{"id":57501,"date":"2024-05-17T20:43:32","date_gmt":"2024-05-17T20:43:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/17\/stc11943-2021\/"},"modified":"2024-05-17T20:43:32","modified_gmt":"2024-05-17T20:43:32","slug":"stc11943-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/17\/stc11943-2021\/","title":{"rendered":"STC11943 2021"},"content":{"rendered":"<p>STC11943-2021<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC11943-2021 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n\u00b0. &nbsp;23001-22-14-000-2021-00145-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 &nbsp;D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia &nbsp;proferida por la Sala Quinta de Decisi\u00f3n Civil-Familia-Laboral &nbsp;del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 27 &nbsp;de julio de 2021, que tutel\u00f3 los derechos invocados en la &nbsp;acci\u00f3n constitucional promovida por la Sociedad Araujo y &nbsp;Segovia de C\u00f3rdoba S.A. contra el Juzgado Primero Civil del &nbsp;Circuito de Monter\u00eda. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a &nbsp;las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado &nbsp;2018-00329-00. &nbsp;<\/p>\n<p>I. &nbsp;ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La gestora, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, procur\u00f3 &nbsp;la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y &nbsp;acceso a la administraci\u00f3n de justicia seg\u00fan los &nbsp;art\u00edculos 29, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica &nbsp;de Colombia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en &nbsp;la referida causa. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;De conformidad con el escrito inicial1 &nbsp;y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente &nbsp;situaci\u00f3n f\u00e1ctica: &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;Alejandro Salleg Velandia promovi\u00f3 demanda ejecutiva singular &nbsp;de menor cuant\u00eda2 &nbsp;en contra de las sociedades Constructora Contry S.A. y Araujo &amp; &nbsp;Segovia de C\u00f3rdoba S.A. -aqu\u00ed accionante-, cuyo &nbsp;conocimiento correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Quinto Civil &nbsp;Municipal de Monter\u00eda y posteriormente al Juzgado Cuarto &nbsp;Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple &nbsp;de la misma ciudad. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp;La obligaci\u00f3n objeto del cobro, surge a ra\u00edz del &nbsp;cr\u00e9dito que Promotora de Negocios de C\u00f3rdoba Procord &nbsp;S.A. otorg\u00f3 a favor de Constructora Contry S.A. en la que &nbsp;actuaron como codeudores la sociedad accionante y Alejandro Salleg &nbsp;Velandia. &nbsp;Este \u00faltimo, cancel\u00f3 la totalidad de la &nbsp;obligaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual repite contra los dem\u00e1s &nbsp;codeudores con el fin de recuperar lo pagado. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3. &nbsp;En el curso del proceso, Carmelo Esquivia Guzm\u00e1n, apoderado de &nbsp;las sociedades demandadas, solicit\u00f3 a la c\u00e9lula &nbsp;judicial que ordenara a sus representadas la constituci\u00f3n de &nbsp;la cauci\u00f3n, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo &nbsp;602 del C.G.P.3. &nbsp;sin embargo, dicha garant\u00eda solamente fue prestada por la &nbsp;sociedad Araujo &amp; Segovia de C\u00f3rdoba S.A. &nbsp;<\/p>\n<p>2.4. &nbsp;De acuerdo al procedimiento, el Juzgado Cuarto Transitorio de &nbsp;Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda &nbsp;emiti\u00f3 providencia el 5 de abril de 20194, &nbsp;en la cual, en su numeral 2\u00ba dispuso seguir adelante con la &nbsp;ejecuci\u00f3n, con la \u00abaclaraci\u00f3n &nbsp;de que de las sociedades demandadas deben responder por la cuota &nbsp;parte que a cada una le corresponde\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Inconforme &nbsp;con tal decisi\u00f3n, la parte demandada present\u00f3 recurso &nbsp;de apelaci\u00f3n. No obstante, la autoridad accionada el 19 de &nbsp;septiembre de 2019, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n &nbsp;impugnada5. &nbsp;<\/p>\n<p>2.5. &nbsp;Seguidamente, en auto del 24 de octubre del mismo a\u00f1o, el &nbsp;juzgado de primera instancia aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del &nbsp;cr\u00e9dito, sobre el cual la sociedad actora solicit\u00f3 &nbsp;aclaraci\u00f3n. Dicha petici\u00f3n fue atendida en prove\u00eddo &nbsp;de 5 de diciembre de 20196, &nbsp;en la cual, se aclar\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito &nbsp;y se precis\u00f3 que la p\u00f3liza allegada al despacho &nbsp;garantiza la obligaci\u00f3n a cargo de dicha sociedad. Por lo &nbsp;tanto, dispuso la entrega del dep\u00f3sito judicial al demandante, &nbsp;hasta la concurrencia del cr\u00e9dito y costas amparadas. &nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, &nbsp;termin\u00f3 el proceso en contra de la sociedad Araujo y Segovia &nbsp;de C\u00f3rdoba S.A y dej\u00f3 sin efectos el levantamiento de &nbsp;las medidas cautelares respecto de la sociedad constructora Contry &nbsp;S.A. &nbsp;<\/p>\n<p>2.6. &nbsp;En desacuerdo con esa determinaci\u00f3n, la ejecutante interpuso &nbsp;recurso de apelaci\u00f3n. El juzgado accionado en segunda &nbsp;instancia, mediante prove\u00eddo del 24 de junio de 20217, &nbsp;resolvi\u00f3, entre otras, revocar el numeral 2\u00ba y, en su &nbsp;lugar, decret\u00f3 que \u00abla &nbsp;p\u00f3liza judicial constituida en este asunto ampara las &nbsp;obligaci\u00f3n a cargo de ambas ejecutadas\u00bb. &nbsp;En consecuencia, orden\u00f3 la entrega a la parte demandante de la &nbsp;totalidad del dep\u00f3sito judicial y continuar \u00abcon &nbsp;la ejecuci\u00f3n de las demandadas\u00bb &nbsp;si &nbsp;existe saldo insoluto. &nbsp;<\/p>\n<p>2.7. &nbsp;Por lo anterior, la accionante sostiene que el juez de alzada no tuvo &nbsp;en cuenta que la p\u00f3liza de seguros que buscaba garantizar el &nbsp;pago de la obligaci\u00f3n fue tomada por la sociedad promotora y &nbsp;no por la sociedad Constructora el Contry S.A. Es decir, que esa &nbsp;fianza no garantizaba la obligaci\u00f3n de \u00e9sta \u00faltima, &nbsp;por consiguiente, no era procedente ordenar la entrega total del &nbsp;dinero. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, ordenar al \u00abJuez &nbsp;Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda dejar sin efecto alguno &nbsp;las decisiones adoptadas en el auto de fecha 24 de junio de 2021, en &nbsp;los numerales 2,3,4,5,6 y 7\u00bb en &nbsp;el proceso ejecutivo de radicado 2018-00329-00. &nbsp;<\/p>\n<p>II. &nbsp;LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;El Juzgado primero Civil del Circuito de Monter\u00eda indic\u00f38 &nbsp;que en el proceso referido se profiri\u00f3 auto el 24 de junio de &nbsp;2021, que desat\u00f3 la alzada interpuesta contra la providencia &nbsp;del 5 de diciembre de 2019, dictado por el Juzgado Cuarto Transitorio &nbsp;de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma &nbsp;ciudad. En efecto, considera que la determinaci\u00f3n se sujet\u00f3 &nbsp;a las disposiciones legales. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;El Juzgado Cuarto Transitorio de peque\u00f1as causas y &nbsp;competencias m\u00faltiples9 &nbsp;expres\u00f3 que \u00abdentro &nbsp;del citado asunto se ha procedido con sumo respeto de los derechos y &nbsp;garant\u00edas fundamentales y procesales que a las partes le son &nbsp;inherentes\u00bb &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Cesar Adil Durango Buelvas, apoderado judicial de Alejandro Salleg &nbsp;Velandia en el proceso ejecutivo, indic\u00f310 &nbsp;que la accionante cuestiona la legalidad de la providencia de segunda &nbsp;instancia \u00abpor &nbsp;medio de la cual se resolvi\u00f3 que la p\u00f3liza judicial No. &nbsp;246735 del 23 de julio de 2018 amparar\u00eda la obligaci\u00f3n &nbsp;a cargo de ARAUJO Y SEGOVIA SA y CONSTRUCTORA CONTRY SA frente al &nbsp;actor y no s\u00f3lo la cuota parte que en esa obligaci\u00f3n &nbsp;corresponder\u00eda pagar a la ejecutada ARAUJO Y SEGOVIA SA.\u00bb. &nbsp;Por tanto, solicit\u00f3 que se niegue la acci\u00f3n tutelar ya &nbsp;que no existe vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, pues el &nbsp;apoderado de Araujo y Segovia S.A. y Constructora Contry S.A. actu\u00f3 &nbsp;a nombre de ambas firmas. &nbsp;<\/p>\n<p>Finalmente, &nbsp;considera que la obligaci\u00f3n objeto del proceso ejecutivo tiene &nbsp;el car\u00e1cter de in &nbsp;solidum &nbsp;de acuerdo con el pagar\u00e9 y \u00abPor &nbsp;consiguiente, al no haber manifestado el ejecutante la intenci\u00f3n &nbsp;de cobrar solo a una de las ejecutadas, la garant\u00eda tomada, &nbsp;por la naturaleza de la obligaci\u00f3n, indistintamente de quien &nbsp;la haya suscrito servir\u00e1 para cubrir la totalidad de la &nbsp;deuda\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>III. &nbsp;LA SENTENCIA IMPUGNADA &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;tribunal constitucional, despu\u00e9s de realizar un recuento de &nbsp;las actuaciones surtidas y de la procedencia de la acci\u00f3n &nbsp;tutelar frente a decisiones judiciales, resolvi\u00f3 amparar el &nbsp;derecho pretendido al considerar que \u00ab\u2026se &nbsp;configura una causal especial de procedibilidad, por cuanto existe un &nbsp;defecto f\u00e1ctico, dado que el despacho accionado al desatar el &nbsp;recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el vocero judicial de la &nbsp;parte demandante, en el marco del proceso ejecutivo, que origin\u00f3 &nbsp;la presente acci\u00f3n, no le dio alcance a las pruebas obrantes &nbsp;en el expediente, tales como la p\u00f3liza de seguro y el escrito &nbsp;presentado por el vocero judicial demandado, aportando \u00e9ste &nbsp;esos documentos\u00bb11. &nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, &nbsp;destac\u00f3 que \u00ab\u2026haciendo &nbsp;un estudio pormenorizado de los medios de pruebas aportados al &nbsp;escrito de la presente acci\u00f3n, se evidencia que aunque el &nbsp;apoderado judicial solicita en nombre de ambas sociedades ejecutadas, &nbsp;que no se practicaran las medidas cautelares, y en contraprestaci\u00f3n &nbsp;constituir una fianza, y que el juez de conocimiento orden\u00f3 a &nbsp;las dos ejecutadas prestarla, lo cierto es que el documento de dicha &nbsp;p\u00f3liza, da cuenta de que el tomador \u00fanico fue la &nbsp;sociedad Araujo &amp; y Segovia de C\u00f3rdoba S.A., y adem\u00e1s, &nbsp;el vocero judicial de ambas sociedades\u2026, al momento de aportar &nbsp;esta prestaci\u00f3n, dej\u00f3 establecido que actuaba en nombre &nbsp;y representaci\u00f3n de esta \u00faltima sociedad, por lo que &nbsp;resulta di\u00e1fano afirmar, tal y como lo hizo el Juzgado Cuarto &nbsp;Transitorio de Peque\u00f1as Causa y Competencia M\u00faltiple de &nbsp;Monter\u00eda, que la p\u00f3liza de seguro presentada al &nbsp;interior del proceso ejecutivo, cobijaba solo la obligaci\u00f3n &nbsp;adquirida por la sociedad Araujo &amp; Segovia de C\u00f3rdoba &nbsp;S.A.\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Por &nbsp;lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00ablo &nbsp;precedente deja por el piso los argumentos del juzgado accionado, &nbsp;vertidos en la providencia del 24 de junio de 2021; en cuanto a que &nbsp;la decisi\u00f3n de que la p\u00f3liza de seguro constituida al &nbsp;interior del proceso ejecutivo, cubr\u00eda tanto la obligaci\u00f3n &nbsp;adquirida por la sociedad Araujo &amp; Segovia de C\u00f3rdoba &nbsp;S.A., como la deuda contra\u00edda por la Constructora Contry S.A., &nbsp;se adopt\u00f3, de acuerdo a la petici\u00f3n realizada por el &nbsp;vocero judicial de ambas sociedades, tendiente a que no se &nbsp;practicaran unas medida cautelares\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>IV. &nbsp;LA IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;formul\u00f3 C\u00e9sar Adil Durango, apoderado de Alejandro &nbsp;Salleg Velandia,12 &nbsp;quien manifiesta su inconformidad sobre los argumentos esbozados en &nbsp;la providencia impugnada, concretamente frente a los requisitos de &nbsp;procedibilidad de la acci\u00f3n constitucional contra providencias &nbsp;judiciales. En efecto, considera que \u00abla &nbsp;sentencia apelada fue mucho m\u00e1s all\u00e1 de la naturaleza &nbsp;de la acci\u00f3n constitucional al adentrarse adem\u00e1s al &nbsp;estudio probatorio para llegar a una conclusi\u00f3n distinta de la &nbsp;asumida por los jueces de instancia\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Asevera &nbsp;que la p\u00f3liza No. 246735 del 23 de julio de 2018, \u00abamparar\u00eda &nbsp;la obligaci\u00f3n a cargo de Araujo y Segovia S.A. y Constructora &nbsp;Contry S.A. frente al actor\u00bb &nbsp;pues seg\u00fan su criterio la obligaci\u00f3n objeto de la &nbsp;ejecuci\u00f3n \u00abtiene &nbsp;el car\u00e1cter de in solidum de acuerdo con el pagar\u00e9\u00bb &nbsp;<\/p>\n<p>V. &nbsp;CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Corresponde &nbsp;a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los &nbsp;derechos fundamentales del accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo &nbsp;del 24 de junio de 202113, &nbsp;que &nbsp;resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el &nbsp;ejecutante contra el auto del 5 de diciembre de 2019, &nbsp;proferido por el Juzgado Cuarto Transitorio de Peque\u00f1as Causas &nbsp;y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Pronto &nbsp;esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene &nbsp;vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, el amparo impetrado &nbsp;habr\u00e1 de ser denegado. En efecto, no se recibe como &nbsp;irrazonable la determinaci\u00f3n rebatida, independientemente de &nbsp;que sea o no compartida. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Sobre el particular, el Juzgado accionado, al resolver el recurso de &nbsp;apelaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 &nbsp;confirmar los numerales primero y tercero, as\u00ed como los que lo &nbsp;llevaron a revocar &nbsp;el 2\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba y 7\u00ba de la parte resolutiva de la &nbsp;providencia impugnada. &nbsp;<\/p>\n<p>Para &nbsp;ello, respecto a la confirmaci\u00f3n del numeral primero, &nbsp;relacionado con la aclaraci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del &nbsp;cr\u00e9dito, comenz\u00f3 por explicar que el Juzgado &nbsp;cognoscente mediante auto del 5 de abril de 2019, orden\u00f3 &nbsp;seguir adelante con la ejecuci\u00f3n contra los demandados de &nbsp;conformidad con el mandamiento de pago \u00abcon &nbsp;la aclaraci\u00f3n de que las sociedades demandadas deben responder &nbsp;por LA CUOTA PARTE A QUE A CADA UNA LE CORRESPONDE\u00bb &nbsp;<\/p>\n<p>Frente &nbsp;a tal divisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que &nbsp;\u00abes &nbsp;perfectamente entendible para esta judicatura que la operadora &nbsp;judicial de primer nivel, con arreglo a lo establecido en el art. 285 &nbsp;del C.G.P. a trav\u00e9s del auto de fecha 5 de diciembre de 2019 &nbsp;se hubiera ocupado, como en efecto lo hizo, de &nbsp;aclarar la &nbsp;liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que hab\u00eda sido &nbsp;modificada en auto del 24 de octubre de esa misma anualidad, &nbsp;exclusivamente, en lo atinente al monto de cada una de las entidades &nbsp;demandadas le correspond\u00eda pagar de la dicha liquidaci\u00f3n, &nbsp;dado que, en el aludido trabajo liquidatario originalmente aprobado &nbsp;luego de su modificaci\u00f3n y de que da cuenta la \u00faltima &nbsp;providencia en menci\u00f3n, no se hizo la discriminaci\u00f3n de &nbsp;los t\u00e9rminos del respectivo fallo de instancia\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 &nbsp;que no se trata \u00abde &nbsp;una inconformidad en cuanto a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, &nbsp;\u00abcuyo tr\u00e1mite eventualmente si permitir\u00eda el &nbsp;ataque a trav\u00e9s de los causes previstos en el art. 446 del &nbsp;C.G.P, pero como no era eso, solo hubo la necesidad de aclarar el &nbsp;auto en los t\u00e9rminos solicitados\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Por &nbsp;lo anterior, refrend\u00f3 dicha decisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>Ahora &nbsp;bien, en cuanto a la modificaci\u00f3n del numeral segundo, decret\u00f3 &nbsp;\u00abque &nbsp;la p\u00f3liza &nbsp;judicial constituida en este asunto, ampara las obligaciones con &nbsp;cargo a ambas ejecutadas, esto es, de ARAUJO &amp; SEGOVIA DE CORDOBA &nbsp;S.A y CONSTRUCTORA CONTRY S.A.\u00bb14. &nbsp;Soport\u00f3 &nbsp;esta decisi\u00f3n, al precisar que el representante legal com\u00fan &nbsp;de las sociedades demandadas, otorg\u00f3 poder especial a un &nbsp;profesional del derecho para que asumiera \u00abla &nbsp;defensa de los intereses de las sociedades demandadas\u00bb y \u00abpara &nbsp;notificarse del mandamiento de pago dictado en este asunto y &nbsp;SOLICITAR AL SE\u00d1OR JUEZ LA PRESTACION DE UNA CAUCION O POLIZA &nbsp;JUDICIAL CON EL (SIC) DE EVITAR QUE SE PRACTIQUEN MEDIDAS &nbsp;CAUTELARES.\u00bb &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;consecuencia, indic\u00f3 que \u00abFue &nbsp;as\u00ed como, con sustrato en el aludido mandato, el togado de las &nbsp;ejecutadas CONSTRUCTORA CONTRY S.A. y ARAUJO &amp; SEGOVIA DE CORDOBA &nbsp;S.A., opt\u00f3 por acudir ante la juzgadora de instancia, alegando &nbsp;que &nbsp;EN &nbsp;EJERCICIO DEL PODER QUE ME HA SIDO OTORGADO POR EL SE\u00d1OR &nbsp;REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES ACCIONADAS EN ESTE PROCESO(\u2026) &nbsp;expresamente solicita, en cuanto al tema que para el punto ahora nos &nbsp;interesa, \u201cORDENE USTED QUE &nbsp;MIS REPRESENTADAS PRESTEN LA CAUCION &nbsp;NECESARIA Y SUFICIENTE, TAL COMO LO DISPONE EL ARTICULO 602 EJUSDEM, &nbsp;CON EL FIN DE EVITAR QUE SE DECRETEN EMBARGOS Y SECUESTRO DE BIENES &nbsp;DE SU PROPIEDAD\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Igualmente, &nbsp;se refiri\u00f3 al auto del 12 de julio de 2018, que concedi\u00f3 &nbsp;la anterior petici\u00f3n y fij\u00f3 la cauci\u00f3n a cargo &nbsp;de las demandadas en la suma de $175.370.866. &nbsp;Por &nbsp;lo que el vocero judicial alleg\u00f3 la p\u00f3liza respectiva. &nbsp;Motivo por el cual, el Despacho en auto del 31 de julio de 2018, &nbsp;decret\u00f3 \u00abel &nbsp;levantamiento de las medidas embargo decretada sobre las cuentas &nbsp;bancarias y dem\u00e1s productos financieros de que sean titulares &nbsp;las sociedades\u00bb &nbsp;demandadas. &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed &nbsp;las cosas, destac\u00f3 que \u00abfueron &nbsp;las demandadas CONSTRUCTORA CONTRY S.A. y ARAUJO &amp; SEGOVIA DE &nbsp;CORDOBA S.A. y no solo la \u00faltima, quienes simult\u00e1neamente &nbsp;peticionaron, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, con sujeci\u00f3n &nbsp;a lo establecido en el art\u00edculo 602 del C.G.P. la constituci\u00f3n &nbsp;de una p\u00f3liza judicial con miras a obtener, como efectivamente &nbsp;lo obtuvieron, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas &nbsp;al interior del juicio ejecutivo promovido en contra de aquellas\u00bb. &nbsp;Por &nbsp;tanto, concluy\u00f3 &nbsp;que \u00abla prementada p\u00f3liza, no solo ampara o garantiza, &nbsp;una sola de tales obligaciones como erradamente se entendi\u00f3 &nbsp;por parte de la sentenciadora de primer grado, en lo resuelto en el &nbsp;numeral dos del auto de fecha 5 de diciembre de 2019, el cual por &nbsp;tanto, debe ser revocado, y en su lugar, disponer, en sinton\u00eda &nbsp;con lo indicado en l\u00edneas precedentes, que la p\u00f3liza &nbsp;constituida en este asunto ampara las obligaciones de ambas &nbsp;ejecutadas\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Por &nbsp;otro lado, verific\u00f3 que el numeral tercero del auto recurrido, &nbsp;el cual aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, se ajust\u00f3 &nbsp;a derecho \u00abal &nbsp;respetar en su tasaci\u00f3n los lineamientos que al respecto tiene &nbsp;establecido el Consejo Superior de la Judicatura, no le queda opci\u00f3n &nbsp;distinta a esta superioridad que refrendar ese especifico \u00edtem\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;l\u00ednea con lo dicho, trajo de presente la modificaci\u00f3n &nbsp;de la cl\u00e1usula segunda para se\u00f1alar que la p\u00f3liza &nbsp;presentada en el proceso ampara las obligaciones de las dos &nbsp;sociedades demandadas, lo que conllev\u00f3 a la revocatoria del &nbsp;numeral 4\u00ba y, procedi\u00f3 a modificarlo, en el sentido de &nbsp;\u00abordenar &nbsp;la entrega de la totalidad del dep\u00f3sito judicial que se &nbsp;encuentra a \u00f3rdenes de este proceso con miras a respaldar la &nbsp;obligaci\u00f3n que se ejecuta, pero con cargo a ambas demandadas y &nbsp;en los t\u00e9rminos de la sentencia que desat\u00f3 la &nbsp;instancia\u00bb . &nbsp;<\/p>\n<p>Por &nbsp;la misma raz\u00f3n, revoc\u00f3 los numerales 5\u00ba, 6\u00ba y &nbsp;7\u00ba, con el fin de continuar con la ejecuci\u00f3n contra las &nbsp;demandadas hasta que las obligaciones se encuentren satisfechas en su &nbsp;integridad. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp;De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no &nbsp;se recibe como irrazonable o manifiestamente alejada del ordenamiento &nbsp;jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida &nbsp;despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable &nbsp;de las pruebas (documentales) y la normativa que gobierna el asunto &nbsp;en torno al tema debatido. &nbsp;<\/p>\n<p>Para &nbsp;la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado &nbsp;defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar &nbsp;un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un &nbsp;ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, &nbsp;an\u00e1lisis que en el caso concreto no se recibe como &nbsp;irrazonable. &nbsp;<\/p>\n<p>Por &nbsp;supuesto, es necesario resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo &nbsp;interviene en la \u00abesfera &nbsp;probatoria\u00bb, &nbsp;cuando el \u00aberror &nbsp;en el juicio valorativo\u00bb &nbsp;sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la &nbsp;decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub &nbsp;examine, &nbsp;pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del &nbsp;material probatorio. &nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, &nbsp;esta Corporaci\u00f3n en \u00abmateria &nbsp;de pruebas\u00bb &nbsp;ha &nbsp;reiterado que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab[E]l &nbsp;campo en donde fluye la independencia del juez con mayor&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;vigor, es &nbsp;en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;el &nbsp;administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;la &nbsp;manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos &nbsp;de la sana&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la &nbsp;regla general de que la&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;figura de la v\u00eda de hecho solamente &nbsp;puede tener una aplicaci\u00f3n en&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;situaciones extremas debe ser &nbsp;manejada con un criterio restrictivo&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(&#8230;) de forma que s\u00f3lo &nbsp;es factible fundar una acci\u00f3n de tutela,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cuando se observa en &nbsp;el caso concreto, que de manera manifiesta&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;el operador jur\u00eddico &nbsp;ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;la valoraci\u00f3n &nbsp;probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;realizaci\u00f3n, &nbsp;pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;directa &nbsp;en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb &nbsp;(CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;reiterado, entre otros, el 7 &nbsp;oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2016 21 abr. 2016 rad. &nbsp;2016-00057-01). &nbsp;<\/p>\n<p>Sobre &nbsp;el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que &nbsp;\u00abno &nbsp;se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador &nbsp;una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales &nbsp;aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica &nbsp;valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida &nbsp;con el de las partes\u00bb &nbsp;(CSJ &nbsp;STC, 18 abr., rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun., rad. 2012-00088-01; y &nbsp;STC, 12 ag., rad. 2013-00125-01; &nbsp;STC17205-2019, 16 dic. 2019, rad. 2019-04126-00). &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp;Por lo razonado en precedencia, se debe revocar el fallo de primera &nbsp;instancia. En su lugar, negar el amparo exigido. &nbsp;<\/p>\n<p>VI. &nbsp;DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;esta providencia a los interesados en la forma prevista por el &nbsp;art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase &nbsp;el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>\u00c1LVARO &nbsp;FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ARMANDO TOLOSA VILLABONA &nbsp;<\/p>\n<p>1\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 al 10 Anexo RAD 2021-0145 CUADERNO TRIBUNAL.pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>2\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4-7. Anexo &nbsp;23001400300520180032900. Parte 1.pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>3\u0002Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;49. Anexo &nbsp;23001400300520180032900 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;.Parte 1 pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>4\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;52-. Anexo &nbsp;23001400300520180032900 .Parte 2 pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>5\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;64. Anexo &nbsp;23001400300520180032900 .Parte 2 pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>6\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;82-. Anexo &nbsp;23001400300520180032900 .Parte 2 pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>7\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;130-140.Anexo 23001400300520180032900. Parte 2 pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>8\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;59-60.Anexo. RAD. 2021\u201400145 CUADERNO TRIBUNAL.pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>9\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folio &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;64-74 Anexo RAD. 2021\u201400145 CDNO TRIBUNAL &nbsp;<\/p>\n<p>10\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folio &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;64 Anexo RAD. 2021\u201400145 CUADERNO TRIBUNAL &nbsp;<\/p>\n<p>11\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folio &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;86-97 Anexo RAD. 2021\u201400145 CDNO TRIBUNAL.pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>12\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folio &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;106-97 Anexo RAD. 2021\u201400145 CDNO TRIBUNAL.pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>13\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;130-140.Anexo 23001400300520180032900. Parte 2 pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>14\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folio 139. Anexo &nbsp;23001400300520180032900 .Parte &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2 pdf. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC11943-2021 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; Magistrado &nbsp;Ponente &nbsp; STC11943-2021 &nbsp; Radicaci\u00f3n n\u00b0. &nbsp;23001-22-14-000-2021-00145-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) &nbsp; Bogot\u00e1 &nbsp;D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). &nbsp; La &nbsp;Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia &nbsp;proferida por [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57501","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57501"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57501\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}