STC11959-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11959-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03092-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Edison Germ\u00e1n B\u00e1ez Mueses gobernador del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Ipiales, en nombre de \u00e9ste y en el de \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Justicia y del Derecho, extensiva a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales -, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia \u2013 Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Internacional – y dem\u00e1s involucrados en el juicio de extradici\u00f3n n\u00ba 57756. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y autonom\u00eda jurisdiccional\u00bb para que se ordenara, a (i) La Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abderogar el concepto favorable de extradici\u00f3n CP048-2021, Radicado n\u00ba 57756, Acta 64, de fecha 17 de marzo de 2021 y emitir concepto desfavorable ante la solicitud de extradici\u00f3n del ind\u00edgena Colombiano \u00c1lvaro Leonel Ordo\u00f1ez Garc\u00eda realizada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica\u00bb y al (ii) Ministerio de Justicia y del Derecho \u00abse exponga nueva resoluci\u00f3n que decida la no extradici\u00f3n del ciudadano colombiano \u00c1lvaro Leonel Ordo\u00f1ez Garc\u00eda (\u2026) para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Am\u00e9ricas\u00bb. En consecuencia, \u00abse ordene a quien corresponda, proceda remitir el expediente y trasladar al Ind\u00edgena \u00c1lvaro Leonel Ordo\u00f1ez Garc\u00eda (\u2026) al Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Ipiales\u00bb. <\/p>\n
En compendi\u00f3 narr\u00f3 que \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda se encuentra censado como ind\u00edgena perteneciente al Resguardo de Ipiales, por tanto conserva la identidad cultural y social del Pueblo de los Pastos y, que fue capturado por miembros de la DIJ\u00cdN (21 en. 2020) por recaer sobre \u00e9l pedido de extradici\u00f3n de la justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, en virtud de cargos relacionados con \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u00bb y \u00abconcierto para delinquir\u00bb, quedando a disposici\u00f3n de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la comunidad ind\u00edgena, \u00aben cumplimiento a lo ordenado por el Derecho Mayor, la Ley Natural y en uso de sus facultades legales y Constitucionales\u00bb adelant\u00f3 procedimiento contra Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, el cual culmin\u00f3 con la Resoluci\u00f3n 009 de 15 de abril de 2020 que le impuso los siguientes correctivos: \u00ab(\u2026) sanci\u00f3n en presencia de la Asamblea Ind\u00edgena con 35 azotes o latigazos; encierro en uno de los cuartos de reclusi\u00f3n y sanaci\u00f3n con enfoque diferencial durante 12 a\u00f1os; realizar mingas de trabajo y mingas educativas cuando el Cabildo lo autorice; p\u00e9rdida de derechos de representaci\u00f3n en la comunidad Ind\u00edgena de Ipiales, entre otros (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud formal que elev\u00f3 el cabildo con el fin de obtener la entrega del mencionado \u00abcomunero\u00bb para el cumplimiento de las anteriores sanciones (18 ag. 2020), y emiti\u00f3 concepto favorable al pedido de extradici\u00f3n de Ordo\u00f1ez Garc\u00eda a trav\u00e9s de CP048-2021, Rad. n\u00ba 57756, Acta 64, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (17 mar. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva 095 del 4 de mayo hoga\u00f1o, el Gobierno Nacional concedi\u00f3 \u00abla extradici\u00f3n del ciudadano colombiano \u00c1lvaro Leonel Ordo\u00f1ez Garc\u00eda (\u2026) para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Am\u00e9rica\u00bb por los tipos penales \u00abimputados en la acusaci\u00f3n sustitutiva No. 18-20750-CR (\u2026) dictada el 15 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida\u00bb; lo que recurri\u00f3 y se resolvi\u00f3 de manera desfavorable (Resoluci\u00f3n Ejecutiva n\u00ba 162, 21 jul.). <\/p>\n
Dijo que el se\u00f1alado tr\u00e1mite vulner\u00f3 los \u00abderechos fundamentales de la Comunidad Ind\u00edgena del Resguardo de Ipiales y del integrante de la misma \u00c1lvaro Leonel Ordo\u00f1ez Garc\u00eda\u00bb, pues los querellados \u00abperciben que la autoridad ancestral no juzg\u00f3 al solicitado por los mismos hechos que motivan la extradici\u00f3n y, por ende, no se le reconoce al Ind\u00edgena \u00c1lvaro Leonel Ordo\u00f1ez Garc\u00eda la garant\u00eda judicial del non bis in \u00eddem\u00bb, por lo que suplic\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la sentencia de 21 de marzo de 2018 emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (CP0362018, Rad. 49006), \u00abActa 98 (\u2026) antecedente de Jos\u00e9 Mart\u00edn Yama Guacan\u00e9s como el asunto del Ind\u00edgena \u00c1lvaro Leonel Ordo\u00f1ez Garc\u00eda son similares\u00bb. <\/p>\n
El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso al auxilio, en tanto (i) Los argumentos expuestos en la presente \u00abacci\u00f3n\u00bb ya fueron objeto de estudio y pronunciamiento por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y el Gobierno Nacional durante el \u00abtr\u00e1mite de extradici\u00f3n\u00bb; (ii) La \u00abtutela\u00bb no puede ser tomada como una instancia m\u00e1s dentro de \u00e9ste; (iii) El acto administrativo de \u00abextradici\u00f3n\u00bb se encuentra en firme y goza de presunci\u00f3n de legalidad. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Relaciones Exteriores\u2013 Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Internacional, requirieron su desvinculaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que \u00abno se afectan derechos fundamentales como el derecho al debido proceso y de defensa\u00bb y, por cuanto \u00abno obra hecho alguno atribuible a \u00e9ste, que permita inferir una acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza o puesta en peligro de los derechos fundamentales del accionante por parte de esta entidad\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica destac\u00f3 la inviabilidad del ruego, dado que no se satisfizo el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales estim\u00f3 que \u00ab\u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda se encuentra legalmente privado de la libertad, en consonancia con el debido proceso y la normatividad vigente para estos asuntos, a la espera de que el Ministerio de Justicia y del Derecho reciba las garant\u00edas del Estado requirente (condicionamientos exigidos en el art\u00edculo 494 de la Ley 906 de 2004) y de esa manera solicite a esta entidad dejar a disposici\u00f3n para efectuar su entrega, dentro del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se advierte que Edison Germ\u00e1n B\u00e1ez Mueses, como gobernador del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Ipiales, tiene legitimaci\u00f3n para actuar en nombre de \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, como quiera que as\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al otorgar a tales dirigentes \u00ablegitimaci\u00f3n por activa para interponer la acci\u00f3n de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, atenta no solo contra los derechos y garant\u00edas establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las comunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (T-866 de 2013); adem\u00e1s, Ordo\u00f1ez Garc\u00eda es \u00abcomunero\u00bb perteneciente al Resguardo Ind\u00edgena de Ipiales, parcialidad Inchunchala, vereda Guacuan, como se desprende de la certificaci\u00f3n de pertenencia al mismo (fl. 28 escrito tutelar). <\/p>\n
2.- En el sub lite se reprocha, (i) A La Sala de Casaci\u00f3n Penal porque emiti\u00f3 \u00abconcepto favorable de extradici\u00f3n CP048-2021, Radicado n\u00ba 57756, Acta 64, de fecha 17 de marzo de 2021\u00bb y, (ii) Al Ministerio de Justicia y del Derecho por expedir \u00abla resoluci\u00f3n ejecutiva 095 del 04 de mayo 2021\u00bb, en la que concedi\u00f3 la extradici\u00f3n del ciudadano colombiano Ordo\u00f1ez Garc\u00eda, para que comparezca \u00aba juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Am\u00e9rica\u00bb y la \u00abresoluci\u00f3n ejecutiva n\u00ba 162 del 21 de julio de 2021\u00bb, que confirm\u00f3 la primera. <\/p>\n
2.1.- No obstante, lo que se avizora es que el concepto CP048-2021 (17 mar, rad n\u00ba 57756, acta 64) de la Corte Suprema de justicia, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los elementos suasorios obrantes en el decurso de cara a la \u00abgarant\u00eda del non bis in \u00eddem – Prohibici\u00f3n de doble juzgamiento\u00bb y a la condici\u00f3n especial del pedido en extradici\u00f3n \u2013 ciudadano colombiano perteneciente al resguardo Ipiales. <\/p>\n
En efecto, liminarmente aclar\u00f3 <\/p>\n
\u201c(\u2026) el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades ind\u00edgenas es un derecho colectivo y subjetivo a que sean estas quienes juzguen las conductas cometidas por sus miembros, cuya finalidad se explica en el respeto y protecci\u00f3n de la identidad \u00e9tnica y cultural. Por tanto, para determinar la competencia de la jurisdicci\u00f3n ancestral en cada caso concreto es necesario verificar el cumplimiento, al menos, de uno de los requisitos previstos por la jurisprudencia para la configuraci\u00f3n del fuero. De lo contrario, la jurisdicci\u00f3n ordinaria se constituye en el juez natural competente (CC T-208 de 2019, acogido por CSJ CP103-2020, 8 jul 2020, rad. 56071). <\/p>\n
Lo precedente acarrea una poderosa consecuencia, consistente en que las sentencias emitidas por las autoridades ind\u00edgenas, al menos en materia penal, surten efectos de cosa juzgada, en tanto declaran culpables o inocentes a las personas judicializadas por tales resguardos con base en sus propios usos y costumbres. [CSJ CP103-2020, 8 jul 2020, rad. 56071]. <\/p>\n
En este caso, la defensa solicita la emisi\u00f3n de concepto desfavorable, pues, a su juicio, por los mismos hechos contenidos en la acusaci\u00f3n sustitutiva No. 18-20750-CR-GAYLES\/OTAZO-REYES(s), dictada el 15 de marzo de 2019, sustento de la solicitud de extradici\u00f3n, \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda fue condenado el 15 de abril de 2020 por el Cabildo Ind\u00edgena de Ipiales a las penas se\u00f1aladas en el numeral 14.9 de los antecedentes de este pronunciamiento, por las conductas de \u00abdesobediencia a los usos y costumbres, falta a la palabra, mentira y por encontrarse vinculado como mindalae (mensajero) bochinchero y mandadero con traficantes de droga\u00bb\u201d <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, frente a la Resoluci\u00f3n 009 de 15 de abril de 2020 del Cabildo Ind\u00edgena de Ipiales, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) en este evento, en cuanto a la configuraci\u00f3n del fuero ind\u00edgena, se satisface el elemento personal o subjetivo, en la medida que el referido resguardo reconoci\u00f3 al implicado como un miembro suyo, seg\u00fan certificaci\u00f3n emitida por el Gobernador del Cabildo Ind\u00edgena de Ipiales, aunado a que aparece registrado en el censo del Ministerio del Interior, desde 2014, conforme qued\u00f3 anotado en los antecedentes. <\/p>\n
Esos sucesos lo hacen merecedor del derecho colectivo y subjetivo a que sea tal autoridad ancestral quien juzgue las conductas cometidas por el implicado con base en sus usos, costumbres y tradiciones, cuya finalidad se explica en el respeto y protecci\u00f3n de la identidad \u00e9tnica y cultural. <\/p>\n
Igualmente, se observa cumplido el elemento org\u00e1nico, por cuanto qued\u00f3 comprobado la existencia de una institucionalidad compuesta de un sistema de derecho propio que re\u00fane los usos, costumbres y procedimientos tradicionales del Cabildo Ind\u00edgena de Ipiales, y que son aceptados en la comunidad. <\/p>\n
Lo anterior, seg\u00fan lo advertido en las Resoluciones 004 y 009 de 2020, donde aparece que, adem\u00e1s de Marco Tulio Puerchambud, Gobernador Principal del Resguardo de Ipiales, existen otras autoridades dentro de dicha comunidad. <\/p>\n
Con ello, se concluye que existe una estructura org\u00e1nica consolidada y capaz de administrar justicia en la mencionada comunidad ind\u00edgena, por cuanto el factor institucional implica sujeci\u00f3n al principio de legalidad y, prima facie, otorga seguridad de un debido proceso para el acusado y una garant\u00eda de protecci\u00f3n a los derechos de las v\u00edctimas. (CSJ SP15508-2015, rad. 46556 y CP036-2018, 21 mar. 2018, rad. 49006) <\/p>\n
La suma de esos dos (2) elementos, en este caso concreto, permiten afirmar razonablemente que la Jurisdicci\u00f3n Especial Ind\u00edgena se encontraba legitimada para judicializar a \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, pues, recu\u00e9rdese que no se necesita la concurrencia de los cuatro (4) presupuestos previstos por la jurisprudencia constitucional (incluido el territorial y el objetivo) para determinar esa situaci\u00f3n. Es suficiente la acreditaci\u00f3n de uno de ellos. (CC T-208 de 2019, acogido por CSJ CP103-2020, 8 jul 2020, rad. 56071)\u201d <\/p>\n
Ya en punto de los hechos contenidos en la \u00abacusaci\u00f3n for\u00e1nea\u00bb y la inexistencia de transgresi\u00f3n a \u00abla garant\u00eda judicial del non bis in \u00eddem\u00bb, apostill\u00f3 que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la Sala percibe que la autoridad ancestral no juzg\u00f3 al solicitado por los hechos contenidos en la acusaci\u00f3n for\u00e1nea (presunta participaci\u00f3n en el env\u00edo de coca\u00edna a Centroam\u00e9rica, con destino final a los Estados Unidos de Am\u00e9rica), en aras de reconocer a su favor la garant\u00eda judicial del non bis in \u00eddem. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, de la extensa transcripci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 009 de 2020, no se advierte similitud entre los sucesos jur\u00eddicamente relevantes por los cuales fue acusado y condenado \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda en la justicia ancestral y por los que se encuentra pedido en extradici\u00f3n, pese a que ser tratado por la comunidad aut\u00f3ctona como \u00abMindalae (Mensajero) Bochinchero y Mandadero con Traficantes de Droga\u00bb, puede asemejarse, en t\u00e9rminos generales, a los elementos descriptivos de los tipos penales de Concierto para delinquir agravado y Tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado, de acuerdo con el pronunciamiento CSJ CP036-2018, 21 mar. 2018, rad. 49006. <\/p>\n
Pues, los supuestos factuales por los cuales fue judicializado el pretendido, al interior del pueblo milenario, se refieren a que el implicado \u00absiempre sal\u00eda de la casa, cada vez que lo llamaban, sin importar la hora, me dec\u00eda que se iba para las Veredas del Resguardo de Ipiales, en otras ocasiones dec\u00eda a Pupiales, a Aldana, a San Juan, a Potos\u00ed; como se dedicaba al comercio ese era casi su andar diario, solo hasta su captura me entero de que andaba prest\u00e1ndose para estas infamias\u00bb;1 \u00absiempre que \u00c1LVARO iba a llamar, lo hac\u00eda desde las veredas del Resguardo para que nadie lo escuche, por eso Ella (sic) sospechaba que algo malo su compa\u00f1ero permanente estaba haciendo\u00bb;2 \u00abandaba en malos pasos\u00bb;3 o que \u00absiempre participaba de las mingas y fiestas propias del Resguardo pero siempre andaba como espantado, como si algo malo estuviera haciendo, otros dijeron que lo hab\u00edan visto en redes sociales y que lo hab\u00edan capturado para extraditarlo\u00bb,4 los que no guardan relaci\u00f3n con los establecidos en el indictment. <\/p>\n
Ahora bien, los acontecimientos descritos en los documentos que recibi\u00f3 la compa\u00f1era permanente de \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, v\u00eda correo electr\u00f3nico, el 1 de abril de 2020, por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y que fueron tenidos en cuenta por la jurisdicci\u00f3n ancestral para condenar al implicado, tampoco pueden equipararse a los fijados en la acusaci\u00f3n for\u00e1nea, porque carecen de concreci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, en dicho fallo, la autoridad milenaria indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
LICENIA LUZ DARY dice que recibi\u00f3 un correo el d\u00eda 01 de abril de 2020 donde le mandaron varios papeles de la Fiscal\u00eda, los que dec\u00edan que \u00c1LVARO LEONEL lo ven\u00edan investigando porque transportaba coca\u00edna y que estaba solicitado en conjunto con otros cuatro tipos m\u00e1s para extradici\u00f3n a los Estados Unidos por el delito de Narcotr\u00e1fico. (\u00c9nfasis fuera de texto) <\/p>\n
De ese modo, se advierte que tales supuestos factuales, al ser abstractos, gen\u00e9ricos y gaseosos, en la medida que no especifican circunstancias de modo, tiempo y lugar, tampoco se pueden confrontar con los especificados en el indictment, a efectos de verificar la lesi\u00f3n alegada. <\/p>\n
Por ende, en este caso particular, contrario a lo sostenido por la defensa y las distintas solicitudes elevadas por el Gobernador de la aludida comunidad aut\u00f3ctona, no existe violaci\u00f3n a la garant\u00eda judicial del non bis in \u00eddem. Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional manifestaron que el pretendido no tiene actuaciones judiciales pendientes y activas en su contra, salvo el presente tr\u00e1mite\u201d. <\/p>\n
Finalmente, despu\u00e9s de citar los dos cargos formulados contra el procesado en la citada acusaci\u00f3n, analizar el contenido de la nota verbal n\u00ba 0451 de 19 de marzo de 2020, a trav\u00e9s de la cual se formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n, las declaraciones juradas rendidas por Joseph M. Schuster, Fiscal Auxiliar del Distrito Sur de la Florida, y John Shine, Agente Especial de Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (19 feb. 2020) y dem\u00e1s medios probatorios; edific\u00f3 el \u00abconcepto favorable de extradici\u00f3n\u00bb, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201cLos delitos que la autoridad for\u00e1nea atribuye a \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, guardan identidad con lo descrito en los art\u00edculos 340 -modificado por los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006- y 376 -reformado por los art\u00edculos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011- con la circunstancia de agravaci\u00f3n prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo Penal. Tales disposiciones jur\u00eddicas establecen lo siguiente: <\/p>\n
Art\u00edculo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de cuatro (4) a nueve (9) a\u00f1os. <\/p>\n
Cuando el concierto sea para cometer delitos de (\u2026) tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas (\u2026) la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
La pena privativa de la libertad se aumentar\u00e1 en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociaci\u00f3n para delinquir. <\/p>\n
Art\u00edculo 376. Tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al pa\u00eds, as\u00ed sea en tr\u00e1nsito o saque de \u00e9l, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier t\u00edtulo sustancia estupefaciente, sicotr\u00f3pica o drogas sint\u00e9ticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotr\u00f3picas, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Art\u00edculo 384. Circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva. El m\u00ednimo de las penas previstas en los art\u00edculos anteriores se duplicar\u00e1 en los siguientes casos: <\/p>\n
(\u2026) 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hach\u00eds; y a cinco (5) kilos si se trata de coca\u00edna o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las conductas contenidas en el indictment, se encuentran penalizadas en los dos pa\u00edses y corresponden a tipos penales con pena m\u00ednima superior a los 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
7. Sobre la notificaci\u00f3n de la cl\u00e1usula de extinci\u00f3n del derecho de dominio contenida en la acusaci\u00f3n formal. <\/p>\n
Como la referida acusaci\u00f3n incluye la alegaci\u00f3n de decomiso de los bienes objeto de las conductas reprochadas, es preciso se\u00f1alar que tal afirmaci\u00f3n no puede ser entendida como un cargo. <\/p>\n
En efecto, como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n en situaciones semejantes (CSJ CP032-2015), el se\u00f1alamiento de tal figura no comporta imputaci\u00f3n alguna, pues se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el(los) delito(s), de cuya comisi\u00f3n se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradici\u00f3n. Por ese motivo, no se encuentra comprendido dentro de los aspectos por analizar en el concepto a emitir por la Sala. <\/p>\n
8. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La Sala es del criterio que la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, es conforme a derecho y, en consecuencia, se proceder\u00e1 a conceptuar favorablemente a dicho pedido\u201d. <\/p>\n
Ahora, que el impulsor disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, tales evidencias no se estudiaron de forma correcta y en su criterio \u00abno se le reconoce al Ind\u00edgena \u00c1lvaro Leonel Ordo\u00f1ez Garc\u00eda la garant\u00eda judicial del non bis in \u00eddem\u00bb, no son \u00abargumentos\u00bb que abran paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
2.2.- De igual modo, como de manera reiterada lo ha predicado esta Corporaci\u00f3n, el embate contra \u00ablas resoluciones ejecutivas n\u00ba 095 de mayo 4 y 162 de julio 21 de 2021\u00bb debe ser dilucidado por el juez de lo contencioso administrativo (STC5112-2021, STL 4219-2021). <\/p>\n
Aserci\u00f3n que se fundamenta en el hecho de que Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda no acredit\u00f3 en el plenario la ocurrencia de perjuicio irremediable alguno, como el acaecimiento de un menoscabo de tal magnitud, actual, inminente y serio que determine la necesidad de otorgar la salvaguarda y en que las resoluciones ejecutivas n\u00ba 095 de mayo 4 y 162 de julio 21 de 2021, bien podr\u00edan ser atacada a trav\u00e9s del medio de la nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante la jurisdicci\u00f3n de esa especialidad. <\/p>\n
En ese sentido, si a juicio del gestor, con las disposiciones referidas, los convocados incurrieron en \u00abvulneraci\u00f3n de sus derechos esenciales\u00bb, es evidente que, previo a acudir a esta v\u00eda, debe agotar el mecanismo ordinario estatuido por el legislador que, en suma, le brinda la posibilidad de discutir las resoluciones, a trav\u00e9s de la figura de la \u00abnulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, escenario en el que, si lo estima pertinente, podr\u00e1 pedir medidas cautelares, conforme lo prev\u00e9 el canon 230 \u00eddem, sin que exista plena certeza si el sedicente hizo uso de tal instrumento, ya que en el libelo no hace referencia a ese punto, incumpli\u00e9ndose as\u00ed, con el presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb que caracteriza a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha puntualizado que, <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama\u201d\u00bb (STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha esbozado que, <\/p>\n
\u00ab[L]as inconformidades contra actos administrativos (\u2026), por regla general, no son susceptibles de debate a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicci\u00f3n competente y a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto (\u2026) habida cuenta que la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa es el escenario natural de dicha controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
el proceso contencioso administrativo\u00bb s\u00ed es id\u00f3neo y eficaz para hacer frente a ese escrutinio, ya que all\u00ed es viable instar el decreto de las medidas cautelares, entre ellas la \u00absuspensi\u00f3n del acto administrativo\u00bb en cuesti\u00f3n acorde con lo estatuido en el precepto 231 de la Ley 1437 de 2011; ello a fin de neutralizar temporalmente sus efectos y as\u00ed conjurar el \u00abperjuicio irremediable\u00bb que de \u00e9l pudiere derivar\u201d\u00bb (CSJ STC3327-2019, reiterada el 07 abr. 2021, STC3576-2021). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se declarar\u00e1 improcedente el socorro anhelado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Edison Germ\u00e1n B\u00e1ez Mueses, como gobernador del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Ipiales, en nombre de \u00e9ste y de \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Declaraci\u00f3n de la compa\u00f1era permanente del implicado. <\/p>\n
2\u0002 Declaraci\u00f3n de la compa\u00f1era permanente del implicado. <\/p>\n
3\u0002 Declaraci\u00f3n de otros cabildantes. <\/p>\n
4\u0002 Declaraci\u00f3n de otros cabildantes. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11959-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11959-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03092-00 (Aprobado en Sala de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se desata la tutela que Edison Germ\u00e1n B\u00e1ez Mueses gobernador del Cabildo Ind\u00edgena […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}