STC11711-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11711-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01482-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 21 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Miguel Fern\u00e1ndez Ram\u00edrez contra la Superintendencia de Sociedades – Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y buen nombre, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a la Superintendencia encausada \u00abla terminaci\u00f3n del proceso adelantado en [su contra], con ocasi\u00f3n de la intervenci\u00f3n judicial que se llev\u00f3 a cabo frente a Suma Activos S.A.S.\u00bb y, en consecuencia, se ordene \u00ablevantar las medidas [en su contra], contenidas en el numeral 9 del Auto 400-018285, expediente 78196\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Con auto n\u00ba 400-010591 de 11 de julio de 2016 la Superintendencia de Sociedades decret\u00f3 la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial de Suma Activos S.A.S.; y con auto n\u00b0 400-018185 decret\u00f3 como medida de intervenci\u00f3n, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad, as\u00ed como del representante legal, revisores fiscales, miembro de junta directiva y\/o accionistas, entre ellos, los del accionante. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 el actor que en el tr\u00e1mite adelantado se efectu\u00f3 el \u00abreconocimiento de los afectados, inventarios de bienes \u2013 reconocimiento de cr\u00e9ditos, pago a afectados y enajenaci\u00f3n de activos\u00bb, realizando la devoluci\u00f3n de dineros a los afectados por \u00ab$42.680 millones de pesos\u00bb, con lo que \u00abse ha devuelto el 100% de su inversi\u00f3n a m\u00e1s del 98% de los afectados que se presentaron al proceso de intervenci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s que, \u00ablos recursos que no se han pagado, est\u00e1n en un encargo fiduciario de Bancolombia a nombre Suma Activos S.A.S. en liquidaci\u00f3n, mediante el redireccionamiento de descuentos realizados\u00bb, sumado a que tal devoluci\u00f3n \u00abqued\u00f3 atada a los resultados de investigaciones que est\u00e1 adelantando la Superintendencia\u2026, sobre presuntas daciones en pago y migraciones de cartera consistentes en pagar\u00e9s libranzas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 que el 28 de abril de 2020 solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, sin que a la fecha exista pronunciamiento del mismo; que las medidas adoptadas en su contra \u00able han impedido trabajar y generar ingresos para su sostenimiento y el de su familia, a pesar de\u2026 que ya se efectuaron los pagos correspondientes a las personas afectadas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el proceso de intervenci\u00f3n lleva cerca de 3 a\u00f1os, por lo que las medidas all\u00ed adoptadas no pueden ser indefinidas, pues \u00abdebe obedecer a condiciones de razonabilidad y proporcionalidad\u00bb; asimismo, destac\u00f3 que la agente interventora \u00aba pesar de que cuenta con los recursos para pagar, no ha terminado de realizar la liquidaci\u00f3n de Suma Activos, lo cual, genera gastos de administraci\u00f3n mensual bastante onerosos\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades se refiri\u00f3 a los hechos de la solicitud de amparo; inst\u00f3 la improcedencia del por ausencia de vulneraci\u00f3n, habida cuenta de que con auto n\u00b0 2020-01-377826 de 27 de julio resolvi\u00f3 la petici\u00f3n del actor, negando la terminaci\u00f3n del proceso, determinaci\u00f3n que mantuvo el 28 de octubre siguiente; que contrario a afirmado por el tutelante la etapa de enajenaci\u00f3n de activos distintos a dinero no se ha agotado; que no se ha devuelto la totalidad de la suma reconocida de captaci\u00f3n a los afectados; que \u00abel accionante se encuentra sujeto a una intervenci\u00f3n judicial bajo la medida de liquidaci\u00f3n judicial, lo que quiere decir, de acuerdo con las normas que rigen el procedimiento, que no solo debe darse paso a la devoluci\u00f3n a afectados, sino que adem\u00e1s, deben hacerse el pago a los acreedores reconocidos de cada sujeto intervenido\u00bb; que \u00abno asiste raz\u00f3n al accionante al se\u00f1alar que no existen razones objetivas para continuar con el proceso y las medidas cautelares en lo que a \u00e9l respecta, pues si bien la intervenci\u00f3n cumpli\u00f3 su finalidad de resarcir a los afectados, las etapas del proceso que deben cumplirse en la modalidad de liquidaci\u00f3n judicial subsisten en raz\u00f3n al pasivo del intervenido, por lo que, no es la oportunidad procesal para declarar el levantamiento de las medidas cautelares ni la finalizaci\u00f3n del proceso\u00bb; que ha adelantado diferentes actuaciones en aras de velar por el desarrollo de la intervenci\u00f3n y su impulso, sin embargo, el gestor, no ha prestado colaboraci\u00f3n para impulsar las etapas procesales \u00aben atenci\u00f3n al incumplimiento de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos a la que corresponde el bien que es cuota parte de su propiedad\u00bb; remiti\u00f3 copia de algunas piezas procesales. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo rogado al encontrar una inexistencia de vulneraci\u00f3n, tras advertir que contrario a lo afirmado por el quejoso, con auto de 27 de julio de 2020, que confirm\u00f3 el 28 de octubre siguiente, la Superintendencia resolvi\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por \u00e9l incoada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que si lo pretendido es censurar las decisiones referidas a espacio, la solicitud de amparo incumple el presupuesto de inmediatez, pues el \u00faltimo de dichas determinaciones data de 28 de octubre de 2020 y la acci\u00f3n de tutela formulada el 15 de julio de 2021, es decir, casi 9 meses despu\u00e9s. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora, reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que contrario a lo considerado por el a quo constitucional el presupuesto de la inmediatez est\u00e1 satisfecho, habida cuenta de que \u00abel da\u00f1o persiste y se mantiene, hasta tanto no se realice la respectiva liquidaci\u00f3n, lo cual cuenta con los recursos para que se lleve a cabo y lo que se est\u00e1 haciendo es generando un detrimento de los dineros consignados\u00bb, de ah\u00ed que la vulneraci\u00f3n se mantiene en el tiempo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el proceso lleva alrededor de 5 a\u00f1os, a m\u00e1s que \u00ablas condiciones para adelantar la liquidaci\u00f3n judicial se mantienen, se realicen con arreglo a las disposiciones de la Ley 1116, art\u00edculos 47 y siguientes, as\u00ed como las causales previstas para estos efectos. En cuanto a la intervenci\u00f3n judicial, raz\u00f3n por la que\u2026 fue vinculado como lo dispone el Auto 400-018185, expedido por la Superintendencia de Sociedades, \u00e9sta ya termin\u00f3, de conformidad con lo previsto en los Decretos 4333 y 4334 de 2008. Por lo anterior, se solicita la terminaci\u00f3n del proceso en su contra, al haber desaparecido los presupuestos que dieron origen a la misma, lo cual, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre y derecho al trabajo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente asunto el gestor pretende, en s\u00edntesis, que se declare que la decisi\u00f3n proferida el 28 de octubre de 2020, que mantuvo la del 27 de julio anterior, con la que la Superintendencia de Sociedades no accedi\u00f3 a su solicitud de terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de medidas, en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial que all\u00ed cursa en contra de Suma Activos S.A.S., vulner\u00f3 sus prerrogativas esenciales, y en consecuencia, se ordene a la accionada proceder a la terminaci\u00f3n del referido tr\u00e1mite, con el consecuencial levantamiento de las cautelas dispuestas sobre su patrimonio. <\/p>\n
3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo de 28 de octubre de 2020 mediante el cual la Superintendencia deneg\u00f3 el remedio horizontal formulado por el quejoso, contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de medidas cautelares; y la interposici\u00f3n de la tutela el 15 de julio de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que sea de recibo las argumentos tra\u00eddos a fin de justificar dicha tardanza. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3.1. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que las anteriores consideraciones no sufren alteraci\u00f3n alguna por las alegaciones del impugnante en punto a la supuesta permanencia de la afectaci\u00f3n de sus derechos en el tiempo; pues lo cierto es que la notificaci\u00f3n vinculante de esa decisi\u00f3n es la que se surti\u00f3 con el estado del d\u00eda siguiente, data desde la cual tampoco se satisface el requisito de la inmediatez, a m\u00e1s que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el presupuesto en comento \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
4 <\/p>\n
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