STC12002-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12002-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03181-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Seguros Generales Suramericana S.A. frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte actora reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haber declarado la terminaci\u00f3n del proceso de responsabilidad civil contractual que promovi\u00f3 en contra de La Macuira Inversiones y Construcciones S.A., con rad. 2018-00019-01. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, para que se \u00abrevoque[n]\u00bb las decisiones adiadas 29 de enero, 20 de febrero y 1\u00ba de junio todas del 2021, y como consecuencia de ello, se ordene \u00abproceder a convocar nuevamente a las partes para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb en la aludida contienda. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que para la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, asisti\u00f3 su apoderado judicial, adem\u00e1s, \u00abcon facultades para ejercer la representaci\u00f3n legal para asuntos judiciales\u00bb y que en el curso de la diligencia, se hizo presente el representante legal de la parte demandada, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, mantuvo tuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n de no practicar la diligencia, por ausencia de las partes, tras considerar, no solo, que \u00ablas facultades otorgadas en el poder conferido corresponden a las de apoderado especial y no permiten ejercer la representaci\u00f3n legal\u00bb, sino que, la parte demandada no compareci\u00f3 desde el inicio de la audiencia. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, aunque en el t\u00e9rmino correspondiente, justific\u00f3 la inasistencia de la representante legal de la aseguradora, habida cuenta que \u00abse encontraba en esa (\u2026) fecha atendiendo otra diligencia judicial en Valledupar\u00bb, la Juez referida, no acept\u00f3 tal excusa y dispuso la terminaci\u00f3n del litigio, en aplicaci\u00f3n del inciso 2 del numeral 4 de la citada norma. <\/p>\n
Se\u00f1ala que a pesar de que interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, pues hab\u00eda una indebida interpretaci\u00f3n del canon aludido y el mandato que le fue conferido, el Despacho convocado mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, y, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 lo resuelto, circunstancias todas que, asegura, lesionan las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 3 de septiembre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha precis\u00f3, que \u00abse atiene y acatar\u00e1 lo que (\u2026) en sede de tutela [se] considere probado, no sin antes indicar que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de derechos fundamentales, que s\u00f3lo procede cuando se tiene certeza de que aqu\u00e9llos fueron conculcados\u00bb. <\/p>\n
b. La Juez Segunda Civil del Circuito de la citada localidad puntualiz\u00f3, en suma, que \u00ablos autos calendados 20 de febrero y 2 de julio de 2020, son acordes a la normatividad procedimental y est\u00e1n sustentados en el material probatorio arrimado, dentro de los cuales se encuentra la justificaci\u00f3n allegada por la representante legal de Seguros Generales Suramericana S.A. misma que no est\u00e1 basada en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, como lo es la asistencia en la misma fecha de la audiencia inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento de 29 de enero de 2020 a una audiencia extrajudicial en la ciudad de Valledupar, luego la consecuencia prevista en el inciso 2\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 ejusdem, esto es la terminaci\u00f3n del proceso, le era aplicable, teniendo en cuenta que tampoco se justific\u00f3 la inasistencia del Representante Legal de La Macuira Inversiones y Construcciones, ni la del litisconsorcio necesario.\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de Seguros General Suramericana S.A. est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 1\u00ba de junio de la presente anualidad por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, que resolvi\u00f3 confirmar el auto calendado 20 de febrero de 2020 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma localidad, que dispuso la terminaci\u00f3n del proceso de responsabilidad civil contractual que promovi\u00f3 frente a Inversiones y Construcciones La Macuira S.A., pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en defectos sustantivo y procedimental. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Riohacha \u2013Sala Civil Familia Laboral, para mantener la decisi\u00f3n de primer grado, esto es, declarar la terminaci\u00f3n del litigio en aplicaci\u00f3n del inciso 2 del numeral 4 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que las partes no comparecieron a la audiencia y no se acept\u00f3 la justificaci\u00f3n de la sociedad demandante, comoquiera que \u00abel hecho de encontrarse la representante legal en otra diligencia no se considera una fuerza mayor o caso fortuito, puesto que la representante legal contaba el con tiempo suficiente para adoptar las medidas necesarias que garantizaran la comparecencia a la diligencia de otra persona con las facultades necesarias\u00bb, precis\u00f3 que \u00able asiste la raz\u00f3n a la Juez puesto que la asistencia de la representante legal a otra audiencia no se configura un caso fortuito o fuerza mayor, por el contrario se pod\u00eda prever, aunado a ello si se verifica el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado se advierte que existen varios representantes principales y suplentes y si gracia de discusi\u00f3n ninguno pod\u00eda asistir previo a la audiencia se pod\u00eda solicitar aplazamiento, aportando prueba siquiera sumaria\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, de cara al tesis que el mandato conferido al profesional del derecho que compareci\u00f3 a la citada audiencia, de acuerdo al certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la aseguradora \u00abse le dan las facultades de representar a la compa\u00f1\u00eda de seguros, solicitando que tenga como presente la parte y tambi\u00e9n su calidad de abogado y la representaci\u00f3n jur\u00eddica en calidad de demandante\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[a] prop\u00f3sito de las facultades de los apoderados, el art\u00edculo 77 del C.G.P., en su inciso 4 se\u00f1ala que el apoderado no podr\u00e1 realizar actos reservados por la ley a la misma parte (\u2026) salvo que el poderdante lo haya autorizado de manera expresa y si bien es cierto la compa\u00f1\u00eda de seguros dentro del poder especial le otorga a su apoderado la facultad de confesar, lo cierto es que no le otorg\u00f3 las facultades de representaci\u00f3n legal como indic\u00f3 la Juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en relaci\u00f3n al mandato conferido al profesional del derecho, y la dualidad de calidades que pretendi\u00f3 hacer valer indic\u00f3, que \u00abde acuerdo al certificado de c\u00e1mara de comercio aportado en dicha audiencia, se advierte que las facultades otorgadas dentro del poder especial multicitado no son otras que las indicadas en el inciso 3 numeral 2 del art\u00edculo 372, que establece que si alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se realizar\u00e1 con su apoderado, quien tendr\u00e1 facultad para confesar, conciliar, transigir, desistir y en general para disponer del derecho en litigio, situaci\u00f3n que no lo hace parte, para infortunio de la parte demandante, ninguna de las partes asisti\u00f3 a la audiencia puesto que de lo contrario la misma se hubiese podido llevar a cabo\u00bb. <\/p>\n
4. De esta forma, con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la sociedad peticionaria del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, la autoridad judicial convocada no solo tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, sino que adem\u00e1s, ejerci\u00f3 una hermeneuta razonable de las normas aplicables al asunto. Con todo, n\u00f3tese, no solo, que desde la instalaci\u00f3n de la audiencia del 29 de enero de 2020 el Juzgado del conocimiento, reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar en el litigio al mandatario de la aseguradora, \u00fanica y exclusivamente en esa condici\u00f3n, como apoderado judicial, m\u00e1s no como parte, sin que este, mostrara inconformidad alguna al respecto, sino que adem\u00e1s, con posterioridad se alleg\u00f3 al juicio la excusa para justificar la inasistencia de la representante legal a la mentada diligencia, luego, resulta contradictorio que para ciertas actuaciones se pretenda hacer valer la representaci\u00f3n legal para asuntos judiciales y para otras la sola representaci\u00f3n legal, de all\u00ed que la determinaci\u00f3n criticada, que aunque no la comparta esta Corporaci\u00f3n, no luzca irrazonable o con desafuero de tal magnitud, que incurra en causal de procedencia del amparo. <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que respecto de la puntual tem\u00e1tica, es decir, la dualidad de calidades aludidas y la pr\u00e1ctica de la diligencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, esta Sala en un asunto que se asemeja al puesto en consideraci\u00f3n precis\u00f3, que \u00ab[e]l examen hol\u00edstico de los diversos temas involucrados en la soluci\u00f3n del presente problema jur\u00eddico, permite concluir que cuando el numeral 2 del art\u00edculo 372 de la ley 1564 de 2012 faculta al apoderado judicial para \u00abconfesar\u00bb, no consagra una licencia para que el togado pueda absolver interrogatorio. En otras palabras, el abogado no puede absolver interrogatorio, ni siquiera por la inasistencia de su cliente a la audiencia inicial. Esta interpretaci\u00f3n se fundamenta en dos razones. La primera se finca en que el interrogatorio es un acto personal y reservado a la propia parte, que no puede ser realizado por el vocero con derecho de postulaci\u00f3n. La segunda consiste en que se tornar\u00edan inaplicables las consecuencias (confesi\u00f3n o indicio grave, seg\u00fan corresponda) previstas en el art\u00edculo 205 ibid para la falta de concurrencia de la parte a la vista judicial correspondiente. En tal orden de razonamientos, el vocablo \u00abconfesar\u00bb de la norma aludida debe entenderse en el sentido que el apoderado puede aceptar hechos perjudiciales para su cliente o favorables a su contraparte, en el desarrollo de actuaciones como, por ejemplo, la fijaci\u00f3n del litigio, sin que, de alguna manera pueda absolver interrogatorio\u00bb (CSJ STC8494-2019). <\/p>\n
6. Y en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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