STC11726-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11726-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01667-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Bogot\u00e1 el 19 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Corporaci\u00f3n Ecol\u00f3gica Agroganadera Corpog\u00e1n S.A. \u2013en reorganizaci\u00f3n- contra la Delegatura para Procesos de Reorganizaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 y los intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2011-00514 y en la reorganizaci\u00f3n n\u00b0 89269. <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 21 de julio de 2021, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades, en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n que respecto de ella se adelanta, decidi\u00f3 confirmar el auto aprobatorio del remate (de fecha 26 de noviembre de 2019) que se llev\u00f3 a cabo sobre tres inmuebles de su propiedad en el juicio hipotecario que Leasing Bancoldex promov\u00eda en su contra ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1; proceso que fue remitido a la aludida entidad con motivo de la admisi\u00f3n del juicio de reorganizaci\u00f3n (dispuesta en prove\u00eddo de 13 de marzo de 2020). <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, la convocante censur\u00f3 que, para adoptar dicha determinaci\u00f3n, la entidad encartada se atribuy\u00f3 la facultad de resolver el recurso de reposici\u00f3n que ella hab\u00eda instaurado contra el auto aprobatorio del remate en el juicio hipotecario (el cual qued\u00f3 pendiente de tramitarse cuando el expediente se remiti\u00f3 al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n), desconociendo con ello, no solo que aquella ejecuci\u00f3n se encontraba suspendida en virtud de la admisi\u00f3n del segundo juicio, sino tambi\u00e9n que el esp\u00edritu y la finalidad del proceso de reorganizaci\u00f3n hac\u00eda inconveniente que la sociedad \u00abperdiera sus mayores activos, esos que son prenda general de los acreedores, solo para favorecer a uno de ellos, existiendo adem\u00e1s otros acreedores de mayor prelaci\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejara sin efecto el fustigado auto. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; manifest\u00f3 que la salvaguarda no satisface el presupuesto de subsidiariedad y enfatiz\u00f3 que la decisi\u00f3n que censura la accionante no es m\u00e1s que la refrendaci\u00f3n de un remate que fue llevado a cabo con anterioridad al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n y que, por ende, conserv\u00f3 su legalidad aun despu\u00e9s de admitida esta \u00faltima tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que aun cuando la decisi\u00f3n objeto de censura no fue emitida por ese Despacho, la misma no se muestra caprichosa ni ilegal, por cuanto \u00abla adjudicaci\u00f3n del remate se efectu\u00f3 en fecha anterior a la admisi\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n, ya que el remate se efectu\u00f3 el 25 de octubre de 2019 y se aprob\u00f3 el 26 de noviembre del mismo a\u00f1o, mientras que el proceso de reorganizaci\u00f3n de la accionada fue admitido hasta el 13 de marzo de 2020\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda por estimar razonable la argumentaci\u00f3n sobre cuya base se finc\u00f3 la providencia objeto de censura, y por cuanto la actora no impugn\u00f3 dicho prove\u00eddo. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la actora insistiendo en sus alegaciones primigenias y a\u00f1adiendo que la censurada determinaci\u00f3n no era susceptible de ser recurrida, por cuanto all\u00ed lo que se hizo fue resolver un recurso de reposici\u00f3n contra el auto aprobatorio del remate. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad, dado que la accionante no impugn\u00f3 el auto de 21 de julio de 2021 que aqu\u00ed censura. Esto, pese a que, contrario a lo que sostuvo la impugnante, con dicho prove\u00eddo la Superintendencia de Sociedades no resolvi\u00f3 propiamente un recurso de reposici\u00f3n, sino que simplemente lo rechaz\u00f3 de plano por estimarlo extempor\u00e1neo, determinaci\u00f3n que era susceptible de ser recurrida de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2019 (sentencia de 3 de agosto de 2011, exp. No. 11001-22-03-000-2011-00741-01)\u201d\u00bb (STC de 18 de marzo de 2013, exp. 2012-00176-02). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha recalcado que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la actora desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer ante el fallador accionado todos los argumentos que aqu\u00ed plante\u00f3, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
3. Anotaci\u00f3n final. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, no sobra agregar que la firmeza del auto aprobatorio del remate que se dict\u00f3 en el decurso del juicio hipotecario n\u00b0 2011-00514, no refleja una trasgresi\u00f3n ostensible o grosera del ordenamiento jur\u00eddico que permita pasar por alto la ausencia del presupuesto de subsidiariedad que se anot\u00f3. <\/p>\n
Esto, por cuanto m\u00e1s all\u00e1 del provecho que hubieran podido reportar al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n los tres inmuebles rematados en el mencionado juicio hipotecario, su eventual inclusi\u00f3n en el inventario de activos de la sociedad hac\u00eda necesaria la existencia de alguna causa legal que llevara a desconocer la adjudicaci\u00f3n que ya se hab\u00eda dispuesto respecto de los mismos en favor del acreedor hipotecario, presupuesto que no cab\u00eda tener por verificado, en consideraci\u00f3n a que esa materializaci\u00f3n de la garant\u00eda real se aval\u00f3 en diligencia del 25 de octubre de 2019, es decir, m\u00e1s de cuatro meses antes de la fecha en que se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el proceso de reorganizaci\u00f3n (13 de marzo de 2020). <\/p>\n
En ese orden, no se observa la trasgresi\u00f3n que denunci\u00f3 el querellante del art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, pues tal precepto \u00fanicamente prev\u00e9 una limitante orientada a que \u00abA partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no [pueda] admitirse ni continuarse demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. As\u00ed, los procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, para efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las medidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, quien determinar\u00e1 si la medida sigue vigente o si debe levantarse, seg\u00fan convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendaci\u00f3n del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo en referencia, principalmente, por cuanto la accionante no hizo uso de los medios de control judiciales pertinentes para plantear ante la autoridad encartada las irregularidades que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 como fundamento de la demanda de tutela, omisi\u00f3n que torna inviable el mecanismo de protecci\u00f3n en estudio, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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