STC12029-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12029-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03190-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por July Marcela Lombana Reyes contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa y el Juzgado Promiscuo de Familia de Sibundoy tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2019-00102. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, y \u00abacceso efectivo a la tutela judicial\u00bb, supuestamente conculcadas por las autoridades convocadas, al dictar los fallos de primera y segunda instancia en virtud del juicio n\u00ba 2019-00102. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El 22 de julio de 2019, July Marcela Lombana Reyes, adelant\u00f3 el referido proceso declarativo pretendiendo que se le impusiera a Alba Alina Tonguino Ortega -en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Armando Mesias Lombana Caipe- la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil por ocultamiento de bienes de la sociedad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Promiscuo de Familia de Sibundoy, quien mediante providencia de 11 de septiembre de 2020 despach\u00f3 desfavorablemente las pretensiones, determinaci\u00f3n que fue apelada, no obstante, la Sala \u00danica de Mocoa confirm\u00f3 el fallo el 17 de agosto de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme con lo anterior, July Marcela Lombana Reyes formula la presente solicitud de amparo, cuestionando, en s\u00edntesis, la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Afirma, que \u00ab(\u2026) la demandada vendi\u00f3 dolosamente el inmueble referido en los documentos p\u00fablicos all\u00ed mencionados; ese dolo, que en el campo civil equivale a culpa est\u00e1 demostrado con la AUDIENCIA DE INVENTARIOS Y AVAL\u00daOS ADICIONALES, de fecha 06 de junio de 2019, la que se anex\u00f3 a la demanda, en donde se descarta el pasivo que de manera da\u00f1ina se pretendi\u00f3 incorporar a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que \u00abla demandada act\u00fao de manera contraria a lo previsto por el art\u00edculo 2 de la Ley 28 de 1932, del art\u00edculo 1796 del CC., y por ende de lo previsto por el art\u00edculo 1824 del CC.; \u00e9sta \u00faltima norma se debe armonizar con lo previsto por el art\u00edculo 63 del mismo estatuto sustancial, que indica que el dolo en el campo civil, equivale a culpa. Tambi\u00e9n en derecho, tanto la demandada ALBA ALINA TONGUINO ORTEGA y la testigo estrella del asunto, se\u00f1ora CAROL ALEJANDRA LOPEZ ESPA\u00d1A, actuaron en contrav\u00eda de lo consagrado por el art\u00edculo 1312 del CC., en concordancia con lo previsto en los art\u00edculos 501 y 502 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que \u00abexiste defecto procedimental absoluto, porque la parte accionada actu\u00f3 completamente al margen de lo establecido por la ley. Concretamente, se violent\u00f3 lo previsto por el art\u00edculo 1312 del CC., en concordancia con lo estatuido por los art\u00edculos 501 y 502 del CGP (\u2026) existe defecto factico, porque la parte accionada no tuvo ni una sola prueba que demuestre que el pasivo alegado por la se\u00f1ora CAROL ALEJANDRA LOPEZ ESPA\u00d1A lo reclam\u00f3 conforme a derecho, es decir, conforme lo indica el art\u00edculo 1312 del CC (\u2026) existe defecto material o sustantivo, porque las sentencias de primera y segunda instancia, se fulminaron con base en el testimonio contradictorio y falaz de la se\u00f1ora CAROL ALEJANDRA LOPEZ ESPA\u00d1A, presentando una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agrega, que \u00abexiste error inducido porque la parte accionada fue inducida por la argumentaci\u00f3n del apoderado de la demandada que condujo a las decisiones que afectan los derechos fundamentales de la accionante (\u2026) en los fallos de primer grado como de segundo grado, no existe una verdadera motivaci\u00f3n, porque no dan cuenta de los reales fundamentos facticos y jur\u00eddicos, lo que los hace ileg\u00edtimos; son un mal mensaje para la sociedad, ya que todo el mundo recurrir\u00eda a esa artima\u00f1a para lesionar los derechos de TODA Sociedad conyugal. Inventarse pasivos, no reclamados conforme a la ley. (Art\u00edculo 1312 del CC., ART\u00cdCULOS 501 y 502 CGP)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se \u00abanule o deje sin efectos jur\u00eddicos en lo desfavorable\u00bb las sentencias de 11 de septiembre de 2020 y 17 de agosto de 2021 proferidas por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sibundoy y por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, respectivamente, en virtud del proceso declarativo n\u00ba 2019-00102. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa por conducto de uno de sus magistrados inform\u00f3 que mediante providencia de 17 de agosto hoga\u00f1o esa corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia, en la medida que \u00abno se encontraban reunidos los presupuestos para imponer la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil pues no se acredit\u00f3 que la se\u00f1ora Alba Alina Tonguino Ortega, hubiese actuado con dolo al disponer del inmueble referido. Recu\u00e9rdese que el dolo, concebido en sentido amplio como la intenci\u00f3n de inferir o causar da\u00f1o a alguien previsto en el art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Civil, debe probarse por quien lo invoca en todas sus exigencias, dado que no se presume, lo cual no se hizo en el presente asunto, pues no se encontr\u00f3 en el acervo probatorio prueba alguna que demuestre la presunta distracci\u00f3n dolosa y en ese sentido no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad la pretensi\u00f3n enarbolada por la demandante\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que \u00abno existe irregularidad substancial alguna en el tr\u00e1mite dado en [esa] instancia al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, debido a que se valor\u00f3 en debida forma todo el material probatorio recaudado en el proceso\u00bb, por lo que pidi\u00f3 que se denegara el auxilio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del Juzgado Promiscuo de Familia de Sibundoy hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el juicio que origina el reclamo constitucional. <\/p>\n
Sostuvo, que \u00abse desprende de las argumentaciones esgrimidas por el accionante, claramente se pretende por medio de la acci\u00f3n de tutela revivir un debate procesal y convocar a un an\u00e1lisis probatorio dentro de un proceso debidamente concluido, pretendiendo con ello utilizar el residual y subsidiario prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia, prop\u00f3sito que ha sido descartado conforme m\u00faltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Alba Alina Tonguino Ortega se opuso a la prosperidad del resguardo destacando que el gestor \u00abtrae a colaci\u00f3n eventos procesales ya superados de la liquidaci\u00f3n sucesoral de ARMANDO MESIAS LOMBANA CAIPE sin atacar la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n por infracci\u00f3n constitucional\u00bb, y precisa queel hecho de que \u00absus pretensiones no le hayan sido pr\u00f3speras, en el negocio que motiva la demanda constitucional, nada tiene que ver, en el presente caso, con presuntas vulneraciones a los DDFF del debido proceso, igualdad y efectiva tutela judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa transgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas por la convocante al dictar, en sede de apelaci\u00f3n la sentencia de 17 de agosto de 2021. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia dictada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sibundoy el 11 de septiembre de 2020, fue la proferida por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por la gestora, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por la demandante en el declarativo que origina el reclamo, es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la referida autoridad y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3, adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por la magistratura acusada en el fallo de 17 de agosto de 2021, emitido en virtud del juicio n\u00ba 2019-00102, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la accionante. <\/p>\n
En efecto, la motivaci\u00f3n expuesta en dicha providencia se ciment\u00f3, en primer lugar, en analizar si se cumpl\u00edan los requisitos fijados en el canon 1824 del C\u00f3digo Civil para imponer la sanci\u00f3n all\u00ed contemplada, para lo cual hizo referencia a diversos pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Expuso, que \u00abel art\u00edculo 1824 del C.C, propende por garantizar la correcta elaboraci\u00f3n del inventario de los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial, a fin de que quien incumpla con esta carga, ocultando o distrayendo dolosamente alg\u00fan elemento de esta sociedad, sea acreedor de una dr\u00e1stica sanci\u00f3n pecuniaria, consistente en la perdida de la porci\u00f3n o cuota que tuviera derecho en los bienes sociales sobre los cuales se efectu\u00f3 el ocultamiento o distracci\u00f3n y adem\u00e1s de ello, se le obliga restituir a la v\u00edctima doblemente los mismos. Es de aclarar que la suma equivale al valor comercial en dinero del bien y si este ya no existiera o no se pudiera recuperar al precio en la moneda de curso legal\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que \u00abesta maniobra fraudulenta puede efectuarse ya sea a trav\u00e9s de ocultamiento a fin de que no se conozca a ciencia cierta la realidad de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de cierto bien o a trav\u00e9s del comportamiento de distraer que se materializa con acciones fraudulentas que impidan que el bien o elemento sea incorporado al haber de la masa partible, no obstante en todo caso, para ambos supuestos, debe estar presente un elemento inescindible, esto es, el dolo, es decir el actuar consciente del c\u00f3nyuge o heredero con la intenci\u00f3n de enga\u00f1ar a la pareja del primero o a sus causahabientes\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que \u00abquien pretende se imponga la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, deber\u00e1 acreditar que los bienes respecto de los cuales se aduce fueron ocultados o distra\u00eddos, tienen la calidad de sociales; esto es, que pertenecen al haber absoluto de la sociedad conyugal, adem\u00e1s es necesario determinar que efectivamente se adquirieron durante la vigencia de la sociedad y finalmente se debe corroborar que quien realiz\u00f3 el acto, actu\u00f3 con dolo. Sobre este aspecto, revisado el dossier se encuentra que los se\u00f1ores Alba Alina Tonguino Ortega y Armando Mesias Lombana Caipe, contrajeron matrimonio el d\u00eda 04 de marzo de 1995, matrimonio que fue registrado el d\u00eda 30 de agosto de 2012, es decir, que desde la primera calenda surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica la sociedad conyugal de los contrayentes, sin que exista prueba alguna de la celebraci\u00f3n de capitulaciones\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de verificar los extremos temporales de la vigencia de la sociedad conyugal, indic\u00f3 que el inmueble identificado con matricula n\u00ba441- 17329 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sibundoy correspond\u00eda a un bien social, el cual enajen\u00f3 Alba Alina Tanquino Ortega sin haberse liquidado previamente la sociedad conyugal, por lo que \u00abse hace necesario, examinarse si dicha venta se hizo con la intenci\u00f3n dolosa de ocultarlo o distraerlo. Carga probatoria que le asist\u00eda a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, que \u00abla conducta desplegada en este caso por la se\u00f1ora Alba Alina Tonguino Ortega, en t\u00e9rminos de la Corte Suprema de Justicia, se adec\u00faa al comportamiento de distraer, pues mediante un negocio jur\u00eddico de disposici\u00f3n, es decir, a trav\u00e9s de venta del inmueble se ha impedido su incorporaci\u00f3n a la masa partible de la sociedad conyugal que conform\u00f3 con el se\u00f1or Armando Mesias Lombana Caipe y que ha de liquidarse dentro del sucesorio de este \u00faltimo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, hizo referencia a las pruebas recaudadas con la finalidad de auscultar si Alba Alina Tonguino Ortega distrajo dolosamente dicho bien, precisando que esa exigencia es requisito sine qua non para que pueda aplicarse la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00abde la lectura de estos documentos, nada hay que pueda develar el actuar doloso de la se\u00f1ora Alba Alina Tonguino Ortega al disponer del inmueble tantas veces referido. Recu\u00e9rdese que como se dijo en l\u00edneas anteriores, se trata del dolo concebido como la intenci\u00f3n de inferir o causar da\u00f1o a alguien (inciso final del art\u00edculo 63 del C.C.), intenci\u00f3n que debe probarse por quien la alega, lo cual no se hizo en el presente asunto, como acertadamente lo vislumbr\u00f3 el A quo\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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