STC11805-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11805-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00561-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Edwin Roberto G\u00f3mez Garz\u00f3n frente a la sentencia de 13 de abril de 2021, proferida por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n\u00b01 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de amparo que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de esta ciudad, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b02009-00385. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pretende que se conceda la extinci\u00f3n de la pena y su libertad definitiva. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, indic\u00f3 que fue condenado por el delito de homicidio a pena de prisi\u00f3n y al pago de ciento cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; no obstante, se le otorg\u00f3 libertad condicional (6 jul. 2012), bajo un per\u00edodo de prueba de ochenta y un meses y dieciocho d\u00edas, para lo cual suscribi\u00f3 diligencia de compromiso (9 jul. 2012). A\u00f1adi\u00f3 que el 14 de marzo de 2019, el despacho accionado inici\u00f3 el tr\u00e1mite del art\u00edculo 486 de la ley 600 de 2000 y lo requiri\u00f3 con el fin de informar por qu\u00e9 no hab\u00eda cumplido con el pago de la condena pecuniaria a la que se oblig\u00f3; para ello present\u00f3 sus explicaciones, sin que fueran de recibo por parte del juzgado, de modo que el subrogado penal fue revocado (10 jun. 2020), decisi\u00f3n que luego apel\u00f3 y que, finalmente, fue confirmada por el colegiado querellado (15 feb. 2021). <\/p>\n
Su reproche radic\u00f3 en que el per\u00edodo de prueba termin\u00f3 el 27 de abril de 2019 y para esta fecha no estaba en firme la decisi\u00f3n que orden\u00f3 revocar la libertad condicional, por lo que una vez superada aquella data debi\u00f3 declararse la extinci\u00f3n de la pena. Aunado a ello, se\u00f1al\u00f3 que, previo a suscribir el acta de compromiso, demostr\u00f3 su insolvencia econ\u00f3mica, por ende, no ten\u00eda que establecerse dentro de ese documento la obligaci\u00f3n de indemnizar perjuicios, as\u00ed como tampoco se debi\u00f3 retomar el tema de la reparaci\u00f3n patrimonial al iniciarse el tr\u00e1mite de revocaci\u00f3n (14 mar. 2019), pues ya hab\u00eda sido zanjado desde el a\u00f1o 2012, cuando se otorg\u00f3 el beneficio. Agreg\u00f3 que, luego de concedida la prerrogativa, tuvo dificultades para conseguir trabajo debido a sus antecedentes, lo que a su vez, le impidi\u00f3 realizar los pagos. Por \u00faltimo, indic\u00f3 que existe un concepto del equipo psicosocial donde estuvo recluido que se\u00f1al\u00f3 que \u00abno requiere m\u00e1s tratamiento intramural\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad adujo que el censor \u00abdentro del periodo de prueba no acredit\u00f3 el pago de los perjuicios irrogados\u00bb, a pesar que de \u00abla informaci\u00f3n recabada proveniente de las diferentes entidades p\u00fablicas encargadas de administrar bases de datos, se logr\u00f3 establecer que contaba con la capacidad econ\u00f3mica para acreditar, tan si quiera de forma parcial, la carga indemnizatoria\u00bb. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que \u00abel periodo de prueba otorgado a G\u00d3MEZ GARZ\u00d3N, era de 81 meses y 18 d\u00edas, comprendido desde la firma de la diligencia de compromiso, el 9 de julio de 2012, hasta el 27 de abril de 2019, sin embargo, se verific\u00f3 que el 14 de marzo de 2019 el Juzgado 1\u00b0 ejecutor de penas, conforme al art. 486 de la Ley 600 de 2000, dio alcance al tr\u00e1mite de revocatoria del subrogado, ya que en ese interregno s\u00f3lo cancel\u00f3 el equivalente a 1 salario m\u00ednimo legal vigente por concepto de los perjuicios materiales, y no promovi\u00f3 pronunciamiento diferente en torno a la capacidad econ\u00f3mica, esto es, habi\u00e9ndosele dando (sic) la oportunidad para que el sentenciado justificara tal inobservancia\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Treinta y Tres Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de esta ciudad aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Finalmente, la Procuradur\u00eda 181 Judicial II Penal solicit\u00f3 declarar improcedente el ruego porque no se indic\u00f3 ninguna de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. La Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n\u00b01 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, fincada en que \u00ablas decisiones adoptadas (\u2026) se advierten sensatas, razonables, ajustadas a derecho y acordes con la falta de justificaci\u00f3n del sentenciado frente al incumplimiento de sus obligaciones indemnizatorias con las v\u00edctimas durante el periodo de prueba\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El libelista impugn\u00f3 la decisi\u00f3n con razones an\u00e1logas a las manifestadas en el libelo introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como aspecto preliminar es importante anunciar que el examen de la presunta lesi\u00f3n de las prerrogativas incoadas por Edwin Roberto G\u00f3mez Garz\u00f3n recaer\u00e1 de forma exclusiva en el pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, pues la determinaci\u00f3n del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad ya fue sometida al escrutinio de la colegiatura antes aludida, a trav\u00e9s del recurso de alzada, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, reiterada en STC2377-2018, STC8062-2020, entre otras). <\/p>\n
2. Hecha esa salvedad, vale la pena recordar que constituye un principio invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para disentir de los pronunciamientos jurisdiccionales, salvo cuando surja ostensible un proceder arbitrario, grosero o ajeno a la ley atribuible al funcionario encargado de impartir justicia o ante una clara vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de las partes, \u00fanicas circunstancias que habilitan la intromisi\u00f3n del juez constitucional, vedado como tiene la labor de \u00abreexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ STC10282-2019). <\/p>\n
Con esta perspectiva, la revisi\u00f3n del plenario muy pronto permite afirmar que la fustigada determinaci\u00f3n no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. Por el contrario, lo que se avizora es una razonada labor de verificaci\u00f3n de los presupuestos propios del recurso de apelaci\u00f3n que all\u00ed formul\u00f3 el quejoso. Por lo anterior, el ruego debe desestimarse, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Respecto al primer reparo que manifest\u00f3 el interesado, esto es, que como la decisi\u00f3n que orden\u00f3 revocar la libertad condicional (10 jun. 2020) fue emitida con posterioridad a la terminaci\u00f3n del per\u00edodo de prueba (27 abr. 2019), lo correcto era declarar la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal y no revocar el subrogado, bien pronto se constata que fue razonable el fundamento del \u00f3rgano accionado para adoptar dicha determinaci\u00f3n, pues no basta con cumplir el tiempo del per\u00edodo de prueba para poner fin a la pena, sino que es necesario observar las obligaciones adquiridas en la diligencia de compromisos; frente a este prop\u00f3sito el \u00f3rgano colegiado accionado sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no todo paso del tiempo en periodo de prueba, es eficiente para la extinci\u00f3n de la pena, si previamente, se ha iniciado el tr\u00e1mite del incidente de incumplimiento del sentenciado sometido a esa condici\u00f3n para la liberaci\u00f3n definitiva. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese contexto, la Sala encontr\u00f3 que la primera instancia se remiti\u00f3 al art. 66 del C\u00f3digo Penal e inici\u00f3 la revocatoria de su libertad condicional el 14 de marzo de 2019, antes de espirar (sic) el periodo de prueba, lo cual aconteci\u00f3 el 27 de abril de 2019 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n\u00b01 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la providencia impugnada indic\u00f3 que: <\/p>\n
Para lo que aqu\u00ed interesa, en diversas oportunidades esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que es deber del juez constar el cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas en el acta compromisoria y que de advertir su desconocimiento o incumplimiento injustificado lo procedente no ser\u00eda la extinci\u00f3n de la pena si no la revocatoria del subrogado: \u00abuna vez finalizado el per\u00edodo de prueba y constatado el incumplimiento de los compromisos adquiridos, resulta procedente la revocatoria de los subrogados penales, sin que sea necesario que tal verificaci\u00f3n deba ser surtida durante el lapso, siempre y cuando la pena no haya prescrito (\u2026). <\/p>\n
En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-289\/2015, quien adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que para declarar la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n no bastaba cumplir algunas de las obligaciones contra\u00eddas, sino que debe verificarse el acatamiento de todas las condiciones fijadas en el acta compromisoria, lo cual incluye indudablemente el pago de los perjuicios causados a las v\u00edctimas con el delito\u00bb. <\/p>\n
Acerca del segundo reproche, adujo el censor que, previo a suscribir el compromiso, demostr\u00f3 su insolvencia econ\u00f3mica, de modo que no ten\u00eda que establecerse dentro de ese documento la obligaci\u00f3n de indemnizar perjuicios, as\u00ed como tampoco se debi\u00f3 retomar el tema de la reparaci\u00f3n patrimonial al iniciarse el tr\u00e1mite de revocaci\u00f3n (14 mar. 2019), pues ya hab\u00eda sido superado desde el a\u00f1o 2012, cuando se otorg\u00f3 el beneficio. <\/p>\n
Al respecto, no lucen irracionales los argumentos ni el razonamiento probatorio realizado por el Tribunal frente a ese t\u00f3pico, porque el acta de la diligencia de compromisos, en la cual el sentenciado se oblig\u00f3 a pagar integralmente los perjuicios materiales y morales causados con ocasi\u00f3n del delito, fue suscrita voluntariamente por \u00e9l. Adem\u00e1s, se le garantiz\u00f3 el derecho a presentar las explicaciones pertinentes dentro del tr\u00e1mite del art\u00edculo 486 de la ley 600 de 2000. Finalmente, tambi\u00e9n qued\u00f3 demostrado que el accionante no estuvo en imposibilidad econ\u00f3mica de reparar a las v\u00edctimas, durante el periodo de prueba. <\/p>\n
En efecto, el tribunal al respecto se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
El subrogado en estudio del art. 68 del C.Penal, permite al condenado recobrar su libertad mediante un compromiso, el que debe honrar durante un periodo de prueba que es el estimado en lo que resta para el cumplimiento efectivo de la pena intramural, en el cual se compromete a observar una serie de obligaciones, entre las que se destaca, por ser el eje central de la inconformidad, la de solventar el valor de los perjuicios civiles producidos con la comisi\u00f3n de su conducta delictiva, la que para este caso asumi\u00f3 y suscribi\u00f3 G\u00d3MEZ GARZ\u00d3N el 9 de julio de 2012, sin que su existencia y asunci\u00f3n albergara alg\u00fan motivo de discusi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
EDWIN ROBERTO G\u00d3MEZ GARZ\u00d3N cont\u00f3 dentro del periodo de prueba con capacidad econ\u00f3mica para reparar el da\u00f1o infringido con su actuar delictivo, los que no fueron censurados por aquel, aceptando que trabaj\u00f3 como publicista, que compr\u00f3 dos automotores y asumi\u00f3 deudas crediticias, pero de forma arbitraria decidi\u00f3 evadirla a la espera que el tiempo pasara, (\u2026) y hacerse acreedor de la extinci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
Ciertamente, ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n justific\u00f3 la pasividad con que encar\u00f3 esa obligaci\u00f3n, pues no realiz\u00f3 ning\u00fan acto positivo restauratorio o de acercamiento a las v\u00edctimas para morigerar el perjuicio causado mientras se solazaba en el periodo de prueba, y como a id\u00e9ntica conclusi\u00f3n se arrib\u00f3 en la providencia confutada, la misma se confirmar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el censor aleg\u00f3 que existe un concepto del equipo psicosocial donde estuvo recluido en el que se conceptu\u00f3 c\u00f3mo \u00abno requiere m\u00e1s tratamiento intramural\u00bb, por lo que no deber\u00eda revocarse su libertad condicional; sin embargo, el libelista conoc\u00eda que el subrogado penal estaba supeditado al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias que voluntariamente asumi\u00f3 al suscribir el acta de la diligencia de compromisos, las cuales no fueron satisfechas. Adem\u00e1s, el accionante tampoco puso en conocimiento del juzgado de ejecuci\u00f3n de penas la imposibilidad de cumplir lo acortado, ni demostr\u00f3 su incapacidad econ\u00f3mica, lo que llev\u00f3 a la supresi\u00f3n de su beneficio, decisi\u00f3n que no luce irracional. <\/p>\n
En consecuencia, la providencia adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre el recurrente y la corporaci\u00f3n convocada que no acogi\u00f3 su pedimento, luego debe admitirse que al margen de que el precursor no comparta las reflexiones y conclusiones, el prove\u00eddo no puede tildarse de sesgado o caprichoso, fruto como es de una hermen\u00e9utica plausible y de un admisible an\u00e1lisis probatorio, que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC10201-2021). <\/p>\n
En definitiva, se impone la refrendaci\u00f3n del prove\u00eddo opugnado, porque la decisi\u00f3n del Tribunal no se percibe antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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