es, sin duda, la del Derecho Romano12, al cual se le debe su construcci\u00f3n t\u00e9cnica y su consagraci\u00f3n como contrato aut\u00f3nomo y t\u00edpico, como pas\u00f3 luego, aunque con algunas \u2013y sensibles- variaciones, a las codificaciones europeas del Siglo XIX y principios del XX, entre ellas al C\u00f3digo franc\u00e9s de 180413 (arts. 1984-2010); al Burgerlijk Wetboek holand\u00e9s (BW) de 183814 (arts. 1829-1856); al Codice del Reino de Italia de 186515 (arts. 1737-1763); al C\u00f3digo Civil de Portugal, sancionado en 186716 (arts. 1318-1369); al C\u00f3digo espa\u00f1ol de 188917 (arts. 1709-1739); al Burgeliches Gesetzbuch alem\u00e1n (BGB) entrado en vigor en 190018 (p\u00e1rs. 662 y ss.); y al Code suizo de las obligaciones de 191119 (arts. 394-418). <\/p>\n
Lo propio pudo apreciarse en la Am\u00e9rica de la \u00e9poca, donde, de la mano de los juristas integrantes del movimiento codificador20, se introdujeron en los diversos cuerpos legales numerosas disposiciones tendientes a reglar dicho contrato, yendo desde su contenido y pasando por su forma, hasta sus efectos y las obligaciones que genera. <\/p>\n
As\u00ed ocurri\u00f3 en Hait\u00ed en 182521 (arts. 1748- 1774 C.C.); el Per\u00fa en 1852 (arts. 1921-1950 C.C.); Argentina en 1869-1871 (arts. 1869-1940 C.C.); en el Estado de M\u00e9xico en 187122 (arts. 2474-2532 C.C.); Cuba y Puerto Rico en 1889, cuando acogieron el C\u00f3digo espa\u00f1ol de ese mismo a\u00f1o23. Y en los posteriores c\u00f3digos de Honduras de 190624 (arts. 1888-1918); de los Estados Unidos del Brasil de 191625 (arts. 1288-1330) el de Panam\u00e1 del mismo a\u00f1o (arts. 1400-1430); y el de Venezuela de 192226 (arts. 1742-1769). <\/p>\n
4.1.2. Fue la Rep\u00fablica de Chile una de las primeras en poner en marcha el proceso de su Codificaci\u00f3n nacional. As\u00ed pudo, en ella, promulgarse con relativa prontitud \u2013el 14 de diciembre de 1855- la ley que aprob\u00f3 el C\u00f3digo Civil, cuya redacci\u00f3n se encomend\u00f3 a un solo hombre: Don Andr\u00e9s Bello (1781-1865). <\/p>\n
Como en tantas otras \u00e1reas del Derecho Civil, el genial codificador de las Am\u00e9ricas no se content\u00f3 con reproducir en bloque las normas del Code franc\u00e9s; en sus sucesivos Proyectos, particularmente en el de 1853 y en el In\u00e9dito27, dej\u00f3 bien claro que la reglamentaci\u00f3n del contrato de mandato habr\u00eda de fincarse en la doctrina de los expositores galos (especialmente en Pothier; Delvincourt y Troplong), pero tambi\u00e9n, en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola, particularmente en las Partidas de Alfonso X y en la Nov\u00edsima Recopilaci\u00f3n. <\/p>\n
El precepto 2289 del Proyecto In\u00e9dito, llamado as\u00ed por haber estado sin editar alg\u00fan tiempo, y que pasar\u00eda a la disposici\u00f3n 2116 del C\u00f3digo chileno sancionado en 1855, lo redact\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El mandato es un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La persona que confiere el encargo, se llama comitente o mandante; i la que lo acepta, apoderado, procurador, i en general, mandatario (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.1.3. El C\u00f3digo Civil colombiano, adoptado en 1873 y luego a la manera de legislaci\u00f3n nacional en 1887, acogi\u00f3 exactamente, como lo hicieron otros pa\u00edses del hemisferio (Guatemala; Ecuador y Uruguay), la regla 2116 del C\u00f3digo de Chile. <\/p>\n
As\u00ed, preceptu\u00f3 en su art\u00edculo 2142: \u201c(\u2026) El mandato es un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Del concepto legal se deriva su caracter\u00edstica m\u00e1s acusada, esto es, la de conferir al mandatario el poder de actuar a nombre del comitente y de representarlo jur\u00eddicamente28; naturalmente cuando el contrato lleva envuelta la representaci\u00f3n29, casos en los cuales \u00e9sta se torna esencial, por cuanto la gesti\u00f3n se realiza por cuenta y riesgo del mandante, y en proyecci\u00f3n de la confianza \u00ednsita en todos los pactos de la anotada clase30. <\/p>\n
En torno a esta cuesti\u00f3n la Corte, en fallo de 3 de octubre de 1939 (M.P. Fulgencio Lequerica), acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l mandatario, en cualquier forma que act\u00fae, obra por cuenta y riesgo de su comitente, lo representa de manera ostensible u oculta y para \u00e9ste son los beneficios derivados de los contratos o negocios que realice; en una palabra, obra jur\u00eddicamente en lugar del mandante y contrata para \u00e9l, como si \u00e9ste directamente realizara los actos jur\u00eddicos o negocios celebrados a su nombre (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En la CSJ SC del 11 de abril de 1957 (M.P. Guillermo Garavito), la Sala dej\u00f3 sentenciado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El mandante, al celebrar el contrato de mandato, tiene en cuenta la competencia del mandatario en la realizaci\u00f3n de los negocios que le encomienda y es en atenci\u00f3n a esa competencia que se celebra la convenci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La doctrina ha aceptado que el mandato puede ser representativo o sin representaci\u00f3n. Cuando comporta representaci\u00f3n, \u00e9sta puede ser directa o indirecta. Para la representaci\u00f3n directa se requiere un contrato v\u00e1lido de mandato, que el mandatario acepte y que obre a nombre del mandante; de consiguiente, el mandatario al obrar debe entender que ejecuta el encargo o negocio que se le encomend\u00f3, en los t\u00e9rminos convenidos (\u2026)\u201d31. <\/p>\n
Tambi\u00e9n en fallo del 27 de marzo de 2012 (M.P. Jaime Arrubla), cuando se dijo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde el punto de vista jur\u00eddico, la noci\u00f3n de mandato viene asociada a la idea de favor o de encargo (\u2026). Se trata, entonces, de un instrumento de integraci\u00f3n y colaboraci\u00f3n que facilita satisfacer intereses del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que por circunstancias de diversa \u00edndole, no puede o no desea llevar a cabo \u00e9l directamente. Tal herramienta permite, pues, que a trav\u00e9s de una superposici\u00f3n personal, un sujeto de derecho realice una gesti\u00f3n por o para otro, ya como simple benevolencia, ora a cambio de una contraprestaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mismo razonamiento se aprecia en la doctrina de los expositores nacionales. Afirma Fernando V\u00e9lez: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El mandatario representa al mandante, es decir, habla y obra en su nombre, es propiamente obra del mandante, de modo que una vez ejecutado por el mandatario el acto que le ha encargado el mandante, \u00e9ste se halla en el mismo caso en que hubiese ejecutado el acto por s\u00ed mismo. Qui mandat ipse facisse videtur. El mandante queda acreedor y deudor por el s\u00f3lo hecho del mandatario, quien personalmente no se obliga, ni obliga a terceros respecto de \u00e9l, porque cumplido el mandato, desaparece y en su lugar est\u00e1 el mandante (\u2026)\u201d32. <\/p>\n
M\u00e1s modernamente, el italiano De Ruggiero sostiene: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [El mandato] es el encargo conferido a una persona para que realice por cuenta nuestra y en nuestro nombre uno o varios negocios jur\u00eddicos, de modo que los efectos del negocio realizado se enlacen a nuestra persona como si nosotros mismos lo hubi\u00e9semos efectuado (\u2026)\u201d34. <\/p>\n
Por supuesto, no debe perderse de vista que la idea de la representaci\u00f3n viene cifrada en la circunstancia de que los efectos del acto celebrado o ejecutado por el representante se radican en cabeza del representado, como si \u00e9l mismo los hubiere adelantado. <\/p>\n
Magistralmente lo ha expuesto la Sala, al decir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Resulta incontrastable que las personas en el ejercicio ordinario de sus actividades laborales, econ\u00f3micas, financieras, y a\u00fan frente a asuntos de la vida como el matrimonio, etc., independientemente de las circunstancias que las conducen a determinaciones de ese temperamento, les corresponde, en l\u00ednea de principio, optar por cumplir dichos actos de manera directa y personal; empero, as\u00ed mismo, les es dable ejecutarlos a trav\u00e9s de terceros, con mayor raz\u00f3n cuando la ley\u00f3 alguna norma de car\u00e1cter imperativo no restringe esa prerrogativa. En esa perspectiva aparece la representaci\u00f3n como el mecanismo jur\u00eddico m\u00e1s id\u00f3neo para cumplir tales objetivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Deviene por lo mismo que el representante al aceptar y ejercitar el encargo dispensado por su representado, despliega ciertos comportamientos en los que explicita, frente a quienes est\u00e1 facultado, su verdadero rol, esto es, que vivifica la autorizaci\u00f3n recibida de un tercero para actuar en nombre suyo: vivifica, en consecuencia, la representaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en los que se ha conferido, y en la mayor\u00eda de eventos la persona representada act\u00faa por su intermedio y es tanto como si ella misma ejecutara el acto o negocio encomendado; aparece, subsecuentemente, que la representaci\u00f3n no es nada diferente al a realizaci\u00f3n del pertinente acto o negocio por parte del mismo interesado, s\u00f3lo que lo realiza por interpuesta persona, es decir, configura la abstracci\u00f3n que la ley realiza de la presencia real del titular en el acto o negocio que se ejecuta; sin embargo, y esto es obvio, las responsabilidades derivadas de eventos como el de esta especie, recae en el representado y no en el representante (\u2026)\u201d [CSJ SC del 25 de febrero de 2009 (M.P. Pedro O. Munar)]35. <\/p>\n
4.1.4. Se impone, para efectos de la claridad en la exposici\u00f3n, distinguir \u2013conceptualmente- las tres figuras atr\u00e1s referidas, esto es, el contrato de mandato, la representaci\u00f3n y el acto de apoderamiento o poder. Los tres, aun cuando complementarios, son diferentes. <\/p>\n
El primero es un contrato consensual y bilateral, una convenci\u00f3n generadora de obligaciones; la segunda es una instituci\u00f3n propia del Derecho del Negocio Jur\u00eddico, a trav\u00e9s de la cual los efectos de los actos desarrollados por quien lleva la representaci\u00f3n de otro se radican en cabeza del representado; el poder es, grosso modo, un acto jur\u00eddico unilateral que relaciona apoderado y terceros, sin crear \u2013per se- obligaciones de ninguna clase por limitarse a habilitar a otro para actuar a nombre de quien lo confiere. <\/p>\n
El mandato viene definido en el art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil, cuando dice que es: \u201c(\u2026) un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellas por cuenta y riesgo de la primera (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Es, desde luego, un aut\u00e9ntico negocio jur\u00eddico de car\u00e1cter consensual y bilateral, y se perfecciona, a voces del precepto 2150 ib\u00eddem, con la sola aceptaci\u00f3n, expresa o t\u00e1cita del mandatario. Naturalmente, puede ser tanto representativo como no representativo, conforme lo dej\u00e9 explicado en la nota al pie n\u00famero 31 de este documento. <\/p>\n
La representaci\u00f3n, cuando es de las personas f\u00edsicas o naturales, tiene por objeto primario suplir la deficiencia que supone la limitaci\u00f3n de nuestras facultades, para de este modo ampliar el campo de nuestra actividad jur\u00eddica o, en su caso, econ\u00f3mica. <\/p>\n
En el estudio del sujeto como elemento de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, es preciso diferenciar el titular del poder jur\u00eddico del portador efectivo de la voluntad, habilitado para poner en ejercicio el derecho, que bien puede no coincidir con el primero. <\/p>\n
De esta manera, la declaraci\u00f3n de voluntad puede hacerse por el mismo interesado en el negocio, caso en el cual coinciden titular y portador de la voluntad, o a trav\u00e9s de persona distinta. <\/p>\n
En este \u00faltimo caso, es donde se habla propiamente de representaci\u00f3n, pues se sustituye al titular en la manifestaci\u00f3n de voluntad por el representante, quien pasa a actuar como instrumento de transmisi\u00f3n de la voluntad ajena. <\/p>\n
Los autores36 separan la representaci\u00f3n indirecta de la directa. La primera se cifra en la idea de que el representante realiza el acto en nombre propio, aunque por cuenta e inter\u00e9s del otro, de tal modo que los derechos y obligaciones se producen en el representante; en la segunda, por el contrario, el representante realiza el acto a nombre del representado, radic\u00e1ndose los efectos del acto en cabeza de este \u00faltimo. <\/p>\n
Dentro de la representaci\u00f3n directa de personas naturales37 se distinguen38, en atenci\u00f3n a su fuente, dos clases principales: (i) necesaria o legal, es decir, la conferida por la ley a ciertas personas, que por virtud de un cargo u oficio o de una posici\u00f3n familiar, obran a nombre de otras que est\u00e1n impedidas para hacerlo por s\u00ed mismas; y (ii) voluntaria, esto es, aquella en cuya virtud una persona autoriza a otra para que concluya en su nombre uno o varios negocios jur\u00eddicos que han de producir sus efectos como si la primera, por s\u00ed misma, los hubiese celebrado. <\/p>\n
El poder, finalmente, es la facultad que da una persona a otra para que haga en su nombre cuanto ella har\u00eda por s\u00ed misma en el negocio que le encarga. M\u00e1s concretamente, es el instrumento mediante el cual alguno autoriza a otro para que en su lugar lo represente y ejecute alguna cosa o ejerza ciertas facultades39. <\/p>\n
Tradicionalmente se ha identificado el poder con el contrato de mandato. Nuestro C\u00f3digo Civil refleja en su articulado esa confusi\u00f3n. <\/p>\n
Empero, la doctrina moderna40 ha distinguido ambas instituciones. <\/p>\n
Mientras el mandato estriba en una relaci\u00f3n interna y material de gesti\u00f3n constituida contractualmente entre mandate y mandatario, o entre mandante y apoderado, el poder de representaci\u00f3n es un acto o negocio jur\u00eddico unilateral que relaciona apoderado y terceros, con car\u00e1cter meramente formal que trasciende a la esfera exterior, pues tiene como efecto propio y singular el de vincular al representado con los terceros, mediante la estimaci\u00f3n de que los actos jur\u00eddicos que el representante concluya a nombre del representante y est\u00e9n dentro de la \u00f3rbita del poder, habr\u00e1n de considerarse, en punto a sus consecuencias y efectos, como si \u00e9ste \u00faltimo los hubiese realizado. <\/p>\n
La aludida diferenciaci\u00f3n es la aceptada tambi\u00e9n en la jurisprudencia de esta Sala, cuando ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese sentido, por lo tanto, se distinguen el mandato y el acto de apoderamiento, as\u00ed \u00e9ste sea una consecuencia de aqu\u00e9l, para significar que el primero por s\u00ed no confiere la representaci\u00f3n del mandante y que el segundo es un acto aut\u00f3nomo e independiente de su causa. De ah\u00ed que se hable de la coexistencia de dos actos jur\u00eddicos, uno bilateral, el contrato de mandato, y otro unilateral, el acto de procuraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Distinci\u00f3n que es de capital importancia para efectos probatorios, porque si el contrato de mandato es esencialmente consensual, cualquier medio probatorio ser\u00eda id\u00f3neo para establecerlo. En cambio, cuando se trata de acreditar el acto de apoderamiento ante terceros y los poderes se refieren a asuntos respecto de los cuales la ley exige cierta formalidad, la prueba tendr\u00eda que restringirse a la solemnidad del escrito (\u2026)\u201d [CSJ SC del 15 de diciembre de 2005 (M.P. Jaime A. Arrubla)]. <\/p>\n
El chileno Stitchkin Branover, luego de explicar la naturaleza de ambas figuras, ilustra su distinci\u00f3n de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]artiendo de [sus] conceptos, podemos resumir las diferencias que separan el poder de representaci\u00f3n del mandato en las siguientes conclusiones: a) el mandato se origina siempre en una relaci\u00f3n contractual; es siempre un acto jur\u00eddico bilateral porque requiere acuerdo de voluntades; el poder de representaci\u00f3n puede ser legal, cuando emana de la ley (\u2026) o voluntario, si tiene su origen en un acto o declaraci\u00f3n de voluntad del poderdante; b) el mandato es un acto jur\u00eddico bilateral; es un contrato. El poder voluntario emana de un acto jur\u00eddico unilateral que no requiere la aceptaci\u00f3n y ni siquiera el conocimiento del apoderado; c) el mandato engendra obligaciones rec\u00edprocas entre las partes que lo acuerdan. El poder de representaci\u00f3n no crea por s\u00ed s\u00f3lo obligaciones de ninguna especie ya que su objeto consiste simplemente en facultar, capacitar al apoderado para afectar un patrimonio ajeno a las resultas de los actos o contratos que ejecute o acuerde en tal car\u00e1cter. En caso alguno impone al apoderado la necesidad jur\u00eddica de hacer uso del poder; d) el mandato determina las relaciones jur\u00eddicas entre el poderdante y los terceros; e) el mandato es contrato principal, pues subsiste por s\u00ed mismo, sin necesidad de otra convenci\u00f3n; el otorgamiento de poder tambi\u00e9n es un acto jur\u00eddico principal, que subsiste independientemente de todo otro acto jur\u00eddico, pero ordinariamente va unido a otro acto o contrato que puede ser cualquiera de los nominados o nominados que conocemos (\u2026); f) por \u00faltimo, el mandatario debe actuar a nombre propio, si carece de la facultad de representar al mandante; el apoderado siempre debe actuar a nombre el poderdante. Si omite esta circunstancia no opera la representaci\u00f3n (\u2026)\u201d41. <\/p>\n
4.1.5. Ahora bien, trat\u00e1ndose de los apoderados generales que ostentan la calidad de abogados titulados o habilitados para ejercer su profesi\u00f3n, los mismos principios atr\u00e1s enunciados resultan aplicables, conforme enseguida procedo a explicar. <\/p>\n
Ni quien contrata con un abogado a fin de que le represente en un litigio o en cualesquiera otra actividad inherente a su ciencia es amo, ni el profesional aceptante de la procuraci\u00f3n es criado, porque la ley ni siquiera quiso clasificar este contrato, o sea el de \u201cprestar servicios\u201d, como resulta del tenor del canon 2144 del C\u00f3digo Civil cuando sentencia: \u201cLos servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que est\u00e1 unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato\u201d. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ello es hist\u00f3rica. Como se\u00f1al\u00f3 la Sala, evocando a los franceses Planiol y Ripert, <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una tradici\u00f3n que se remonta al derecho romano considera que las artes liberales no pueden ser objeto de un contrato de trabajo y lo sustituyen por la noci\u00f3n de mandato. Esa tradici\u00f3n es consecuencia del car\u00e1cter de arrendamiento que tradicionalmente se asignaba al contrato de trabajo; parec\u00eda que ciertas profesiones repugnaban ser objeto de \u00e9l. No se arriendan los servicios de un m\u00e9dico, de un profesor, de un abogado. La jurisprudencia del siglo XIX ha seguido generalmente ese criterio, y considera que el contrato celebrado es un mandato y no un arrendamiento de servicios o de obra (\u2026)\u201d42 (Resaltados para hacer \u00e9nfasis). <\/p>\n
Los servicios profesionales, en l\u00ednea de principio, no constituyen propiamente un mandato, pues no conllevan por s\u00ed y ante s\u00ed la idea de representaci\u00f3n ni de gesti\u00f3n por cuenta del mandante. <\/p>\n
No obstante, si a ellos est\u00e1 ligada la facultad de representar y obligar a otra persona en frente de terceros, cual sucede muy particularmente en el caso de los abogados, la sujeci\u00f3n a las disposiciones del T\u00edtulo XXVIII del Libro IV del C\u00f3digo Civil se impone legalmente (art. 2144 ib.), pero tambi\u00e9n por su propias notas jur\u00eddicas, porque en tales casos se re\u00fanen las condiciones constitutivas de un genuino mandato, y quien lo ejecuta recibe el nombre gen\u00e9rico de \u201capoderado judicial\u201d, siguiendo la terminolog\u00eda del C\u00f3digo General del Proceso (art. 75). <\/p>\n
Desde este \u00e1ngulo, la sola circunstancia de que una persona acredite legalmente como apoderado suyo a otra para sus negocios judiciales, le confiere la calidad de mandatario, con todas las facultades, pero tambi\u00e9n deberes y responsabilidades propios de ese convenio, oblig\u00e1ndose a gestionar los actos adecuados a su objeto. Este razonamiento, es de acotar, se acompasa \u00edntegramente con las normas sustantivas que definen y reglamentan el mandato (arts. 2142, 2144, 2146 y 2150 del C.C.). <\/p>\n
S\u00edguese de ello que la actuaci\u00f3n del apoderado es actuaci\u00f3n del poderdante; lo que hace aqu\u00e9l se reputa hecho por \u00e9ste (art. 1505 C.C.). <\/p>\n
El reconocimiento de un sujeto como intermediario o vocero de otro en la verificaci\u00f3n de un particular negocio, afirma el poder especial (o general, seg\u00fan los casos) del intermediario para adelantar la comisi\u00f3n por cuenta del comitente. El mandato as\u00ed otorgado puede ser general, si es para todos los negocios, o especial, si se confiere de cara a una determinada gesti\u00f3n de naturaleza m\u00e1s o menos transitoria o duradera. Pero en todo caso es un mandato. <\/p>\n
Estas ideas se acompasan con la teor\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, invariable a lo largo del tiempo, y condensada en varias providencias que me limito a dejar referenciadas43. La tesis constituye doctrina probable y de obligatoria observancia, conforme lo establece el canon 7\u00ba del Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
5. Partiendo de las premisas expuestas y aplic\u00e1ndolas al subj\u00fadice, se deduce lo siguiente: <\/p>\n
Como lo expone D\u00edez-Picazo, el rese\u00f1ado acuerdo de voluntades encuentra su base y su fundamento en un v\u00ednculo de confianza y de fidelidad entre los participantes, deviniendo de all\u00ed, en l\u00ednea de principio, el car\u00e1cter intuitu personae del mismo, y la marcada relevancia de la personalidad de los intervinientes, al punto que <\/p>\n
\u201c(\u2026) [l]a modificaci\u00f3n sobrevenida o la desaparici\u00f3n de las circunstancias o cualidades personales sobre las cuales se bas\u00f3 la confianza de las partes tiene que tener un cauce para repercutir en la suerte de la relaci\u00f3n. La ley contempla alguno (sic) de estos cambios como causas especiales de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (la interdicci\u00f3n, la quiebra, la insolvencia), pero, en general, toda p\u00e9rdida de la confianza debe generar una posible terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (\u2026)\u201d44. <\/p>\n
Es tan medular la confianza, que el contrato puede extinguirse unilateralmente cuando \u00e9sta se diluye: el mandante, revoc\u00e1ndolo, y el mandatario, renunciando, seg\u00fan emerge de lo consignado en los art\u00edculos 2189 a 2193 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, impedir a un sujeto provisto por un mandato general de la facultad de resguardar las garant\u00edas de un tercero la ejecuci\u00f3n de su gesti\u00f3n pretextando la falta de un poder especial y\/o la carencia de una calidad superflua, desconoce la particular naturaleza del mentado negocio jur\u00eddico y los principios que lo inspiran. <\/p>\n
El mandatario, sea o no abogado, se encuentra facultado para incoar la acci\u00f3n de tutela en nombre del supuestamente agraviado; distinto es que para el efecto constituya \u201cpoder especial\u201d, pero a un profesional del derecho. <\/p>\n
6. La tesis prohijada por la Sala deja inoperante lo estatuido en los preceptos 1505, 2142, 2144 y 2156, todos del C\u00f3digo Civil, porque vuelve in\u00fatil la potestad concedida por el legislador a los particulares a fin de que designen a un tercero para que los represente en cualquier negocio de la vida, y en los t\u00e9rminos que a bien tengan. <\/p>\n
Resulta contradictoria con la propia jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que de manera uniforme y reiterada, y en sede de casaci\u00f3n, haya reconocido la licitud y eficacia de pactos extendidos en tales t\u00e9rminos, as\u00ed como sus rasgos caracter\u00edsticos y los efectos dimanantes de ellos, pero en materia de tutela camine a contrapelo, cuando precisamente se trata de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho. <\/p>\n
En materia de tutela, la tesis de la Sala es desacertada y se halla en contra de lo previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual consagra el principio de informalidad, sin distinguir si la representaci\u00f3n proviene de un mandato general o especial o de un acto de apoderamiento. Permite, precisamente, formular la acci\u00f3n a la persona afectada en sus prerrogativas superiores \u201cpor s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u201d. <\/p>\n
No existiendo norma que proh\u00edba la estipulaci\u00f3n de convenciones de la clase indicada y echada de menos por la Corte, debi\u00f3 d\u00e1rsele aplicaci\u00f3n al principio de la autonom\u00eda privada, expresi\u00f3n de libertad, derechos fundamentales, libre desarrollo de la personalidad e iniciativa econ\u00f3mica y de empresa garantizadas por el Estado Social de Derecho, soporte y apoyo del sistema democr\u00e1tico, conforme se desprende del Pre\u00e1mbulo y de los art\u00edculos 2\u00ba, 13, 14, 16, 28, 58, 59 a 66, 78, 82, 94, 150 332, 333, 334, 335 y 373 de la Constituci\u00f3n. Mediante \u00e9l, se confiere al sujeto iuris el poder para engendrar el negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
No debe perderse de vista, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la autonom\u00eda privada en cuanto libertad contractual, comporta el razonable reconocimiento legal a toda persona de un c\u00famulo de poderes o facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la disposici\u00f3n (libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto con quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), escoger o crear el tipo contractual (libertad de optar en el cat\u00e1logo legis o en los usos o pr\u00e1cticas sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo de inmediato o previo agotamiento de una fase formativa (libertad de celebrar el contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por mandatario, representante o apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad de expresi\u00f3n o de forma), determinar el contenido (libertad de estipular el contenido), asegurar el cumplimiento, prevenirla terminaci\u00f3n o disponerla, y garantizar, atenuar o ampliar la responsabilidad(\u2026)\u201d45. <\/p>\n
Ahora, dicho postulado no es lib\u00e9rrimo, absoluto ni ilimitado. Su ejercicio encuentra cortapisa en el orden p\u00fablico, las normas imperativas o del ius cogens, la moralidad o las buenas costumbres46. <\/p>\n
Dicho en t\u00e9rminos m\u00e1s simples: si el legislador o el ordenamiento no impone una restricci\u00f3n, prohibici\u00f3n o limitaci\u00f3n, las partes gozan de la facultad de pactar cuanto estimen conveniente, quedando atadas (o vinculadas) a sus estipulaciones, seg\u00fan lo disponen los c\u00e1nones 1602 del C\u00f3digo Civil y 871 del Estatuto Mercantil. <\/p>\n
Es una arbitrariedad pretender, a trav\u00e9s de una hermen\u00e9utica forzada y equ\u00edvoca de las normas regulatorias del mandato, limitar el ejercicio de esos poderes, cuya fuente \u00faltima se encuentra en la propia Carta. Jam\u00e1s se puede coartar de ese modo la libertad contractual que le asiste a los contrayentes, pues se estar\u00eda violando la ley so pretexto de interpretarla. <\/p>\n
7. Los derechos fundamentales, en el contexto de la Democracia Constitucional y Social de Derecho, donde el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva47, son base angular, no pueden resistir una conceptualizaci\u00f3n de ese talante. <\/p>\n
En ese orden: \u00bfpor qu\u00e9 se admite la instauraci\u00f3n del auxilio por conducto de agente oficioso, aun cuando \u00e9ste no dispone ni ha de exhibir autorizaci\u00f3n alguna ni acreditar ser abogado, habilit\u00e1ndosele incluso para conferir poder especial48, pero al apoderado general se le proh\u00edbe, a pesar de contar, \u00e9l s\u00ed, con la aquiescencia del directo interesado en la protecci\u00f3n de las prerrogativas presuntamente quebrantadas? <\/p>\n
Si se afirmara como parte de la respuesta a este cuestionamiento, el deber de asegurar la defensa t\u00e9cnica de las garant\u00edas del inmediatamente afectado y la eventual responsabilidad profesional del representante, tal tesis fallar\u00eda al intentar contestar la primera hip\u00f3tesis, pues a quien obra al abrigo de la agencia oficiosa no le son aplicables los comentados requerimientos. <\/p>\n
El mandatario, por tanto, sea o no abogado, se encuentra facultado para incoar la acci\u00f3n de tutela en nombre del agravado; y muy distinto es que para el efecto constituya apoderado especial a un profesional del derecho. <\/p>\n
8. Es m\u00e1s, al margen de lo plasmado, de cualquier modo, la postura de la Sala mayoritaria y de la Corte Constitucional carece de asidero jur\u00eddico, porque ni el art\u00edculo 86 de la Carta Nacional, consagratorio de la acci\u00f3n de tutela, ni el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de \u00e9sta, prescriben las memoradas exigencias. <\/p>\n
Por el contrario, el referido canon superior consigna -sin restricci\u00f3n- que reclamos iusfundamentales como el actual pueden ser invocados por toda persona, \u201cpor s\u00ed misma o por quien act\u00faa a su nombre\u201d, mientras el precepto 10 del Decreto 2591 reitera esa noci\u00f3n, a\u00f1adiendo la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados con miras a la formulaci\u00f3n de esta clase de tr\u00e1mites. <\/p>\n
De contera, la decisi\u00f3n de la cual discrepo est\u00e1 imponiendo a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley; deniega as\u00ed su libre acceso49, y soslaya la informalidad50 de actuaciones de este linaje, en el marco de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
9. T\u00e9ngase adem\u00e1s que el mandato consensual como es, no requiere solemnidad alguna, y por ese motivo, la ausencia de poder especial para impetrar una acci\u00f3n de tutela, no lo desvirt\u00faa. <\/p>\n
Sobre el particular, el Consejo de Estado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El poder es simplemente la facultad conferida a un intermediario de actuar en nombre de la persona interesada en la celebraci\u00f3n de alg\u00fan negocio y, de manera general, en la emisi\u00f3n o recepci\u00f3n de alguna manifestaci\u00f3n de voluntad; o dicho en otros t\u00e9rminos, el poder es la facultad de representaci\u00f3n. El poder, por s\u00ed solo, no obliga al apoderado a actuar, apenas autoriza a representar al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dicha facultad puede emanar de la ley o de la voluntad del propio interesado\u2026 Para la representaci\u00f3n voluntaria, en cambio, el propio interesado confiere el poder al representante, en virtud de un negocio jur\u00eddico unilateral que se denomina apoderamiento o acto de apoderamiento o procuraci\u00f3n (\u2026). Es aqu\u00ed en la representaci\u00f3n voluntaria donde residen la mayor\u00eda de las confusiones doctrinales e imprecisiones legales ata\u00f1aderas (sic) a la representaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En la representaci\u00f3n voluntaria, la procuraci\u00f3n, que es un negocio unilateral, y el poder, que es una facultad, por regla general no se dan solos, sino asociados a otro negocio jur\u00eddico, previo o simult\u00e1neo, por el cual el representante y el representado regulan las relaciones que existen entre ellos con motivo de la existencia y ejercicio del poder y el representante se obliga a ejercerlo. Se llama negocio fundamental o relaci\u00f3n fundamental. Puede ser y es en la mayor\u00eda de los casos un mandato, es decir, un contrato por el cual el mandatario se obliga a gestionar uno o m\u00e1s negocios por cuenta y riesgo del mandante (\u2026). Entonces, coexisten la procuraci\u00f3n, el poder y el contrato fundamental que se otorgan simult\u00e1neamente y se hacen constar en el mismo documento: por eso los propios autores suelen pensar que s\u00f3lo han celebrado un negocio. Pero son dos y no deben confundirse (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para distinguir los tres fen\u00f3menos con toda nitidez basta pensar en la esencia de cada cual. Por ejemplo, la procuraci\u00f3n o acto de apoderamiento es un negocio jur\u00eddico unilateral del poderdante que s\u00f3lo crea facultades; mientras que el poder es una mera facultad; y el mandato es un negocio bilateral, un contrato, que no crea simples facultades sino obligaciones, en especial, las del mandatario de obrar por cuenta y riesgo (pero no necesariamente en nombre del mandate). Puede existir el mandato sin poder (\u201cmandato no representativo\u201d, lo ha llamado la Corte), que sirve de base a la mediaci\u00f3n reservada o el mandato con poder (\u201crepresentativo\u201d, seg\u00fan el l\u00e9xico de la Corte), que sirve de base a la representaci\u00f3n pero no por ser un mandato sino por envolver dos negocios, el mandato y la procuraci\u00f3n (\u2026). La distinci\u00f3n es tan radical que pueden coexistir la procuraci\u00f3n y el poder desprovistos de toda relaci\u00f3n fundamental: as\u00ed ocurre cuando el representado se limita a conferir la facultad de celebrar en nombre suyo alg\u00fan negocio al representante sin que \u00e9ste se obligue a hacerlo ni entre los dos medie contrato alguno que defina sus relaciones. En suma, la procuraci\u00f3n y el poder son fen\u00f3menos diferentes del negocio fundamental y en buen grado aut\u00f3nomo frente a \u00e9l (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se reitera, el hecho de que el abogado L\u00f3pez Morales careciera de poder para presentar a nombre de la quiebra de Industrias Ancon Ltda. la solicitud de revocatoria directa, no desvirt\u00faa la existencia del mandato. Esto solo prueba que la quiebra incumpli\u00f3 con una de sus principales obligaciones \u2013cual es la de proveer al mandatario de todo lo necesario para la ejecuci\u00f3n del encargo (C\u00f3digo Civil, art\u00edculo 2184)\u2013; y que, en contraste, el demandante fue diligente en el cumplimiento de gesti\u00f3n pues, ante la actitud asumida por el s\u00edndico de la quiebra, que se neg\u00f3 a otorgarle los poderes respectivos, actu\u00f3 en la forma prevista por el art\u00edculo 2160 del C\u00f3digo Civil, pues se vali\u00f3 de medios equivalentes \u2013esto es, acudi\u00f3 ante otra de las personas legitimadas para solicitar la revocatoria directa de la resoluci\u00f3n n.\u00ba 876 de 1981, el se\u00f1or V\u00edctor Manuel L\u00f3pez P\u00e1ramo, acreedor de la quiebra\u2013, con el fin conseguir que se lo facultara para gestionar ante la Superintendencia de Control de Cambios la revocatoria de la sanci\u00f3n impuesta a su mandante (\u2026)\u201d51. <\/p>\n
10. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado mi anunciado salvamento de voto. <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 La Corporaci\u00f3n no puso trabas a la legitimaci\u00f3n de profesionales del derecho que cobijados por un mandato general, comparecieron a esta v\u00eda residual, en casos como el de los fallos de 8 de abril de 2002, exp. 2002-00059-01; 3 de mayo de 2002, exp. 2002-00152-01; 31 de octubre de 2002, exp. 2002-12018-01; 4 de abril de 2003, exp. 2002-02973-01; 10 de marzo de 2004, exp. 2004-00078-01; 22 de junio de 2004, exp. 2004-00295-01 [en esta causa, la accionante exhibi\u00f3 un poder general a su favor y aleg\u00f3 ser abogada; empero, la Corte no le reconoci\u00f3 legitimaci\u00f3n, por ausencia de prueba de la precitada calidad]; 25 de junio de 2004, exp. 2004-00630-00; y 26 de noviembre de 2004, exp. 2004-00524-01. Es m\u00e1s, en fallo dictado el 21 de marzo de 2001, bajo el radicado n\u00ba 2001-00052-01, la Sala desat\u00f3, sin anteponer alg\u00fan obst\u00e1culo al respecto, la impugnaci\u00f3n interpuesta por el abogado, apoderado general, de quien actu\u00f3 en primera instancia, de manera personal, como agente oficiosa de su progenitora. <\/p>\n
2\u0002 Tal fue la reiterada doctrina de la Corte hasta el a\u00f1o 2005. Cons\u00faltense al respecto las siguientes sentencias de tutela: 27 de enero 1998, exp. 4684; 1\u00ba de septiembre de 1998, exp. 5295; 28 de septiembre de 1999, exp. 7213; 31 de julio de 2000, exp. 0206; 20 de febrero de 2001, exp. 2000-0965-01; 27 de marzo de 2001, exp. 2001-00406-01; 29 de noviembre de 2001, exp. 2001-00813-00; 20 de junio de 2002, exp. 2002-00174-01; 26 de junio de 2002, exp. 2002-00276-01 [en este caso, la Colegiatura indic\u00f3 que la all\u00ed actora, en su calidad de apoderada general, no estaba legitimada para impetrar la salvaguarda, por no ser abogada, subrayando la posibilidad del otorgamiento de un poder especial por aqu\u00e9lla, a un profesional del derecho]; 4 de julio de 2002, exp. 2002-00698-01; 5 de julio de 2002, exp. 2002-02239-01; 17 de julio de 2002, exp. 2002-00240-01; 16 de agosto de 2002, exp. 2002-00031-01; 28 de agosto de 2002, exp. 2002-00333-01; 14 de febrero de 2003, exp. 2002-00071-01; 30 de septiembre de 2003, exp. 2003-00042-01; 23 de febrero de 2004, exp. 2003-00621-01; 29 de abril de 2004, exp. 2004-00155-01; 29 de julio de 2004, exp. 2004-00654-00; 13 de octubre de 2004, exp. 2004-01096-00; 26 de octubre de 2004, exp. 2004-00728-01; 29 de octubre de 2004, exp. 2004-01156-00; 11 de noviembre de 2004, exp. 2004-00479-01; 10 de junio de 2005, exp. 2005-00155-01; 13 de julio de 2005, exp. 2005-00759-00; 1\u00ba de agosto de 2005, exp. 2005-00108-01; y 14 de diciembre de 2005, exp. 2005-00209-01. <\/p>\n
3\u0002 \u201cLa acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u201d. <\/p>\n
4\u0002 As\u00ed se ha sostenido, cuando menos desde el a\u00f1o 2006, en diversos pronunciamientos, entre los cuales destacan: sentencias de 1\u00ba de noviembre de 2006, exp. 2006-01750-00, y de 3 de mayo de 2007, exp. 2007-00039-01; auto de 16 de enero de 2008, exp. 2008-00035-00; y fallos de 10 de junio de 2011, exp. 2011-00118-01; 3 de agosto de 2011, exp. 2011-00153-01; 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00145-01 [en dicha causa, aunque el promotor del resguardo era abogado, se concluy\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n para impetrar el auxilio a nombre de otro, por cuanto exhibi\u00f3 un poder general y no el especial requerido]; CSJ. STC de 25 de junio de 2015, exp. 2015-00365-01; CSJ. STC de 3 de julio de 2015, exp. 2015-00111-01 [en este caso, la Sala reconoci\u00f3 derecho de postulaci\u00f3n al abogado petente de la salvaguarda, quien obraba como apoderado especial constituido por el mandatario general del titular de los intereses iusfundamentales presuntamente agraviados]; CSJ. STC de 16 de junio de 2016, exp. 2016-00716-01 [en ese tr\u00e1mite, contrario sensu a lo manifestado en el precedente reci\u00e9n citado, la Corte sostuvo: \u201cAunado a lo anterior, le falta legitimaci\u00f3n al profesional del derecho que promueve el resguardo, pues el poder especial fue otorgado por mandatario general quien no est\u00e1 facultado para ello, como quiera que el instrumento p\u00fablico a \u00e9l conferido no transfiere derechos fundamentales de sus representados\u201d]; CSJ. STC de 9 de mayo de 2018, exp. 2018-00067-01; CSJ. STC de 23 de mayo de 2018, exp. 2018-00436-01; CSJ. STC de 12 de julio de 2018, exp. 2018-00171-01; CSJ. STC de 18 de julio de 2018, exp. 2018-00155-01; y CSJ. STC de 10 de agosto de 2018, exp. 2018-00130-01. <\/p>\n
5\u0002 \u201cPor el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda\u201d. <\/p>\n
6\u0002 \u201cPor la cual se establece el C\u00f3digo Disciplinario del Abogado\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Corte Constitucional: T-550 de 1993, T-001 de 1997, T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-493 de 2007 [en esta sentencia, no obstante se\u00f1alar que la acci\u00f3n de tutela se puede promover mediante apoderado judicial, \u201ccaso en el cual el apoderado debe tener la condici\u00f3n de abogado titulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo\u201d, rengl\u00f3n seguido esa Colegiatura expuso que en ese tipo de decursos el mandato siempre ha de ser espec\u00edfico, incurriendo en la misma contradicci\u00f3n en los fallos T-194 de 2012 y T-430 de 2017]; T-417 de 2013; y T-054 de 2014. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional: T-001 de 1997. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional: T-1025 de 2006. <\/p>\n
10\u0002 As\u00ed: DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Diccionario de Derecho Privado. Tomo II. Editorial Labor S.A. Barcelona. 1950. P\u00e1g. 2582. Tambi\u00e9n: ESCOBAR SAN\u00cdN, Gabriel. Negocios Civiles y Comerciales I. Negocios de sustituci\u00f3n. Universidad Externado de Colombia. Bogot\u00e1. 1987. P\u00e1g. 297. <\/p>\n
11\u0002 Los caldeos fueron una tribu sem\u00edtica de origen ignoto, asentada en la Mesopotamia meridional alrededor del primer milenio antes de Cristo. <\/p>\n
12\u0002 Referente al tratamiento del contrato de mandato en el Derecho Romano, v\u00e9ase: GIRARD, Paul Fr\u00e9d\u00e9ric. Manuel \u00cbl\u00e9mentaire de Droit Romain. Librairie Arthur Rousseau. Paris. 1918. P\u00e1gs. 592 y ss.; ZIMMERMANN, Reinhard. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Clarendon Paperbacks. Oxford. 1996. P\u00e1gs. 413 y ss.; STITCHKIN BRANOVER, David. El Mandato Civil. Editorial Jur\u00eddica de Chile. Santiago. 1975. P\u00e1gs. 20-22. <\/p>\n
13\u0002 En su redacci\u00f3n original, visible en: Code Civil des Francais. \u00cbdition Original et Seule Oficielle. L\u2019Imprimerie de la R\u00e9publique. Paris. 1804. P\u00e1gs. 478 y ss. <\/p>\n
14\u0002 Cfr. HAANEBRIK, P.H. Code Civil N\u00e9erlandais. Traduit en Francais et mis en Concordance avec le Code Civil Belge. Ed. \u00c9mile Bruylant\/Librairie G\u00e9n\u00e9rale de Droit. Bruxelles\/Paris. 1921. P\u00e1gs. 376 y ss. <\/p>\n
15\u0002 Cfr. FRANCHI, Luigi (anotador y comentarista). Codice Civile. Editore Librario della Real Casa. Mil\u00e1n. 1913. P\u00e1gs. 410 y ss. <\/p>\n
16\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil Portugu\u00e9s. Imprenta Nacional. Lisboa. 1924. P\u00e1gs. 196 y ss. <\/p>\n
17\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil. Edici\u00f3n Oficial. Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid. 1889. P\u00e1gs. 496 y ss.. <\/p>\n
18\u0002 HUI WANG, Chung (traductor y anotador). The German Civil Code. Stevens and sons Limited. Law Publishers. Londres. 1907. P\u00e1gs. 146 y ss. <\/p>\n
19\u0002 Cfr. ROSSEL, Virgile (compilador y anotador). Code Civil et Code des Obligations. Librairie Payot & Cie. Lausanne\/G\u00e9neve. 1921. P\u00e1gs. 101 y ss. <\/p>\n
20\u0002 Sobre el hecho hist\u00f3rico de la Codificaci\u00f3n en Am\u00e9rica, v\u00e9ase: CAST\u00c1N V\u00c1SQUEZ, Jos\u00e9 Mar\u00eda\/HERN\u00c1NDEZ GIL, Antonio (contestador). La Influencia de la Literatura Jur\u00eddica Espa\u00f1ola en las Codificaciones Americanas. Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci\u00f3n. Madrid. 1984. <\/p>\n
21\u0002 Vide: BORNO, Luis (anotador). Code Civil D\u2019Haiti Annot\u00e9. Avec une Conf\u00e9rence des articles entre eux et leur correspondance avec les articles du Code Civil francais. Ed. Chez L\u2019Auteur\/A. Giard & E. Bri\u00e9re. Port Au Prince\/Paris. 1892. P\u00e1gs. <\/p>\n
22\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil de M\u00e9jico. Ed. G\u00f3ngora Compa\u00f1\u00eda. Madrid. 1879. P\u00e1g. 140. P\u00e1gs. 120-123. <\/p>\n
23\u0002 Cosa que se hizo mediante mediante Real Decreto de 31 de julio de 1889. <\/p>\n
24\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil. Rep\u00fablica de Honduras. Tipograf\u00eda Nacional. Tegucigalpa. 1906. P\u00e1gs. 261 y ss. <\/p>\n
25\u0002 Cfr, Codigo Civil. Republica dos Estados Unidos de Brasil. Imprenta Nacional. Rio de Janeiro. 1915. P\u00e1gs. 226 y ss. <\/p>\n
26\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil de los Estados Unidos de Venezuela. Edici\u00f3n Oficial. Lit. y Tip. Del Comercio. Caracas. 1928. P\u00e1gs. 288 y ss. <\/p>\n
28\u0002 En este sentido: GRIOLET, Gaston\/VERG\u00c9, Charles. Dalloz Dictionaire Pratique de Droit. Bureau de la Jurisprudence G\u00e9n\u00e9rale Dalloz. Paris. 1908. P\u00e1g. 873; DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Ob. cit. P\u00e1gs. 2583-2585. <\/p>\n
29\u0002 Porque tambi\u00e9n hay un mandato \u201csin representaci\u00f3n\u201d, admitido reiteradamente por la jurisprudencia de esta Corte con apoyo en los preceptos 2146 y 2177 del C.C. As\u00ed, entre otras: CSJ SSC del 16 de febrero de 1938 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca); 28 de marzo de 1939 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca); 3 de oct. de 1939 (M.P. Fulgencio Lequerica); 4 de marzo de 1940 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca); 23 de nov. de 1941 (M.P. Liborio Escall\u00f3n); 23 de sept. de 1942 (M.P. Fulgencio Lequerica); 4 de nov. de 1943 (M.P. Liborio Escall\u00f3n); 30 de junio de 1947 (M.P. Manuel J. Vargas); 22 de sept. de 1952 (M.P. Pablo Emilio Manotas); 9 de nov. de 1956 (M.P. Pablo Manotas); 11 de abril de 1957 (M.P. Guillermo Garavito); 30 de agosto de 1964 (M.P. Arturo Posada); 3 de marzo de 1978 (M.P. Alberto Ospina); 9 de sept. de 1991 (M.P. H\u00e9ctor Mar\u00edn Naranjo); 11 de oct. de 1992 (M.P. Carlos E. Jaramillo); y 17 de abril de 2007 (M.P. Pedro O. M\u00fanar). <\/p>\n
30\u0002 Sobre la confianza como elemento central dentro de la noci\u00f3n del mandato, vide: CSJ SC del 17 de feb. de 1958 (M.P. Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Arbel\u00e1ez); y 30 de sept. de 1960 (M.P. Jos\u00e9 J. G\u00f3mez). Y otras varias. En doctrina: D\u00cdEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial IV. Las particulares relaciones obligatorias. Editorial Aranzadi S.A. 2010. P\u00e1g. 475; STITCHKIN BRANOVER, David. Ob. cit. P\u00e1gs. 48-49. <\/p>\n
31\u0002 Ver tambi\u00e9n, en sentido an\u00e1logo: CSJ SSC del 5 de agosto de 1936; 3 de oct. de 1939 (M.P. Fulgencio Lequerica); 30 de nov. de 1940 (M.P. Daniel Anzola); 18 de oct. de 1949 (M.P. Ricardo Hinestrosa); 25 de febrero de 1952 (M.P. Rodr\u00edguez Pe\u00f1a); del 25 de julio de 1957 (M.P. Enrique Giraldo); 30 de agosto de 1962 (M.P. Arturo Posada); 17 de junio de 1964 (M.P. Arturo Posada); 30 de marzo de 1978 (M.P. Alberto Ospina). Entre muchas m\u00e1s. <\/p>\n
32\u0002 V\u00c9LEZ, Fernando. Derecho Civil Colombiano. Tomo VIII. N\u00famero 178. <\/p>\n
33\u0002 Citado en: DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Ob. cit. P\u00e1g. 2583. <\/p>\n
34\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
35\u0002 Ver tambi\u00e9n: CSJ SC del 24 de oct. de 1975 (M.P. Humberto Murcia Ball\u00e9n); 25 de abril de 2000 (M.P. Jos\u00e9 F. Ram\u00edrez). <\/p>\n
36\u0002 Cfr. DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Ob. cit. P\u00e1g. 3379. <\/p>\n
37\u0002 Porque en el \u00e1mbito propio de las personas jur\u00eddicas o entes morales se habla tambi\u00e9n de \u201crepresentaci\u00f3n org\u00e1nica\u201d. Sobre este tipo de representaci\u00f3n, vide: HINESTROSA FORERO, Fernando. Ob. cit. P\u00e1gs. 179 y ss. <\/p>\n
38\u0002 Ver: MESSINEO, Francesco. Manuale di Diritto Civile e Commerciale. Vol. I. Ed. Giuffr\u00e9. Mil\u00e1n. 1947. P\u00e1gs. 309 y ss.; HINESTROSA FORERO, Fernando. La Representaci\u00f3n. Universidad Externado de Colombia. Bogot\u00e1. 2008. P\u00e1gs. 155 y ss. <\/p>\n
39\u0002 As\u00ed: PUJOL, Pedro. Diccionario Tecnol\u00f3gico de Jurisprudencia, Econom\u00eda y Legislaci\u00f3n. Publicaciones Mundial. Barcelona. 1931. P\u00e1g. 405. <\/p>\n
40\u0002 Cfr. DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Ob. cit. P\u00e1g. 3381; STITCHKIN BRANOVER, David. El Mandato Civil. Editorial Jur\u00eddica de Chile. Santiago. 1975. P\u00e1gs. 38-39. <\/p>\n
41\u0002 STITCHKIN BRANOVER, David. Ob. cit. P\u00e1gs. 38-39. <\/p>\n
42\u0002 CSJ SC del 6 de abril de 1959 (M.P. Hernando Morales Molina); en sentido an\u00e1logo: 19 de sept. de 1958 (M.P. Alfredo Cock). <\/p>\n
43\u0002 Et al: CSJ SC del 21 de marzo de 1938 (M.P. Arturo Tapias Pilonetta); 17 de marzo de 1945 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca); 18 de octubre de 1949 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza); 6 de julio de 1955 (M.P. Manuel Barrera Parra); 28 de julio de 1958 (M.P. Ignacio Escall\u00f3n); y 19 de septiembre de 1958 (M.P. Alfredo Cock). <\/p>\n
44\u0002 D\u00cdEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial IV. Las particulares relaciones obligatorias. Editorial Aranzadi S.A. 2010. P\u00e1g. 475. <\/p>\n
45\u0002 CSJ SC del 30 de agosto de 2011 (M.P. William Nam\u00e9n Vargas). En sentido similar: CSJ SC del 16 de dic. 2014 (M.P. Jes\u00fas Vall de Rut\u00e9n); CSJ SC del 10 de marzo de 1995 (M.P. Pedro Lafont Pianetta). <\/p>\n
46\u0002 As\u00ed: CSJ SC del 30 de agosto de 2011 (M.P. William Nam\u00e9n Vargas); CSJ SC del 8 de oct. de 1997 (M.P. Pedro Lafont Pianetta). <\/p>\n
47\u0002 Sobre los derechos a las garant\u00edas y a la protecci\u00f3n judicial efectiva, pueden verse los arts. 8\u00ba y 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmada en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobada en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
48\u0002 En la sentencia T-430 de 2017, la Corte Constitucional reiter\u00f3 que \u201c(\u2026) ha reconocido la posibilidad de agenciar el derecho de postulaci\u00f3n judicial. En efecto, un tercero podr\u00eda otorgar poder a un abogado para que interponga la acci\u00f3n de tutela. Empero, en estos casos debe probarse la necesidad de acudir a la figura de la agencia oficiosa, es decir que debe acreditarse la imposibilidad que tiene el titular de un derecho de otorgar poder por s\u00ed mismo a un profesional del derecho. Esta hip\u00f3tesis podr\u00eda ocurrir, por ejemplo, en el caso de un incapaz absoluto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
50\u0002 Art. 14 del Decreto 2591 de 1991: \u201cEn la solicitud de tutela se expresar\u00e1, con la mayor claridad posible, la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad p\u00fablica, si fuere posible, o del \u00f3rgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripci\u00f3n de las dem\u00e1s circunstancias relevantes para decidir la solicitud. Tambi\u00e9n contendr\u00e1 el nombre y el lugar de residencia del solicitante. <\/p>\n
No ser\u00e1 indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticaci\u00f3n, por memorial, telegrama u otro medio de comunicaci\u00f3n que se manifieste por escrito para lo cual se gozar\u00e1 de franquicia. No ser\u00e1 necesario actuar por medio de apoderado. <\/p>\n
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida verbalmente. El juez deber\u00e1 atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podr\u00e1 exigir su posterior presentaci\u00f3n personal para recoger una declaraci\u00f3n que facilite proceder con el tr\u00e1mite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno\u201d. <\/p>\n
51\u0002 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n B, sentencia de 26 de julio de 2012, exp. 25000-23-26-000-1999-02010-01. <\/p>\n
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STC11691-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11691-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00214-01 (Aprobado en Sala de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 24 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57437","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57437"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57437\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57437"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}