STC11845-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11845-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01527-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen Arias P\u00e1ez, Dyana Carolina y Sandra Milena Soler Arias, en nombre propio y de sus menores hijos, contra Naci\u00f3n-Consejo Superior de la Judicatura- Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esta ciudad -los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, Veintinueve de Familia, S\u00e9ptimo de Familia y las Fiscal\u00edas Novena Especializada y Sesenta y Nueve Seccional, todos de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de los procesos criticados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del amparo, mediante apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, vida digna, igualdad y vivienda digna, que dicen vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan se \u00abreconozca a la se\u00f1ora Mar\u00eda del Carmen Arias P\u00e1ez\u2026 el 50% de la sociedad conyugal, que le corresponde por ley, como c\u00f3nyuge del se\u00f1or Jos\u00e9 Alfredo Soler Soler\u00bb; se disponga \u00absuspender el proceso ejecutivo\u2026 hasta que se finalice el proceso de sucesi\u00f3n que se adelanta en el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia\u2026\u00bb; y subsidiariamente, se le ordene al estrado de ejecuci\u00f3n acusado \u00abresponder las actuaciones a partir del 07 de abril de 2021, puesto que desde dicha fecha desconoce el derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indicaron las gestoras que Jos\u00e9 Alfredo Soler Soler contrajo matrimonio con Mar\u00eda del Carmen Arias P\u00e1ez, con quien tuvo dos hijas Dyana Carolina y Sandra Milena Soler Arias; y que los c\u00f3nyuges adquirieron un lote en el que construyeron una casa de cuatro pisos, con recursos de la sociedad conyugal y en donde habita toda la familia, incluidos sus menores hijos. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1alaron que Jos\u00e9 Alfredo Soler Soler y Jorge Antonio Garc\u00eda Rubiano suscribieron un acta de conciliaci\u00f3n, en la que se acord\u00f3 la firma de un t\u00edtulo valor por $134.700.000, en virtud de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales; y que Garc\u00eda Rubiano instaur\u00f3 juicio ejecutivo contra Soler Soler, en donde afirm\u00f3 que la letra de cambio se origin\u00f3 por un contrato, pero no anex\u00f3 el mismo. <\/p>\n
2.3. Sostuvieron que el proceso fue asignado al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1; que el acreedor y su apoderado le exig\u00edan al ejecutado el pago de la deuda y abonos con mensajes y llamadas; que este \u00faltimo no ten\u00eda apoderado, por lo que no contest\u00f3 el libelo; y que el 12 de junio de 2020 Soler Soler se suicid\u00f3 ante el embargo de su vivienda y las continuas amenazas de Jorge Antonio Garc\u00eda Rubiano y su abogado Ra\u00fal Epaminondas Dejoy. <\/p>\n
2.4. Aseveraron que se interpuso denuncia ante la Fiscal\u00eda 9\u00ba Especializado por el delito de extorsi\u00f3n en virtud de las conductas desplegadas por el ejecutante y su defensor, as\u00ed como ante la Fiscal\u00eda 32 Seccional de esta ciudad por fraude procesal en el juicio ejecutivo, investigaciones que se encuentran en etapa de indagaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Anotaron que se adelant\u00f3 proceso de cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia ante el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, en donde con enga\u00f1os se accedi\u00f3 a las pretensiones, adem\u00e1s de presentarse distintas inconsistencias en el tr\u00e1mite; y que en octubre de 2020 iniciaron la sucesi\u00f3n ante el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.6. Manifestaron que el 7 de abril de 2021 su apoderado pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo, previa sustituci\u00f3n del poder conferido, pero no se accedi\u00f3 a lo pedido por no ser parte; que el 16 de junio siguiente se deprec\u00f3 nuevamente la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite, copia del aval\u00fao y se present\u00f3 la referida sustituci\u00f3n, petici\u00f3n reiterada el 6 de julio de los corrientes; y que el 12 de julio de 2021 solicitaron se declarara la nulidad de la actuaci\u00f3n y el 15 del mismo mes insistieron en sus pedimentos. <\/p>\n
2.7. Afirmaron que el 50% del inmueble era de Mar\u00eda del Carmen Arias P\u00e1ez como c\u00f3nyuge del ejecutado; y que el estrado de ejecuci\u00f3n criticado program\u00f3 fecha de remate del bien para el 2 de agosto de 2021, pese a que no hab\u00eda garantizado los derechos que le asisten a las herederas, ni resuelto las solicitudes impetradas. <\/p>\n
2.8. Agregaron que a la fecha, entre otras cosas, no se hab\u00eda reconocido la sustituci\u00f3n de poder, no se les daba traslado del aval\u00fao y no se suspend\u00eda el proceso hasta que se resolviera de fondo la denuncia penal; que ante el estrado de ejecuci\u00f3n pusieron en conocimiento la existencia de la sucesi\u00f3n, de las denuncias penales y las inconsistencias de la cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia; que han vivido en el inmueble desde 1998; y que la c\u00f3nyuge del ejecutado se acerca a la tercera edad, se encuentra enferma y no trabaja. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que corri\u00f3 traslado de la nulidad presentada, encontr\u00e1ndose el expediente en turno de ingreso al despacho, junto con los dem\u00e1s pedimentos; que las discrepancias con las determinaciones emitidas no constitu\u00edan violaci\u00f3n a los derechos fundamentales; que la tutela no era alternativa o sustitutiva del tr\u00e1mite ordinario; y que no hab\u00eda quebrantado derecho fundamental alguno. Remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
2. Ra\u00fal Epaminondas Dejoy, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Jorge Antonio Garc\u00eda Rubiano, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicho vinculado. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que se aten\u00eda al tr\u00e1mite adelantado en el proceso ejecutivo atacado; y que desde el 22 de julio de 2019 remiti\u00f3 el expediente a los estrados de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que las ahora accionantes presentaron demanda de sucesi\u00f3n del causante Jos\u00e9 Alfredo Soler Soler, la que fue inadmitida el 8 de octubre de 2020 y el 20 siguiente fue rechazada por no haber sido subsanados los defectos anotados, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza al no ser impugnada; y que por tal raz\u00f3n no era viable reconocer a Mar\u00eda del Carmen Arias P\u00e1ez como c\u00f3nyuge sobreviviente, ni a sus hijas como herederas del causante. <\/p>\n
5. El Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que vincul\u00f3 a las promotoras al proceso, sin que se hicieran presentes o elevaran alguna petici\u00f3n, por lo que no era procedente que se pretendieran revivir t\u00e9rminos mediante esta acci\u00f3n excepcional; y que no transgredi\u00f3 ninguna prerrogativa esencial. <\/p>\n
6. La Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esta ciudad solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ten\u00eda injerencia en los tr\u00e1mites y actuaciones judiciales. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el juzgador reconoci\u00f3 la solicitud de nulidad y los dem\u00e1s pedimentos presentados por las accionantes, sin embargo, recalc\u00f3 que corrido el traslado se encontraban pendientes de ingresar al despacho para resolver, sin que tal conducta pueda catalogarse como violatoria de los derechos; que en cuanto a los reparos sobre el levantamiento del patrimonio de familia no demostraron haber puesto en conocimiento sus quejas ante el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, m\u00e1xime cuando las gestoras fueron debidamente vinculadas a ese tr\u00e1mite, pero desde\u00f1aron su participaci\u00f3n, no contestaron la demanda, no asistieron a las audiencias programadas y no cuestionaron la sentencia emitida. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 respecto de la pretensi\u00f3n de suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hasta que finalizara el tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n, que era una cuesti\u00f3n que no se pod\u00eda definir en esta acci\u00f3n excepcional, pues tal petici\u00f3n fue planteada ante el juez de la ejecuci\u00f3n y se encontraba en tr\u00e1mite; que el escrito de tutela abarc\u00f3 diversidad de situaciones, al parecer para que sirvieran de contexto a lo deprecado, entre estas, las investigaciones adelantadas ante la Fiscal\u00eda, sin que se lograra determinar de los hechos narrados acci\u00f3n u omisi\u00f3n de aquel ente acusador; que no era viable resolver de plano y acceder a las peticiones ahora formuladas, pues este instrumento no era un mecanismo paralelo ni adicional para definir las contiendas judiciales; y que no se encontraba demostrado ni alegado un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las accionantes impugnaron la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el remate del bien era inminente; que ellas no ten\u00edan conocimiento del proceso, por lo que no acudieron a un abogado; que no buscan que se dirimiera el conflicto del juicio ejecutivo sino el acceso a la administraci\u00f3n de justicia; que no exist\u00eda congruencia en los documentos que ten\u00edan del tr\u00e1mite de cancelaci\u00f3n de patrimonio familiar; que si bien conoc\u00edan que sus denuncias ten\u00edan unos t\u00e9rminos y rigurosidades, no contaban con otro mecanismo de defensa; que no empleaban la tutela como un recurso paralelo, pues la misma era necesaria y oportuna; y que pese a que el remate fue suspendido, pod\u00eda ser reanudado en cualquier momento, con lo que se vislumbraba la vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida en que se encuentran en tr\u00e1mite las solicitudes impetradas por las gestoras de nulidad, suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo y dem\u00e1s pedimentos, las que ya ingresaron al despacho para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, se observa que como la actuaci\u00f3n referida est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, se advierte que las promotoras desaprovecharon los mecanismos ordinarios de defensa judicial que ten\u00edan a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantean, pues no expusieron sus reclamos dentro del proceso de cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
4. Finalmente, se le recuerda a las gestoras que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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