STC11853-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11853-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2020-00719-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Camilo Escobar Quijano frente a la sentencia del 13 de abril de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron a la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, extensiva a los intervinientes en proceso disciplinario con radicado n\u00b0 05001-11-02-000-2016-00165-00. <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n disciplinaria que le fue impuesta (4 mar 2020). <\/p>\n
En sustento, adujo que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia lo sancion\u00f3 con 4 meses de inhabilidad para el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado tras encontrarlo responsable de transgredir el deber consagrado en el art\u00edculo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Relat\u00f3 haber impugnado la determinaci\u00f3n y que la sentencia confirmatoria de segunda instancia result\u00f3 transgresora de sus derechos ius fundamentales porque, a su juicio, carece de una \u00abadecuada valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, adem\u00e1s de haber sido suscrita por magistrados que, a su parecer, ya hab\u00edan terminado su periodo de ejercicio, por lo que considera se configur\u00f3 un defecto org\u00e1nico que afecta sus prerrogativas. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial hizo un relato sobre su naturaleza jur\u00eddica y pidi\u00f3 la imporcedencia del resguardo como quiera que el gestor \u00abno demuestra en su escrito los defectos que en su criterio presenta la providencia del 4 de marzo de 2020, proferida por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo por falta de subsidiariedad porque el gestor no acudi\u00f3 ante el juez del asunto a pedir la nulidad por el defecto org\u00e1nico por falta de competencia que invoca. <\/p>\n
4. El recurrente critic\u00f3 que se le impusiera la carga de solicitar una nulidad que no se encuentra consagrada en la lesgislaci\u00f3n aplicable al caso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado porque se extra\u00f1a que el actor hubiese ventilado su alegado defecxto org\u00e1nico, primigeniamente, ante el juez natural de la causa, situaci\u00f3n que devela su incuria en el uso de los mecanismos que la ley le otorga para controvertir tales situaciones y el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario de este amparo supralegal. De otra parte, la decisi\u00f3n criticada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable, esto es, conforme con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa que fue conocida por el Tribunal convocado. De modo tal que no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. En efecto, la primera queja del promotor se circunscribe a que la sentencia de segunda instancia que confirm\u00f3 su sanci\u00f3n para ejercer la profesi\u00f3n de abogado, hubiese sido suscrita por dos magistrados que, a su juicio, no ostentaban competencia en su causa por haber fenecido su periodo constitucional de labor\u00edo, de lo cual alega la ocuerrencia de un defecto org\u00e1nico que lesiona sus prerrogativas; Sin embargo, revisado el expediente y las mismas manifestaciones del tutelante se observa que el precursor no ha acudido de forma preferente ante el juez natural del asunto, esto es, ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, a exponer los disentimientos que elev\u00f3 de manera directa por este excepcional tr\u00e1mite ius fundamental, de lo que se impone la improcedencia del resguardo por falta de subsidiariedad. <\/p>\n
Ahora, m\u00e1s all\u00e1 del mecanismo ordinario o extraordinario con el que el gestor pudiese contar para la exposici\u00f3n de sus reproches ante la Corporaci\u00f3n que conoci\u00f3 su asunto o la que en la actualidad haga sus veces, lo cierto es que, como se dijo, se extra\u00f1a prueba de que al menos haya intentado acudir ante su fallador natural a obtener pronunciamiento directo por la censura org\u00e1nica que alega, de lo que se colige con facilidad la desidia del libelista y su ostensible desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. No en vano, sobre la conducta que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
Con todo, a pesar de las manifestaciones gen\u00e9ricas de apremio y perjuicio insalvable que acot\u00f3 el impulsor, se echa de menos la acreditaci\u00f3n de su existencia, situaci\u00f3n suficiente para frustrar la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de forma transitoria pues \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota (\u2026) gravedad y urgencia (\u2026)\u00bb (STC11816-2018, reiterada STC12017-2020). <\/p>\n
3. De otro lado, la segunda censura contra la autoridad accionada se reduce a la forma en que valor\u00f3 las pruebas practicadas en el incidente sancionatorio pues, al parecer del censor, se hallaban los presupuestos necesarios para abstenerse de imponer la sanci\u00f3n mencionada. Contorno a partir del cual queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n del accionante apunta a discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que no se refleja arbitrariedad, como se pasa a exponer. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal resolvi\u00f3 de la manera que se le critica tras cavilar que: <\/p>\n
Del plenario se observa el contrato de prestaci\u00f3n de servicios adiado 9 de marzo de 2015 celebrado entre Jhon Villa Hern\u00e1ndez a nombre propio y de la sociedad Inversiones y Representaciones Casablanca S.A.S y el doctor CAMILO ESCOBAR QUIJANO para que asuma la representaci\u00f3n en 4 procesos en que el primero funge como demandado, entre ellos el radicado 2014-00182-00 adelantado por Distracom S.A, tramitado ante el Juzgado Civil Municipal de El Bagre- Antioquia, en el que en efecto, se especifica que los clientes asumen la obligaci\u00f3n de \u00ab(. ..) revisar en una forma permanente el desenvolvimiento de los mismos, con todas sus novedades, y estarlo haciendo diariamente, sea directamente o a trav\u00e9s de sus subalternos (…)\u00bb <\/p>\n
Al respecto, n\u00f3tese que si bien existi\u00f3 pacto contractual para que fuera el cliente quien efectuara la revisi\u00f3n del estado del proceso, lo cierto es que no puede el abogado desentenderse de una de las obligaciones inherentes a su desempe\u00f1o profesional, a lo sumo, no sin guardar la debida vigilancia y control sobre dicha funci\u00f3n, m\u00e1xime que del debido enteramiento de las decisiones y actuaciones al interior del discurrir procesal, depende la correcta gesti\u00f3n del encargo por parte de los profesionales del derecho, como lo es, la interposici\u00f3n oportuna de los recursos contra las decisiones desfavorables. <\/p>\n
En tales t\u00e9rminos, no es de recibo para esta Colegiatura que el doctor ESCOBAR QUIJANO se pretenda escudar de su responsabilidad en un supuesto \u00abnuevo contrato de mandato\u00bb conforme los postulados del C\u00f3digo Civil y de la Jurisprudencia sobre el asunto, originado por el hecho de incluir en el clausulado que el mismo cliente se encargar\u00eda de la revisi\u00f3n de las actuaciones y notificaciones del proceso, pues debe recordar que no por dicha estipulaci\u00f3n contractual, pod\u00eda desligarse de las previsiones y deberes postulados por la Ley 1123 de 2007, m\u00e1xime que en el mismo contrato, el disciplinado advirti\u00f3 la aplicabilidad de dicho C\u00f3digo Deontol\u00f3gico. <\/p>\n
Despu\u00e9s, explic\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente del pacto contractual efectuado y al margen de la discusi\u00f3n sobre la legalidad o ilegalidad del mismo, asunto que no es del resorte de esta jurisdicci\u00f3n determinar, es claro y evidente que aun cuando se apliquen las disposiciones normativas relativas al contrato de mandato contenidas en el C\u00f3digo Civil a todos aquellos compromisos profesionales a la luz de la autonom\u00eda de la voluntad, lo cierto es que, ello no puede efectuarse al margen de lo contenido en el Estatuto Deontol\u00f3gico del Abogado, pues los deberes se contin\u00faan predicando sobre las actuaciones de los profesionales del derecho, por ende, en el caso concreto, el deber de vigilar y controlar con celosa diligencia el tr\u00e1mite y las actuaciones del proceso ejecutivo radicado No. 2014-00182-00 que fuere encomendado, recay\u00f3 \u00fanica y exclusivamente en el doctor RAFAEL CAMILO ESCOBAR QUIJANO. <\/p>\n
Significa lo anterior, que, en raz\u00f3n de la calidad de profesional del derecho que ostenta el doctor RAFAEL CAMILO ESCOBAR QUIJANO se impone un deber de cuidado, atenci\u00f3n y diligencia de los asuntos que le son encomendados, cuyo incumplimiento o vulneraci\u00f3n ubican al disciplinado en la infracci\u00f3n de las normas disciplinarias. Como el pacto contractual como el que aqu\u00ed concita la atenci\u00f3n a la Sala conllev\u00f3 al reprochable resultado, en el sentido que el profesional del derecho NO se dio por enterado oportunamente de las notificaciones, actuaciones y decisiones, el efecto producido, de no interponer el recurso de apelaci\u00f3n de forma oportuna, s\u00f3lo puede imputarse a quien asumi\u00f3 el compromiso profesional. <\/p>\n
En este sentido, no puede el profesional del derecho eximirse de responsabilidad en esta oportunidad, pues fue \u00e9ste quien voluntariamente se deslig\u00f3 de tan importante funci\u00f3n para estar vigilante del proceso, otorgando funciones de dependiente a su propio cliente, esto es, para que una persona iletrada en derecho, como lo es el se\u00f1or Jhon Villa Hern\u00e1ndez -de profesi\u00f3n administrador fuera quien permanentemente estuviera al tanto del asunto, condujo a que en el proceso ejecutivo de marras, pasara desapercibido el edicto fijado en el Despacho, obrante a folio 146 del cuaderno principal de primera instancia y as\u00ed se perdi\u00f3 la oportunidad para interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n adversa a los intereses del cliente, adiada 6 de julio de 2015. <\/p>\n
Seguido de lo cual agreg\u00f3: <\/p>\n
Ahora, si bien es claro que no es imperativo para los profesionales del derecho acudir al recurso de alzada contra las decisiones desfavorables a los intereses de sus clientes, se tiene que el s\u00f3lo hecho de haber interpuesto la acci\u00f3n de tutela radicado No. 2015-00183-00 para solicitar la debida notificaci\u00f3n del fallo adiado 6 de julio de 2015 y poder revivir dicha oportunidad procesal, deja entrever que en el caso concreto de Distracom S.A.S contra Inversiones y Representaciones Casablanca S.A.S y Jhon Villa Hern\u00e1ndez bajo el radicado No. 2014-00182-00, la posibilidad de acudir a la segunda instancia era no s\u00f3lo viable, sino necesaria y oportuna, en el sentido que se podr\u00eda haber revisado la legalidad de la decisi\u00f3n tomada en primera instancia por parte del Juez Promiscuo del Circuito de El Bagre-Antioquia. <\/p>\n
De igual forma frente al otro reparo del censor contra el veredicto de primer grado, se\u00f1al\u00f3 la autoridad convocada que: <\/p>\n
De otro lado, frente al segundo de los argumentos recurrentes, se tiene que el abogado investigado y su defensor de confianza deprecan que el juez conocedor del asunto fue condenado por corrupci\u00f3n, asunto que permit\u00eda inferir una situaci\u00f3n an\u00f3mala en la forma de notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primera instancia al interior del tr\u00e1mite ejecutivo, generando una duda razonable en favor del investigado. <\/p>\n
Al respecto, considera esta Superioridad que no obra en el plenario prueba alguna que permita inferir con certeza que los hechos irregulares que conllevaron a condenar al Juez Freddy Edgardo G\u00f3mez Padilla, guarden correlaci\u00f3n con el proceso ejecutivo adelantado ante dicho despacho Judicial, esto es en el radicado No. 2014-00182-00, m\u00e1xime que del testimonio rendido por el Personero de El Bagre, s\u00f3lo se ponen de presente las denuncias recibidas por el se\u00f1or Jhon Enrique Villa Hern\u00e1ndez, por el contrario, s\u00ed se halla probado que se profiri\u00f3 decisi\u00f3n por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre-Antioquia el 6 de julio de 201525 y obra el edicto fijado desde el 10 al 14 de julio de 201526, as\u00ed como la constancia de ejecutoria suscrita por el Secretario Encargado del Despacho, informando que \u00abalcanz\u00f3 ejecutoria en julio 17 de 201527, sin que se hubiere apelado la decisi\u00f3n de primera instancia proferida por el Juez Promiscuo del Circuito de El Bagre-Antioquia. <\/p>\n
Todo lo anterior, lo llev\u00f3 a concluir que: <\/p>\n
(\u2026) las actuaciones por las cuales se endilga la falta del art\u00edculo 37 numeral 1\u00b0 de la Ley 1123 de 2007, fueron evidentes en el plenario y fue clara la omisi\u00f3n del disciplinado para guardar la vigilancia del proceso encomendado pues no se percat\u00f3 del edicto fijado en la Secretar\u00eda del Despacho notificando la decisi\u00f3n adversa a los intereses de su prohijado, lo que le habr\u00eda permitido apelar la decisi\u00f3n en segunda instancia, es decir resulta evidente la transgresi\u00f3n al deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo que a todas luces demuestra la comisi\u00f3n de la falta a t\u00edtulo culposo en la medida en que constituye la trasgresi\u00f3n a un deber espec\u00edfico deber de cuidado: el de actuar con celosa diligencia, que involucra justamente uno de los factores generadores de culpa: la negligencia, y que sin lugar a dudas, es censurable en el presente asunto. <\/p>\n
Establecido lo anterior, emerge ostensible que las decisiones fustigadas se encuentran soportadas en la interpretaci\u00f3n razonable que la encartada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a los hechos y pruebas que le adosaron y sobre la cual efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico, lo que la llev\u00f3 a concluir que para el caso concreto se hallaba acreditada el incumplimiento a los deberes profesionales del accionante, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada. <\/p>\n
Queda claro pues, que el anhelo del censor se reduce a exponer su inconformidad con la sentencia atacada e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera se debi\u00f3 dirimir el asunto, sin que ello, por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce c\u00f3mo este mecanismo no tiene la finalidad de contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas ostenta mayor asidero, pues como bien lo ha dicho esta Sala <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
En definitiva, al haberse acreditado que ante el juez natural no se expusieron primeramente las inconformidades del censor, y dado que la decisi\u00f3n criticada no se percibe caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, no queda alternativa diferente a la de esestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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