STC12036-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12036-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03219-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2019-00063 y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por la autoridad convocada, al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, el fallo de 26 de agosto de 2021, en virtud de la acci\u00f3n popular n\u00ba 2019-00063-01 adelantada contra Bancolombia S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que la magistratura acusada al resolver la segunda instancia del referido proceso, oficiosamente declar\u00f3 el \u00abagotamiento d jurisdicci\u00f3n por cosa juzgada\u00bb, advirtiendo que el debate que la origina ya hab\u00eda sido ventilado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia a trav\u00e9s del juicio n\u00ba 2015-00172. <\/p>\n
No obstante, asegura el promotor que \u00ab(\u2026) nunca present[\u00f3] acci\u00f3n popular en ese despacho (\u2026) no se [le] notifico el auto admisorio, no se [le] cito (sic) a pacto de cumplimiento, no se [le] notifico (sic) la sentencia, es decir desconoci[\u00f3] de la existencia de la misma\u00bb. Por lo tanto, considera que no se le pod\u00edan imponer sanciones por temeridad o mala fe sin haber agotado previamente un tr\u00e1mite incidental para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este particular mecanismo \u00abse ordene al juez de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda rda, compartir el link de [su] acci\u00f3n popular y el conflicto de competencia a fin de presentar acciones populares donde la amenaza ocurre en sitio diferente y as\u00ed garantizar art 29 CN , tal como ocurre en este lado SE ORDENE AL TUTELADO revocar la MULTA A MI CONTRA Y GARANTIZAR ART 13, 29 CN se ordene en derecho aclarar por qu\u00e9 se remiti\u00f3 [su] acci\u00f3n popular 2015 172 a ARMENIA y la acci\u00f3n popular 2019 063, se tramito en Bel\u00e9n de Umbr\u00eda rda, (\u2026) SE ORDENE CONCEDER AMPARO DE POBRE PEDIDO (\u2026) SE ORDENE PROBAR [su] TEMERIDAD Y [su] MALA FE, O SE APLIQUE [su] FAVOR [su] BUENA FE\u00bb (sic). <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Procurador 8 Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que \u00abel Ministerio P\u00fablico o la Defensor\u00eda del Pueblo no est\u00e1n en la obligaci\u00f3n legal de servir de representante judicial del se\u00f1or Javier El\u00edas, pues si bien la defensor\u00eda del Pueblo debe ser notificada cuando el actor no es abogado, su intervenci\u00f3n es facultativa y no obligatoria tal como lo establece el art\u00edculo 13 de la Ley 472 de 1998. En cuanto al Ministerio P\u00fablico, su intervenci\u00f3n es obligatoria en el pacto de cumplimiento y potestativa en las dem\u00e1s etapas procesales, de lo cual se colige que no tienen la obligaci\u00f3n de intervenir o de asumir la representaci\u00f3n judicial de quien carece de la calidad de abogado titulado. En ese orden de ideas, no existe vulneraci\u00f3n de derechos del se\u00f1or Javier El\u00edas Arias por parte de estas \u00faltimas entidades por ausencia total de hechos que configuren una amenaza o vulneraci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que la intervenci\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas en la acci\u00f3n popular no es para asesorar a los particulares que interponen acciones populares, ni para sustituir al convocante en sus deberes procesales, sino para la realizaci\u00f3n de su prop\u00f3sito misional, de acuerdo a las competencias y facultades legales y constitucionales. <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 que el amparo fuera denegado, en tanto que es inexistente la vulneraci\u00f3n aducida. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda indic\u00f3, que \u00abverificado nuestro sistema de informaci\u00f3n institucional con el n\u00famero de identificaci\u00f3n del se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, el cual valga la pena resaltar, es el \u00fanico autorizado para el registro de solicitudes, peticiones y quejas, el nombre del accionante se encuentra relacionado en un sin n\u00famero de peticiones, las cuales obedecen a vinculaciones que desde los despachos judiciales se han hecho a la Defensor\u00eda del Pueblo dentro del tr\u00e1mite del proceso de acciones populares que el accionante ha iniciado o coadyubado (sic) en diferentes departamentos del Pa\u00eds, como Antioquia, Boyac\u00e1, Cundinamarca, Nari\u00f1o, Caldas y Risaralda, as\u00ed como notificaciones de Tutelas instauradas en contra de esta entidad o vinculaciones realizadas por los diferentes despachos judiciales en acciones constitucionales por hechos similares a los que ata\u00f1en a la presente tutela; sin embargo, no existe ninguna solicitud que haya realizado el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga solicitando orientaciones, o asistencia para la interposici\u00f3n de la misma, por lo tanto la Defensor\u00eda del Pueblo, en ning\u00fan momento le ha vulnerado derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del asunto que origina el reclamo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira transgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el convocante al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, la sentencia de 26 de agosto de 2021 en virtud de la acci\u00f3n popular n\u00ba 2019-00063-01. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al examinar el fallo sometido a escrutinio de esta Sala, mediante el cual la magistratura acusada, el 26 de agosto hoga\u00f1o, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abcosa juzgada\u00bb, tras verificar que la acci\u00f3n popular n\u00ba 2019-00063-01 era identica en sus hechos, pretensiones y partes a la n\u00ba 2015-00172-00 adelantada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por el querellante en raz\u00f3n a que la referida sentencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, para arribar a la anterior determinaci\u00f3n la autoridad accionada tuvo en cuenta que no existe \u00abexcusa razonable del actor del porqu\u00e9 present\u00f3 de nuevo la demanda, lo que se erige en un comportamiento precedido de mala fe en el accionante\u00bb, raz\u00f3n por la cual impuso multa de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el promotor, por el contrario, la providencia censurada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, e independientemente de que esta Sala especializada la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente antojadizo para que sea objeto de ataque en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con las pretensiones del accionante encaminadas a que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo \u00abse ordene al juez de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda rda, compartir el link de [su] acci\u00f3n popular y el conflicto de competencia a fin de presentar acciones populares donde la amenaza ocurre en sitio diferente y as\u00ed garantizar art 29 CN , tal como ocurre en este lado (\u2026) se ordene en derecho aclarar por qu\u00e9 se remiti\u00f3 [su] acci\u00f3n popular 2015 172 a ARMENIA y la acci\u00f3n popular 2019 063, se tramito en Bel\u00e9n de Umbr\u00eda rda\u00bb, resalta la Sala que la tutela no ha sido erigida para dar tr\u00e1mite a ese tipo de pedimentos, teniendo en cuenta que el gestor puede acudir por su propia cuenta ante la autoridad competente para gestionar ese tipo de solicitudes. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que la providencia acusada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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