STC12021-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12021-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00961-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de julio de 20201 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Trillos Dur\u00e1n contra los Juzgados S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas y Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad y la Fiscal\u00eda Seccional, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al condenarlo por los punibles de secuestro simple y hurto calificado y agravado sin lugar a reducci\u00f3n del 50% de su condena, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 54720610610620158020301. <\/p>\n
Solicita entonces, en lo cardinal, que se revoquen las sentencias condenatorias adoptadas en su contra en ambas instancias, y que en su lugar, se profiera fallo en el que se readecue el tipo penal y se redosifique su pena. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce, en s\u00edntesis, que se encuentra privado de la libertad por cuenta de la condena que el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con funciones Mixtas de C\u00facuta le impuso el 18 de enero de 2018, como coautor responsable de los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado, decisi\u00f3n que, a vez, fue confirmada por la Magistratura vinculada mediante sentencia del 9 de marzo de esa anualidad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que con esa determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en una causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 sin reparar en que \u00able colabor\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia con una aceptaci\u00f3n de cargos\u00bb, raz\u00f3n por la cual le asist\u00eda en su favor una rebaja del 50% de la pena y no del 40% como lo entendieron los jueces de instancia, lo que en su criterio constituye un quebrantamiento a los principios de favorabilidad y non bis in \u00eddem, pues \u00abdentro de la tipificaci\u00f3n y los agravantes de la comisi\u00f3n de hecho se me [e]ndilg\u00f3 el delito de hurto la supuesta conexibilidad (sic) de conducta y tipificaci\u00f3n del agravante\u00bb y de modo alguno \u00abla conducta punible a trav\u00e9s del cual (sic) se consum[\u00f3] el hurto ya que jam\u00e1s en la comisi\u00f3n de[l delito] en su naturaleza como [h]echo sustancial que dentro de la autonom\u00eda de la comisi\u00f3n del mismo (\u2026) no tiene ninguna conexibidad (sic) procesal para que se me [e]ndilgue el mismo como agravante frente a la misma conducta sin que jam\u00e1s se haya llegado a la comisi\u00f3n punitiva del secuestro en la tipificaci\u00f3n procesal sobre el cual se me endilg\u00f3 secuestro simple\u00bb, vicisitudes que hacen viable la revisi\u00f3n de dichas determinaciones. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de C\u00facuta explic\u00f3, que el 18 de enero de 2018 profiri\u00f3 sentencia condenatoria en contra del actor, previo allanamiento de \u00e9ste a cargos; que le impuso una pena privativa de la libertad de 129 meses y multa de 580 SMLMV; y \u00abuna vez hecha la deducci\u00f3n por el allanamiento de una rebaja del 40%, al considerar que el mencionado no hab\u00eda hecho reintegro alguno del incremento patrimonial obtenido por \u00e9l, que como consecuencia impidi\u00f3 que se le hiciera la rebaja m\u00e1xima del 50 por ciento\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa urbe dijo que vigila la pena que le fuere impuesta al actor por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con secuestro simple impuesta por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de C\u00facuta, y que a la fecha no se encuentra petici\u00f3n alguna por resolver por cuenta del penado, raz\u00f3n por la cual debe declararse la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
c. A su turno, la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas, tras explicar que \u00ab[e]l d\u00eda 27\/08\/2017 ante el Juzgado 01 Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Salazar se formul\u00f3 imputaci\u00f3n donde el procesado ACEPTO los cargos de forma libre consiente y voluntaria y se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario\u00bb, e historiar el tr\u00e1mite impartido al asunto, pidi\u00f3 denegar la petici\u00f3n de amparo por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, al advertir que se desconoci\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que con \u00abel descuido puesto de presente permiti\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n accionada cobrara firmeza, situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador (Cfr. Sentencia SU \u2013 111 de 1997). Por consiguiente, como no agot\u00f3 dicho recurso, la solicitud de amparo se torna improcedente \u2013numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional \u2013Sentencia T \u2013 1217 de 2003-. Corolario de lo anterior, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, tras reiterar los iniciales planteamientos, precisando que si no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia obedeci\u00f3 a su desconocimiento sobre el particular. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que el se\u00f1or Trillos Dur\u00e1n se duele a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, en lo esencial, de la presunta irregularidad en la que incurrieron los jueces convocados al condenarlo a la pena de 129 meses de prisi\u00f3n, tras ser hallado coautor responsable de los punibles de secuestro simple y hurto calificado y agravado, sin reparar en que al aceptar cargos le asist\u00eda el leg\u00edtimo derecho a reducir su pena en un 50%, incurriendo, adem\u00e1s, en la presunta violaci\u00f3n del principio del non bis in \u00eddem que aduce en esta oportunidad. <\/p>\n
3.1. En el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones Mixtas de C\u00facuta, se tramit\u00f3 el proceso penal en contra del aqu\u00ed accionante, por el delito de hurto calificado y agravado y secuestro simple, el cual finaliz\u00f3 con sentencia condenatoria del 18 de enero de 2018, a trav\u00e9s de la cual se dispuso \u00abCONDENAR a CARLOS ALBERTO TRILLOS DURAN, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 1.094.346.207 (\u2026) a la pena principal de ciento veintinueve (129 ) meses de prisi\u00f3n, (10 a\u00f1os y 9 meses) y multa de 580 smlmv, al haber sido hallado coautor penalmente responsables de los delitos de hurto calificado agravado en concurso con el delito de secuestro simple, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dan cuenta las diligencias\u00bb. <\/p>\n
3.2. Esa decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n, la cual se desat\u00f3 mediante providencia del 9 de marzo de 2018, oportunidad en la que la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta dispuso confirmar en su integridad la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
4. Pues bien, observa la Sala que surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, conforme pasa a exponerse: <\/p>\n
4.1. La determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se mantuvo el fallo condenatorio data del 9 de marzo de 2018, mientras que el gestor acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 17 de junio de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron dos (2) a\u00f1os y tres (3) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n en mientes. <\/p>\n
Al respecto se advierte, que durante ese interregno el aqu\u00ed inconforme no solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado, sin que dicho presupuesto pueda ser pasado de manera inadvertida so pretexto de que las garant\u00edas se contin\u00faan quebrantando, pues fue un asunto que defini\u00f3 la suerte de las defensas propuestas por el aqu\u00ed inconforme. <\/p>\n
De manera reiterada se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC7564-2021). <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, la solicitud de amparo carece del presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el actor desaprovech\u00f3 los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta irregularidad en la que incurri\u00f3 el ad quem al aplicar de forma defectuosa la norma aplicable a su caso, pues dada la aceptaci\u00f3n de cargos era imperioso que la rebaja de su condena fuera del 50% y no del 40% como lo entendieron los falladores de instancia, y dem\u00e1s irregularidades all\u00ed surgidas, ha debido interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, procedente a voces de los art\u00edculos 180 y 181 de la Ley 906 de 20042, \u00fanico que proced\u00eda a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado la herramienta que estaba a su disposici\u00f3n para debatir la condena que le fue impuesta, la que estima lesiva para sus derechos fundamentales, desidia de la cual ahora no se puede valer para anular o retrotraer dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
La Sala en supuestos similares al aqu\u00ed estudiado ha indicado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC7574-2021). <\/p>\n
4.3. Y, no se diga que por el desconocimiento del actor le fue imposible hacer uso de ese remedio extraordinario, pues de la verificaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, f\u00e1cil se colige que el pretensor siempre estuvo representado por su defensor, quien es un profesional del derecho y conoc\u00eda de forma clara los mecanismos que ten\u00eda a su alcance para combatir la decisi\u00f3n que le fue desfavorable a sus aspiraciones y, por ende, dicho argumento no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado, por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Remitida y recibida por reparto en esta Sala el 25 de agosto de la calenda que avanza. <\/p>\n
2\u0002 \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo de Procedimiento Penal.\u201d <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12021-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC12021-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00961-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57544","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57544","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57544"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57544\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}