STC11761-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11761-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00792-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Aseguradora de Fianzas S.A. \u2013Cofianza, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia y el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados David Barros V\u00e9lez, la Uni\u00f3n Temporal SIS Armenia, el Ministerio del Interior, el municipio de Armenia, as\u00ed como las partes y los intervinientes del incidente de reparaci\u00f3n integral a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama a trav\u00e9s apoderado especial, la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda al debido proceso, que consider\u00f3 quebrantada por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al confirmar la condena en su contra por el delito de homicidio agravado, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2010-82410-00. <\/p>\n
Solicita entonces, en lo cardinal, que (i) se deje \u00absin valor ni efecto las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Armenia y a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral promovido por el Ministerio del Interior y el Municipio de Armenia contra David Barros V\u00e9lez\u00bb; y (ii) se ordene al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Armenia \u00abque nuevamente emita la respectiva sentencia de acuerdo a los par\u00e1metros\u00bb que aqu\u00ed se adopten. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce, en s\u00edntesis, que por cuenta de un convenio interadministrativo \u00abel Ministerio del Interior -Fondo de Seguridad y convivencia Ciudadana FONSECUN- se obtuvo la disponibilidad presupuestal a favor del Municipio Armenia para que dicha municipalidad materializara con Uni\u00f3n Temporal SIS Armenia, el contrato PF-062 del 2007 que ten\u00eda por objeto el \u201cSuministro, instalaci\u00f3n, montaje, prueba, puesta en funcionamiento, garant\u00eda y mantenimiento de un circuito cerrado de televisi\u00f3n (CCTV) con video y control en tiempo real, que involucre equipos activos y pasivos, en la ciudad de Armenia, con centro de control y monitoreo en el comando del departamento de polic\u00eda Quind\u00edo\u201d\u00bb; explic\u00f3 que para garantizar el cumplimiento de la citada convenci\u00f3n, la Uni\u00f3n Temporal, all\u00ed contratista, \u00abconstituy\u00f3 la garant\u00eda \u00fanica de cumplimiento p\u00f3liza GU053511, expedida el 27 de septiembre de 2007 por la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza\u00bb, cuya vigencia se otorg\u00f3 entre el 28 de septiembre de 2007 hasta el 20 de diciembre de 2010, cuyo valor asegurado fue de $1.998.561.893,00. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que por presentarse \u00abirregularidades\u00bb en la ejecuci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del aludido convenio el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Armenia, mediante sentencia del 2 de marzo de 2011 conden\u00f3 a David Barros V\u00e9lez -ex alcalde de Armenia, como actor de los punibles de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, cuyas penas fueron: 210 meses de prisi\u00f3n, multa equivalente a 1.496,93 s.m.l.m.v. e inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el t\u00e9rmino de la condena; asegur\u00f3 que esa decisi\u00f3n fue combatida sin \u00e9xito en apelaci\u00f3n, pues la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, mediante decisi\u00f3n del 15 de julio de 2011 la confirm\u00f3 en su integridad <\/p>\n
De este modo, anot\u00f3 que el Municipio de Armenia promovi\u00f3 el incidente de reparaci\u00f3n integral, con el cual, asegura, fueron quebrantadas sus garant\u00edas superiores, pues fue vinculada como llamada en garant\u00eda y en decisi\u00f3n del 2 de julio de 2019, el Juzgado convocado no solo declar\u00f3 responsable al exmandatario (llamante) de esa localidad sino que la conden\u00f3 a t\u00edtulo de tercero en su calidad de garante, debiendo pagar $592.837.639.00, mientras que en sede de apelaci\u00f3n, y mediante prove\u00eddo del 18 de diciembre anterior, el Tribunal encartado modific\u00f3 esa determinaci\u00f3n para se\u00f1alar que \u00abla condena impuesta era de forma solidaria entre la Aseguradora y David Barros V\u00e9lez\u00bb. <\/p>\n
Expuso adem\u00e1s, que pese a plantear que entre la sociedad llamada en garant\u00eda y el llamante all\u00ed condenado no exist\u00eda ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n \u00abvinculante\u00bb, por la celebraci\u00f3n del aludido contrato respecto del riesgo que se pudo generar por el incumplimiento del mismo, las autoridades judiciales desconocieron ese hecho e incurrieron en \u00abuna indebida interpretaci\u00f3n que no se ajusta a la realidad jur\u00eddico sustancial afectando los derechos de la empresa Confianza S.A.\u00bb, pues, en su particular criterio, se pas\u00f3 por alto que \u00abDavid Barros no ten\u00eda ni tiene una relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial con ese contrato celebrado entre la Aseguradora Confianza y Uni\u00f3n Temporal respecto del riesgo que se hubiera podido generar por el incumplimiento del contrato PF062 de 2007 porque no es parte del mismo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente aclar\u00f3, que \u00abcontra el fallo proferido en segunda instancia\u00bb no proced\u00eda \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n por el factor cuant\u00eda\u00bb, en la medida en que \u00abla cuant\u00eda para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia para el a\u00f1o 2020 era de $877.802.000 y seg\u00fan el numeral 7 de las conclusiones de la sentencia proferida por el Tribunal de Armenia, la condena impuesta en contra de la Aseguradora o llamada en garant\u00eda fue de $592.837.639.oo, lo cual advierte la improcedencia de la impugnaci\u00f3n ante el citado superior\u00bb, situaci\u00f3n que considera suficiente para acceder a la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo, en tanto que al resolver la apelaci\u00f3n contra el fallo 2 de julio de 2019, no incurri\u00f3 en ninguno de los yerros advertidos por la aseguradora aqu\u00ed tutelante. Por dem\u00e1s, dijo que los reparos en que se sustent\u00f3 la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe bien pudieron ser objeto de debate a trav\u00e9s de los recursos ordinarios y extraordinarios con los que contaba para tal efecto; no obstante, pese a recurrir en casaci\u00f3n \u00abno present\u00f3 oportunamente la demanda respectiva, raz\u00f3n por la cual el medio de impugnaci\u00f3n fue declarado desierto\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Armenia dijo, que realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n integral de los medios de convicci\u00f3n aportados al plenario, situaci\u00f3n que le permiti\u00f3 colegir que la \u00abaseguradora s\u00ed suscribi\u00f3 la p\u00f3liza de cumplimiento del contrato PF062 de 2007 con el se\u00f1or Barros V\u00e9lez en su calidad de representante legal del Municipio de Armenia, por lo que contrario a lo se\u00f1alado por la entidad accionante s\u00ed se puede predicar que exist\u00eda una relaci\u00f3n jur\u00eddica entre ambos\u00bb. <\/p>\n
c. Finalmente, el Ministerio del Interior pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n dentro del asunto, por considerar que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, al advertir que la aseguradora omiti\u00f3 \u00abemplear adecuadamente el mecanismo de la casaci\u00f3n, en aras de salvaguardar sus intereses, contra la decisi\u00f3n de segundo grado refutada. En efecto, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la accionante, pese a que lo interpuso, dej\u00f3 de sustentarlo, con el objeto de atacar la referida determinaci\u00f3n y obtener, por esa v\u00eda, el estudio de fondo de su asunto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La aseguradora accionante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, tras reiterar los iniciales planteamientos, precisando que con la condena impuesta en su contra \u00abno alcanzaba su cuant\u00eda para recurrir en casaci\u00f3n\u00bb, en la medida en que \u00abel agravio o lesi\u00f3n contra la Aseguradora o llamada garant\u00eda fue de $592.837.639.00 y no de $936.906.629,73, pues advi\u00e9rtase que el ex alcalde David Barros deb\u00eda responder por el equivalente de $344.068.990.73 para un total de $936.906.629,73\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la Aseguradora de Fianzas S.A. se duele a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, en lo esencial, de la presunta irregularidad en la que incurri\u00f3 el Juez colegiado convocado al refrendar la sentencia de primer grado, en el marco de incidente de reparaci\u00f3n integral en el que fue llamada en garant\u00eda, y que la conden\u00f3 al pago de $592.837.639.00, tras incurrir, dijo, en una defectuosa valoraci\u00f3n de la prueba, concretamente respecto a la p\u00f3liza de seguros GU053511 que amparaba el cumplimiento del Contrato PF062 de 2007. <\/p>\n
3. Pues bien, observa la Sala que surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado comoquiera que la solicitud de amparo carece del presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el actor desaprovech\u00f3 los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta irregularidad en la que incurri\u00f3 el ad quem al condenarlo al pago solidario por los da\u00f1os causados por el exalcalde de la capital del Quind\u00edo, en raz\u00f3n a las irregularidades en que incurri\u00f3 al ejecutar el contrato PF062 de 2007, sin reparar en que la garant\u00eda que se ampar\u00f3 mediante la p\u00f3liza de seguros GU053511, de modo alguno ampar\u00f3 los perjuicios causados por el entonces mandatario, ha debido acudir en casaci\u00f3n, por ser \u00e9sta una herramienta eficaz a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado el instrumento que estaba a su disposici\u00f3n para debatir la condena solidaria que le fue impuesta, la que estima lesiva para sus derechos fundamentales, desidia de la cual ahora no se puede valer para anular o retrotraer dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. Y aunque no se pasa por alto que la sociedad accionante asegur\u00f3 que carec\u00eda de inter\u00e9s para recurrir extraordinariamente en casaci\u00f3n por el factor cuant\u00eda, lo cierto es que la condena de la que ahora se duele, expresamente dej\u00f3 planteado que el pago solidario al que fue condenado ascend\u00eda a $936.906.629,73 \u00ab[h]asta el monto m\u00e1ximo del valor asegurado de $999.280.946,00\u00bb, situaci\u00f3n que f\u00e1cil permite colegir que para el momento en que se impuso dicha condena (2020) superaba ampliamente los 1000 SMLMV para acudir en casaci\u00f3n, conforme lo impone el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, por expresa remisi\u00f3n del numeral 4 del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004, sin que de modo alguno pueda admitirse, como lo pretende la libelista, que su inter\u00e9s deb\u00eda contabilizarse a prorrata de la pena impuesta, pues como se dijo, la condena se impuso de manera solidaria. <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado, por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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