STC12009-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12009-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01377-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Armando S\u00e1nchez Bonilla contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sala Jurisdicci\u00f3n Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquet\u00e1, as\u00ed como las partes y los intervinientes del asunto disciplinario a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al dejar de notificarle la providencia a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3, en segundo grado, sobre la sanci\u00f3n que le fue impuesta dentro del proceso disciplinario No. 18001110200020170006001. <\/p>\n
De este modo, lo que pretende el se\u00f1or S\u00e1nchez Bonilla, de manera puntual, es que se ordene a la Colegiatura convocada, proceder con dicho acto de enteramiento. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado dijo, en lo esencial, que pese a que desde el 28 de julio del a\u00f1o en curso la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial resolvi\u00f3, por un lado, \u00abNEGAR la nulidad [por \u00e9l] propuesta\u00bb; y, por el otro, \u00abCONFIRMAR INTEGRAMENTE la sentencia apelada, de fecha 13 de marzo de 2020, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquet\u00e1, que resolvi\u00f3 sancionar[lo] (\u2026) con suspensi\u00f3n de seis (6) e el ejercicio de la profesi\u00f3n, por incurrir en la falta disciplinaria contemplada en el art\u00edculo 39, en concordancia con el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 29 de la Ley 1123 de 2007 y violar los deberes previstos en los numerales 14 y 19 del art\u00edculo 28 ibidem\u00bb, a la fecha de interposici\u00f3n del presente tr\u00e1mite no le hab\u00eda sido notificado lo decidido, motivo el anterior por el que acude nuevamente a la v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Luego, en escrito radicado el 10 de septiembre de los corrientes adujo el inconforme, que si bien ese mismo d\u00eda la autoridad judicial convocada procedi\u00f3 a remitirle v\u00eda correo electr\u00f3nico la memorada sentencia, con el fin de surtir su enteramiento, lo cierto es que, \u00aboper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria debido a la omisi\u00f3n de la COMISI\u00d3N NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, de realizar debidamente la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de segunda instancia, raz\u00f3n por la cual la autoridad de primera instancia no puede legalmente ordenar la ejecuci\u00f3n de la SANCI\u00d3N de SUSPENSI\u00d3N POR SEIS [MESES] para ejercer la profesi\u00f3n [de abogado]\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 8 de septiembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa. <\/p>\n
a.) La Magistrada Sustanciadora de la Sala Seccional de Disciplina Judicial de Caquet\u00e1, adem\u00e1s de remitir el link de ingreso al expediente digital contentivo del proceso disciplinario en cuesti\u00f3n, inform\u00f3 que \u00abconoci\u00f3 en primera instancia del proceso disciplinario 18001110200020170006001, el cual concluyo con fallo sancionatorio seg\u00fan sentencia de fecha 13 de marzo de 2020. <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto por el se\u00f1or accionante, lo pretendido por la excepcional v\u00eda constitucional, es que se declare la nulidad de lo actuado y consecuentemente, el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria y as\u00ed, dejar sin efectos el fallo sancionatorio que se imparti\u00f3 en su contra, pretensi\u00f3n que se observa a todas luces improcedente. <\/p>\n
Debe distinguir el togado que una es la fecha de la decisi\u00f3n de segunda instancia, a partir de la cual queda en firme la providencia, porque contra la misma no procede recurso alguno, y otra es la fecha de la notificaci\u00f3n, sin que el probable hecho de no hab\u00e9rsele anexado copia de la providencia, tenga la virtud de nulitar lo actuado, como ya la Honorable Comisi\u00f3n Nacional lo decidi\u00f3 y se lo notific\u00f3 al sancionado. <\/p>\n
En tanto, lejos de configurarse la procedencia excepcional de la tutela en este caso por defecto procedimental, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sugeridos por el accionante, tanto la actuaci\u00f3n de primera instancia como la de la segunda se muestran ajustadas al procedimiento correspondiente, con garant\u00eda de los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
b.) Al momento del registro del fallo no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente contienda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que el descontento del se\u00f1or Armando S\u00e1nchez Bonilla, radica, en esencia, en que a la fecha de presentaci\u00f3n del escrito inicial ya hab\u00eda transcurrido casi un mes desde el proferimiento de la sentencia de segundo grado, adiada 28 de julio de 2021, y que confirm\u00f3 en su integridad la sanciona impuesta en la etapa de conocimiento, sin que se le hubiere notificado de la misma en debida forma. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios probatorios obrantes en las presentes diligencias, observa la Corte que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, pues lo finalmente pretendido por el promotor ya se surti\u00f3, si en cuenta se tiene que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, de acuerdo a la propia manifestaci\u00f3n del accionante, le remiti\u00f3 el prove\u00eddo 28 de julio de los corrientes, mediante el cual se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l presentado, a trav\u00e9s del e-mail elciudadano.tesalia@gmail.com, acto que se produjo el 10 de septiembre postrero. <\/p>\n
4. Por tanto, como para la fecha en que se adopta el presente fallo ya se encuentra subsanada la omisi\u00f3n denunciada por el inconforme, y por ende, cesado la posible o eventual vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales por \u00e9l invocados, por lo que es claro que \u00abemerge una carencia actual de objeto del auxilio, en la medida que existe plena certeza de que el fin \u00faltimo perseguido con \u00e9ste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexistente\u00bb (CSJ STC3516-2021). <\/p>\n
Al punto, la Corte Constitucional ha precisado que, \u00absi bien se tiene que el prop\u00f3sito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las \u00f3rdenes que considere pertinentes a la autoridad p\u00fablica o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar as\u00ed la defensa actual y cierta de los mismos, cuando la situaci\u00f3n de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acci\u00f3n de tutela pierde toda raz\u00f3n de ser como mecanismo m\u00e1s apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, por cuanto la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultar\u00eda a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n\u00bb (C.C. T-308\/03, citada en CSJ STC3839-2021). <\/p>\n
5. Ahora bien, acerca del pedimento efectuado por S\u00e1nchez Bonilla con el memorial radicado el pasado 10 de septiembre, relativo a que se decrete la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n a \u00e9l impuesta, porque, seg\u00fan sus dichos, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, en atenci\u00f3n a la fecha en que le fue notificada la decisi\u00f3n de segundo grado, debe decirse que ese pedimento tampoco puede salir avante, por virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo especial\u00edsimo de protecci\u00f3n, toda vez que no obra dentro del expediente digital que el tutelante, haya acudido a esa instancia en el marco del memorado proceso para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Por lo expuesto, se torna improcedente la tutela, por incumplir, se repite, con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1399-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda reclamada a nte la configuraci\u00f3n de un hecho superado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DENIEGA la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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