STC12018-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12018-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2021-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la tutela que la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja le instaur\u00f3 a los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de esa urbe, extensiva a los intervinientes en el resguardo n\u00ba 2021-00060. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La empresa actora, por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, contradicci\u00f3n y defensa, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que, en consecuencia, se declarara la nulidad de las sentencias de 9 de marzo y 6 de mayo de 2021 dictadas en la salvaguarda de la referencia, y se ordenara a los estrados querellados emitir el fallo correspondiente \u00abatendiendo los requisitos establecidos en el art\u00edculo 29 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
En respaldo sostuvo que Nefroboyac\u00e1 S.A.S. le interpuso \u00abtutela\u00bb con miras a que se \u00able ordenar\u00e1 abstenerse\u00bb de ejecutar conductas que obstruyeran el buen funcionamiento, abastecimiento y suministro de los servicios que presta la IPS, hasta que perdurara el contrato de arrendamiento que celebraron; aspiraci\u00f3n desestimada por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja, mediante providencia del pasado 9 de marzo, en la que tambi\u00e9n dispuso \u201cla compulsa de copias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Boyac\u00e1, en contra del representante legal y el asesor [del Hospital]\u201d, parcialmente revocada por el superior (6 may.), sin establecer \u201cla obligaci\u00f3n de hacer o no hacer\u201d que deb\u00eda acatar. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, pese a las solicitudes de aclaraci\u00f3n que impetr\u00f3 ante el estrado municipal, en torno a \u201ccu\u00e1l es la obligaci\u00f3n en cabeza de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja (\u2026) y cu\u00e1l es la conducta con la cual ha vulnerado lo ordenado en los fallos\u201d, \u00e9ste abri\u00f3 incidente de desacato en contra del representante legal del Hospital (6 jul.) y, acto seguido, deneg\u00f3 aquellos pedimentos, porque \u201cno se estaba dentro del t\u00e9rmino para solicitar la aclaraci\u00f3n\u201d (9 jul.). <\/p>\n
Adver\u00f3 que, luego \u00abdeclar\u00f3 en desacato\u00bb a Yamit No\u00e9 Hurtado Neira, representante legal de la entidad de salud, tras estimar que \u201cno se hab\u00eda dado cabal cumplimiento a la orden impartida dentro de la acci\u00f3n de tutela, esto es, por no permitir la realizaci\u00f3n de las adecuaciones locativas dentro del inmueble ocupado por NEFROBOYAC\u00c1\u201d (3 ag.). <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el prove\u00eddo del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja \u201ccontiene una disposici\u00f3n abstracta frente al amparo concedido, vale decir, no es factible determinar con precisi\u00f3n y objetividad una orden en concreto\u201d y, que, con las actuaciones judiciales precitadas, los juzgadores encartados \u201chan incurrido en violaci\u00f3n flagrante de los derechos fundamentales que le asisten (\u2026), por configurarse una evidente v\u00eda de hecho a trav\u00e9s de las ordenes incongruentes, difusas y abstractas contenidas en los fallos de fecha 09 de marzo y 06 de mayo de 2021\u201d. <\/p>\n
2.- Los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de Tunja se opusieron al amparo; el primero, porque la accionante debe tener en cuenta que la parte considerativa del fallo de tutela y la parte resolutiva constituyen un todo y no puede interpretarlo a su \u00abacomodo\u00bb; agregando, que \u201cel hospital s\u00ed vulner\u00f3 los derechos de Nefroboyac\u00e1 y de los pacientes con insuficiencia renal, al incurrir en hechos que perturban la tenencia del local que ocupa \u00e9sta \u00faltima, tanto es as\u00ed, que existe una demanda iniciada por la IPS en la que se solicita cesen los actos de perturbaci\u00f3n, se le respete el contrato de arrendamiento y no se ponga en peligro la vida de los pacientes usuarios de esta sociedad. Este despacho, en consecuencia, obr\u00f3 en derecho\u201d. <\/p>\n
El segundo, por cuanto \u201cla E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja y su apoderado especial manifestaron estar conformes con lo decidido por este despacho e incluso estuvieron de acuerdo con la compulsa de copias que se orden\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, renunciando expresamente a formular el recurso de impugnaci\u00f3n que les posibilitaba la ley habiendo tenido la oportunidad para hacerlo; por lo que mal pueden pretender ahora la nulidad o invalidez de la decisi\u00f3n con la que estuvieron de acuerdo\u201d. <\/p>\n
El S\u00e9ptimo Administrativo del Circuito de Tunja relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en la restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00b0 2021-00028 impulsado por la gestora contra Nefroboyac\u00e1 S.A.S. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Boyac\u00e1 y Casanare pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque ninguna intervenci\u00f3n ha desplegado en el medio tuitivo conjurado. <\/p>\n
Nefroboyac\u00e1 S.A.S., resalt\u00f3 la improcedencia del socorro, por cuanto no cumple con los requisitos de la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, ni tampoco con el principio de subsidiariedad frente a lo anhelado en el curso del \u00abdesacato\u00bb propuesto. <\/p>\n
Nelson Andr\u00e9s Montero Ram\u00edrez coadyuv\u00f3 las pretensiones del Hospital, porque \u201cfrente al fallo de segunda instancia, se puede argumentar que es desubicado y desorbitado puesto que revoca la decisi\u00f3n de primera instancia, sin dar una orden clara y precisa\u201d. Asimismo, en relaci\u00f3n con el \u00abincidente de desacato\u00bb, que \u201ccuenta con unas falencias enormes pues no se logr\u00f3 identificar cual fue la persona responsable del presunto desacato de la orden dada (\u2026) y a su vez profiere un auto de apertura (\u2026) sin tener de presente la respectiva motivaci\u00f3n, con el fin de identificar los documentos f\u00e1cticos de hechos y de derecho que conllevan a demostrar un posible incumplimiento\u201d. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y R\u00c9PLICA <\/p>\n
1.- El a quo concedi\u00f3 el ruego, porque \u00absi bien lo que se pide es nulitar dos fallos de tutela, de manera intr\u00ednseca tambi\u00e9n se est\u00e1 solicitando dejar sin efecto la decisi\u00f3n consecuencial que del fallo de segundo grado se deriv\u00f3, cual es la sanci\u00f3n por desacato\u00bb, por lo que el veredicto del \u00abJuzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, quien revoca, ampara el derecho, no da una orden espec\u00edfica, ni clara, ni concreta en su resolutiva. Tampoco est\u00e1 contenida en la motiva. De tal forma que al revisar dicha providencia se encuentra que no se ajusta a las exigencias del art. 29 de Decreto 2591\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 Nefroboyac\u00e1, esgrimiendo que \u00abla acci\u00f3n instaurada por E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja no es procedente debido a que el mismo no agot\u00f3 el mecanismo jurisdiccional de consulta, que si bien es cierto no es un recurso, el mismo se debe abatir con el fin de poder acceder a la tutela contra providencia judicial de manera excepcional\u00bb. Sumo al o anterior, que, \u00abel Juez Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja nunca emiti\u00f3 un fallo oscuro e impreciso, debido a que el mismo veredicto fue decidido en pleno derecho ya que la protecci\u00f3n de la salud es un tema tan amplio e importante que le es imposible limitar los alcances del fallo, debido a que esta decisi\u00f3n depende la vida de muchos pacientes tratados en nuestra Unidad Renal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se advierte el decaimiento de la guarda superlativa y, por consiguiente, la infirmaci\u00f3n de la providencia recurrida por los motivos que a continuaci\u00f3n se enlistan. <\/p>\n
1.1.- En primer lugar, se observa que, frente al fallo de segundo grado, expedido en la \u00abtutela n\u00b0 2021-00060\u00bb el 6 de mayo de 2021, por medio de la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja dispuso \u00abREVOCAR el numeral primero del fallo proferido el d\u00eda nueve (9) de marzo de dos mil veintiuno (2021), por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja, y en su lugar CONCEDER el amparo constitucional deprecado por NEFROBOYACA S.A.S. en contra de la E.SE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA\u00bb, la promotora no solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n, a pesar de que estos mecanismos proced\u00edan, de acuerdo con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo de General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Por lo que, ante el desaprovechamiento de esa herramienta, el actor debe soportar las resultas adversas que dicha conducta conlleva. Mem\u00f3rese que, al respecto, esta Sala tiene decantado, que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (STC6663-2018, citada en STC6916-2020 y STC10200-2021). <\/p>\n
1.2.- En lo que concierne con las sentencias dictadas en ambas instancias, en el ruego objetado, vislumbra la Sala que el an\u00e1lisis de fondo de la queja se torna impr\u00f3spero, porque: a) La \u00abtutela contra tutela es improcedente\u00bb, salvo cuando en el procedimiento seguido se desconozca de manera flagrante la \u00abgarant\u00eda al debido proceso\u00bb, esto es, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021) y, b) En el sub judice lo controvertido por la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, no es la falta o indebida notificaci\u00f3n o integraci\u00f3n del contradictorio, sino el sentido desfavorable a sus intereses de los veredictos all\u00ed emitidos. <\/p>\n
Adicionalmente, y seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional (exp. T8362778), la citada actuaci\u00f3n fue radicada el pasado 17 de agosto, sin que se haya surtido la revisi\u00f3n del pronunciamiento del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja (rad. n\u00ba 2021-00060), am\u00e9n que nada impide que, por las circunstancias aqu\u00ed denunciadas, la censora requiera la selecci\u00f3n de dicho expediente para el referido rito y, en caso de no ser elegido haga uso del \u201cderecho o facultad de insistencia\u201d, primero de tales remedios sobre el que ha establecido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992), STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020 y STC8657-2021. <\/p>\n
De ah\u00ed que, hasta cuando se decida si se selecciona o no la actuaci\u00f3n tutelar aqu\u00ed reprochada, esta Corte est\u00e1 inhabilitada para evaluar anticipadamente la legalidad o no de las determinaciones all\u00ed proferidas, pues no se cumple con una de las exigencias establecidas para ello, esto es, la inexistencia de \u00abotro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.3.- Ahora, si bien las pretensiones del pliego inaugural no se enfilan directamente contra el incidente de desacato adelantado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de \u00abtutela n\u00b0 2021-00060\u00bb, lo observado por la Sala, es que, el Hospital San Rafael si muestra inconformidad con el interlocutorio que \u00abdeclar\u00f3 en desacato a su representante legal\u00bb, al punto que pidi\u00f3 como medida provisional \u201cla suspensi\u00f3n de las sanciones ordenadas\u201d impuestas. <\/p>\n
No obstante, frente a dicho t\u00f3pico el auxilio tampoco tiene venero, porque quien acuda a este sendero a fin de obtener la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb de sus atributos b\u00e1sicos, debe tener legitimaci\u00f3n en la causa para ello. As\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991: <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 10 ib\u00eddem establece que \u00ab[l]a acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb (subraya la Sala). <\/p>\n
De suerte que, a estas diligencias deben comparecer los titulares de los \u00abderechos afectados\u00bb, bien directamente o a trav\u00e9s de su \u00abrepresentante\u00bb, salvo que se encuentren impedidos para ejercerlos, evento en el cual un tercero podr\u00e1 agenciarlos. <\/p>\n
En el sub lite la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja carece de \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para controvertir el prove\u00eddo que sancion\u00f3 por desacato (3 ago.), comoquiera que el \u00abtitular de las prerrogativas\u00bb cuya custodia anhela es Yamit No\u00e9 Hurtado Neira, por ser el destinatario de la penalidad fustigada. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha sostenido, que <\/p>\n
En efecto, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta herramienta podr\u00e1 ser ejercida \u00ab(\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales (\u2026). En ese orden, en quienes radicar\u00eda el eventual inter\u00e9s para iniciar este tr\u00e1mite excepcional ser\u00eda en los directamente sancionados en el incidente de desacato (STC7147-2020, STC201-2021). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, ha dicho que superada la \u00abimprocedencia\u00bb que en principio se predica del resguardo contra lo resuelto en el \u00abincidente de desacato\u00bb, la legitimaci\u00f3n en causa por activa para hacer efectivo tal reproche recae: <\/p>\n
\u00ab\u00fanicamente la persona natural a quien se impuso multa y arresto, si estimaba que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas, estaba legitimada para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protecci\u00f3n, lo que pod\u00eda hacer, bien directamente, o a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n, comoquiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, calidad que en el presente asunto no puede hacerse extensible [a la instituci\u00f3n] tutelante ni siquiera como sucesor procesal (\u2026), toda vez que la sanci\u00f3n no se dirigi\u00f3 contra dicho ente sino, se itera, contra [la funcionaria]\u00bb, advirtiendo que \u00abla reclamante tampoco manifest\u00f3 que actuara [como agente oficioso] ante la imposibilidad de la funcionaria sancionada de procurar su defensa, como tampoco acredit\u00f3 la existencia de mandato judicial para este tr\u00e1mite, lo que de manera liminar se traduce en la improcedencia de la solicitud de amparo\u00bb (STC, 16 ago. 2012, rad. 01701-00 y STC1148-2021), subrayado fuera del texto. <\/p>\n
2.- Ergo, se invalidar\u00e1 el fallo impugnado, para en su lugar, declarar inviable el socorro implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela instada por la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo prove\u00eddo por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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