STC11857-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11857-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00270-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Cesar Augusto Pineda Mendoza, Jairo L\u00f3pez Morales y Felipe L\u00f3pez Ospina frente a la sentencia del 26 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron al Juzgado Civil del Circuito de Funza, extensiva a los intervinientes en la restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado n\u00b0 2017-00264. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores pidieron que se deje sin efectos el auto que deneg\u00f3 la solicitud de p\u00e9rdida de competencia (5 mar. 2021). Subsidiariamente, aspiraron a que se ordene al despacho convocado \u00abdictar la sentencia\u00bb del pleito objeto de observaci\u00f3n. <\/p>\n
En sustento, adujeron que ante el querellado se adelanta la disputa referida donde figura como demandante la sociedad comercial Industrias Ancor Ltda. (con matr\u00edcula mercantil cancelada), de la cual ostentan la calidad de socio mayoritario (Cesar Augusto Pineda Mendoza) y acreedores (Jairo L\u00f3pez Morales y Felipe L\u00f3pez Ospina). Relataron que mediante prove\u00eddo del 5 de marzo hoga\u00f1o el juzgado deneg\u00f3 la petici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia, de lo que deducen la lesi\u00f3n de sus prerrogativas y las de la compa\u00f1\u00eda en menci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que las empresas demandadas en restituci\u00f3n no han sufragado los c\u00e1nones demandados por lo que, a su juicio, el despacho no debe o\u00edrlas y proceder a dictar sentencia. Expusieron que han elevado tal reclamo en repetidas ocasiones, sin \u00e9xito. <\/p>\n
Predicaron que los \u00abs\u00edndicos\u00bb designados en el proceso de \u00abquiebra\u00bb (rad. 1980-02064-01) para ejercer la administraci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda demandante han incurrido, junto con los arrendatarios de los respectivos inmuebles, en conductas tipificadas por la legislaci\u00f3n penal, por lo que requieren pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
2. El Juzgado encartado remiti\u00f3 copia del expediente criticado. V\u00edctor Manuel L\u00f3pez P\u00e1ramo, quien manifiesta actuar en calidad de apoderado general de la sociedad demandante, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n de los accionantes, por lo que pidi\u00f3 la improcedencia del amparo. <\/p>\n
Nancy Escamilla Bocanegra, quien indic\u00f3 haber sido \u00abs\u00edndica\u00bb de la sociedad en \u00abquiebra\u00bb tambi\u00e9n pidi\u00f3 la frustraci\u00f3n del resguardo tras argumentar que \u00abla masa de la quiebra tiene nombrado un Sindico, quien es el que est\u00e1 legitimado para instaurar esta clase de acci\u00f3n\u00bb. Finalmente, pidi\u00f3 iniciar \u00ablas investigaciones necesarias tendientes a esclarecer esta situaci\u00f3n y a iniciar las acciones legales correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y ante el consejo superior de la judicatura por el proceder poco \u00e9tico y mala intencionado del abogado tuteante\u00bb. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo por falta de subsidiariedad porque los gestores no recurrieron el auto que neg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia (5 mar. 2021). <\/p>\n
4. Los recurrentes criticaron que el Tribunal no se hubiese pronunciado sobre la pretensi\u00f3n subsidiaria ni del memorial que en el curso del resguardo impetr\u00f3 a fin de denunciar el auto que decret\u00f3 pruebas de oficio en la contienda rese\u00f1ada (notificado el 23 jul. 2021). Tambi\u00e9n reiter\u00f3 sus argumentos en torno a las alegadas conductas delictivas de los administradores de la sociedad y los arrendatarios de los fundos en litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiado el libelo introductor y las circunstancias que rodean el caso concreto, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo objetado, aunque por razones distintas a las predicadas por el a quo porque, en efecto, los accionantes carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa dentro del presente asunto. <\/p>\n
A pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 consagr\u00f3: <\/p>\n
LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. (Resaltado propio) <\/p>\n
Tal es la trascendencia del asunto que esta Corte ha sentado sobre el particular que: <\/p>\n
(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [canon] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, reiterada en STC2657-2021 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisado el escrito de tutela se observa que Cesar Augusto Pineda Mendoza, Jairo L\u00f3pez Morales y Felipe L\u00f3pez Ospina manifestaron obrar en este sumario en calidad de \u00absocio mayoritario\u00bb y \u00abacreedores\u00bb de la sociedad demandante, a fin de censurar las actuaciones jurisdiccionales que dentro del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado n\u00b0 2017-00264 se han adelantado; sin embargo, se otea la improcedencia del resguardo porque los accionantes no ostentan la titularidad de las prerrogativas fundamentales que invocan. <\/p>\n
Revisado el expediente fustigado se observa que las \u00fanicas partes reconocidas dentro del pleito son Industrias Ancor Ltda., en calidad de demandante, y las sociedades Outsourcing Castro Moscoso S.A. y Logincol S.A.S, como demandadas. Ello se extrae, entre otros, del auto admisorio del juicio cuyo tenor literal contempl\u00f3 que \u00abReunidos los requisitos de los articulos 82, 84, 384 y 385 del C.G.P., se admite la demanda verbal de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado promovida por la masa de la quiebra de Industrias Ancon Ltda (antes Andina de Construcciones Ancon Ltda) contra Outsourcing Castro Moscoso S.A.S. y Logincol S.A.S.\u00bb, informaci\u00f3n reiterada a lo largo del paginario tanto en los memoriales de las partes como en las providencias emitidas. <\/p>\n
De otro lado, en lo que respecta a Pineda Mendoza, no se halla en el dossier memorial alguno que permita colegir su comparecencia al pleito como parte y mucho menos como interviniente, situaci\u00f3n distinta a la de los otros dos accionantes quienes en memorial del 5 de marzo de 2018 solicitaron ser reconocidos \u00abcomo interesados\u00bb en la contienda restitutoria. <\/p>\n
Ciertamente, del expediente aflora que luego de que L\u00f3pez Morales y L\u00f3pez Ospina pidieran su intervenci\u00f3n en el declarativo, fueron requeridos por la agencia encartada para que informaran \u00abbajo que figura procesal contenida en el C\u00f3digo General del Proceso solicita[ban] su intervenci\u00f3n en el presente asunto, pues no se advierte que concurran ninguno de los presupuestos de los art. 58 y s.s. del C.G.P.\u00bb (17 abr. 2018), llamamiento que s\u00f3lo fue atendido por L\u00f3pez Morales qui\u00e9n manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de actuar como coadyuvante aunque no manifest\u00f3 de qu\u00e9 parte, motivo por el que el juzgado solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n respectiva (29 jun. 2018), la cual, seg\u00fan el paginario, no acaeci\u00f3. <\/p>\n
F\u00edjese entonces que ninguno de los promotores fue reconocido en el pleito como parte o interviniente con ocasi\u00f3n de su propia desidia frente a los requerimientos que en su momento profiri\u00f3 el juzgado querellado, de lo que se colige con facilidad, no solamente su incuria, sino su falta de legitimaci\u00f3n para incoar este resguardo. <\/p>\n
Ahora, asunto particular acontece con Jairo L\u00f3pez Morales qui\u00e9n a pesar de no haber sido reconocido como parte o coadyuvante dentro del litigio, fue admitido como representante judicial de la sociedad arrendadora, seg\u00fan emerge del auto del 29 de junio de 2018; sin embargo, ello tampoco lo faculta para intentar este auxilio como quiera que los derechos que eventualmente puedan resultar lesionados con ocasi\u00f3n al pleito que se somete a observaci\u00f3n, pertenecen a quienes all\u00ed detentan la calidad de partes o intervinientes y no a sus mandatarios judiciales, quienes de ninguna manera act\u00faan ante la jurisdicci\u00f3n en defensa de atributos propios, sino en ejercicio de la postulaci\u00f3n que les asiste. De all\u00ed que, para el caso concreto, no se evidencie circunstancia alguna que permita colegir la lesi\u00f3n a los derechos del impulsor. <\/p>\n
En ese orden, si lo que pretend\u00eda el apoderado en cita era actuar en esta senda como representante de quien funge como su prohijado en el pleito acusado, bien pudo hacerlo, pero con el lleno de los requisitos que para ese evento dispuso el legislador, en concreto, aportando el poder especial que para esta salvaguarda le fuere otorgado. <\/p>\n
Ahora, que no se diga que el eventual suceso de figurar como apoderado especial dentro de la causa censurada, por s\u00ed, lo facultaba para la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, pues como bien se ha expresado en otras ocasiones \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01) <\/p>\n
Finalmente, del escrito de tutela no se contempla o infiere circunstancia particular que tenga la virtud de impedir que la sociedad afectada, a trav\u00e9s de su representante legal, acuda de manera directa a este mecanismo supra legal, suceso que eventualmente har\u00eda posible la participaci\u00f3n del censor bajo el manto de la agencia oficiosa, figura sobre la cual se tiene dicho: <\/p>\n
(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala. (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada en STC16407-2015 y STC2657-2021). Resaltado de ahora. <\/p>\n
En definitiva, teniendo en cuenta que no se acredit\u00f3 la lesi\u00f3n de los derechos de los promotores por su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, ni se aport\u00f3 el poder especial que le fuese conferido al apoderado en el pleito para intentar esta salvaguarda, no queda opci\u00f3n diferente a la de confirmar la improcedencia del resguardo, pero conforme a las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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