STC11792-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11792-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2021-00212-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Fernando Balc\u00e1zar Orozco contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados al Secretar\u00eda de Seguridad y Justicia de la Alcald\u00eda del mismo lugar, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abefect\u00fae la entrega real y material de los bienes inmuebles que [le] fueron adjudicados, cumpliendo as\u00ed con lo establecido en el art\u00edculo 456 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo adelantado por Andr\u00e9s Felipe Latorre y Juan Carlos Echeverri, hoy Jos\u00e9 Fernando Balc\u00e1zar Orozco, en contra de Luis Felipe Valencia Orozco, el 3 de febrero de 2021 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali adelant\u00f3 diligencia de remate, si\u00e9ndole adjudicados los inmuebles al cesionario. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el gestor que no se le han entregado los bienes que le fueron adjudicados en la referida almoneda, en la que en su calidad de cesionario hizo postura por cuenta del cr\u00e9dito y por $190.000.000; que en el t\u00e9rmino legal consign\u00f3 el impuesto de remate y luego deprec\u00f3 se aprobara la referida diligencia; y que despu\u00e9s de reiterar su solicitud sin obtener respuesta, interpuso una tutela, la que le fue denegada, pues en el tr\u00e1mite de la misma se profiri\u00f3 el auto pretendido. <\/p>\n
2.3. Adujo que el fallador acusado conculcaba sus garant\u00edas esenciales, pues incumpl\u00eda el termino establecido en el art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso; y que la empresa secuestre de los bienes rematados no pudo cumplir con la orden de entrega, lo que se le inform\u00f3 al despacho criticado. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que elev\u00f3 tres peticiones tendientes a que se efectuara la entrega real y material de los bienes, pues el t\u00e9rmino ya feneci\u00f3, en tanto que transcurrieron los 15 d\u00edas h\u00e1biles previstos en el mencionado art\u00edculo 456; que si \u00e9l no hubiese pagado el impuesto del remate, dentro de los cinco d\u00edas siguientes, lo habr\u00edan sancionado; que cuando los falladores incumpl\u00edan las consecuencias eran nulas; y que \u00ablas reglas procesales solo se aplican con estrictez y severidad cuando se trata del usuario de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali indic\u00f3 que la solicitud de aprobaci\u00f3n de la diligencia de remate ya hab\u00eda sido atendida en auto de 19 de julio de 2021, el que se encontraba pendiente de notificaci\u00f3n; que carec\u00eda de objeto el resguardo por hecho superado; que ello no significaba que deb\u00edan incumplirse los t\u00e9rminos procesales, sino que exist\u00edan particularidades que ocasionalmente imped\u00edan que se concretara con ese cometido en la administraci\u00f3n de justicia, como la extensa pluralidad de procesos judiciales -1545-, el tr\u00e1mite de 82 tutelas en primera instancia y 124 en segunda, adem\u00e1s de incidentes de desacato y consultas; que pese a ello, hab\u00eda estudiado los petitorios dentro de un \u00ablapso no muy superior, sin que llegase a significar por s\u00ed mismo que se postergue adrede su atenci\u00f3n o con el \u00e1nimo de vulnerar los derechos fundamentales invocados\u00bb; y que tom\u00f3 los correctivos necesarios, por lo que deprecaba se denegara el resguardo impetrado. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que si bien exist\u00eda mora por no cumplirse a cabalidad con los t\u00e9rminos, no toda demora implicaba la procedencia del resguardo; que la accionada explic\u00f3 que dicha desatenci\u00f3n obedeci\u00f3 a la congesti\u00f3n judicial y la carga que ten\u00eda ese despacho; que el t\u00e9rmino transcurrido no se advert\u00eda desorbitante; que los falladores pod\u00edan comisionar dichas actuaciones; que no hab\u00eda sido refutado el auto que comision\u00f3 la entrega; y que conforme a la respuesta brindada por la Alcald\u00eda de Cali, seg\u00fan la cual no hab\u00edan recibido comunicaci\u00f3n relacionada con el proceso censurado, exhortaba al Juzgado acusado con miras a que ejecutara los actos secretariales para materializar la comisi\u00f3n realizada y as\u00ed evitar dilaciones en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos de su escrito inicial y aduciendo que el a-quo constitucional tambi\u00e9n le hab\u00eda vulnerado sus derechos, pues no le preocupaba el cumplimiento de la ley; que nadie observaba ni respetaba los t\u00e9rminos procesales; que los jueces, escud\u00e1ndose en el art\u00edculo 37 del C\u00f3digo General del Proceso, se quitaban la responsabilidad de efectuar la entrega de los bienes; que todav\u00eda no se hab\u00eda \u00abhecho entrega del despacho comisorio\u00bb; y que nadie se preguntaba cuando se le iban a entregar los inmuebles. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el accionante no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 19 de julio de 2021, en el que se orden\u00f3 la entrega del inmueble y se comision\u00f3 a la Secretar\u00eda de Seguridad y Justicia de la Alcald\u00eda de Cali para llevar a cabo la misma, desaprovechando el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, particularmente, las atinentes a dicha comisi\u00f3n y la demora en la entrega. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, si bien pudo existir una tardanza en la adopci\u00f3n de las decisiones, lo cierto es con prove\u00eddo de 19 de julio de 2021 se dispuso librar el respectivo despacho comisario para la entrega de los bienes, el que se encuentra en tr\u00e1mite -ya se remitieron los oficios a la Alcald\u00eda de Cali-, sin que sea desproporcionado el lapso transcurrido entre que se libr\u00f3 dicha comisi\u00f3n y la fecha actual. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ago., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ab\u2026las que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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