STC12073-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12073-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00715-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Fiduprevisora S.A. formul\u00f3 frente a la sentencia de 9 de agosto de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Myriam Consuelo L\u00f3pez Moreno le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Familia de Bogot\u00e1, a Fiduprevisora S.A., a Servisalud -EPS- y a Servimed -IPS-, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el asunto n\u00ba 2012-00090-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se ordene a las entidades accionadas mantener la prestaci\u00f3n de los servicios necesarios con el fin de impedir la vulneraci\u00f3n de los derechos del discapacitado y, que se requiera al juez para que entregue las copias solicitadas. <\/p>\n
Para respaldar sus pretensiones, adujo que le fue deferido el cargo de curadora suplente de su sobrino David Andr\u00e9s Torres L\u00f3pez, quien fue declarado interdicto por discapacidad mental absoluta en sentencia de 4 de marzo de 2013. Desde el 14 de junio de 2021, fecha en la cual falleci\u00f3 la progenitora del su sobrino, Mery Rafaela L\u00f3pez de Torres, ha iniciado los actos propios de su cargo, raz\u00f3n por la cual el 6 de julio de 2021 solicit\u00f3, entre otras cosas, copia aut\u00e9ntica de la sentencia que declar\u00f3 la interdicci\u00f3n de su sobrino. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el d\u00eda 15 de julio de 2021 inform\u00f3 ante Fiduprevisora la novedad de la muerte de su hermana, advirtiendo que deb\u00eda mantenerse el servicio m\u00e9dico para el interdicto en calidad de beneficiario. Dijo que las entidades que ven\u00edan prest\u00e1ndole el servicio de salud, le notificaron la suspensi\u00f3n de la atenci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Familia de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que \u00abcon prove\u00eddo de fecha 22 de julio de 2021 se dio tr\u00e1mite a las solicitudes allegadas por la accionante, en el entendido de que la se\u00f1ora Myriam Consuelo L\u00f3pez Moreno se design\u00f3 como curadora suplente\u00bb. <\/p>\n
Servimed IPS S.A. pidi\u00f3 ser desvinculada al no ser la encargada de dar respuesta a la solicitud, ya que la usuaria no es paciente de esta entidad. <\/p>\n
Fiduprevisora S.A. inform\u00f3 que para activar la afiliaci\u00f3n de David Andr\u00e9s Torres se hace necesario presentar, ante la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n, solicitud de reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes, con el fin de que se expida un proyecto de acto administrativo que defina los beneficiarios de la causante Mary Rafaela Torres L\u00f3pez y de esta manera activar los servicios de salud. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el amparo contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Familia de Bogot\u00e1 por inexistencia de vulneraci\u00f3n. Por otro lado, tutel\u00f3 los derechos fundamentales de petici\u00f3n y de salud vulnerados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y Fiduprevisora, ordenando que resuelvan de fondo la solicitud radicada el 15 de julio de 2021 y, que se contin\u00fae prestando los servicios de salud que necesite David Andr\u00e9s, hasta cuando se profiera acto administrativo que defina la situaci\u00f3n como beneficiario de su progenitora fallecida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace confutado ha de respaldarse, en cuanto se refiere a que las entidades contin\u00faen prest\u00e1ndo los servicios de salud y la entrega de los medicamentos especializados que necesite David Andr\u00e9s Torres L\u00f3pez, como lo ven\u00edan haciendo antes del fallecimiento de su madre Mery Rafaela L\u00f3pez, al igual que lo concluy\u00f3 el Tribunal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Reiteradamente ha manifestado esta Corporaci\u00f3n que la negativa de otorgar el tratamiento prescrito a un beneficiario del sistema de salud que lo requiere no puede tener justificaci\u00f3n en asuntos de \u00edndole econ\u00f3mica o contractual, pues los derechos fundamentales del usuario pueden llegar a estar lesionados con esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto semejante, esta Sala relev\u00f3 que: <\/p>\n
[E]xculpatoriamente se indicaron temas de \u00abcontrataci\u00f3n\u00bb lo cual contraviene los par\u00e1metros que sobre la materia ha fijado la Corte Constitucional, puesto que, entre diversas cosas, la protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n del derecho que viene refiri\u00e9ndose: \u201c[E]scapa a cualquier discusi\u00f3n de car\u00e1cter legal o contractual. No es aceptable que en un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana (art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n), y en la conservaci\u00f3n del valor de la vida (Pre\u00e1mbulo y art\u00edculo 11 de la Constituci\u00f3n), se pueda tolerar que ante el apremio de un individuo de recibir un tratamiento m\u00e9dico para conservar su existencia, se antepongan intereses de car\u00e1cter econ\u00f3mico, o una disposici\u00f3n de car\u00e1cter legal (Sentencia T-370 de 1998) (CSJ STC15742-2015, reiterada en STC5689-2019). <\/p>\n
Aunado a lo anotado, se advierte que el afectado es un sujeto de especial protecci\u00f3n, toda vez que cuenta con una discapacidad mental absoluta, lo que ratifica que la salvaguarda, en este puntual asunto, deba prosperar, toda vez que los derechos conculcados recaen sobre una persona que requiere de atenci\u00f3n prioritaria por parte del Estado. <\/p>\n
Conforme la normatividad vigente, para garantizar los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social, las entidades que prestan los servicios de salud deben atender eficazmente la pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes, la entrega completa y oportuna de los medicamentos y de realizar los controles m\u00e9dicos requeridos, as\u00ed como de brindar la libre escogencia de la entidad prestadora, y de asegurar la continuidad en los procesos que se hubieran iniciado sin condicionamiento alguno, menos bajo supuestos de \u00edndoles presupuestal o por motivos de car\u00e1cter administrativo (STC9146-2019). <\/p>\n
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-313-2014, reiterado en T-296-2016, precis\u00f3 que el principio de continuidad en el servicio de salud tiene estrecha vinculaci\u00f3n con los postulados reconocidos en los art\u00edculos 2 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues constituye la garant\u00eda que tiene toda persona de no ser suspendida del tratamiento m\u00e9dico, menos cuando ello atiende a m\u00f3viles presupuestales o administrativos. <\/p>\n
Asimismo, en sentencia T-331-2015, posici\u00f3n repetida en T-296-2016, la citada Corporaci\u00f3n insisti\u00f3 que el principio de continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud no puede afectarse por cuestiones, discusiones o disputas administrativas o econ\u00f3micas. Sin embargo, mencion\u00f3 que los servicios pueden suspenderse una vez que esa prestaci\u00f3n sea asumida de manera efectiva por otra entidad, o en el evento en el que el paciente haya superado la enfermedad que se le ven\u00eda tratando. As\u00ed lo destac\u00f3 en esa oportunidad: <\/p>\n
El derecho fundamental a la salud contempla el principio de continuidad, el cual consiste en que \u201clas personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisi\u00f3n de un servicio ha sido iniciada, este no podr\u00e1 ser interrumpido por razones administrativas o econ\u00f3micas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En suma, las entidades responsables de prestar el servicio p\u00fablico de salud, no pueden suspender v\u00e1lidamente la prestaci\u00f3n de tratamientos m\u00e9dicos ya iniciados, salvo cuando (i) el servicio m\u00e9dico requerido haya sido asumido y prestado de manera efectiva por otra entidad o; (ii) el paciente afectado en su salud, haya superado el estado de enfermedad que se le ven\u00eda tratando. <\/p>\n
En suma, el principio de continuidad es uno de los elementos esenciales del derecho fundamental a la salud, cuyo componente se encuentra integrado por: (i) la prohibici\u00f3n de suspender el tratamiento iniciado; y (ii) la obligaci\u00f3n de continuar con el mismo hasta su finalizaci\u00f3n. No obstante, la prestaci\u00f3n del servicio de salud puede ser interrumpida por las entidades promotoras de salud, a fin de controlar la afiliaci\u00f3n de los usuarios en el sistema de salud, siempre que se garantice el debido proceso de aquellos afiliados y una vez se verifique que el servicio m\u00e9dico requerido ha sido asumido de manera integral y efectiva por otra entidad, o que el paciente que se encontraba bajo tratamiento super\u00f3 su estado de enfermedad (CC T-296-2016). <\/p>\n
Por lo expuesto, como quiera que la decisi\u00f3n impugnada no es caprichosa, antojadiza o contraria al ordenamiento jur\u00eddico, se ratificar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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