STC12013-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12013-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00162-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Dianor L\u00f3pez L\u00f3pez contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Marinilla, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto ejecutivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la \u00abdebida valoraci\u00f3n de pruebas\u00bb, \u00abdecreto indebido de una prueba de oficio\u00bb, \u00abfallo ultrapetita\u00bb, \u00abfallo sobre cosa juzgada\u00bb, \u00abproceso seguido con una ley distinta\u00bb, y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el marco del tr\u00e1mite coercitivo, que all\u00ed se adelant\u00f3 bajo el radicado n.\u00ba 2016-00728-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que \u00abse deje sin efecto la sentencia de segunda instancia y en su lugar se mantenga lo dicho por el Juez Promiscuo Municipal de San Carlos\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja, dijo que en el decurso del mentado tr\u00e1mite ejecutivo, el Juzgado accionado dispuso, mediante prove\u00eddo del 30 de junio de los corrientes, revocar la sentencia del 28 de septiembre de 2018 y, en su lugar, orden\u00f3 \u00abcesar la ejecuci\u00f3n promovida por JES[\u00da]S DIANOR L\u00d3PEZ L\u00d3PEZ en contra de JULIO ANIBAL G\u00d3MEZ V\u00c9LEZ\u00bb, al encontrar probada su mala fe; en su criterio, con esa particular decisi\u00f3n se soslayaron sus garant\u00edas superiores, pues se incurri\u00f3 en una defectuosa valoraci\u00f3n probatoria particularmente en lo que respecta a la prueba traslada respecto del asunto radicado bajo el consecutivo No. 2015-00136. <\/p>\n
Dijo adem\u00e1s, que se pas\u00f3 por alto que sobre el contrato que origin\u00f3 la creaci\u00f3n de la letra de cambio que all\u00ed se ejecut\u00f3, ya se hab\u00eda manifestado el juez \u00ablo que indica que ya hab\u00eda cosa juzgada y no debi\u00f3 el juez de segunda instancia ocuparse del asunto\u00bb, aunado a que \u00absupliendo las fallas de la parte demandada\u00bb se decret\u00f3 una prueba de oficio, sin reparar en que el \u00abexpediente fue pedido como prueba trasladada y el juez de primera instancia lo neg\u00f3\u00bb, incurriendo en \u00abun defecto procedimental absoluto\u00bb, pues adicionalmente, se declar\u00f3 probada una defensa que no fue propuesta en su oportunidad. <\/p>\n
Adicionalmente refiri\u00f3, que en el tr\u00e1mite propio del recurso de alzada \u00abno entregaron las expensas para las copias del proceso lo que obligaba al juez de conocimiento a declarar desistido el recurso o en segunda instancia aplicar ese desistimiento\u00bb, pese a ello, y aunque en auto del 26 de noviembre de 2019, el juez a quo reconoci\u00f3 la tardanza en el pago de esos emolumentos, ese remedio procesal se surti\u00f3. Por su parte, el Despacho convocado mediante decisi\u00f3n del 15 de julio anterior, requiri\u00f3 \u00abal recurrente para que sustente el recurso conforme al decreto 806 del 2020 a pesar que la jurisprudencia dice que los recursos se deben tramitar por la ley que estaba vigente al momento de iniciado el proceso\u00bb, todas estas vicisitudes, dice, hacen viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela para que restablezca el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
b.) Viviana Mar\u00eda Gil Garc\u00eda, vinculada en calidad de endosante, explic\u00f3 los pormenores del juicio ejecutivo y las razones de su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
c.) A su turno, Julio An\u00edbal G\u00f3mez V\u00e9lez, ejecutado, pidi\u00f3 denegar el amparo por carecer del principio de la subsidiariedad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, al considerar que en lo que concierne al tr\u00e1mite impartido al recurso de apelaci\u00f3n; las presuntas irregularidades del pago extempor\u00e1neo para el suministro de copias; y, el decreto de la prueba de oficio, no se satisfacen los requisitos de subsidiariedad e inmediatez que gobierna este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, dijo que \u00abde cara a (\u2026) quejas contenidas en el escrito de tutela alusivas a el supuesto proferimiento (sic) de un fallo ultra petita, el desconocimiento de una cosa juzgada y la indebida valoraci\u00f3n probatoria (\u2026)\u00bb, recalc\u00f3 que \u00ablos asertos expuestos por la juez cuentan con suficiente respaldo dentro del proceso y obedecen a un estudio detallado de las pruebas. Por contrapartida no se halla en el planteamiento del accionante un cuestionamiento de tal contundencia que pueda derruir el an\u00e1lisis jur\u00eddico y probatorio realizado por la juez; en lugar de ello el actor propone simplemente una interpretaci\u00f3n alternativa del litigio favorable a sus intereses[,] pero plagada de contradicciones pues por ejemplo ahora en la instancia constitucional pretende defender que el t\u00edtulo valor no le fue endosado por la se\u00f1ora VIVIANA MAR\u00cdA GIL MORALES sino por el abogado Carlos Gil, aseveraci\u00f3n que adem\u00e1s de contrariar la literalidad del t\u00edtulo es incongruente con la confesi\u00f3n contenida en el hecho cuarto de la demanda ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces, que \u00ablas quejas propuestas en el escrito de tutela se aprecia simplemente un desacuerdo frente a la posici\u00f3n jur\u00eddica basamento de las decisiones adoptadas. Empero debe memorarse que acorde con la jurisprudencia en la materia, la sola divergencia con la postura del juez no justifica la procedencia del amparo de tutela mientras la providencia judicial no devele un dislate may\u00fasculo sino que se advierta fruto de una lectura razonable sobre el debate en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, al considerar que no excedi\u00f3 del semestre considerado como razonable para acudir en tutela, en la medida en que \u00aben cada caso se realizaron planteamientos que el juez no resolvi\u00f3, que cada uno de los yerros que se describen se pudieron sanear al momento de la sentencia y es por ello que es desde esta que surge la fecha para iniciar las acciones con respecto al acontecer procesal\u00bb, en lo dem\u00e1s insisti\u00f3 en sus primigenias alegaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Jes\u00fas Dianor se queja, entre otras, porque en su sentir (i) se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, pese a que no se surti\u00f3 oportunamente el pago de las expensas necesarias para tal fin; (ii) el tr\u00e1mite impartido a dicho remedio procesal debi\u00f3 ser el contemplado por el C\u00f3digo General del Proceso y no el Decreto 806 de 2020, como erradamente lo hizo el juez a quo; (iii) se dispuso el decreto de una prueba de oficio, obviando que era carga de la parte demandada demostrar los hechos en los que sustent\u00f3 su defensa; (iv) se incurri\u00f3 en una defectuosa valoraci\u00f3n probatoria; y, (v) se fall\u00f3 de forma ultra petita desconociendo, adem\u00e1s, la cosa juzgada que oper\u00f3 en el asunto. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, por cuanto los reparos incluidos en la demanda de tutela relacionados con el tr\u00e1mite impartido al remedio de alzada y el decreto de la prueba de oficio, corresponden, cuando m\u00ednimo, a asuntos definidos con m\u00e1s de doce (12) meses de antelaci\u00f3n a la tramitaci\u00f3n de este mecanismo preferente, al paso que la actuaci\u00f3n que concierne a la concesi\u00f3n del recurso de alzada, y la normativa aplicable al caso, en su oportunidad, no fue debidamente criticada a trav\u00e9s de los mecanismos procesales con los que contaba el quejoso, circunstancias que conllevan al fracaso de la protecci\u00f3n invocada, conforme pasa a exponerse: <\/p>\n
3.1. En efecto, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, observa la Sala que la \u00faltima decisi\u00f3n que all\u00ed se profiri\u00f3 (en el tr\u00e1mite propio del recurso de alzada) a trav\u00e9s de la cual se \u00abrequiri\u00f3 al recurrente para que sustentara el recurso de apelaci\u00f3n conforme al Decreto 806 del 2020\u00bb, data del 15 de julio de 2020, mientras que el gestor acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 9 de agosto de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron doce (12) meses y veintid\u00f3s (22) d\u00edas desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n en mientes. <\/p>\n
Al respecto se advierte, que durante ese interregno (y ni que decir de las decisiones 21 de febrero y 9 de septiembre, ambos de 2019, a trav\u00e9s de las cuales se admiti\u00f3 el remedio y se decret\u00f3 una prueba de oficio, respectivamente) el aqu\u00ed inconforme no solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado, sin que dicho presupuesto pueda ser pasado de manera inadvertida so pretexto de que las garant\u00edas se contin\u00faan quebrantando, pues fue un asunto que defini\u00f3 la suerte de las defensas propuestas por los aqu\u00ed inconformes. <\/p>\n
De manera reiterada se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC8694-2021). <\/p>\n
Lo anterior, sin que la tardanza verificada en la solicitud de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales pueda soslayarse so pretexto de admitir que \u00abcada uno de los yerros que se describen se pudieron sanear al momento de la sentencia y es por ello que es desde esta que surge la fecha para iniciar las acciones con respecto al acontecer procesal\u00bb, pues toda decisi\u00f3n debe analizarse de forma independiente, dado el principio de preclusi\u00f3n que gobierna a cada tr\u00e1mite al interior del juicio. <\/p>\n
3.2. Y aunque lo anterior resulta suficiente para dar al traste con las aspiraciones del quejoso, como se dijo, no se pasa por alto que el actor guard\u00f3 silencio contra las decisiones del 21 de febrero de 2019 y el 15 de julio anterior, prove\u00eddos que dieron v\u00eda a la tramitaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y con los que considera se quebrantaron sus garant\u00edas superiores, cerrando as\u00ed toda oportunidad de acudir a la presente senda por desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en reciente pronunciamiento dentro de un caso de similares matices al que ahora se analiza, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
4. Ahora, en lo que respecta a la inconformidad del actor, de cara a la sentencia que el 30 junio de 2021 profiri\u00f3 el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Marinilla y a trav\u00e9s de la cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia para en su lugar \u00abcesar la ejecuci\u00f3n promovida por JES[\u00da]S DIANOR L\u00d3PEZ L\u00d3PEZ en contra de JULIO ANIBAL G\u00d3MEZ V\u00c9LEZ\u00bb, advierte la Sala que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n antes individualizada, no se identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el tr\u00e1mite del asunto bajo estudio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales. <\/p>\n
A la anterior conclusi\u00f3n se arriba, luego de relacionar los siguientes hechos a saber, los cuales se extractan de los informes y anexos presentados por las sedes convocadas: <\/p>\n
4.1. Jes\u00fas Dianor L\u00f3pez L\u00f3pez, en calidad de ejecutante, pidi\u00f3 que se librara orden de apremio en su favor y a costa del se\u00f1or Julio An\u00edbal G\u00f3mez V\u00e9lez, por el capital incorporado en la letra de cambio, esto es, $50.000.000 junto con sus respetivos r\u00e9ditos, t\u00edtulo que, seg\u00fan su dicho, le fue endosado en propiedad por la se\u00f1ora Viviana Mar\u00eda Gil Morales (inicial tenedora del cartular). <\/p>\n
4.2. El 19 de julio de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos, Antioquia, a quien por reparto correspondi\u00f3 el asunto, libr\u00f3 mandamiento de pago por las sumas reclamadas por el actor y dispuso el enteramiento de esa orden a su contraparte. <\/p>\n
4.3. Notificado de forma personal, el demandado Julio An\u00edbal G\u00f3mez V\u00e9lez, excepcion\u00f3 \u00abexistencia de un negocio macro jur\u00eddico\u00bb, \u00abdinero no entregado\u00bb, \u00abdonaci\u00f3n simulada\u00bb, \u00abausencia de la calidad del due\u00f1o del tradente\u201d, \u201cAusencia de inscripci\u00f3n catastral\u201d, \u201creserva mental\u201d, \u201cfalta de causa jur\u00eddica\u201d, \u201cfalta de certeza en la comparecencia notaria\u201d\u00bb, \u00abfalta de notificaci\u00f3n\u00bb y \u00abconfusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.4. Como sustento de su defensa, el all\u00ed demandado dijo, en lo cardinal, que la letra de cambio se origin\u00f3 por la compraventa de unas mejoras que la se\u00f1ora Gil Morales enajen\u00f3 en su favor, respecto de un inmueble ubicado en el Municipio de San Rafael, Antioquia, cuyo valor ascend\u00eda a $200.000.000 los cuales se pagar\u00edan as\u00ed: \u00ab(I) $50\u00b4000.000 entregados al momento de \u201cformalizar el convenio\u201d; (II) $50.000.000 entregados al instante de hacer firma del contrato (III) $50\u00b4000.000 representados en letra de cambio suscrita por Julio An\u00edbal en favor de Viviana Mar\u00eda. Se agrega, que para el momento de la presentaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n, se encontraba en curso un proceso ejecutivo para el cobro de dicha letra; y (IV) $50.000.000, instrumentalizada en una letra de cambio, siendo este el documento base de la ejecuci\u00f3n aqu\u00ed deprecada\u00bb, asever\u00f3 que la se\u00f1ora Viviana Mar\u00eda no era propietaria de la cosa, sino que \u00e9sta se encontraba en cabeza de una tercera persona. Finalmente, dijo que el endoso de ese t\u00edtulo valor no fue en propiedad sino en procuraci\u00f3n, y, en todo caso, se realiz\u00f3 luego de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n, por lo que conforme al inciso 2 del art\u00edculo 660 del C\u00f3digo de Comercio \u00ab[e]l endoso posterior al vencimiento del t\u00edtulo, producir\u00e1 los efectos de una cesi\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
4.5. Concomitantemente, propuso la excepci\u00f3n previa de pleito pendiente, tras explicar que cursa un juicio ejecutivo promovido por Viviana Mar\u00eda Gil Morales, en contra de Julio An\u00edbal G\u00f3mez V\u00e9lez, bajo el radicado 2015-00136, la cual fue despachada de forma adversa mediante decisi\u00f3n del 13 de junio de 2017. <\/p>\n
4.6. El 14 de noviembre de 2018, el Juzgado Promiscuo de San Carlos orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, tras despachar de forma adversa las excepciones. <\/p>\n
5. Para revocar la decisi\u00f3n en mientes, el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Marinilla, Antioquia, dijo que la ejecuci\u00f3n sustentada en la letra de cambio por valor de $50.000.000 fue \u00abcreada inicialmente en favor de Viviana Gil, quien luego la endos\u00f3 en propiedad al aqu\u00ed demandante\u00bb, explic\u00f3 que \u00abtoda la censura formulada por el apelante, va dirigida es a cuestionar el negocio que presuntamente dio origen a la creaci\u00f3n del t\u00edtulo valor aportado con la demanda\u00bb, anticipando que dicha censura deb\u00eda ser acogida, en la medida en que conforme lo consagrado en \u00abel numeral 11 del art\u00edculo 789 del C\u00f3digo, una de las excepciones que pueden proponerse a la acci\u00f3n cambiaria, son todas aquellas que tengan que ver con \u201cel negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n (\u2026) del t\u00edtulo, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, encontr\u00f3 que el t\u00edtulo base del recaudo \u00absurgi\u00f3 a partir del pluricitado contrato de compraventa de mejoras, suscrito el 24 de junio de 2014\u00bb, para ello, dijo que el ejecutado \u00abfue claro en indicar que la letra de cambi\u00f3 por valor de $50.000.000 fue suscrita para garantizar el pago de unas mejoras que Viviana Gil le vendi\u00f3 al demandado, mediante contrato suscrito el 24 de junio de 2014; mejoras que estas impuestas sobre un lote ubicado en el municipio de San Carlos, y que es de propiedad de la Alcald\u00eda de esa localidad\u00bb, afirmaci\u00f3n que encontr\u00f3 respaldada en el aludido contrato; frente la venta de mejoras dijo que como \u00e9stas fueron \u00abimplantada sobre un bien de propiedad de un ente p\u00fablico, se estipul\u00f3 dentro del contrato que el comprador, Julio An\u00edbal, realizar\u00eda todos los tr\u00e1mites pertinentes y pagar\u00eda las sumas de dinero necesarias a fin de que la Alcald\u00eda de San Carlos le transfiriera la propiedad del terreno; pero dej\u00e1ndose expresa constancia por parte de la vendedora, Viviana Mar\u00eda, que el Concejo Municipal ya hab\u00eda aprobado \u201cla venta de dichos lotes a favor de los due\u00f1os poseedores de las mejoras\u201d. Esto, se confirma con las declaraciones hechas por Julio An\u00edbal, quien dijo que esas eran las condiciones bajo las cuales se hab\u00eda celebrado el negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Encontr\u00f3, adem\u00e1s, que esos supuestos resultaban coincidentes con la exposici\u00f3n rendida por Viviana Mar\u00eda Gil Morales, quien enfatiz\u00f3 que \u00abla letra de cambio aportada con la demanda tuvo como origen la venta que hizo a favor de Julio An[\u00ed]bal de unas construcciones hechas en un lote de propiedad de la Alcald[\u00ed]a de San Carlos\u00bb; destac\u00f3, que pese a que \u00abla testigo Gil Morales no se refiri\u00f3 de manera directa al contrato de compraventa a folios 31-32, en sus dichos si hace una descripci\u00f3n casi igual de cada una de las condiciones de esa negociaci\u00f3n (objeto, precio, fecha de celebraci\u00f3n, y dem\u00e1s), lo que permite entender entonces que \u201cla venta de mejoras\u201d a que hace referencia Viviana Mar\u00eda en su declaraci\u00f3n y que es el germen del t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n, es el contrato aportado con la contestaci\u00f3n; documento que vale destacar, en ning\u00fan momento fue desconocido o tachado de falso por las partes aqu\u00ed intervinientes, adem\u00e1s de que cuenta con la signatura de Julio An[\u00ed]bal G\u00f3mez y Viviana Mar\u00eda Gil\u00bb. <\/p>\n
Entonces, consider\u00f3 que \u00abno es cierto que el negocio subyacente que dio origen a la elaboraci\u00f3n de letra de cambio fuese el contrato de mutuo indicado la demanda, sino que aquel t\u00edtulo valor fue parte del precio pactado dentro del contrato de compraventa que obra a folios 31 y 32 del expediente. En este \u00faltimo aspecto son coincidentes los sujetos que intervinieron en la creaci\u00f3n del (\u2026) documento cambiario. En este punto, es necesario aclarar que si bien las versiones de Julio An\u00edbal y Viviana Mar\u00eda son diferentes respecto al valor del contrato, puesto que el primero dijo que las mejoras transferidas costaron $200.000.000, y la segunda se\u00f1al\u00f3 que val\u00edan $100.000.000; lo cierto es que ambos si concuerdan en cual fue el origen de la letra de cambio\u00bb, y tras relievar las contradicciones de esa declaraci\u00f3n, acert\u00f3 en que de modo alguno podr\u00eda entenderse que fue un mutuo el que origin\u00f3 la suscripci\u00f3n de la letra cambiaria. <\/p>\n
En punto al objeto del contrato, dedujo que como \u00ablas mejoras en cuesti\u00f3n [fueron] implantadas sobre suelo p\u00fablico, (\u2026) esas construcciones tambi\u00e9n adquieran esa connotaci\u00f3n, seg\u00fan lo esbozado por la Corte Constitucional en sentencia C-183 de 2003, la cual fue explicada en precedencia. En consecuencia, la se\u00f1ora Viviana Mar\u00eda Gil Morales era una mera detentadora que ten\u00eda facultades \u00fanicamente para hacer uso y goce de las mejoras, mas no para disponer de estas, puesto que las mismas tienen la naturaleza de inajenables e imprescriptibles, al tenor de lo reglado en el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb y, en consecuencia, \u00abse enajen\u00f3 un bien que esta fuera por fuera (sic) del comercio; de ah\u00ed que tal acto sea sancionable con la nulidad absoluta, reglamentada el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil\u00bb, por lo tanto, \u00abal demandado no se le pueda exigir el pago de los $50.000.000 contenidos en la letra de cambio allegada en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo esa l\u00ednea argumentativa, asegur\u00f3 que en raz\u00f3n a que el t\u00edtulo fue endosado al aqu\u00ed actor, \u00abno cabr\u00eda proponerle a \u00e9ste las denominadas excepciones extracartulares, ya que se tratar\u00eda de un tercero ajeno al negocio fundamento del t\u00edtulo valor\u00bb; sin embargo, enfatiz\u00f3 que \u00abel se\u00f1or L\u00f3pez L\u00f3pez es un tenedor de mala fe, en la medida en que sab\u00eda cu[\u00e1]al \u00e9l era contrato que hab\u00eda dado origen a la creaci\u00f3n de la letra de cambio, y que por lo tanto ese negocio reca\u00eda sobre bienes de uso p\u00fablico\u00bb, pues as\u00ed se desprend\u00eda de la valoraci\u00f3n conjunta de los medios exceptivos, destacando adem\u00e1s que el all\u00ed ejecutante \u00abfungi\u00f3 como apoderado judicial de Viviana Mar\u00eda Gil Morales dentro del proceso ejecutivo de radicado 2015-00136, en el cual se estaba cobrando forzosamente el importe de una letra de cambio que tambi\u00e9n hab\u00eda tenido como origen el contrato de compraventa suscrito el 24 de junio de 2014\u00bb, e \u00abincluso el endoso en propiedad efectuado en favor del se\u00f1or L\u00f3pez, es apenas aparente, puesto que el mismo no encarna una real de transferencia del derecho de cr\u00e9dito incorporado en la letra de cambio. Esto \u00faltimo, se concluye a partir del testimonio de la se\u00f1ora Viviana Mar\u00eda Gil Morales, quien dijo que el se\u00f1or Jes\u00fas Dianor era el abogado que la estaba asesorando en el cobro de la letra de cambio suscrita en su favor, y que le hab\u00eda dado poder para la representar\u00e1 a ella dentro de este proceso\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas puntuales consideraciones, determin\u00f3 que la \u00abpresunci\u00f3n de buena fe exenta de culpa, que por virtud del art\u00edculo 835 del C\u00f3digo de Comercio recae sobre el actor queda desvirtuada, si\u00e9ndole oponibles a este todas las excepciones extracartulares\u00bb, explicando, adicionalmente, \u00abque aunque esta \u00faltima cuesti\u00f3n no fue planteada como excepci\u00f3n de m\u00e9rito a la demanda, ni tampoco dentro de los alegatos de conclusi\u00f3n de la parte demanda, lo cierto es que este Despacho est\u00e1 facultada a pronunciarse sobre este punto, al reunirse los lineamientos dados por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 9 de noviembre de 2020, radicado: 11001-31-03- 041-2010-00514-01\u00bb. <\/p>\n
6. En efecto, como qued\u00f3 visto, para revocar la sentencia de primer grado, el Juez convocado realiz\u00f3 un respetable e integral an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n aportados y decretados al interior del asunto, los que, en suma, le permiti\u00f3 concluir que dadas las particularidades del negocio subyacente, el t\u00edtulo no resultaba exigible como lo prend\u00eda el tenedor de \u00e9ste, pues la obligaci\u00f3n all\u00ed cobrada derivaba de un contrato viciado de nulidad; entonces, con independencia que esta Sala proh\u00edje integralmente esas consideraciones, lo cierto es que dicha tesis fue fruto de un an\u00e1lisis ponderado de las pruebas sometidas a su escrutinio. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
Y en punto, a la presunta extralimitaci\u00f3n del juez al decretar oficiosamente la excepci\u00f3n de mala fe, suficiente con recordar que el canon 282 del C\u00f3digo General del Proceso impone a los falladores que en el evento de hallar \u00abprobados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, raz\u00f3n por la cual no se advierte quebrantamiento alguno de las garant\u00edas superiores del quejoso, sino como una debida aplicaci\u00f3n de la norma en cita. <\/p>\n
8. Finalmente, tampoco se advierte viable la afirmaci\u00f3n del quejoso a partir de la cual se desconoci\u00f3 la cosa juzgada, relativa al \u00abcontrato cebrado entre Viviana y el se\u00f1or An\u00edbal\u00bb, el cual seg\u00fan dijo, fue encontrado \u00abajustado a derecho\u00bb, pues tal como advirti\u00f3 el juez constitucional de primera instancia, el actor no aport\u00f3 providencia alguna que diera cuenta de la declaraci\u00f3n de legalidad de esa convenci\u00f3n y, por ende, su fuerza vinculante en el caso de marras. <\/p>\n
9. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12013-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC12013-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00162-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57536","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57536"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57536\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}