STC11998-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11998-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03091-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la Cooperativa de Choferes de Taxis Transportadores del Atl\u00e1ntico \u2013Coochotax, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte actora reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en ambas instancias en el marco del proceso de responsabilidad civil extracontractual que Laura Vanessa Herrera Tirado promovi\u00f3 en su contra y otros, con radicado No. 2018-00056-00. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, \u00abREVOCAR [LOS] FALLO[S] DE PRIMERA O SEGUNDO INSTANCIA Y PROFERIR OTRO, respecto de los reparos relativos (\u2026) a la condena de da\u00f1os y perjuicios\u00bb, al interior del citado decurso. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce que, pese a que la demandante no acredit\u00f3 con \u00ab[p]rueba alguna, el grado o porcentaje de p\u00e9rdida de [su] capacidad laboral (\u2026) como consecuencia de[l] (\u2026) presunto siniestro vial y que la misma fuese expedida por parte de EPS, ARL o juntas de calificaci\u00f3n de invalidez\u00bb la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, que la conden\u00f3 al pago de $30.000.000,oo por el da\u00f1o a la vida relaci\u00f3n y $30.000.000,oo por el \u00ab[d]a\u00f1o Est\u00e9tico\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque la tasaci\u00f3n de los perjuicios es \u00abdiscrecional\u00bb del juez, en las decisiones de fondo los operadores judiciales desconocieron los precedentes jurisprudenciales donde la v\u00edctima falleci\u00f3 y se estim\u00f3 porcentualmente la afectaci\u00f3n, lo que no aconteci\u00f3 en su caso, pues \u00abno existe prueba sumaria o documental del valor econ\u00f3mico de las cirug\u00edas est\u00e9tica[s] que necesita [la afectada] (\u2026) [para su] reconstrucci\u00f3n facial\u00bb, luego \u00aben el peor de los casos la condena no pod\u00eda ser superior a (\u2026) $10.000.000\u00bb, razones que estima suficientes para considerar la lesi\u00f3n del derecho superior invocado. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 2 de septiembre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, precis\u00f3 que en la decisi\u00f3n fustigada se apoy\u00f3 en el precedente jurisprudencial sobre la particular materia, \u00abtuvo en cuenta todas y cada una de las pruebas obrantes en el proceso, analiz\u00e1ndolas seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica, tal y como aparece determinado en la providencia en menci\u00f3n, concluy\u00e9ndose que se encontraban reunidos los tres elementos de la responsabilidad extracontractual, a saber, la culpa, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad.- Referente al monto de la reparaci\u00f3n por los da\u00f1os causados a la demandante, muy por el contrario de lo alegado por los Accionantes, dentro del proceso si existen pruebas para su determinaci\u00f3n, como lo es el Informe de Medicina Legal, en el cual quedaron plenamente determinadas las secuelas que le dej\u00f3 el Accidente a la Accionante. (\u2026) Se reconoci\u00f3 a la demandante la suma de $30.000.000, por concepto de perjuicios morales, teniendo en cuenta los par\u00e1metros que al respecto tiene determinado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, la edad de la demandante, escasos 19 a\u00f1os, cuando ocurri\u00f3 el accidente, las secuelas que el mismo le dej\u00f3, como fueron las deformidades f\u00edsicas, de car\u00e1cter permanente, tanto en su cuerpo como en su rostro\u00bb. <\/p>\n
b. El Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, refiri\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abse ci\u00f1\u00f3 a la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el plenario, lo cual no puede considerarse como arbitrarias, ni mucho menos antojadizo, ni poner en duda la certificaci\u00f3n expedida por parte de la EPS, ARL referente a la incapacidad laboral, y si as\u00ed lo consider\u00f3, debi\u00f3 ejercer su derecho, pues \u00e9l cont\u00f3 con la oportunidad de exponer sus razones de inconformidad y enervar las pretensiones incoadas dentro del proceso verbal\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. En el presente asunto, se observa que la censura de la Cooperativa de Choferes de Taxis Transportadores del Atl\u00e1ntico \u2013Coochotax, est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 21 de abril de la presente anualidad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que resolvi\u00f3 modificar el numeral 2\u00ba de la decisi\u00f3n del 21 de mayo de 2019 del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito, en el sentido de \u00abordenar el reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n plena de los perjuicios (\u2026) [tasados en] la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\u2026) por concepto de da\u00f1os morales (\u2026) [y] la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS (\u2026) por concepto de da\u00f1o a la vida relaci\u00f3n\u00bb, dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual que Laura Vanessa Herrera Tirado promovi\u00f3 frente en contra de la aqu\u00ed inconforme y otros, pues seg\u00fan su criterio, la condena impuesta no fue acreditada de manera alguna. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n a los da\u00f1os morales puntualiz\u00f3, que \u00ab[c]omo ha quedado demostrado en p\u00e1rrafos anteriores, la demandante es una joven de escasos 19 a\u00f1os, cuando ocurri\u00f3 el accidente, el cual le dej\u00f3 deformidad permanente tanto en su cuerpo como en su rostro, lo cual es m\u00e1s que evidente, m\u00e1s lo manifestado por el testigo David Vergel y por la se\u00f1ora madre de la demandante, declaraci\u00f3n \u00e9sta que si bien fue tachada por la parte demandante, ello no implica el desechar la misma, sino valorarla con mayor rigurosidad, y en este caso concreto, qu\u00e9 persona puede ser testigo de los sufrimientos de LAURA VANESSA, que su mam\u00e1 por ser precisamente una de las personas m\u00e1s cercanas a ella. Por lo anterior, se proceder\u00e1 siguiendo los par\u00e1metros de la Corte Suprema de Justicia, que acoge el criterio de la doctrina moderna de que la condena que tiene manantial en la comisi\u00f3n de un da\u00f1o moral subjetivo, el llamado Premium doloris, no busca tanto reparar ese perjuicio cabalmente, resarcimiento que es el objetivo de toda indemnizaci\u00f3n, sino <<procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido>>, permitiendo a quienes han sido v\u00edctimas del sufrimiento, hacerles, al menos, m\u00e1s llevadera su congoja, se se\u00f1alar\u00e1 a favor de la demandante, la suma de $30.000.000, por concepto de da\u00f1os morales\u00bb. <\/p>\n
3.2. De esta forma, con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed demandada), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
3.3. T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, la autoridad judicial convocada no solo tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales en lo que a los perjuicios extrapatrimoniales refiere, sino que adem\u00e1s, acudi\u00f3 a las pruebas legalmente recaudadas para la cuantificaci\u00f3n de los aludidos da\u00f1os; n\u00f3tese adem\u00e1s, que si bien, la parte actor aduce que en la sentencia SC15999-2016 la estimaci\u00f3n se realiz\u00f3 teniendo en cuenta el factor de perdida de la capacidad laboral de la v\u00edctima, lo cierto es que, respecto de la particular materia esta Corporaci\u00f3n de manera alguna ha establecido una tarifa legal, de all\u00ed que en otros asuntos, se ha recurrido a elementos de juicio distintos, y, se ha mantenido la potestad del Juez, en aplicaci\u00f3n del principio arbitrio iuris para la cuantificaci\u00f3n, siempre propendiendo por la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a la v\u00edctima en un marco de equidad y proporcionalidad. <\/p>\n
Esta Sala en punto de las pruebas y la tasaci\u00f3n de los mentados perjuicios, en reciente pronunciamiento reiter\u00f3 que \u00ab\u00ab[t]rat\u00e1ndose de perjuicios morales, las m\u00e1ximas de la experiencia, el sentido com\u00fan y las presunciones simples o judiciales que brotan las m\u00e1s de las veces de la situaci\u00f3n de hecho que muestra el caso sometido a consideraci\u00f3n del juez ser\u00e1n suficientes a los efectos perseguidos (\u2026) Y a\u00f1adi\u00f3: \u00abEs sabido que no hay prueba certera que permita medir el dolor o la pena, ni menos cuando han pasado a\u00f1os desde el acaecimiento del evento da\u00f1oso. De tal modo que, ante la imposibilidad de una prueba directa y de precisar con certidumbre absoluta si existe o no y en qu\u00e9 grado el dolor, congoja, p\u00e1nico, padecimiento, humillaci\u00f3n, ultraje y, en fin, el menoscabo espiritual de los derechos inherentes a la persona de la v\u00edctima, como consecuencia del hecho lesivo, opta v\u00e1lidamente el juez por atender a esas particularidades del caso e inferir no s\u00f3lo la causaci\u00f3n del perjuicio sino su gravedad. Es que el da\u00f1o moral se manifiesta in re ipsa, es decir, por las circunstancias del hecho y la condici\u00f3n del afectado\u00bb\u00bb (CSJ SC3728-2021). <\/p>\n
3.4. Y en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2632-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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