STC11698-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11698-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03146-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Benilda Castro Bonilla promovi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al Juzgado 27 Penal del Circuito de la misma ciudad y a los intervinientes en el proceso No.11001 6000 049 2013 03705 02 (No.58047). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante pretende que se deje sin valor y efecto el auto que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n que promovi\u00f3 en el asunto arriba rese\u00f1ado, para que, en su lugar, se le asigne un abogado que pueda interponer la demanda de casaci\u00f3n en debida forma, toda vez que no puede sufragar uno privado. <\/p>\n
Como sustento de sus pretensiones narr\u00f3 que est\u00e1 condenada penalmente, cuenta con 62 a\u00f1os de edad y tiene un porcentaje de discapacidad del 20%. Precis\u00f3 que, sin asesor\u00eda de un profesional del derecho, promovi\u00f3 demanda extraordinaria de asaci\u00f3n; sin embargo, su recurso fue inadmitido por la autoridad judicial accionada por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, con lo cual desconoci\u00f3 su condici\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
Destac\u00f3 que aunque mediante \u00abAcci\u00f3n de Tutela No 20190229200, la Corte S de Justicia S Penal, opt\u00f3 por ordenar a la Unidad de Casaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda G.N para que asumiera la casaci\u00f3n, sin embargo, no hubo pronunciamiento pese a acercarme a dichas instalaciones el 19-02-2020 y el 17-01-2020 me impiden el ingreso. El 25-02-2020 me llaman del 311-5526053 y una funcionaria me dice: que no la interponen sin ni siquiera conocer el caso\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que fue inducida a error toda vez que la autoridad judicial en un mismo auto le indic\u00f3 que contra el auto de inadmisi\u00f3n proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y el de insistencia, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 un incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, solicitud de aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n del auto inadmisorio; sin embargo, dichas solicitudes no han sido resultas. Tambi\u00e9n adujo que promovi\u00f3 un segundo incidente de nulidad, que fue resuelto negativamente por la Sala accionada. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que se le \u00abha impedido interponer la Casaci\u00f3n o Mecanismo de Insistencia, siendo condenada ilegalmente, Maxime porque el abogado de la supuesta v\u00edctima pidi\u00f3 reapertura de la denuncia con pruebas y argumentos falsos, (pendiente de desarchive al haberse denunciado por fraude procesal; pero ah\u00ed si la fiscal\u00eda no vio sus conductas t\u00edpicas y antijuridicas)\u00bb. <\/p>\n
2. Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, no se hab\u00eda recibido respuesta alguna de las autoridades convocadas al tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional solicitado no est\u00e1 llamado a prosperar por falta de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela y porque la decisi\u00f3n que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. Adem\u00e1s, las quejas presentadas por la actora en cuanto a la ausencia de su defensa t\u00e9cnica, no dan lugar a la prosperidad del amparo reclamado. <\/p>\n
Como se rese\u00f1\u00f3, la gestora estima que su derecho fundamental al debido proceso fue vulnerado por la homologa Sala de Casaci\u00f3n Penal, en raz\u00f3n a que, seg\u00fan ella: i) no se garantiz\u00f3 su defensa t\u00e9cnica, ii) se le indujo a error respecto a los recursos procedentes y iii) no se han resuelto los incidentes de nulidad que ha promovido. <\/p>\n
Sobre la falta de defensa t\u00e9cnica es preciso se\u00f1alar que aunque la gestora adujo que en la sentencia de tutela proferida en la acci\u00f3n con radicado No.2019-02299-00 se le orden\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que asumiera su caso, lo cierto es que la gestora no prob\u00f3 su dicho, por el contrario revisado el sistema de consulta de procesos en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial se hall\u00f3 que en el tr\u00e1mite en comento se neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por la gestora (STP16571-2019). Luego, como no existe orden constitucional en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la actora, se evidencia la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada por este \u00edtem. <\/p>\n
De otro lado, frente a la pretensi\u00f3n principal referente a que se deje sin valor y efecto el auto que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (18 noviembre de 2020), debe destacar la Sala que no es posible promover acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente con el fin de remediar aquellas fallas que dieron lugar al decaimiento del medio de impugnaci\u00f3n aludido, pues como es sabido, el ejercicio de la presente acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)2\u00bb. (STC 2963-2021). <\/p>\n
Ahora, aunque la promotora manifest\u00f3 que el recurso extraordinario no debi\u00f3 ser inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, toda vez que no tiene recursos para sufragar los costos de un abogado, sino que se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el mismo vulneraba su derecho a la igualdad, tal afirmaci\u00f3n no fue acreditada y, por el contrario, se hall\u00f3 que el mencionado prove\u00eddo es producto de una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia y de lo acontecido en el proceso. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que la Magistratura se ocup\u00f3 de ilustrar a la actora sobre la naturaleza del recurso extraordinaria de casaci\u00f3n, para lo cual le indic\u00f3 (AP3227-18 noviembre 2020) que no es una instancia adicional, sino que \u00abla casaci\u00f3n est\u00e1 dotada de una t\u00e9cnica especial, raz\u00f3n por la que se exige su presentaci\u00f3n por medio de abogado titulado y autorizado para ejercer la profesi\u00f3n\u00bb aspecto este que adem\u00e1s fue establecido por el legislador en el art\u00edculo 182 de la Ley 906 de 2004 que a su tenor literal establece: <\/p>\n
\u00abLegitimaci\u00f3n. Est\u00e1n legitimados para recurrir en casaci\u00f3n los intervinientes que tenga inter\u00e9s, quienes podr\u00e1n hacerlo directamente si fueren abogados en ejercicio\u00bb. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que tampoco fue acreditada la inducci\u00f3n a error alegada por la actora, por el contrario, la autoridad judicial resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n por ella instaurado, para lo cual insisti\u00f3 en el argumento ya se\u00f1alado (AP1734-5 mayo 2021), as\u00ed: <\/p>\n
Si bien es cierto, la recurrente ostentaba legitimaci\u00f3n en la causa (como lo reitera en la reposici\u00f3n), debido a que las dos decisiones de instancia fueron adversas a sus intereses, tambi\u00e9n lo es que por no ser abogada carece de legitimaci\u00f3n en el proceso, y ten\u00eda la obligaci\u00f3n, en virtud a la exigencia contenida en el art\u00edculo 182 de la Ley 906 de 2004, de presentar la demanda por medio de un abogado, dada la especial t\u00e9cnica con que deben formularse los cargos en casaci\u00f3n, lo que se incumpli\u00f3 en este caso. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que la precursora no comparta tales cavilaciones, las mismas son producto de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia la acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u00ab[(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb. (CSJ STC1410-2021, reiterada en STC2721-2021). <\/p>\n
De otro lado, aunque la gestora se\u00f1al\u00f3 que promovi\u00f3 un incidente de nulidad que a\u00fan no se ha resuelto, revisado el reporte de consulta de procesos en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, no se hall\u00f3 registro alguno de radicaci\u00f3n que se hubiera realizado en tal sentido, lo que permite afirmar que la mora alegada no est\u00e1 probada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se cumplen todos los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n y no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Benilda Castro Bonilla. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
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