STC12004-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12004-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03201-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jos\u00e9 Mar\u00eda Ballesteros Valdivieso contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Especial de Primera Instancia de esa Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el juicio penal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en causa propia, el gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, a la salud, a la libertad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que consider\u00f3 conculcadas por las autoridades convocadas, al negar la solicitud de reclusi\u00f3n domiciliaria, al interior de la causa que all\u00ed se adelant\u00f3 en su contra bajo el consecutivo n.\u00ba 2016-00338-01. <\/p>\n
Entonces, pretende que por esta senda excepcional se conceda el resguardo deprecado, y consecuencialmente, se \u00abDEJE SIN EFECTOS el auto del 22 de julio de 2020 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb; as\u00ed mismo, que \u00abSE ADOPTEN todas las dem\u00e1s decisiones que el a quo considere necesarias para el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de JOS\u00c9 MAR\u00cdA BALLESTEROS VALDIVIESO, especialmente todas las que est\u00e9n encaminadas a que se profiera inmediatamente la orden de libertad\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su s\u00faplica, y del extenso escrito tutelar se extrae, en lo que importa para la resoluci\u00f3n del caso, que desde el 11 de septiembre de 2017 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en su condici\u00f3n de gobernador de La Guajira, le imput\u00f3 cargos \u00abcomo presunto responsable de los punibles de (i) celebraci\u00f3n de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, (ii) peculado por apropiaci\u00f3n y (iii) concusi\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual el 13 de octubre siguiente la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 le impuso medida de aseguramiento, sin reparar en su delicado estado de salud; que tras adelantarse el tr\u00e1mite de rigor, y pese a las demoras acaecidas en el mismo, finalmente, el 17 de octubre de 2019 la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corte profiri\u00f3 sentencia en la que lo encontr\u00f3 responsable por esos particulares delitos, por lo que le \u00abimpuso pena de prisi\u00f3n por 181 meses \u2013 8 d\u00edas (sin suspensi\u00f3n condicional ni sustituci\u00f3n por domiciliaria), multa por valor de 977.23 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v) en 2014, la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 181 meses \u2013 21 d\u00edas y, adicionalmente, la de car\u00e1cter intemporal (art. 122.5 Cons. Pol.)\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3, que esa decisi\u00f3n fue combatida en apelaci\u00f3n, y el 22 de julio de 2020 la Sala de Casaci\u00f3n Penal dispuso revocar la condena que le fuera impuesta como coautor de la conducta punible de concusi\u00f3n, pero confirm\u00f3 lo relacionado con la celebraci\u00f3n sin el cumplimiento de requisitos legales, entre otros, y en auto adicional, confirm\u00f3 la orden de mantenerlo privado de la libertad en centro de reclusi\u00f3n, obviando la grave enfermedad que lo aqueja. <\/p>\n
Explic\u00f3 que por cuenta de ese mandato, en la actualidad se encuentra privado de la libertad en la c\u00e1rcel el Bosque, la cual sobrelleva ampl\u00edsimos \u00abniveles de hacinamiento\u00bb, no cuenta con infraestructura ni personal m\u00e9dico, entre otros; esto \u00faltimo, dijo, resulta de trascendental relevancia pues padece de \u00abcirrosis hep\u00e1tica, encefalopat\u00eda hep\u00e1tica recurrente, hipertensi\u00f3n portal, dispepsia, obesidad grado 1, hipotiroidismo, antecedente de cirug\u00eda bari\u00e1trica tipo bypass g\u00e1strico\u00bb, y seg\u00fan el dictamen m\u00e9dico del especialista forense emitido el 6 de mayo actual, \u00abgeneran un severo impacto a nivel cerebral y pueden llegar a causar la muerte de la persona en caso de que no reciba el tratamiento m\u00e9dico adecuado\u00bb, y \u00abtiene 28 veces m\u00e1s probabilidades de morir en caso de contraer COVID-19\u00bb. <\/p>\n
Entonces, dado su estado de salud, dijo que insisti\u00f3 en su solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria; sin embargo, el 23 de abril de los corrientes el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, pese a reconocer \u00abel estado de cosas inconstitucionales que se presentan en los centros de reclusi\u00f3n en Colombia, los cuales \u201cviolan los principales derechos humanos y el principio Constitucional de la Dignidad Humana\u201d, pese a lo cual ins\u00f3litamente manifiesta que este hecho no es suficiente para permitirme cumplir su condena mediante la figura de la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, rest\u00e1ndole \u00abtoda importancia a los dict\u00e1menes de medicina legal del 6 de enero y 5 de marzo que reconocen mi estado grave de salud, porque estos no indican si mis afecciones de salud eran incompatibles con la vida en reclusi\u00f3n\u00bb; inconforme, el 27 de abril actual, acudi\u00f3 en alzada. \u00abNo obstante, la decisi\u00f3n de segunda instancia podr\u00eda demorarse mucho tiempo m\u00e1s, teniendo en cuenta la negligencia estatal que se ha observado hasta el momento en el tr\u00e1mite de la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria, a pesar de que mi vida y salud se encuentran en inminente peligro\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, dedic\u00f3 gran parte de su escrito a cuestionar la competencia atribuida desde el principio a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, as\u00ed como los impedimentos que all\u00ed se presentaron, eventos que, luego de un ponderado estudio, tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 6 de septiembre actual se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, adem\u00e1s de pedir la negativa del amparo, acompa\u00f1\u00f3 copia de las decisiones en las que actu\u00f3 como juez de conocimiento, respecto de las cuales, dijo, se indicaron de forma sustentada \u00ablas razones por las cuales consider\u00f3 que estaban dados los presupuestos de hecho y derecho tanto para impartir condena como para negar la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave\u00bb. Anot\u00f3, adem\u00e1s, que en lo atinente a la solicitud de \u00absustituci\u00f3n intramural, en la decisi\u00f3n del 17 de junio de 2021 se le puso de presente que contaba con otro medio de defensa judicial para sacar avante esa pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b.) Por su parte el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, tras historiar cronol\u00f3gicamente el asunto, explic\u00f3 que como el actor se encontraba privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Barranquilla \u00abel proceso fue remitido a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de seguridad de esta ciudad, correspondi\u00e9ndole por Reparto a este Despacho Judicial\u00bb y, por lo tanto, es la autoridad que vigila la pena. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que por solicitud del apoderado del se\u00f1or Ballesteros Valdivieso, fue sometido a valoraci\u00f3n con m\u00e9dicos legistas para que verificaran su estado actual de salud, situaci\u00f3n atendida por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Indic\u00f3 que recibido el dictamen se surti\u00f3 el traslado de rigor \u00aben auto de fecha 19 de febrero de 2021, entre las que se destacan las que a continuaci\u00f3n se se\u00f1alan, se solicit\u00f3 a medicina legal se complementara y\/o aclarara dicho dictamen y se le se\u00f1al\u00f3 al mismo m\u00e9dico forense que lo profiri\u00f3 inicialmente\u00bb para que indicara si las enfermedades padecidas por el accionante son o no compatibles \u00abcon la reclusi\u00f3n\u00bb, dijo que pese a varios requerimientos, los mismos no fueron absueltos por lo que pidi\u00f3 a esa instituci\u00f3n que designara dos profesionales de la salud diferentes, quienes finalmente \u00abprofirieron el correspondiente experticio m\u00e9dico legal solicitado el d\u00eda 23 de abril del presente a\u00f1o (2021), absolviendo en su mayor\u00eda los interrogantes e inquietudes planteados y Concluyendo categ\u00f3ricamente, que (\u2026) en sus actuales condiciones no permiten fundamentar un estado de salud grave por enfermedad\u201d\u00bb, siendo dicha prueba con la que el 23 de abril de los corrientes neg\u00f3 la sustituci\u00f3n de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
c.) Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pese a que el accionante se dedic\u00f3 a cuestionar casi toda la actuaci\u00f3n surtida al interior del proceso penal que en su contra se adelant\u00f3, esta Sala se circunscribir\u00e1 a analizar las providencias del (i) 22 de julio de 2020, a trav\u00e9s de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal dispuso \u00abConfirmar la decisi\u00f3n de negar la reclusi\u00f3n domiciliaria de JOS\u00c9 MAR\u00cdA BALLESTEROS VALDIVIESO; y, (ii) 17 de junio de 2021, a trav\u00e9s de la cual la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n, resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del 23 de abril de 2021, por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla; lo anterior, en la medida en que as\u00ed se desprende del ac\u00e1pite de pretensiones del escrito inicial. <\/p>\n
3. Delimitado el an\u00e1lisis de la Sala, y en aras de brindar mayor claridad se impone hacer un compendio de hechos conforme a las piezas procesales arrimadas a este tr\u00e1mite excepcional en medio digital, las cuales revelan lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Mediante decisi\u00f3n del 17 de octubre de 2019, la Sala Especial de Primera Instancia declar\u00f3 \u00abpenalmente responsable a JOS\u00c9 MAR\u00cdA BALLESTEROS VALDIVIESO, (\u2026) como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros y concusi\u00f3n\u00bb; consecuencialmente, lo conden\u00f3 a \u00abciento ochenta y un (181) meses y ocho (8) d\u00edas de prisi\u00f3n, novecientos setenta y siete punto veintitr\u00e9s (977.23) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa y ciento ochenta y un (181) meses y veinti\u00fan (21) d\u00edas de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas\u00bb; y neg\u00f3 \u00abal sentenciado la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad y la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
3.2. La anterior determinaci\u00f3n fue combatida mediante recurso de apelaci\u00f3n, y en el entretanto, por auto del 3 de junio de 2020, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la petici\u00f3n de prisi\u00f3n intramural sustentada en la grave afectaci\u00f3n que padece el aqu\u00ed accionante, pero exhort\u00f3 al director del establecimiento penitenciario para que garantice el aislamiento preventivo del interno. <\/p>\n
3.3. Seguidamente, el 22 de julio siguiente la Sala de Casaci\u00f3n Penal dispuso revocar la condena por el punible de concusi\u00f3n y lo absolvi\u00f3 de la misma; aclar\u00f3 la cuant\u00eda del delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado en $318.282.907; y modific\u00f3 la pena de la siguiente manera: \u00abprisi\u00f3n por un t\u00e9rmino 177 meses \u2013 8 d\u00edas; inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 177 meses \u2013 21 d\u00edas; y multa por 641,689 s.m.l.m.v. en 2014\u00bb y, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3. <\/p>\n
3.4. En esa misma data, el aludido juez colegiado, confirm\u00f3 la orden de mantener al condenado privado de la libertad en centro de reclusi\u00f3n, tras considerar que \u00abel m\u00e9dico oficial reconoci\u00f3 un grado de dependencia, pero lo ubic\u00f3 en un nivel \u00abmoderado e inconstante\u00bb, calificaci\u00f3n esta que indica que no es de una magnitud extrema y, en todo caso, no es permanente o persistente. Tampoco el experto sugiri\u00f3 o conceptu\u00f3 la necesidad de un cuidador o acompa\u00f1ante para el evaluado\u00bb. <\/p>\n
3.5. Avocado el conocimiento por cuenta del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por auto del 23 de abril actual neg\u00f3 la solicitud de sustituci\u00f3n de prisi\u00f3n intramural por domiciliaria, as\u00ed como la transitoria conforme al Decreto 546 de 2020. Por dem\u00e1s, orden\u00f3 a las autoridades carcelarias respetar la afiliaci\u00f3n del recluido al r\u00e9gimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud. <\/p>\n
3.6. El 17 de junio de 2021, la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 la alzada interpuesta contra la anterior determinaci\u00f3n, oportunidad en la que mantuvo integralmente la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
4. Ante el anterior panorama, se impone denegar el amparo conforme las razones que seguidamente pasan a exponerse: <\/p>\n
4.1. No cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se dispuso \u00ab[C]confirmar la decisi\u00f3n de negar la reclusi\u00f3n domiciliaria de JOS\u00c9 MAR\u00cdA BALLESTEROS VALDIVIESO\u00bb, emitida dentro del asunto penal objeto de revisi\u00f3n constitucional data del 22 de julio 2020, mientras que se acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 3 de septiembre de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron trece (13) meses y nueve (9) d\u00edas desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que el aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con esa particular decisi\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
De manera reiterada se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC11397-2021). <\/p>\n
4.2. Y frente a la determinaci\u00f3n proferida el 17 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n, confirm\u00f3 el auto del 23 de abril actual, mediante el cual se neg\u00f3 la solicitud de sustituci\u00f3n de prisi\u00f3n intramural por domiciliaria, as\u00ed como la transitoria conforme al Decreto 546 de 2020, anticipadamente se advierte que no luce susceptible de correcci\u00f3n excepcional por esta senda, al ser producto de una respetable valoraci\u00f3n probatoria y debida aplicaci\u00f3n de las normas que regulan la procedencia de la sustituci\u00f3n prisi\u00f3n intramural por domiciliaria. <\/p>\n
En efecto, ese labor\u00edo le permiti\u00f3 concluir a la Magistratura convocada, que conforme lo consagra el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo Penal la procedencia de la reclusi\u00f3n domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave, se encuentra supeditada al concepto que sobre el particular emita el m\u00e9dico legista especializado; situaci\u00f3n que a su vez se encuentra prevista por el canon 461 de la Ley 906 de 2004 \u00abbajo el t\u00edtulo de \u201csustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena\u201d, dispone que el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad podr\u00e1 ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustituci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena, previa cauci\u00f3n, en los mismos casos de la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva\u00bb. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, insisti\u00f3 que con independencia de la norma invocada, lo cierto es que todas son aplicables y requieren \u00abla existencia de un concepto m\u00e9dico legista especializado\u00bb, entendimiento, que dijo, fue el impuesto por el juez cuestionado, raz\u00f3n por la cual le pidi\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla \u00abestablecer si las patolog\u00edas que presentaba JOS\u00c9 MAR\u00cdA BALLESTEROS VALDIVIESO constituyen estado grave por enfermedad incompatible con la vida en reclusi\u00f3n formal\u00bb. <\/p>\n
Ahora, frente a la puntual aspiraci\u00f3n de \u00abacoger el dictamen de UBBAQ-DSATL-0053-C-2021 (\u2026) en el que se concluy\u00f3 que\u00bb el quejoso \u00abpor su estado de salud cl\u00ednico y diagnostico se encuentra en \u201cESTADO GRAVE POR ENFERMEDAD\u201d\u00bb, consider\u00f3 que \u00abla sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n intramural por domiciliaria no resulta procedente por la simple denominaci\u00f3n de padecimiento de salud como grave, sino que est\u00e1 referido a la condici\u00f3n f\u00edsica del procesado debido a una condici\u00f3n que impida su reclusi\u00f3n en el centro carcelario pues de permanecer all\u00ed se podr\u00eda en riesgo inminente su integridad f\u00edsica o su vida\u00bb, es decir, que las patolog\u00edas de ese particular dictamen, de modo alguno concluyeron que \u00abfueran incompatibles con la vida en reclusi\u00f3n intramural\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo esa l\u00ednea argumentativa, consider\u00f3 que con sustento en los par\u00e1metros de la sentencia C-163 de 2019 \u00abnada impide que el juez ejecutor de penas decrete y practique de oficio las pruebas necesarias para asegurar el principio de realizaci\u00f3n y efectividad de los derechos, tal como lo establecen los art\u00edculos 2\u00ba y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, incluida la orientada a especificar si las dolencias que padecen los internos, los cuales, son diagn\u00f3sticas como en estado de grave enfermedad, resultan o no incompatibles con la vida en el centro de reclusi\u00f3n ordinario, siempre y cuando se garantice el debido proceso probatorio, como aqu\u00ed ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
4.3. En efecto, conforme dan cuenta las diligencias, para respaldar la decisi\u00f3n de primer grado la Corporaci\u00f3n convocada realiz\u00f3 un respetable e integral an\u00e1lisis de los elementos materiales de prueba que all\u00ed se recaudaron y que permitieron inferir que las dolencias de salud padecidas por el condenado, no resultaban incompatibles con la privaci\u00f3n de la libertad en centro carcelario; por lo tanto, la simple divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. <\/p>\n
De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
4.4. Finalmente, nada obsta para que el actor, con los elementos de juicio que considera pertinentes, solicite ante el juez que vigila su pena, que se estudie la posibilidad de acceder a la sustituci\u00f3n de la pena a la que considera le asiste derecho. <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito posible lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12004-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC12004-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03201-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jos\u00e9 Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57527","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57527"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57527\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}