STC12001-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12001-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03041-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c1rea Comercial 95 Villa S. en C. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn\u00b8 tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del proceso coercitivo que tramita contra Fabi\u00e1n David Cardona Giraldo, Sandra Milena Mu\u00f1oz Sep\u00falveda y Jimbei S.A.S., con radicado No. 2021-00173-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se \u00abdeclar[e] que la providencia del 3 de agosto de 2021 dictada en sede de segunda instancia, por la Sala Segunda Unitaria de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn ha de ser revisada por violatoria del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, en el sentido que se ha de librar mandamiento ejecutivo por valor de $60\u00b4533.546 a t\u00edtulo de cl\u00e1usula penal\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que promovi\u00f3 el referido proceso para cobrar unos c\u00e1nones de arrendamiento en mora y una cl\u00e1usula penal, con sustento en un contrato de arrendamiento, donde se pact\u00f3 por el \u00faltimo concepto que la parte incumplida pagar\u00eda \u00abun valor absoluto de: $60\u00b4533.646,0017\u00bb y en seguida se\u00f1ala \u00abun valor liquidable de: 73,10 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes a la fecha de incumplimiento a t\u00edtulo de pena\u00bb, de manera que \u00abes innegable que las partes ten\u00edan la clara voluntad de pactar una cl\u00e1usula penal de $60\u00b4533.646,oo\u00bb, solo que quer\u00edan \u00abtener dicho valor actualizado al incremento del salario m\u00ednimo legal mensual\u00bb <\/p>\n
Asevera que el 4 de junio de 2021, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn neg\u00f3 el mandamiento de pago por la cl\u00e1usula penal \u00abal considerar que adolec\u00eda de claridad\u00bb, decisi\u00f3n que atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, alegando que debi\u00f3 aplicarse el art\u00edculo 623 del C\u00f3digo de Comercio \u00absobre discordancia de las sumas de dinero expresadas en n\u00fameros y letras\u00bb, no obstante, el prove\u00eddo fue mantenido y se concedi\u00f3 la alzada, la cual fue resuelta el 3 de agosto pasado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, confirmando la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente asegura, que dicha Colegiatura err\u00f3 al no aplicar en su decisi\u00f3n el art\u00edculo 623 del C\u00f3digo de Comercio que permite concluir que el monto a cobrar por la cl\u00e1usula penal eran los $60\u00b4533.546 y no los 73,10 SMLMV a la fecha del incumplimiento, con lo cual desconoci\u00f3 la voluntad de los contratantes y no interpret\u00f3 adecuadamente la demanda, circunstancias que, en su criterio, abren paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 3 de septiembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn se remiti\u00f3 a las actuaciones que despleg\u00f3 dentro del decurso criticado, e inform\u00f3 que el proceso fue enviado a la oficina judicial para su conocimiento por parte de los Juzgados Civiles Municipales de la ciudad, asign\u00e1ndose al tercero. <\/p>\n
b). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, la sociedad \u00c1rea Comercial 95 Villa S. en C. cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, el auto del 3 de agosto de la presente anualidad, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn mantuvo \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 4 de junio anterior del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, de negar parcialmente el mandamiento de pago solicitado dentro del proceso ejecutivo que adelant\u00f3 contra Fabi\u00e1n David Cardona Giraldo y otros, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la inaplicaci\u00f3n de la norma llamada a regir el caso. <\/p>\n
\u00abel incumplimiento total o parcial por parte de el (los) arrendatarios de cualquiera de las obligaciones de este contrato, lo(s) constituir\u00e1(n) deudora(es) de la otra parte por la suma $60\u00b4533.646 (73.10) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes a la fecha de incumplimiento a t\u00edtulo de penal (sic), sin menoscabo del cobro de la renta y de los perjuicios que pudiere ocasionarse como consecuencia del incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
En seguida consider\u00f3 que \u00abel punto problem\u00e1tico de la cl\u00e1usula es la suma de dinero que se estipul\u00f3 a t\u00edtulo de pena; primero se fija una suma cierta de $60.533.646 y despu\u00e9s se pacta una forma de calcular la sanci\u00f3n en raz\u00f3n a 73.10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al momento del incumplimiento; atentando contra su claridad, puesto que para entenderla hay varias interpretaciones, una con respecto a la suma fija y otra con base en los SMLMV al momento del incumplimiento. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1alo que \u00ablos argumentos expuestos por el recurrente est\u00e1n llamados al fracaso porque mediante la interposici\u00f3n de un recurso y bajo su propia interpretaci\u00f3n, pretende dar entendimiento a las condiciones confusas plasmadas en el contrato, exponiendo que los salarios m\u00ednimos deb\u00edan tomarse al 2019 como fecha de celebraci\u00f3n; recurriendo a elementos extra\u00f1os a la propia cl\u00e1usula penal que debe ser clara, expresa y actualmente exigible. La suma expresada en pesos no guarda relaci\u00f3n con el equivalente en SMLMV, siendo el punto en el cual radica la falta de claridad en el extracto del contrato que se pretende ejecutar; fue la forma como se redact\u00f3 la cl\u00e1usula y el hecho de contener dos menciones que no son equiparables ni complementarias, lo que genera la falta de claridad que demanda el documento que se busca hacer valer como ejecutivo\u00bb <\/p>\n
A lo cual agreg\u00f3, que \u00abasisti\u00e9ndole raz\u00f3n al Juzgado de primera instancia en torno a la improcedencia de aplicar el art\u00edculo 623 del C. de Co., que es una norma exclusiva para los derechos y correlativas obligaciones cambiarias que se incorporan en los T\u00edtulos Valores (art\u00edculos 1, n. 6 del 20, 619 y ss. del C. de Co.). <\/p>\n
El hecho que la cl\u00e1usula penal admita diversas interpretaciones reafirma la ausencia de claridad, atentando con lo dispuesto por el art\u00edculo 422 del CGP; siendo suficiente para mantener la decisi\u00f3n de no librar el mandamiento de pago. <\/p>\n
Finalmente concluy\u00f3, que \u00abla cl\u00e1usula penal que se pretende ejecutar no presta m\u00e9rito ejecutivo, porque el derecho y la correlativa obligaci\u00f3n adolecen de claridad, sin que se pueda establecer con certeza el monto por el cual se vaya a cobrar la pena como consecuencia del incumplimiento contractual\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil de la Colegiatura accionada se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis del texto del contrato aducido como t\u00edtulo ejecutivo, y el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad expuso los motivos por los cuales no era clara la obligaci\u00f3n de pago de la cl\u00e1usula penal, debido a que fue redactada de manera confusa, en dos valores diferentes sin una relaci\u00f3n determinable de la simple lectura del documento, discrepancia que consider\u00f3 no se resolv\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 623 del C\u00f3digo de Comercio, porque la norma aplica para los t\u00edtulos valores, y, agrega la Corte, para cuando hay diferencia entre lo \u00abescrito en palabras y en cifras\u00bb, sin que sea este el caso, situaci\u00f3n que, en suma, imped\u00eda la ejecuci\u00f3n por tal concepto. <\/p>\n
De ah\u00ed que, para la Corte los razonamientos empleados por la entidad convocada para negar el mandamiento de pago por el anotado concepto, no puedan ser considerados arbitrarios o caprichosos, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo, pues \u00abpara el efecto de la decisi\u00f3n constitucional esperada, es sabido que en asuntos de interpretaci\u00f3n contractual se respeta la autonom\u00eda del juez natural; de esta manera, aunque la Sala tenga serias reservas que le puedan apartar de las conclusiones de los jueces de instancia, tales reparos no son por s\u00ed suficientes para sustraer el asunto de la esfera de potestad del juez natural\u00bb (subraya la Sala, CSJ STC834-2020). <\/p>\n
5. As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por el Tribunal accionado, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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