STC11982-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11982-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 26 de abril de 2021, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la tutela promovida por \u00d3scar Eduardo Villero Quintero frente a los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Villanueva y Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato adelantado en un resguardo similar a \u00e9ste, impulsado por Hilda Elena Pe\u00f1aloza Olivella al aqu\u00ed actor en su calidad de presidente del Concejo Municipal de la segunda de las citadas localidades. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del auxilio reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
2. Del extenso ruego tuitivo se extrae como base de su queja, lo siguiente: <\/p>\n
En el ruego objeto de esta salvaguarda, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, en providencia de 29 de julio de 2020, revoc\u00f3 la sentencia del despacho municipal fustigado mediante la cual se hab\u00eda denegado el amparo deprecado por Hilda Elena Pe\u00f1aloza Olivella, para en su lugar <\/p>\n
\u201c(\u2026) ORDENAR al CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA, LA GUAJIRA, y a su Mesa Directiva, que en el t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones No. 007 y 009 de 2020, para que en su defecto, contin\u00faen con el tr\u00e1mite establecido en la Resoluci\u00f3n No. 062 de 2019, [por la cual se convoc\u00f3 y reglament\u00f3 el concurso p\u00fablico y abierto de m\u00e9ritos, para proveer el cargo de personero de ese municipio], y, a partir de all\u00ed, se surtan las dem\u00e1s etapas del proceso conforme a las previsiones legales sobre la materia, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El referido cuerpo legislativo impetr\u00f3 acci\u00f3n de resguardo contra la anterior decisi\u00f3n, correspondiente el conocimiento de ese asunto a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, quien, en prove\u00eddo de 6 de octubre de pasado, concedi\u00f3 el auxilio revocando el comentado fallo de tutela; sin embargo, esta Corte el 29 de enero de 2021, declar\u00f3 improcedente dicho amparo, por carecer del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Por lo anterior, Hilda Elena Pe\u00f1aloza Olivella present\u00f3 desacato ante el despacho municipal fustigado, por incumplimiento del fallo de tutela emitido el 29 de julio de 2020, incidente resuelto el 15 de marzo de 2021, imponi\u00e9ndosele al hoy quejoso, en calidad de presidente de la Mesa Directiva del Concejo de Villanueva, multa de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
En auto de 7 de abril siguiente, el juez del circuito querellado en sede de consulta confirm\u00f3 la referida sanci\u00f3n; empero, adicion\u00f3 el correctivo de cinco (5) d\u00edas de arresto por incumplimiento de la memorada orden tutelar. <\/p>\n
El censor critica a las autoridades convocadas, porque, no analizaron a profundidad los argumentos de defensa presentados en el comentado incidente, concernientes a la \u201cimposibilidad jur\u00eddica de cumplir con el fallo del 29 de julio de 2020\u201d, pues, por un lado, se orden\u00f3 a la corporaci\u00f3n que \u00e9l preside dejar sin efecto \u201cdos actos administrativos\u201d, aun cuando esa facultad se encuentra atribuida \u00fanicamente a los \u201cjueces\u201d; y por el otro, ante la \u201ccarencia actual de objeto\u201d, toda vez que el nuevo \u201cconcurso de Personero Municipal\u201d de la citada localidad culmin\u00f3 con el nombramiento de Jos\u00e9 Luis Socarr\u00e1s Amaya. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, \u201cse declare la carencia actual de objeto en el tr\u00e1mite incidental\u201d sublite. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villanueva, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desplegadas dentro del incidente subex\u00e1mine. <\/p>\n
2. El despacho del circuito confutado se opuso al ruego resaltando que la sanci\u00f3n proferida en contra del quejoso obedeci\u00f3 al incumpliendo del fallo emitido en el auxilio propuesto por Hilda Elena Pe\u00f1aloza Olivella. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo en el caso de marras no se acredit\u00f3 que se surtiera la revisi\u00f3n o se interpusiera recurso de insistencia ante la H. Corte Constitucional ello impone declarar improcedente este mecanismo para la protecci\u00f3n de los derechos deprecados, m\u00e1xime cuando el aludido recurso de insistencia tambi\u00e9n se encuentra habilitado respecto el fallo de tutela rad. 2020-00093-00, proceso tutelar tramitado en primera instancia ante este Tribunal, y del cual tampoco su utilizaci\u00f3n se encuentra acreditada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La interpuso el gestor insistiendo en la imposibilidad jur\u00eddica y material de cumplir con la orden emitida en la primera salvaguarda e indicando que la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional no es un mecanismo eficaz mediante el cual se pueda debatir la sanci\u00f3n impuesta en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor cuestiona que el estrado del circuito accionado haya adicionado el correctivo de arresto y confirmado la sanci\u00f3n de multa a \u00e9l impuesta como presidente del Concejo Municipal de Villanueva, por el desacato a la sentencia de tutela emitida el 29 de julio de 2020, donde se ampararon los derechos de Hilda Elena Pe\u00f1aloza Olivella. <\/p>\n
2. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
La Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Excepcionalmente, se abre paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
El Alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. De entrada se advierte que, a diferencia de lo sostenido por el tribunal a quo, el presente auxilio s\u00ed cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto la decisi\u00f3n aqu\u00ed criticada fue emitida en el tr\u00e1mite de un incidente de desacato, el cual escapa de la esfera de estudio por parte de la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, pues ese mecanismo fue constituido \u00fanicamente para surtir el grado jurisdiccional asignado a esa corporaci\u00f3n respecto de las sentencias de tutela. <\/p>\n
5. Aclarado lo anterior, se advierte la viabilidad de la concesi\u00f3n del amparo, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n censurada el juzgado del circuito inici\u00f3 precisando que, revisada la actuaci\u00f3n desplegada por el funcionario judicial de primera instancia, la misma se ajust\u00f3 a derecho y garantiz\u00f3 el debido proceso de las partes intervinientes, dando la oportunidad al incidentado para presentar sus argumentaciones y acreditar el cumplimiento de la aludida orden tutelar. <\/p>\n
Posteriormente, puntualiz\u00f3, el sancionado -aqu\u00ed tutelante-, efectivamente, es el representante legal de la instituci\u00f3n tutelada, pues fue designado como liquidador de esa sociedad, por tanto, acot\u00f3, es el principal responsable del cumplimiento de la orden judicial impartida en la sentencia de 11 de mayo de 2020. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, conforme a las pruebas recaudadas, el Concejo Municipal de Villanueva, corporaci\u00f3n de la cual el ahora promotor funge como presidente, no demostr\u00f3 haber adelantado las gestiones para dar cumplimiento al referido fallo constitucional, a pesar de haber sido requerido, para tal efecto. <\/p>\n
Sobre el punto, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una vez analizado el expediente incidental, tenemos que a\u00fan no se le ha dado cumplimiento a la orden proferida el d\u00eda 29 de Julio de 2020, la cual revoc\u00f3 la providencia calendada el 05 de junio de 2020, proferida por la Juez Primero Promiscuo Municipal de Villanueva, La Guajira, puesto que no existe evidencia en el proceso que se le haya dado estricto cumplimiento a la orden judicial de dejar sin efectos los actos administrativos se\u00f1alados, adem\u00e1s la entidad accionada, de manera clara y concisa adujo no haberle dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por el juez de tutela. De este modo se cumplen con los requisitos subjetivos y objetivos que fundan la sanci\u00f3n en contra de los funcionarios incumplidos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]fectivamente se encuentra demostrada la responsabilidad subjetiva y objetiva de la persona encargada de hacer cumplir el fallo, es decir la mesa directiva del CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA, compuesta por los se\u00f1ores \u00d3SCAR EDUARDO VILLERO QUINTERO, WILDER OTHON DE LA HOZ y RICAURTE REYES; puesto que los mismos no han demostrado el haber realizado lo ordenando, ni tampoco han allegado prueba si quiera sumar\u00eda al expediente, de estar adelantando los tr\u00e1mites pertinentes para darle cumplimiento al fallo, a pesar del requerimiento realizado en el curso del tr\u00e1mite incidental; actuaciones que debieron motivar al ente accionado a realizar las gestiones necesarias para darle cumplimiento al fallo de tutela de forma integral sin ning\u00fan tipo de dilaci\u00f3n. De este modo estamos frente a un incumplimiento total de la orden judicial de la referencia\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien teniendo en cuenta, que efectivamente existe responsabilidad por parte de la mesa directiva del CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA, LA GUAJIRA, en cuanto al incumplimiento de la orden judicial, puesto que ha existido una actitud negligente, inoperante, dilatoria y tard\u00eda frente al cumplimiento del fallo, es deber del despacho salvaguardar los derechos constitucionales amparados, y procurar que se conlleve al cumplimiento del mismo; En m\u00e9rito de lo expuesto, este despacho proceder\u00e1 a confirmar la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia, consistente en la sanci\u00f3n de multa en contra del referido ente encargado de cumplir el fallo, adicionando a dicha sanci\u00f3n de primera instancia la pena de arresto de 5 d\u00edas consecutivos, para los cabildantes que han visto dilatando el cumplimiento de la orden judicial, indicando adem\u00e1s al Concejo Municipal infractor que puede hacerse acreedor a las sanciones penales tipificadas en el art\u00edculo 53 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el caso, se advierte que el juzgado confutado, en nada refiri\u00f3 la imposibilidad jur\u00eddica del actor para cumplir el fallo objeto del incidente, pues se limit\u00f3 a resaltar, \u00fanicamente, el desobedecimiento del mandato y la falta de prueba sobre el adelantamiento de los tr\u00e1mites tendientes a acatar la comentada orden, sin hacer ninguna referencia a los argumentos de defensa expuestos por el incidentado y, as\u00ed, determinar la responsabilidad subjetiva del actor; m\u00e1xime cuando, en la providencia criticada, se se\u00f1al\u00f3 que el tutelante contest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cEl CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA, LA GUAJIRA, present\u00f3 contestaci\u00f3n al requerimiento del despacho de conocimiento, refiri\u00e9ndose a los hechos del incidente y reiterando sobre la imposibilidad jur\u00eddica de darle cumplimiento a dicho fallo, pues la orden impartida es la de dejar sin efectos dos actos administrativos, lo cual no est\u00e1 en cabeza del concejo municipal seg\u00fan expuso el ente accionado, al existir una convocatoria de personero municipal totalmente terminado y con acto de elecci\u00f3n del se\u00f1or JOSE LUIS SOCARR\u00c1S, el cual tiene presunci\u00f3n de legalidad, solicitando se abstenga de declarar en desacato al concejo municipal, declarando la carencia actual del objeto y dar por terminado el incidente de desacato\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, para se\u00f1alar que el auxilio invocado por el interesado ser\u00e1 otorgado y, a su vez, reiterar que el objeto del incidente de desacato persigue la efectividad inmediata de las garant\u00edas fundamentales concedidas; empero no se dirige, exclusivamente, a la imposici\u00f3n de multas y arrestos. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, para sancionar, no s\u00f3lo deben mediar el desobedecimiento manifiesto debidamente probado sino tambi\u00e9n los aspectos subjetivos en quien incumple la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse ni debe olvidarse que la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, est\u00e1 proscrita en nuestro ordenamiento. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha considerado la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
El desacato, consiste ante todo en aquella conducta contraria al mandato judicial impartido por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n
Con todo, se destaca, los funcionarios denunciados, am\u00e9n de verificar la legalidad del tr\u00e1mite incidental, ten\u00edan la obligaci\u00f3n de dar prevalencia a la efectividad del derecho fundamental otorgado en la sentencia de tutela cuyo obedecimiento se exigi\u00f3, aspecto que si bien no fue materia de debate, llama la atenci\u00f3n de la Corte, dada la finalidad del desacato, cuyo objetivo pugna por la efectividad de las decisiones que conceden amparos constitucionales, cuesti\u00f3n con preeminencia, incluso en sede de consulta. <\/p>\n
Reitera la Sala, el desacato no conlleva necesariamente un sistema de responsabilidad objetiva, de modo tal que, en circunstancias como la presente, le compete al juez, analizar la cuesti\u00f3n desde el \u00e1mbito de la responsabilidad subjetiva, escrutando las circunstancias en la cu\u00e1les se halla el obligado, para determinar si en verdad se encuentra con un prop\u00f3sito definido o culposo en sustraerse al cumplimiento de la orden impartida. <\/p>\n
6. Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
7. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar otorgar el auxilio implorado y se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el auto de 7 de abril de 2021 y en el mismo t\u00e9rmino, defina, nuevamente, el grado jurisdiccional de consulta respecto de las sanciones de multa y arresto impuestas en contra del quejoso, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed se\u00f1alado. <\/p>\n
8. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
9. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 revocado y, en su lugar, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia recurrida y, en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n deprecada por \u00d3scar Eduardo Villero Quintero. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el auto de 7 de abril de 2021 y en el mismo t\u00e9rmino, defina, nuevamente, el grado jurisdiccional de consulta respecto de las sanciones de multa y arresto impuestas en contra del quejoso, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed se\u00f1alado. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase copia de este pronunciamiento a los juzgados involucrados. <\/p>\n
CUARTO: Env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional Sentencia T- 763 de 1998. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC11982-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC11982-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00052-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 26 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57515","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57515","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57515"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57515\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}