STC12022-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12022-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00395-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Augusto Mart\u00ednez Valencia y Mar\u00eda Orlinda Remisio D\u00edaz, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, la Fiscal\u00eda Quinta Delegada de la Unidad Nacional contra el Narcotr\u00e1fico e Interdicci\u00f3n Mar\u00edtima de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta urbe, y las p\u00e1ginas web es.scribd.com y dokument.tips.com, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes del asunto penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, demandan la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al buen nombre, al habeas data, a la igualdad y al trabajo, presuntamente conculcadas por las convocadas, al mantener informaci\u00f3n sensible y de acceso al p\u00fablico en las p\u00e1ginas de consulta de la Rama Judicial, en el marco del juicio penal radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2008-00017-01. <\/p>\n
2. En apoyo de su queja aducen, en s\u00edntesis, que en el desarrollo normal de sus actividades comerciales \u00abse vieron involucrados en un proceso penal\u00bb, el cual culmin\u00f3 con sentencia anticipada del 4 de marzo de 2008, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Granada, Meta, a trav\u00e9s de la cual fueron condenados a la pena privativa de la libertad de 42 y 21 meses para Mar\u00eda Orlinda y Augusto, respectivamente, por el punible de rebeli\u00f3n; aseguraron que la Magistratura convocada le concedi\u00f3 el \u00absustituto de prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, el cual fue cumplido en su totalidad. <\/p>\n
Explicaron que mediante autos del 16 de mayo y 20 de junio, ambos de 2012, el Juzgado de primer grado profiri\u00f3 sendos autos interlocutorios a trav\u00e9s de los cuales declar\u00f3 \u00abla rehabilitaci\u00f3n de los derechos y funciones p\u00fablicas\u00bb de los accionantes en el orden ya referido, raz\u00f3n por la cual en la actualidad, no registran antecedentes ante la Polic\u00eda Nacional, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica; sin embargo, \u00abcontin\u00faan apareciendo en la web, en la p\u00e1gina de la rama judicial (\u2026) www.ramajudicial.gov.co\u00bb, raz\u00f3n que los motiv\u00f3 a elevar petici\u00f3n ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con miras a que fue \u00abrestringida al p\u00fablico\u00bb esa particular informaci\u00f3n, pero a la fecha de radiaci\u00f3n del resguardo no han obtenido respuesta alguna, raz\u00f3n por la cual consideran viable la intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, acept\u00f3 que desde el 9 de noviembre anterior recibi\u00f3 la solicitud de \u00abrestricci\u00f3n al p\u00fablico del acceso del proceso penal No. 503133104001200800017000\/01\u00bb, y mediante oficio n.\u00ba 0577 del 10 de marzo actual \u00abprocedi\u00f3 a emitir respuesta de fondo a la pretensi\u00f3n elevada\u00bb. Explic\u00f3 que a diario \u00abse reciben m\u00e1s de 100 correos\u00bb y pese a los esfuerzos no resulta \u00abposible evacuar por completo la bandeja de entrada\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar el amparo constitucional. <\/p>\n
b. Por su parte, el Juzgado Diecisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia del auto del 4 de febrero actual, a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 \u00abque a trav\u00e9s del Centro de Servicios Administrativos y al \u00c1rea de Sistemas de los Juzgados de esta Especialidad, se realicen las gestiones que sean de su competencia para que se oculte al p\u00fablico la informaci\u00f3n que reposa en la Rama Judicial del expediente radicado bajo el No. 50313-31-04-2008-00017-00, que curs\u00f3 en contra de la precitada justiciada\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante dijo, que \u00ab[e]l \u00e1rea de sistemas el 2 de marzo de 2021 procedi\u00f3 al cumplimiento del auto de ocultamiento, en consecuencia[,] desde esa data en el sistema de gesti\u00f3n as\u00ed como en la consulta web de estos juzgados no se encuentra informaci\u00f3n relacionada con la se\u00f1ora REMISO D\u00cdAZ en lo que compete al radicado No. 50313-31-04-001-2008-00017-00\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, el Juzgado Penal del Circuito de Granada anot\u00f3 que, en efecto, mediante sentencia anticipada del 4 de marzo de 2008 conden\u00f3 a los se\u00f1ores Remiso D\u00edaz y Mart\u00ednez Valencia a las penas de 42 y 21 meses de prisi\u00f3n, respectivamente, decisi\u00f3n que a su vez fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, mediante decisi\u00f3n del 23 de julio de 2009. Dijo que previa solicitud de parte, por autos del 16 de mayo y 20 de junio de 2012 declar\u00f3 la rehabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas en favor de Mar\u00eda Orlinda y Augusto. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, asever\u00f3 que mediante correo electr\u00f3nico del 10 de diciembre de 2020 se solicit\u00f3 por intermedio de la apoderada judicial de los prenombrados solicitud de \u00abdescargue y ocultamiento de las anotaciones registradas en la p\u00e1gina web de la rama judicial por cuenta del proceso penal por el que fueron condenados\u00bb, raz\u00f3n por la cual desde el 12 de febrero de los corrientes, emiti\u00f3 respuesta de fondo a dicho pedimento \u00aby corri\u00f3 traslado de la petici\u00f3n ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal explic\u00f3, que las actuaciones registradas en las p\u00e1ginas de consulta de la Rama Judicial, reflejan \u00ablas acciones adelantadas por las diferentes autoridades judiciales, con la finalidad de dar publicidad y facilitar la consulta de usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, en cumplimiento de los fines previstos en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y lo dispuesto en los art\u00edculos 2\u00b0 y 7\u00b0 de la Ley 1712 de 2014, que regula la transparencia y el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica nacional. Pero de modo alguno sirve de medio de consolidaci\u00f3n de los antecedentes judiciales o disciplinarios de una persona\u00bb, en ese orden, deneg\u00f3 el amparo frente a los derechos al buen nombre y al habeas data, pero ampar\u00f3 \u00abel derecho de petici\u00f3n de Augusto Mart\u00ednez Valencia y Mar\u00eda Orlinda Remisio D\u00edaz. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Superior de Villavicencio y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que, si a\u00fan no lo han hecho, en un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, den contestaci\u00f3n a las peticiones formuladas a cada entidad el 6 de noviembre de 2020, por los demandantes, encaminadas a lograr el ocultamiento de la informaci\u00f3n contentiva del proceso penal que se adelant\u00f3 en adversidad de los antes mencionados, de radicaci\u00f3n 5031331040012008000170\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, tras reiterar los iniciales planteamientos, precisando que desde el 11 de marzo de la calenda que avanza, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio \u00abdio respuesta a su Despacho, en el traslado de la tutela, adjuntando respuesta del derecho de petici\u00f3n, pero al parecer cuando ya estaba emitido el fallo, raz\u00f3n por la cual no se tuvo en cuenta en la decisi\u00f3n de la Corte\u00bb. Explic\u00f3, que esa respuesta no satisface sus pedimentos, pues en su criterio, las actuaciones publicadas en p\u00e1gina web de la Rama Judicial \u00abtiene car\u00e1cter de antecedentes (\u2026) porque (\u2026) se evidencia informaci\u00f3n de los accionantes, que ya no atender\u00eda a los principios de finalidad, necesidad[,] utilidad y circulaci\u00f3n de la informaci\u00f3n personal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, anticipadamente se advierte que lo perseguido por parte de los pretensores, no concierne a un asunto propio del proceso y, por lo tanto, debe verificarse bajo las normas que regular el tr\u00e1mite propio del derecho de petici\u00f3n, advi\u00e9rtase que lo pretendido puntualmente por los se\u00f1ores Augusto Mart\u00ednez Valencia y Mar\u00eda Orlinda Remisio D\u00edaz es que a trav\u00e9s de este mecanismo de amparo se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, emitir respuesta de fondo y concreta a la petici\u00f3n que le elevaron el 9 de noviembre de la calenda pasada, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 la \u00abrestricci\u00f3n al p\u00fablico del acceso del proceso penal No 503133104001-2008-00017-00\/01\u00bb, a trav\u00e9s del cual se dict\u00f3 una sentencia condenatorio en su contra por el delito de rebeli\u00f3n; en su particular, criterio, mantener dicha informaci\u00f3n en los sistemas de consulta de la Rama Judicial, quebranta sus garant\u00edas superiores al habeas data, petici\u00f3n, buen nombre y trabajo. <\/p>\n
3.1. Sin embargo, las piezas procesales digitales arrimadas a este tr\u00e1mite excepcional (y as\u00ed fue aceptado adem\u00e1s por los quejosos) revelan que desde el 11 de marzo actual la respuesta echada de menos por los quejosos fue proferida en el decurso de la primera instancia, esa misiva dej\u00f3 en claro que \u00abno es posible acceder a dicha pretensi\u00f3n en raz\u00f3n a que la informaci\u00f3n contenida en el link consulta de procesos de la Rama Judicial, corresponde a las actuaciones surtidas en segunda instancia en el proceso penal No. 50313310400120080001701 que se adelant\u00f3 en su contra; y tales registros no constituyen antecedente penal, dado que esos datos son considerados una herramienta del sistema de gesti\u00f3n institucional a disposici\u00f3n de los servidores judiciales para el desarrollo de sus actividades laborales\u00bb. <\/p>\n
Y aunque los actores se mostraron inconformes con esa decisi\u00f3n, lo cierto es que tal como lo ha reconocido el M\u00e1ximo Tribunal de lo Constitucional es \u00abdeber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el art\u00edculo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situaci\u00f3n de incertidumbre, por cuanto \u00e9ste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos\u00bb (CC T-369\/2013), negrilla fuera de texto. <\/p>\n
3.2. Visto lo anterior, no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, si en cuenta se tiene que, a diferencia de lo considerado por los actores, la respuesta s\u00ed resolvi\u00f3 de fondo la solicitud de aquellos elevaron en noviembre anterior, por lo tanto, se encuentra realmente superado el hecho que motiv\u00f3 la presente reclamaci\u00f3n, con independencia de si lo resuelto satisface plenamente o no sus intereses, sin que, en consecuencia, ning\u00fan sentido tenga impartir en este escenario alg\u00fan tipo de disposici\u00f3n de inmediato cumplimiento, en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal no existen, o cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00ab[e]l hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC10811-2021). <\/p>\n
4. Ahora, en lo que concierne al presunto quebrantamiento de su derecho al buen nombre y al habeas data por la persistencia de las autoridades convocadas, particularmente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en mantener informaci\u00f3n relacionada con la sentencia condenatoria que en el pasado se impuso en su contra, pero que en la actualidad ya cumplieron, suficiente con recordar que tal como lo ha dejado sentado la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en m\u00faltiples decisiones: <\/p>\n
\u00abla informaci\u00f3n contenida en el portal web de la Rama Judicial, per se, no causa agravios al titular de lo all\u00ed reportado o a cierto grupo de la sociedad interesado en ello. Pues, no es de f\u00e1cil acceso al p\u00fablico en general, registra breves rese\u00f1as de actuaciones litigiosas o no litigiosas (procesos de jurisdicci\u00f3n voluntaria) y est\u00e1 destinada para el buen desarrollo de las funciones ejercidas por los servidores judiciales (empleados y funcionarios), con ocasi\u00f3n a los roles que cada uno de ellos desempe\u00f1a. Tales particularidades, objetivos y esencia distan de ser un sistema de consulta de antecedentes penales, disciplinarios o de cualquier otra \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, a diferencia de lo considerado por los promotores del amparo, de modo alguno la informaci\u00f3n almacenada en las p\u00e1ginas de consulta de la Rama Judicial puede equipararse al certificado de antecedentes penales para el caso bajo estudio y, por lo tanto, el acceso a dicha informaci\u00f3n, por s\u00ed misma, no quebranta las prerrogativas de los gestores, m\u00e1xime si se repara en que la misma no resulta de f\u00e1cil acceso al p\u00fablico, pues en todo caso, se requiere de informaci\u00f3n adicional para acceder a ella y \u00e9sta no es de dominio com\u00fan sino de quienes tienen inter\u00e9s sobre el particular, y, en contraste, su finalidad es meramente informativa y de gesti\u00f3n en la actividad jurisdiccional. <\/p>\n
Con todo, nada obsta para que los gestores acudan ante las autoridades convocadas con miras a solicitar la anonimizaci\u00f3n de sus datos (situaci\u00f3n distinta a la restricci\u00f3n \u00abal p\u00fablico el acceso a la informaci\u00f3n del proceso penal referido\u00bb), pues ello no solamente ha sido reconocido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, sino tambi\u00e9n por la Corte Constitucional, al rese\u00f1ar que \u00ab[a]un cuando se entiende que las sentencias son p\u00fablicas, y as\u00ed deben seguir si\u00e9ndolo, la informaci\u00f3n personal contenida en ellas est\u00e1 sometida a los principios de la administraci\u00f3n de datos, por lo que eventualmente pueden incluir datos sensibles o semiprivados, en cuya circulaci\u00f3n y acceso deben cumplirse los principios de finalidad, necesidad y circulaci\u00f3n restringida que rigen el derecho al habeas data. Esta \u00faltima circunstancia habilita la supresi\u00f3n relativa de informaci\u00f3n, con miras a proteger la intimidad, el derecho al trabajo o la reinserci\u00f3n de las personas en la sociedad, a trav\u00e9s de medidas que garanticen la imposibilidad de proceder a su identificaci\u00f3n, en concreto en las versiones que se publiquen en la Web de una providencia\u00bb (CC T-020\/2014). <\/p>\n
Ante ese panorama, y dado el car\u00e1cter eminentemente residual que gobierna este tr\u00e1mite preferente, de modo alguno puede admitirse que por esta v\u00eda se den ordenes al respecto, comoquiera que la tutela no puede considerarse como una herramienta alternativa o adicional de los presuntos afectados, en tanto que su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos, de conformidad con los postulados del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone revocar el fallo refutado, para desestimar el amparo por haberse superado la situaci\u00f3n que lo origin\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y en su lugar, NIEGA la protecci\u00f3n solicitada por Augusto Mart\u00ednez Valencia y Mar\u00eda Orlinda Remisio D\u00edaz. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12022-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC12022-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00395-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57545","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57545","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57545"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57545\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57545"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57545"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57545"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}