STC11895-2021<\/p>\n
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GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez ponente <\/p>\n
STC11895-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11-001-02-30-000-2021-00795-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte en Sala de Conjueces la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad SERVICIO DE INGENIER\u00cdA T\u00c9CNICA ESPECIALIZADA -SITE SAS- contra la SALA DE DECISI\u00d3N CIVIL \u2013 FAMILIA \u2013 LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE RIOHACHA, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el municipio de VILLANUEVA (La Guajira), y los Juzgados Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira) y el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira). <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad Servicio de Ingenier\u00eda T\u00e9cnica Especializada SAS (en adelante SITE SAS), quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala de Decisi\u00f3n Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha al proferir la sentencia de fecha 24 de mayo de 2021, por la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cfalta de documento con calidad de t\u00edtulo ejecutivo\u201d y revoc\u00f3 la sentencia de 21 de enero de 2020, dictada en primera instancia por el juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar (La Guajira), dentro del proceso ejecutivo singular de SITE SAS contra el municipio de Villanueva (La Guajira), el cual est\u00e1 radicado bajo el n\u00famero 44-650-31-89-001-2019-00101-02. <\/p>\n
Afirma la accionante, que la sentencia censurada (24 de mayo de 2021) es una aut\u00e9ntica v\u00eda de hecho por las siguientes razones: <\/p>\n
i) Indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
ii) Error de hecho por falso juicio de existencia por suposici\u00f3n. <\/p>\n
iii) Falta de motivaci\u00f3n de la sentencia (debido proceso). <\/p>\n
iv) Desconocimiento del precedente contenido en la sentencia STC2429-2021 de 10 de marzo de 2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
v) Desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
vi) Falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 619, 620, 621, 625, 627, 772, 773, 774, 780 y 784 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Para sustentar su reclamo aduce, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva (La Guajira) formul\u00f3 demanda ejecutiva singular procurando el pago de $898\u00b4913.763, representados en un acta de acuerdo de pago de fecha 22 de noviembre de 2012 (incumplida) y 30 facturas con diferentes fechas de vencimiento. Asevera igualmente que el 31 de enero de 2018 se libr\u00f3 mandamiento de pago, el cual fue notificado al ente territorial ejecutado, quien en su debida oportunidad formul\u00f3 una serie de excepciones dentro de las cuales se destaca la \u201cfalta de documentos con calidad de t\u00edtulo ejecutivo\u201d, fundada en que, al ser complejo, se deb\u00eda acompa\u00f1ar el contrato de concesi\u00f3n celebrado entre las partes. <\/p>\n
Sostiene la accionante que el 21 de enero de 2020, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (ya que el Juzgado Promiscuo de Villanueva perdi\u00f3 competencia para continuar conociendo del asunto en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 de C\u00f3digo General del Proceso), profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en la cual se desestimaron la totalidad de las excepciones propuestas por el municipio de Villanueva (La Guajira) y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. El fallo fue oportunamente recurrido por la ejecutada, insistiendo en la prosperidad de los medios exceptivos que hab\u00eda postulado. <\/p>\n
Relata la actora constitucional, que la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2020 confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, <\/p>\n
Se\u00f1ala SITE SAS, que el municipio de Villanueva interpuso acci\u00f3n de tutela contra la decisi\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Riohacha, la cual le correspondi\u00f3 al se\u00f1or magistrado Luis Alonso Rico Puerta y qued\u00f3 radicada bajo el n\u00famero 11001-02-03-000-2021-00743-00. Que la Sala Civil, mediante sentencia STC 5086-2021 de fecha 7 de mayo de 2021, concedi\u00f3 el amparo deprecado y en consecuencia dej\u00f3 sin efecto la sentencia de 14 de diciembre de 2020 y le orden\u00f3 a la autoridad accionada emitir nuevo fallo. Y que dicho fallo de tutela fue impugnado por la aqu\u00ed accionante ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue confirmado. <\/p>\n
En cumplimiento del fallo de tutela, la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia-laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha profiri\u00f3 sentencia el 24 de mayo de 2021, y en ella revoc\u00f3 el fallo civil de primera instancia como consecuencia de la prosperidad de la excepci\u00f3n de falta de documento con calidad de t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Luego de ese recuento f\u00e1ctico, la aqu\u00ed accionante procede a rese\u00f1ar los yerros que, afirma, contiene la sentencia de fecha 24 de mayo de 2021, y para este efecto destaca, en primer lugar, que si bien en ciertos eventos los fallos de tutela pueden afectar la autonom\u00eda e independencia de la autoridad tutelada en la medida en que la obligan a fallar, no como quieren, esto es, conforme a lo probado y alegado; en el presente caso la sentencia STC5086-2021 de manera expresa dispuso que se profiriera nueva decisi\u00f3n, con \u201cpleno respeto por su independencia y autonom\u00eda judicial y sin que en momento alguno, ello comporte imposici\u00f3n del sentido decisorio que nuevamente deba adoptar\u201d. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, reprocha que el tribunal accionado haya interpretado mal la orden del juez constitucional, ya que entendi\u00f3 -equivocadamente- que deb\u00eda dictar una sentencia contraria a la anterior. <\/p>\n
En tercer lugar, denuncia que el tribunal -erradamente- crey\u00f3 que se le hab\u00eda ordenado declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de no estructurarse un t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indica que para desarrollar el anterior punto, el aludido tribunal se apoy\u00f3 en tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sobre las cuales estructur\u00f3 una confusa e inapropiada l\u00ednea jurisprudencial que a la postre se convirti\u00f3 en la motivaci\u00f3n para declarar probada la excepci\u00f3n de fondo consistente en que las facturas de venta no subsisten por s\u00ed solas para efectos del cobro ejecutivo, ya que se requiere integrarlas con el contrato estatal para conformar un t\u00edtulo complejo con connotaci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
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II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1\u00ba. La Sala de Decisi\u00f3n Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, en escrito remitido ante la Secretar\u00eda de esta Sala el pasado dos (2) de septiembre de 2021 solicita que se declare improcedente la queja constitucional, toda vez que la sentencia proferida el 24 de mayo de 2021 se emiti\u00f3 obedeciendo los lineamientos expuestos por el juez constitucional. Agrega que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, ya que el fallo de tutela que profiri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia est\u00e1 pendiente de una eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Termina resaltando que la presente acci\u00f3n de tutela obedece a una inconformidad con la decisi\u00f3n de fondo, lo cual hace improcedente el amparo demandado. <\/p>\n
2\u00ba. El municipio de Villanueva (La Guajira) se opone a la prosperidad del amparo constitucional, debido a que los derechos fundamentales de la sociedad accionante no han sido conculcados. Adicionalmente, manifiesta que la sentencia fustigada no luce arbitraria o caprichosa, y que por lo tanto no puede ser reprochada desde la perspectiva constitucional. <\/p>\n
3\u00ba. Por su parte, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva expres\u00f3 que no conoce del proceso ejecutivo de la sociedad SITE SAS contra el municipio de Villanueva desde el 13 de marzo de 2019, fecha en la cual se declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia por las razones previstas en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Por ese motivo y al no tener participaci\u00f3n e incidencia en este asunto, solicita su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4\u00ba. El Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira), a quien le fue asignado el conocimiento de este asunto en raz\u00f3n a la anterior circunstancia, inform\u00f3 que el proceso ejecutivo de SITE SAS contra el municipio de Villanueva (La Guajira), cuyo n\u00famero de radicaci\u00f3n es 2019-00101, se tramit\u00f3 en ese despacho hasta el 13 de agosto de 2021, fecha en la cual se remiti\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira), por redistribuci\u00f3n. En consecuencia y derivado de ese hecho, en la actualidad le resulta imposible pronunciarse. <\/p>\n
5\u00ba. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira) respondi\u00f3 diciendo que es un despacho judicial de reciente creaci\u00f3n (octubre de 2020), que recibi\u00f3 el proceso ejecutivo de SITE SAS contra el municipio de Villanueva (La Guajira) en agosto de 2021 y que no ha podido ocuparse del mismo por el c\u00famulo de procesos a su cargo, tanto civiles como penales. <\/p>\n
6\u00ba. La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia no se pronunci\u00f3. Su hom\u00f3loga de la Sala Laboral manifest\u00f3 que, como \u201c\u2026el instrumento de resguardo constitucional (\u2026) se hace extensivo a dos salas especializadas de esta Corte\u201d, pues ella, la Sala Laboral dict\u00f3 la sentencia STL7441-2021 por medio de la cual se decidi\u00f3 la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo STC5086-2021, le corresponde a la Sala Plena efectuar el reparto de este asunto constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, en concordancia con los art\u00edculos 44 y 45 del Acuerdo 006 de 2002. <\/p>\n
<\/p>\n
1\u00ba. Si bien es cierto no est\u00e1 permitida la tutela contra otra tutela, en el presente caso la sociedad demandante est\u00e1 fustigando la sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, en virtud de la cual se revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (La Guajira) el 21 de enero de 2020 dentro del proceso ejecutivo singular de la sociedad Servicio de Ingenier\u00eda T\u00e9cnica Especializada SITE SAS contra el municipio de Villanueva (La Guajira), fallo del Tribunal a trav\u00e9s del cual se dio cumplimiento a la sentencia de tutela de fecha siete (7) de mayo de 2021 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado STC-5086-2021. <\/p>\n
En otras palabras, la sentencia cuestionada en este amparo constitucional es producto del cumplimiento de un fallo de tutela, y lo que se est\u00e1 planteando es una posible v\u00eda de hecho por parte del Tribunal accionado, situaci\u00f3n que no desconoce la prohibici\u00f3n de tutela contra tutela. <\/p>\n
Con todo y a pesar de ello, la Sala no puede pasar por alto que se est\u00e1 frente a una acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, la cual solo procede en forma restrictiva y por ende excepcional. <\/p>\n
2\u00ba. La jurisprudencia constitucional ha indicado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo procedente en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho; bajo el presupuesto que el afectado accione dentro de un t\u00e9rmino razonable y que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016). <\/p>\n
Sobre el particular, la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional defini\u00f3 los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c24. Los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: <\/p>\n
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a. Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencion\u00f3, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqu\u00e9 la cuesti\u00f3n que entra a resolver es genuinamente una cuesti\u00f3n de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable. De all\u00ed que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jur\u00eddico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser as\u00ed, esto es, de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
<\/p>\n
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. De lo contrario, esto es, de permitir que la acci\u00f3n de tutela proceda meses o a\u00fan a\u00f1os despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n, se sacrificar\u00edan los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cernir\u00eda una absoluta incertidumbre que las desdibujar\u00eda como mecanismos institucionales leg\u00edtimos de resoluci\u00f3n de conflictos. <\/p>\n
<\/p>\n
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesi\u00f3n de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas il\u00edcitas susceptibles de imputarse como cr\u00edmenes de lesa humanidad, la protecci\u00f3n de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulaci\u00f3n del juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acci\u00f3n de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, s\u00ed es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectaci\u00f3n de derechos que imputa a la decisi\u00f3n judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que d\u00e9 cuenta de todo ello al momento de pretender la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho m\u00e1s si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selecci\u00f3n ante esta Corporaci\u00f3n, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisi\u00f3n, por decisi\u00f3n de la sala respectiva, se tornan definitivas\u201d. <\/p>\n
3\u00ba. Precisado lo anterior, le corresponde a esta Sala determinar si efectivamente la Corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en la desviaci\u00f3n que denuncia la demandante en la presente causa constitucional al proferir la sentencia el 24 de mayo de 2021, dando cumplimiento al fallo de tutela del 7 de mayo de 2021. <\/p>\n
En la demanda que origin\u00f3 este asunto, la gestora afirma que la providencia del Tribunal accionado, de fecha 24 de mayo de 2021, \u201ces una aut\u00e9ntica v\u00eda de hecho\u201d (folio 24 demanda de tutela), ya que en el fallo cuestionado existe una indebida valoraci\u00f3n probatoria fundada en que los t\u00edtulos ejecutivos (acuerdo de pago y 30 facturas) son simples y no complejos. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, aduce un error de hecho por falso juicio de existencia por suposici\u00f3n, al tener por demostrada la existencia de un contrato estatal de concesi\u00f3n sin que este obrara dentro del acervo probatorio. Desde la perspectiva de la accionante y producto de lo que estima es un desatino, la decisi\u00f3n que confronta ahora en sede constitucional se fund\u00f3 en la necesidad de conformar un t\u00edtulo ejecutivo complejo con un contrato cuya existencia y contenido material no se prob\u00f3. <\/p>\n
Tambi\u00e9n afirma que se desconoci\u00f3 el precedente contenido en la sentencia STC-2429 de 10 de marzo de 2021 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, con ponencia del magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. <\/p>\n
Termina se\u00f1alando que la sentencia del 24 de mayo de 2021 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha desconoci\u00f3 los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, ya que equivocadamente entendi\u00f3 que el fallo de tutela STC-5086-2021 tuvo por demostrada una excepci\u00f3n de fondo; que se dej\u00f3 de aplicar las normas del C\u00f3digo de Comercio que tienen que ver con la factura como t\u00edtulo valor, y que falt\u00f3 motivaci\u00f3n en la sentencia. <\/p>\n
En ese orden de ideas, el despacho analizar\u00e1 estos cargos empezando por el desconocimiento del precedente, comoquiera que los cuestionamientos denominados por la actora como \u201cindebida valoraci\u00f3n\u201d y \u201cdefecto f\u00e1ctico por error de hecho por falso juicio\u201d, est\u00e1n \u00edntimamente ligados. Por lo dem\u00e1s, la queja constitucional se fundamenta en si era o no necesario que el cobro compulsivo se integrara con un documento adicional a las facturas, de suerte tal que aquel, de consuno con estas, terminara conformando un t\u00edtulo ejecutivo complejo. <\/p>\n
4\u00ba. Respecto al desconocimiento del precedente que con insistencia alega el extremo accionante, la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional establece que es viable instaurar acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales cuando \u00e9l se ha desconocido. En torno a este tema, en la rese\u00f1ada sentencia se consign\u00f3 lo siguiente: \u201chip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, para determinar si se configur\u00f3 la violaci\u00f3n del precedente que da lugar al amparo, primero resulta indispensable precisar su concepto y fijar la relaci\u00f3n que tiene con el de ratio decidendi. <\/p>\n
Al respecto, las sentencias T-292 de 2006 (MP. Dr. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa), T-104 de 1993 y SU-047 de 1999 (ambas con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Mart\u00ednez Caballero), precisan dicho concepto e indican que es \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que habr\u00e1 de resolverse, que por su pertinencia para la soluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d. A esa definici\u00f3n agregan que lo vinculante de un antecedente judicial es la ratio decidendi, es decir, \u201cla formulaci\u00f3n del principio, regla o raz\u00f3n general de la sentencia que constituye la base de la decisi\u00f3n judicial\u201d. (T-292 de 2006). <\/p>\n
5\u00b0. Como ya se ha indicado, la promotora de la acci\u00f3n afirma que se desconoci\u00f3 el precedente contenido en la sentencia STC2429-2021. En ese sentido, argumenta que se trat\u00f3 de un caso muy similar al que origin\u00f3 este asunto y que la ratio decidendi de la sentencia STC-2429-2021 ense\u00f1a que las facturas de venta no requieren de otro documento para hacer valer el derecho que en ellas se incorpora, dada su condici\u00f3n de t\u00edtulos valores y de conformidad con los art\u00edculos 619, 625 y 772 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Asevera, igualmente, que en contrav\u00eda de ese criterio orientador, el fallo del Tribunal Superior de Riohacha declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cfalta de documento con calidad de t\u00edtulo ejecutivo\u201d, al estimar que las facturas adosadas como t\u00edtulo ejecutivo no son suficientes para adelantar el cobro coactivo, ya que requieren ser complementadas con el contrato estatal. Empero, la accionante reprocha esa postura porque a su juicio ella implica un desconocimiento de los art\u00edculos 619, 620, 621, 625, 627, 772, 773, 774, 780 y 784 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, y adem\u00e1s soslaya la autonom\u00eda cambiaria. <\/p>\n
Sin embargo, en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 SITE SAS contra el municipio de Villanueva y, tal como lo dijo la sentencia de tutela STC-5086-2021 de fecha 7 de mayo de 2021, \u201cAl margen de la pertinencia que pudiera predicarse de [la soluci\u00f3n a la que hab\u00eda arribado el Tribunal, quien en un primer momento dict\u00f3 sentencia confirmatoria de la del a-quo acogiendo los planteamientos de la ahora accionante], esta Sala considera que la colegiatura omiti\u00f3 realizar con suficiencia, respecto a la exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo, si resultaba relevante la naturaleza de la acreencia; es decir, si por provenir de un contrato de concesi\u00f3n para la instalaci\u00f3n y prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico, de acuerdo a sus particularidades y normativa espec\u00edfica, implicaba que el mismo se completara no solo con las facturas de venta aducidas, sino con el documento en el que se plasm\u00f3 la relaci\u00f3n contractual; e incluso, determinar la similitud o diferencia con un contrato para la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u201d. (resaltado original) <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, al hacer el cotejo que propone la actora constitucional, se advierte que en realidad no son \u201ccasos similares\u201d a los cuales se les pueda aplicar la misma ratio decidendi, toda vez que: <\/p>\n
(i) El primero es un contrato de obra y el segundo es de \u201cconcesi\u00f3n para la instalaci\u00f3n y prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico\u201d, motivo por el cual \u2014y seg\u00fan lo expres\u00f3 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de tutela STC 5086-2021 del 7 de mayo de 2021 parcialmente transcrita\u2014 el Tribunal ten\u00eda que haber analizado con suficiencia, y no lo hizo, si, \u201cde acuerdo a sus particularidades y normativa espec\u00edfica, implicaba que el mismo se completara no solo con las facturas de venta aducidas, sino con el documento en el que se plasm\u00f3 la relaci\u00f3n contractual; e incluso [que se] determinar[a] la similitud o diferencia con un contrato para la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u201d. <\/p>\n
(ii) En el proceso ejecutivo adelantado por SITE SAS, el origen de las facturas y su respectivo pago tiene su g\u00e9nesis en una relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial particular, distinta de la del proceso que dio lugar al pronunciamiento contenido en la sentencia STC 2429-2021. <\/p>\n
(iii) En el marco de la sentencia STC 5086 del 7 de mayo de 2021 (expedida dos meses despu\u00e9s de la STC 2429-2021), la Corte inst\u00f3 al Tribunal para que en su calidad de ad-quem dentro del proceso ejecutivo que SITE SAS adelantaba en contra del municipio de Villanueva, y en lo que respecta a la \u201cexigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo\u201d (negrilla original), auscultura \u201csi resultaba relevante la naturaleza de la acreencia\u201d por provenir del citado contrato de concesi\u00f3n. <\/p>\n
En esa providencia tambi\u00e9n le recrimin\u00f3 al Tribunal que \u201cdebi\u00f3 examinar las diferentes posturas que existen sobre el tema a la luz de los hechos descritos, con el fin de constatar su aplicabilidad al caso, sumado al estudio de las normativas que regulan la prestaci\u00f3n de dicho servicio p\u00fablico, ponderaci\u00f3n trascendente si se tiene en cuenta que en el tr\u00e1mite se hallan involucrados recursos p\u00fablicos\u201d. <\/p>\n
Por lo contrario, en la sentencia STC 2429 de marzo de 2021, cuya aplicaci\u00f3n echa de menos la sociedad SITE SAS., ninguno de estos aspectos constituy\u00f3 la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
De hecho, justamente eso \u2014la disparidad de escenarios discutidos en esta sentencia STC 2429 de marzo de 2021 y los que evalu\u00f3 despu\u00e9s la Corte en la STC 5086 de mayo de esta misma anualidad\u2014 fue lo que dio p\u00e1bulo para que la Sala de Casaci\u00f3n Civil considerara que hab\u00eda habido una motivaci\u00f3n insuficiente por parte del Tribunal al sostener que las facturas y el acuerdo de pago prestaban m\u00e9rito ejecutivo por s\u00ed solos. <\/p>\n
Como consecuencia de esa inadecuada motivaci\u00f3n, en la sentencia de tutela STC 5086 del 7 de mayo de 2021 se invalid\u00f3 el fallo del 14 de diciembre de 2020 proferido por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Riohacha, y se orden\u00f3 que dictara \u201cuno nuevo teniendo en cuenta los diversos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia y la normativa que estime pertinente, con pleno respeto por su independencia y autonom\u00eda judicial y sin que en ning\u00fan caso, ello comporte imposici\u00f3n del sentido decisorio que nuevamente deba adoptar\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, y a la luz de estas consideraciones, en la sentencia cuestionada en esta acci\u00f3n constitucional (de fecha 24 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Superior de Riohacha), no se ha desconocido el precedente. <\/p>\n
6\u00ba. De otro lado, la accionante constitucional tambi\u00e9n denuncia que existe una indebida valoraci\u00f3n probatoria por cuanto en la demanda ejecutiva y los t\u00edtulos simples acompa\u00f1ados por ella, no se hace menci\u00f3n de ning\u00fan contrato estatal. No obstante, al revisar la demanda que origin\u00f3 el proceso ejecutivo y los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n, en el hecho 2\u00ba de ese libelo (Folio 1 del proceso ejecutivo), se observa que la misma ejecutante, y aqu\u00ed accionante, manifiesta que el acuerdo de pago y las 30 facturas de venta fueron generadas por \u201coperaci\u00f3n y mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado p\u00fablico del municipio de Villanueva, incluyendo el suministro e instalaci\u00f3n de luminarias\u201d. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, no existi\u00f3 entonces una indebida valoraci\u00f3n probatoria por parte del Tribunal cuando este hizo referencia a la necesidad de haber integrado el t\u00edtulo ejecutivo con el contrato y las facturas, pues, si la causa de la emisi\u00f3n de los citados instrumentos negociables y su acuerdo de pago fue \u2014seg\u00fan lo confes\u00f3 la propia ejecutante\u2014 una \u201coperaci\u00f3n y mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado p\u00fablico del municipio de Villanueva (\u2026)\u201d; por la naturaleza del servicio prestado resultaba razonable colegir que en el transfondo de ese acuerdo de voluntades subyac\u00eda un contrato de concesi\u00f3n de \u00edndole estatal. <\/p>\n
Es m\u00e1s, as\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Corte Suprema de Justicia al fallar la tutela STC 5086 de mayo de 2021, en la que censur\u00f3 al Tribunal por no haber motivado con suficiencia lo que concern\u00eda a la \u201cexigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo\u201d, a pesar de que \u201cla naturaleza de la acreencia\u201d proven\u00eda de un \u201ccontrato de concesi\u00f3n para la instalaci\u00f3n y prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, en el campo de la valoraci\u00f3n probatoria y por mandato del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, sabido es que los medios de convicci\u00f3n deben apreciarse en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica. En consecuencia, la confesi\u00f3n producida por apoderado judicial que contempla el art\u00edculo 193 de ese estatuto, as\u00ed como los indicios a que aluden los art\u00edculos 240 a 241, ej\u00fasdem, son pruebas a partir de los cuales el juzgador puede adquirir certeza de lo acaecido. <\/p>\n
Sobre este mismo punto, en desarrollo de la presente acci\u00f3n constitucional SITE SAS alega que el municipio de Villanueva era el que ten\u00eda que haber acreditado el contrato estatal de concesi\u00f3n para efectos de la conformaci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo que la parte demandada arguy\u00f3 era complejo. Sin embargo, ese planteamiento no se comparte en la medida en que en los procesos ejecutivos quien tiene la carga de aportar el t\u00edtulo ejecutivo \u2014completo y desde la radicaci\u00f3n de la demanda\u2014 es el ejecutante, y no el ejecutado. <\/p>\n
Precisamente y debido a que como base del recaudo no se alleg\u00f3 el t\u00edtulo ejecutivo con arreglo a la ley, fue que el Tribunal, despu\u00e9s de haber analizado una vez m\u00e1s el requisito de la \u201cexigibilidad\u201d como se lo orden\u00f3 la Corte, declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta por el ente territorial demandado. <\/p>\n
Aun cuando la gestora tambi\u00e9n cuestiona el fallo de 24 de mayo de 2021 proferido por el Tribunal Superior de Riohacha por haber incurrido en un error de hecho por falso juicio de existencia por suposici\u00f3n (al dar por demostrada la existencia del contrato estatal de concesi\u00f3n sin que estuviera presente en el acervo probatorio), este cargo soslaya que la misma accionante fue quien desde la demanda indic\u00f3 el origen del acuerdo de pago y las facturas presentadas como t\u00edtulo ejecutivo; y que, como lo asever\u00f3 la Corte en la referida sentencia STC 5086-2021, el cr\u00e9dito reclamado por SITE SAS ten\u00eda como venero un \u201ccontrato de concesi\u00f3n para la instalaci\u00f3n y prestaci\u00f3n del servicio de alumbrado p\u00fablico\u201d. Por lo tanto, no es cierto que se haya incurrido en el error de hecho mencionado. <\/p>\n
7\u00ba. Dentro de su solicitud de amparo, la aqu\u00ed accionante resalta el desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, baluarte fundamental del juez natural, por cuanto el Tribunal Superior de Riohacha, al momento de dictar la sentencia de 24 de mayo de 2021, entendi\u00f3 err\u00f3neamente que el fallo de tutela STC-5086-2021 tuvo por acreditada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cfalta de documento con calidad de t\u00edtulo ejecutivo\u201d. <\/p>\n
Al respecto es necesario precisar que el fallo de tutela de 7 de mayo de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en momento alguno tuvo por acreditada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito antes mencionada. Prueba de ello es que la misma accionante, en el folio 17, en el punto 11\u00ba afirma lo siguiente: <\/p>\n
\u201cLos fallos de tutela que se inmiscuyen en el funcionamiento aut\u00f3nomo e independiente de los jueces, originan un problema en la mente del juzgador, que se ve compelido a fallar, no como \u00e9l quiere, conforme con lo probado y alegado, sino como se lo impone o sugiere el juez de tutela. <\/p>\n
En este caso espec\u00edfico, no hubo intromisi\u00f3n en esos caros principios de la funci\u00f3n judicial, si se tiene en cuenta que la sentencia STC-5086, de manera expresa, dispuso que el Tribunal de Riohacha profiriera nueva decisi\u00f3n, <\/p>\n
Teniendo en cuenta los diversos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia y la normativa pertinente, con pleno respeto por su independencia y autonom\u00eda judicial y sin que en ning\u00fan caso, ello comporte imposici\u00f3n del sentido decisorio que nuevamente deba adoptarse\u201d. (subrayado original). <\/p>\n
Entonces, si el juez constitucional no vulner\u00f3 la autonom\u00eda e independencia del juez natural, \u00bfc\u00f3mo puede decirse que se afectaron esos \u201cbaluartes fundamentales\u201d? <\/p>\n
Incluso, haciendo eco de lo manifestado por el municipio de Villanueva (La Guajira), \u00bfc\u00f3mo puede la accionante saber que el Tribunal entendi\u00f3 equivocadamente la sentencia STC-5086-2021? <\/p>\n
Ciertamente, y por la relevancia que tiene este embate, conviene memorar que la Corte no le orden\u00f3 al Tribunal que emitiera una nueva sentencia en un sentido u otro. Lo que dispuso la Sala Civil fue que esa colegiatura tuviera en cuenta a la hora de sentenciar, respetando su autonom\u00eda, los siguientes aspectos: las particularidades del proceso ejecutivo promovido por SITE SAS contra el municipio de Villanueva; el pormenorizado examen de los \u201crequisitos de exigibilidad del t\u00edtulo\u201d; el hecho de que mediaba un contrato de concesi\u00f3n para la instalaci\u00f3n y prestaci\u00f3n de un servicio de alumbrado p\u00fablico; \u201clas diferentes posturas que existen sobre el tema a la luz de los hechos descritos, con el fin de constatar su aplicabilidad del caso\u201d; y, la \u201cponderaci\u00f3n trascendente si se tiene en cuenta que en el tr\u00e1mite se hallan involucrados recursos p\u00fablicos\u201d. <\/p>\n
Con base en esa libertad e independencia, pero sin ignorar que en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de tutela STC 5086-2021 se le hab\u00eda ordenado que \u201c(\u2026) proced[iera] a emitir el nuevo pronunciamiento con el que agote la segunda instancia del juicio compulsivo sub ex\u00e1mine, atendiendo las consideraciones aqu\u00ed expuestas\u201d, el Tribunal reexamin\u00f3 la situaci\u00f3n que se ventilaba en el proceso ejecutivo y aut\u00f3nomamente concluy\u00f3 que dentro de esa causa concreta s\u00ed hab\u00eda lugar a acoger la defensa postulada por el municipio de Villanueva. \u00bfPor qu\u00e9? Porque producto de ese nuevo estudio (y de cara a las precisas circunstancias del caso) encontr\u00f3 que el t\u00edtulo ejecutivo era complejo y no se estructuraba tan solo con las facturas y el acuerdo de pago, sino que adem\u00e1s deb\u00eda venir acompa\u00f1ado del aludido contrato de concesi\u00f3n. <\/p>\n
Dentro de este contexto, las protestas de la promotora de la acci\u00f3n constitucional, por respetables que sean, se enfocaron en imponer su interpretaci\u00f3n por encima de las de su juez natural. Al haber obrado de ese modo, pretiri\u00f3 el hecho de que el amparo supralegal no est\u00e1 concebido para mantener abierta la discusi\u00f3n de manera indefinida, ni para proponer una interpretaci\u00f3n paralela y disidente de la del juzgador ordinario, pues de anta\u00f1o se ha sostenido que: <\/p>\n
\u201c[A]l margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo. (STC3061-2019).\u201d <\/p>\n
Por consiguiente, la decisi\u00f3n atacada no se advierte caprichosa, antojadiza o abiertamente transgresora del ordenamiento jur\u00eddico, sino todo lo contrario: ella se ajust\u00f3 a la realidad procesal y en forma aut\u00f3noma e independiente atendi\u00f3 las directrices de la orden de tutela impartida mediante fallo STC 5086-2021. <\/p>\n
8\u00ba. En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE. <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
ALVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE FORERO SILVA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUNEVAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALBAN <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DARIO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ALEJANDRO VENEGAS FRANC0 <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11895-2021 GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL Conjuez ponente STC11895-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11-001-02-30-000-2021-00795-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte en Sala de Conjueces la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57499","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57499","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57499"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57499\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57499"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57499"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57499"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}