STC11743-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11743-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00156-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 6 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alberto Enrique Marrugo Solano contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Fiscal\u00eda 29 Seccional de esa misma capital, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio declarativo especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Por esas circunstancias, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, ordenando al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, \u00abdarle tr\u00e1mite procesal adecuado (\u2026) [al juicio en comento, a partir del] acto de reanudaci\u00f3n (\u2026) y de esta forma, enderezar la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que su poderdante, inici\u00f3 proceso de deslinde y amojonamiento en contra de la se\u00f1ora Cecilia Marrugo Navarro, el cual correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda; que la demandada, luego de admitido el asunto, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, de conformidad a lo normado en el numeral 1\u00b0 del canon 170 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (norma vigente para dicha \u00e9poca), con fundamento en que hab\u00eda interpuesto una denuncia en contra de Marrugo Solano por el delito de fraude procesal ante la Fiscal\u00eda 29 Seccional de esa urbe, autoridad que expidi\u00f3 una certificaci\u00f3n en la que constaba la iniciaci\u00f3n de la respectiva investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n
Comenta que en vista de lo anterior, el Juzgado de conocimiento orden\u00f3 la pausa solicitada mediante auto del 20 de agosto de 2014, \u00abarguyendo en su parte considerativa, que el asunto a decidir en ese proceso quedaba condicionado a las resultas del proceso penal\u00bb; que el 26 de junio de 2019 reanud\u00f3 el tr\u00e1mite, luego de esgrimir al efecto, que \u00abel mismo no pod\u00eda quedar inerme am\u00e9n que hab\u00eda transcurrido un t\u00e9rmino considerable desde la suspensi\u00f3n y orden\u00f3 oficiar la Fiscal\u00eda 14 Seccional de Monter\u00eda a fin de que certificara el estado actual del proceso\u00bb, en aplicaci\u00f3n de lo estatuido en el canon 161 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aduce el togado, que fue a partir de esa determinaci\u00f3n que la oficina judicial censurada empez\u00f3 a transgredir los derechos de su prohijado, por cuanto, omiti\u00f3 cumplir con lo dispuesto en el art\u00edculo 163 ejusdem, en lo que refiere a la notificaci\u00f3n por aviso del prove\u00eddo que decret\u00f3 la reanudaci\u00f3n; procedi\u00f3 a \u00e9sta, aun cuando no hab\u00eda ordenado oficiar a la Fiscal\u00eda para conocer sobre las resultas de la aludida causa, pues a ello procedi\u00f3 el mismo auto; el 1\u00b0 de agosto postrero dict\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el precepto 464 del Estatuto Procesal Civil, \u00abnorma que se encontraba derogada por el literal c) del art\u00edculo 626 de la Ley 1564 de 2012, que empez\u00f3 rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los t\u00e9rminos del numeral 6) del art\u00edculo 627\u00bb; no se previno a las partes para que presentaran sus t\u00edtulos, ni tampoco se decret\u00f3 la prueba pericial solicitada. <\/p>\n
Refiere que llegados el d\u00eda y la hora fijados, esto es, el 27 de agosto de 2019, ninguno de los extremos procesales compareci\u00f3, por lo que en auto del 3 de septiembre siguiente se decret\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del proceso, (\u2026) el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo de \u00e9ste\u00bb atendiendo lo dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del C.G.P., que se aplica a los procesos verbales, pero no a los verbales sumarios, como lo es la cuerda procesal a la que corresponde el juicio objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Indica que para las partes exist\u00eda el pleno convencimiento de que el asunto segu\u00eda suspendido, motivo por el cual, no hab\u00eda lugar a su constante vigilancia ni a la consulta de los estados, lo que impidi\u00f3 que se enteraran de la referida citaci\u00f3n, as\u00ed como de la terminaci\u00f3n del pleito, y menos a\u00fan la proposici\u00f3n de recurso alguno, m\u00e1xime cuando \u00absiempre estuvi[eron] enfocados en (\u2026) proceso penal, asistiendo a las diligencias que fueron realizadas por el CTI de la Fiscal\u00eda, como \u00f3rgano de investigaci\u00f3n\u00bb; empero, el 26 de abril del a\u00f1o en curso al revisar la actuaci\u00f3n, se sorprendi\u00f3 al advertir que el pleito hab\u00eda tenido movimiento, por lo que de inmediato solicit\u00f3 acceso al expediente digital para poder verificar qu\u00e9 hab\u00eda ocurrido. <\/p>\n
Explica que ese mismo d\u00eda, una vez de advertidas todas las vicisitudes antes narradas, promovi\u00f3 incidente de nulidad de todo lo actuado a partir del auto de reanudaci\u00f3n, en tanto que el mismo no fue debidamente enterado a las partes; no obstante, el Juez Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda decidi\u00f3 en auto de \u00abc\u00famplase\u00bb, sin m\u00e1s, no darle tr\u00e1mite, se\u00f1alando al efecto que el proceso ya hab\u00eda culminado, determinaci\u00f3n que pese atacar por la v\u00eda horizontal y vertical se mantuvo inc\u00f3lume, porque bajo ese mismo rasero, tampoco fueron gestionados los recursos. <\/p>\n
Finalmente alega, que son todas las anteriores circunstancias por las que el inconforme se encuentra habilitado para acudir a la presente v\u00eda excepcional, ante la evidente vulneraci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos que invoc\u00f3, y a falta de otro mecanismo judicial que resulte eficiente para contrarrestar los efectos de las decisiones que le fueron desfavorables. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda puso de presente, que \u00abel auto que orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso data de 20 de agosto de 2014, y el que orden\u00f3 [su] levantamiento (\u2026) data [del] 26 de Junio de 2019, es decir, transcurrieron 4 a\u00f1os, 10 meses y 6 d\u00edas en indagaci\u00f3n preliminar, es decir, (\u2026) conforme lo certific\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n mediante oficio 2360-01-02-07\u00bb. <\/p>\n
Que as\u00ed las cosas, mediante \u00abauto del 1\u00b0 de agosto de 2019, se\u00f1al\u00f3 fecha para llevar a cabo audiencia verbal, (\u2026) [decisi\u00f3n] que no fue recurrida por ninguna de las partes ni por el hoy accionante\u00bb; que llegados el d\u00eda y la hora de la diligencia nadie se present\u00f3, por lo que procedi\u00f3 a dar aplicaci\u00f3n a lo \u00abestipulado en el inciso 2do y 3ero del Numeral 4 del art\u00edculo 372 del CGP que sostiene \u2018[c]uando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podr\u00e1 celebrarse, y vencido el t\u00e9rmino sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarar\u00e1 terminado el proceso. Las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicar\u00e1n, en lo pertinente, para el caso de la demanda de reconvenci\u00f3n y de intervenci\u00f3n de terceros principales\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, hizo \u00e9nfasis en que la Ley 1564 de 2012 \u00abentr\u00f3 en vigencia el 1\u00b0 de enero de 2016, de conformidad al acuerdo PSAA15-10392 del 1\u00b0 de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb y, en que \u00abel accionante deb\u00eda interponer los recursos oportunamente y no lo hizo, sino dos a\u00f1os despu\u00e9s de haberse dado por terminado el proceso y archivado el mismo interponen recurso de reposici\u00f3n contra dicha diligencia, al cual el despacho no le dio tr\u00e1mite por cuanto iba en contra v\u00eda por lo establecido en el numeral 2do del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda \u2013Sala Civil, Familia, Laboral, deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, porque luego de analizados los argumentos expuestos por la autoridad judicial convocada advirti\u00f3, que \u00abmediante auto de fecha 26 de junio de 2019, el juzgado de conocimiento resolvi\u00f3: \u2018PRIMERO: Ord\u00e9nese el levantamiento de la suspensi\u00f3n en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la motiva de este prove\u00eddo. SEGUNDO: Of\u00edciese a la Fiscal\u00eda 14 Seccional de Monter\u00eda a fin de que certifiquen (sic) el estado actual del proceso con radicado No. 23001600101520208520 por el delito de fraude procesal y falsedad ideol\u00f3gica\u2019. <\/p>\n
Ahora bien, se duele el actor que dicho prove\u00eddo no se notific\u00f3 mediante Aviso como lo prescribe el art\u00edculo el art\u00edculo 163 del CGP, sino por el contrario se notific\u00f3 mediante estado, motivo por el cual no se enter\u00f3 de la existencia del auto y por ende no puedo ejercitar los recursos pertinentes en su contra. <\/p>\n
En ese orden, se hace necesario establecer que conforme al Acuerdo PSAA15-10392 de fecha 1\u00ba de octubre del a\u00f1o 2015 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el C\u00f3digo General del Proceso comenz\u00f3 a regir, esto es, entr\u00f3 en vigencia el 1\u00ba de enero del a\u00f1o 2016. <\/p>\n
De otra parte, verificado el expediente contentivo del proceso de deslinde y amojonamiento que ocupa hoy la atenci\u00f3n del Tribunal, se advierte que la demanda que dio origen al mismo fue radicada el 9 de octubre de 2013, tal y como lo indica el Acta Individual de Reparto. Por lo que se colige, que el proceso de deslinde y amojonamiento inici\u00f3 su tr\u00e1mite bajo la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y por ende se le sigue aplicando la misma normativa. <\/p>\n
Es de recordar que la norma procesal no es de aplicaci\u00f3n retroactiva por el contrario su aplicaci\u00f3n deber\u00e1 ser de manera inmediata y rige a futuro, de lo contrario se estar\u00eda contraviniendo el principio de la confianza a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso. Precisado lo anterior, se tiene que, revisado el proceso de deslinde y amojonamiento se advierte que, en efecto, el juez de conocimiento mediante auto de fecha 20 de agosto del a\u00f1o 2014 orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad de conformidad con lo prescrito en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 170 del C. de P.C; y que a trav\u00e9s de auto de fecha 26 de junio de 2019 notificado mediante Estado No. 0098 de fecha 27 de junio de 2019, levant\u00f3 la suspensi\u00f3n decretada. <\/p>\n
En ese orden, es del caso traer a colaci\u00f3n el art\u00edculo 172 del C. de P. C., que prescribe: \u2018La suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad durar\u00e1 hasta que el juez decrete su reanudaci\u00f3n, para lo cual deber\u00e1 presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de los tres a\u00f1os siguientes a la fecha en que empez\u00f3 la suspensi\u00f3n, el juez de oficio o a petici\u00f3n de parte decretar\u00e1 la reanudaci\u00f3n del proceso, por auto que se notificar\u00e1 por estado y mediante telegrama dirigido a la direcci\u00f3n denunciada para recibir notificaciones personales. <\/p>\n
Cuando la suspensi\u00f3n recaiga \u00fanicamente sobre el tr\u00e1mite principal, se tendr\u00e1n en cuenta las disposiciones especiales contenidas en este C\u00f3digo\u2019. <\/p>\n
De suerte que, advierte el Tribunal que la norma en cita se\u00f1ala que el plazo m\u00e1ximo con el que contaba el juez de conocimiento para reanudar el proceso es de tres (3) a\u00f1os, no obstante, procedi\u00f3 a reanudarlo transcurridos aproximadamente cinco (5) a\u00f1os despu\u00e9s, de lo que se infiere que durante el t\u00e9rmino inicial de los tres (3) a\u00f1os el se\u00f1or apoderado de la parte que hoy invoca esta acci\u00f3n, debi\u00f3 estar pendiente de su proceso, esto es, consultando las actuaciones que se surtieran en \u00e9ste, ello debido a que la norma procesal aludida es de orden p\u00fablico y por ende de obligatorio cumplimiento; y por estar un profesional del derecho a cargo del asunto se predica que este tiene conocimiento de la misma y por ende del t\u00e9rmino m\u00e1ximo fijado para la reanudaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advierte el Tribunal que durante los cinco a\u00f1os que aproximadamente dur\u00f3 el proceso suspendido, el abogado de la parte actora no fue diligente conforme viene expuesto, se advierte la incuria y la desidia de su obrar el cual no puede ser ahora motivo para revivir t\u00e9rminos y oportunidades procesales dejadas fenecer. En ese orden de ideas, el defecto material o sustantivo no se configura dentro del asunto de marras, por cuanto la decisi\u00f3n tomada por el ente judicial accionado de manera alguna desborda el marco de acci\u00f3n delimitados por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley. No se advierte falencia en la interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable al caso objeto de estudio. <\/p>\n
Finalmente, se destaca que frente a los argumentos expuestos por el accionante referidos a las dem\u00e1s providencias proferidas por el juez de conocimiento y que siguieron a la decisi\u00f3n tomada el 26 de junio de 2019, mediante la cual se levant\u00f3 la suspensi\u00f3n procesal, estas no encuentran asidero jur\u00eddico por cuanto corren con la misma suerte de la decisi\u00f3n originalmente atacada por esta v\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad, similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
Por esa \u00faltima senda, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que Alberto Enrique Marrugo Solano pretende a trav\u00e9s de este mecanismo especial, que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, invalidar todas las actuaciones surtidas a partir del auto que orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del juicio declarativo especial objeto de an\u00e1lisis, porque, seg\u00fan sus dichos, tal providencia no fue debidamente notificada, lo que impidi\u00f3 que conociera no solo de ella, sino de todos el tr\u00e1mite que posteriormente se adelant\u00f3 y que conllev\u00f3 a la terminaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
3. Para brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n
3.1. A trav\u00e9s de auto del 20 de agosto de 2014, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso de deslinde y amojonamiento instaurado por el se\u00f1or Alberto Enrique Marrugo Solano contra Cecilia Helena Marrugo Navarro, de conformidad a lo normado en el numeral 1\u00b0 del canon 170 del Estatuto Procesal Civil, esto es, \u00abcuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar e \u00e9l haya de influir necesariamente en la decisi\u00f3n del civil, a juicio del juez que conoce de este\u00bb. <\/p>\n
3.2. Mediante memoriales adiados 10 de julio, 5 de agosto, y 3 de septiembre de 2015, 9 de junio de 2016, y, 13 de febrero de 2018, el aqu\u00ed interesado solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda encargada de la indagaci\u00f3n preliminar por virtud de la cual se suspendi\u00f3 el litigio civil, que se continuara de manera c\u00e9lere con dicho tr\u00e1mite, teniendo en cuenta que lo all\u00ed tramitado incid\u00eda directamente en la oportunidad de reanudaci\u00f3n del deslinde y amojonamiento. <\/p>\n
3.3. En prove\u00eddo del 26 de junio de 2019, el juzgado de conocimiento civil, \u00abseg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, orden\u00f3 el \u00ablevantamiento de la suspensi\u00f3n\u00bb, as\u00ed como que se oficiara a la \u00abFiscal\u00eda 14 Seccional de Monter\u00eda a fin de que certifi[cara] el estado actual del proceso con radicado No. 23001600101520208520 por el delito de fraude procesal y falsedad ideol\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
3.4. En auto del 1\u00b0 de agosto siguiente, se\u00f1al\u00f3, ahora en aplicaci\u00f3n del \u00abart\u00edculo 464 del C.P.C., (\u2026) en concordancia con lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del art\u00edculo 625 del C.G.P.\u00bb, como fecha para el adelantamiento de la diligencia de deslinde, la del d\u00eda 27 de ese mismo mes y a\u00f1o, sin que ninguna de las partes compareciera. <\/p>\n
3.5. Luego, y pese haber manifestado en la decisi\u00f3n inmediatamente anterior, que la legislaci\u00f3n aplicable al sub examine lo era el Estatuto Procesal Civil, dispuso la terminaci\u00f3n del proceso, trayendo a colaci\u00f3n la regla 4\u00aa del precepto 372 de la Ley 1564 de 2012 que reza, que cuando ninguno de los extremos de la litis comparezcan a la audiencia inicial, \u00abvencido el t\u00e9rmino sin que se justifique la inasistencia, el juez, por intermedio de auto, declarar\u00e1 terminado el proceso\u00bb; adem\u00e1s, orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
3.6. El 29 de abril de los corrientes, el demandante, aqu\u00ed gestor, a trav\u00e9s de su abogado de confianza propuso incidente de nulidad \u00abdel auto proferido (\u2026) el 26 de junio de 2019, y todas las actuaciones posteriores\u00bb, con base en las causales enlistadas en los numerales 3\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que, en \u00faltimas, la investigaci\u00f3n penal por la cual se decret\u00f3 inicialmente la suspensi\u00f3n, aun o ha culminado, y, porque el auto mediante el cual se reanud\u00f3 el proceso, no fue notificado a las partes a trav\u00e9s de aviso, tal y como lo ordena el precepto 163 ib\u00eddem. <\/p>\n
3.7. En prove\u00eddo del 9 de junio siguiente, la autoridad criticada dispuso \u00abdesatender\u00bb el incidente formulado por el extremo demandante, con fundamento en que lo que se pretend\u00eda, era revivir un proceso culminado, m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n de reanudaci\u00f3n y las siguientes, no fueron atacadas a trav\u00e9s de los recursos de ley. <\/p>\n
3.8. Contra esa determinaci\u00f3n el aqu\u00ed interesado promovi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n, los cuales tampoco fueron tramitados. <\/p>\n
4. Vistas de este modo las cosas, para la Sala la protecci\u00f3n constitucional reclamada est\u00e1 llamada a prosperar, pues al auscultar la segunda de las decisiones criticadas al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda (por ser aqu\u00e9lla mediante la cual se resolvi\u00f3 por primera vez sobre una de las solicitudes elevadas por el aqu\u00ed accionante, luego de reanudado el proceso de deslinde y amojonamiento, y de la fecha en la que \u00e9l manifest\u00f3 que tuvo conocimiento de ese proceder), se establece sin lugar a equ\u00edvocos, que dicha autoridad transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso de aqu\u00e9l al no dar tr\u00e1mite al incidente de nulidad planteado, evadiendo la obligaci\u00f3n de pronunciarse de fondo frente a cada uno de los argumentos que \u00e9ste expuso como fundamento del mismo, incurriendo en una evidente carencia de motivaci\u00f3n, desafuero que amerita la injerencia del juzgador constitucional. <\/p>\n
5. En efecto, en el prove\u00eddo del pasado 9 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual se dispuso \u00abdesatender\u00bb la referida solicitud de invalidez, el operador judicial enjuiciado se limit\u00f3 a rese\u00f1ar someramente en sus antecedentes lo solicitado por el accionante, as\u00ed como que se hab\u00eda decretado la terminaci\u00f3n del litigio, sin explicar fundadamente, por qu\u00e9 raz\u00f3n dejaba de imprimir el tr\u00e1mite que legalmente corresponde al memorado incidente, aun cuando, la verdad, es que la Corte no advierte ninguna que pueda calificarse como plausible para tal proceder. <\/p>\n
Lo anterior, cobra a\u00fan m\u00e1s importancia, si en cuenta se tiene que despu\u00e9s de reactivado el proceso que estuvo en suspenso por m\u00e1s de 4 a\u00f1os, ninguna de las partes compareci\u00f3 al litigio, situaci\u00f3n precisamente alegada por el demandante al momento de presentar el incidente (primera actuaci\u00f3n desplegada por aqu\u00e9l luego de haberse producido, presuntamente, las causales invocadas), quien adujo no haber sido debidamente enterado del prove\u00eddo en el que se orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n, fuere a trav\u00e9s del tr\u00e1mite contemplado en la codificaci\u00f3n que estaba vigente al momento en que se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n (art\u00edculo 172 C.P.C.), o, por el rito se\u00f1alado en el C\u00f3digo General del Proceso (art\u00edculo 163 C.G.P.) -situaci\u00f3n \u00e9sta que tambi\u00e9n debe ser dilucidada por el Juez de conocimiento a trav\u00e9s de un estudio serio y ponderado de esa tem\u00e1tica- pues, en estricto sentido, sea en cumplimiento de una o de la otra de esas disposiciones, no bastaba con la notificaci\u00f3n por estado de la providencia en la que dijo \u00ablevantarse la suspensi\u00f3n\u00bb, en tanto que la primera de ellas establece que debe ser por \u00abestado y mediante telegrama dirigido a la direcci\u00f3n denunciada para recibir notificaciones personales\u00bb y, la otra, \u00abpor aviso\u00bb. <\/p>\n
6. Y no sobra advertir, que luego de haberse reanudado el proceso, y conforme se anot\u00f3 en la relaci\u00f3n de hechos probados, la autoridad judicial convocada aplic\u00f3 a su antojo las dos codificaciones, es decir, tanto el Estatuto Procesal Civil como el C\u00f3digo General del Proceso, situaci\u00f3n por la cual se hizo \u00e9nfasis en el numeral inmediatamente anterior, que dicho an\u00e1lisis debe efectuarse en debida forma, al momento de resolverse sobre la nulidad. <\/p>\n
7. En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de la carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, se tiene por sentado que trasgrede las garant\u00edas fundamentales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC7493-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. En su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada por Alberto Enrique Marrugo Solano. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el auto calendado 9 de junio hoga\u00f1o, proceda nuevamente a resolver la solicitud de nulidad presentada por el aqu\u00ed accionante a trav\u00e9s de su apoderado judicial, dentro del proceso de deslinde y amojonamiento base de la s\u00faplica, con vista en los puntuales se\u00f1alamientos efectuados en la parte considerativa de este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11743-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC11743-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00156-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57468","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57468","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57468"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57468\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57468"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}