STC11730-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11730-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2021-00108-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de agosto de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la tutela que Mar\u00eda Dolores G\u00f3mez le instaur\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abvida en condiciones dignas\u00bb y \u00abfamilia\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a la autoridad acusada: (i) \u00abAnular la medida [cautelar] de embargo y secuestro [decretada sobre] el predio \u201cEl Corralito\u201d, con matr\u00edcula IGAC 10101820010868, del cual se desprende la finca \u201cVilla Lolita\u201d\u00bb; (ii) \u00abReconocer el car\u00e1cter bald\u00edo del [bien que est\u00e1] ocupa[ndo] (\u2026) [y, en su lugar, se] excluya del proceso de sucesi\u00f3n 2009-430\u00bb y, (iii) \u00abPermitir [su] intervenci\u00f3n como tercera interesada en las resultas del proceso de sucesi\u00f3n 2009-430\u00bb. <\/p>\n
En compendio manifest\u00f3 que Manuel G\u00f3mez, a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica n\u00ba 0456 protocolizada en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Yopal el 17 de marzo de 2008, otorg\u00f3 testamento en el que design\u00f3 a Julia G\u00f3mez (sobrina) como heredera a t\u00edtulo universal. <\/p>\n
Sostuvo que, tras el fallecimiento de aquel (15 jun. 2009), Julia inici\u00f3 la \u201csucesi\u00f3n testada\u201d (Rad. 2009-00454), litigio que el estrado querellado acumul\u00f3 a la \u201csucesi\u00f3n intestada\u201d (Rad. 2009-00430) adelantada por Gabriel Adame G\u00f3mez, hermano del causante (25 nov. 2009). <\/p>\n
Expres\u00f3 que, para esa misma \u00e9poca, Gabriel promovi\u00f3 litigio para lograr la \u201cnulidad del testamento\u201d por ausencia de algunos requisitos formales que la ley establece (Rad. 2010-00282), en el que el Tribunal de Yopal infirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda (31 en. 2014), y propuesto recurso extraordinario de casaci\u00f3n esta Sala no quebr\u00f3 el fallo del ad quem (10 oct. 2018). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en virtud de ese suceso, el Juzgado Primero de Familia reanud\u00f3 la \u201csucesi\u00f3n intestada\u201d de Manuel G\u00f3mez, de acuerdo con el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 163 del C.G.P., a la que acudi\u00f3 para que se le reconociera \u201ccomo tercera interesada para actuar\u201d, al ser hija de Julia G\u00f3mez, quien muri\u00f3 el 5 de junio de 2016 y por ostentar calidad de \u201cposeedora\u201d del fundo \u201cVilla Lolita\u201d, que hace parte del de mayor extensi\u00f3n \u201cEl Corralito\u201d, agregado en las hijuelas, \u201cgracias a la donaci\u00f3n a t\u00edtulo gratuito\u201d que le hizo su progenitora desde el a\u00f1o 2009, cuando le \u201ccedi[\u00f3] los derechos, acciones, usufructo, goce y ocupaci\u00f3n a sus descendientes\u201d; sin embargo, el despacho desestim\u00f3 dicha petitoria y la \u201cexcluy\u00f3 por completo del liquidatorio\u201d (30 sep. 2019). <\/p>\n
Reliev\u00f3 que el funcionario reprochado decret\u00f3 \u201cerradamente\u201d el \u201cembargo y secuestro del derecho de posesi\u00f3n y mejoras que ejercen varios de los interesados\u201d sobre el predio \u201cEl Corralito\u201d (10 jul. 2020), pues este \u201cdebi\u00f3 excluirse\u201d de la contienda, habida cuenta que es \u201cbald\u00edo al carecer de t\u00edtulo de propiedad y de registro inmobiliario\u201d, tal como se evidencia de la constancia expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, situaci\u00f3n que le dio a \u201cconocer\u201d cuando intervino. <\/p>\n
Expres\u00f3 que \u201cya agot\u00f3 todos los mecanismos ordinarios de justicia a su alcance\u201d para evitar el yerro cometido por el fallador porque, seg\u00fan advirti\u00f3, ya \u201cinici\u00f3 los tr\u00e1mites ante la ANT para la adjudicaci\u00f3n del bald\u00edo\u201d, busc\u00f3 hacerse parte dentro del pleito discutido e inco\u00f3 demanda \u201cdeclarativa de pertenencia\u201d pero fue inadmitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito \u201cpor carencia de antecedente registral\u201d. <\/p>\n
Dijo que \u201cha vivido casi toda su vida\u201d en dicha heredad, primero con su progenitora Julia G\u00f3mez ayud\u00e1ndole con el \u201ctrabajo de la tierra, cuidado del ganado, de los pastos, sembrad\u00edos y dem\u00e1s animales\u201d y, ahora, con su esposo y sus tres hijos por \u201cm\u00e1s de 5 a\u00f1os\u201d, realizando actividades como \u201c\u00fanica fuente de ingresos y sostenimiento familiar, no tiene ning\u00fan bien a su nombre (\u2026), [solo] posee estudios primarios\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia de Yopal destac\u00f3 que \u201cde los m\u00e1s de treinta hechos que se exponen en la demanda de tutela, el \u00fanico que le consta\u201d es el referente a la existencia del \u201cproceso de sucesi\u00f3n\u201d (Rad. 2009-430) que all\u00ed cursa. Asever\u00f3 que la promotora cuenta con otros medios de defensa al interior de la diligencia comisionada. <\/p>\n
Euclides y Jos\u00e9 Badulio Adame Arias, Jos\u00e9 Rafael G\u00f3mez Arias, Alba Luc\u00eda Adame Guerrero, sucesores procesales reconocidos en la lid objetada, arguyeron que \u201cno se aport\u00f3 prueba documental que demuestre el tiempo de posesi\u00f3n\u201d y, con todo, solo podr\u00eda computarse tiempos de posesi\u00f3n a partir de la muerte de Julia G\u00f3mez -5 jun. 2016- y no anteriores; adem\u00e1s, recalcaron que la gestora \u201cno se encuentra inmersa para ser llamada a suceder, seg\u00fan el art\u00edculo 1040 del C\u00f3digo Civil, [por cuanto] es hija de una sobrina del causante\u201d y que \u201ctiene los recursos judiciales para ejercer sus derechos en la diligencia de embargo y secuestro\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio, tras colegir que \u00abla accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial que no ha agotado, como lo es oponerse a la diligencia de embargo y secuestro de sus derechos de posesi\u00f3n sobre el inmueble objeto de controversia, conforme lo prev\u00e9 el c\u00f3digo general del proceso en sus art\u00edculos 596 y 309 numeral 2\u00bb. Frente al anhelo tendiente a que se \u00abdeclare que el inmueble objeto de disputa es bald\u00edo, (\u2026) que el juez constitucional no es la autoridad competente para determinar la calidad de un bien\u00bb y, por \u00faltimo, lo concerniente \u00aba que se ordene al accionado permitir [su] intervenci\u00f3n (\u2026) en el proceso de sucesi\u00f3n, (\u2026) la solicitud debe ser elevada ante el juez de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la precursora con argumentos similares a los expresados en el escrito genitor, aduciendo que el Tribunal no advirti\u00f3 el \u201ctema de la ocupaci\u00f3n, de la que existe plena prueba de ser el predio objeto de litigio un bald\u00edo\u201d. Discrep\u00f3 de la subsidiariedad aludida, puesto que \u201cya intent\u00f3 todo\u201d y el Juzgado le \u201ccercen\u00f3 cualquier derecho de acci\u00f3n y nada garantiza que nuevamente no ha de pasar lo mismo\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Sala ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses posteriores al momento en que se produjo la \u00abaparente trasgresi\u00f3n\u00bb, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb de la guarda prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la \u00abnecesidad\u00bb de que la misma no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre ello, ha expresado, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo\u2026por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u2026\u201d (STC1777-2020). <\/p>\n
2.- En torno a las aspiraciones de Mar\u00eda Dolores G\u00f3mez dirigidas a lograr: (i) La \u00abanula[ci\u00f3n de] la medida [cautelar decretada sobre] el predio \u201cEl Corralito\u201d (\u2026) del cual se desprende la finca \u201cVilla Lolita\u201d\u00bb; y (ii) \u00abPermitir [su] intervenci\u00f3n como tercera interesada en las resultas del proceso de sucesi\u00f3n 2009-430\u00bb, se observa la inviabilidad de la salvaguarda y, por ende, la convalidaci\u00f3n del fallo opugnado, porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal afirmaci\u00f3n, por cuanto entre la fecha de los interlocutorios emitidos por el Juzgado Primero de Familia de Yopal (30 sep. 2019 y 10 jul. 2020), mediante los cuales se abstuvo de reconocerla como \u00abheredera, ni como tercera (\u2026) al carecer de [dicha] vocaci\u00f3n\u00bb en la Litis y decret\u00f3 el embargo y secuestro de la posesi\u00f3n y mejoras que ella ejerce, y la radicaci\u00f3n de la queja superlativa (2 ag. 2021), transcurrieron un (1) a\u00f1o y once (11) meses, y un (1) a\u00f1o y veinte (20) d\u00edas, respectivamente, es decir, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corporaci\u00f3n como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3.- Ahora, en lo que toca con los reparos de Mar\u00eda Dolores porque la heredad \u201cEl Corralito\u201d ubicada en la vereda \u201cBella Vista\u201d, corregimiento \u201cEl Charte\u201d, incluido en la masa sucesoral, al parecer, es de propiedad p\u00fablica en atenci\u00f3n a la certificaci\u00f3n expedida por la Registradur\u00eda de Instrumentos P\u00fablicos de Yopal, surge ostensible que el ruego tuitivo no puede prosperar porque no se colma el requisito de la \u201csubsidiariedad\u201d. <\/p>\n
Ello, toda vez que, aun cuando indic\u00f3 haber formulado ante la Agencia Nacional de Tierras solicitud con el prop\u00f3sito de establecer la naturaleza jur\u00eddica del fundo rebatido, de acuerdo con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 65 de la Ley 160 de 1994, no se preocup\u00f3 por acreditar, en esta v\u00eda excepcional, esas diligencias. <\/p>\n
De manera que, le corresponde comparecer ante esa autoridad administrativa -si as\u00ed lo estima- y plantear las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, relacionadas con la ocupaci\u00f3n que ejerce en la heredad, su inter\u00e9s en lograr su adjudicaci\u00f3n e inclusive la posibilidad de que ese organismo, al ser el competente, intervenga en la causa mortuoria de Manuel G\u00f3mez, para dilucidar el embate acerca de la presunci\u00f3n de \u201cbald\u00edo\u201d. <\/p>\n
Agr\u00e9guese a lo dicho, que, si la querellante est\u00e1 persuadida de su \u201cposesi\u00f3n de buena fe\u201d sobre el inmueble perseguido, a\u00fan conserva otro instrumento ordinario de defensa, que podr\u00e1 desplegar en el momento oportuno; esto es, la \u201coposici\u00f3n al secuestro\u201d como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 309 \u00eddem; por tanto, si alguna inconformidad tiene frente al rito en cuesti\u00f3n, ser\u00e1 en el desarrollo normal de ese decurso donde deber\u00e1 alegarla, sin que se puedan soslayar las herramientas id\u00f3neas que al efecto concede la ley adjetiva, cuya eficacia no decae frente a hipot\u00e9ticas situaciones como las aqu\u00ed referidas. <\/p>\n
Esta Colegiatura ha decantado en forma reiterada, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
4.- Basten las precedentes razones para ratificar lo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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