STC12076-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12076-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03179-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que Ernesto Alonso Cort\u00e9s Uribe promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva al Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Barrancabermeja y a los intervinientes en el proceso de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial No. 2016-093-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 que se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia proferida en el tr\u00e1mite en comento (19 abril 2021), para que, en su lugar, se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que emita un nuevo fallo en el que tenga en cuenta la prueba de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de su compa\u00f1era. <\/p>\n
Como soporte de su pretensi\u00f3n adujo que promovi\u00f3 proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial en contra de Sonia Leonor Delgado Caballero, asunto del cual conoci\u00f3 el Juzgado 3\u00ba de Familia de Oralidad de Barrancabermeja, quien profiri\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho durante el per\u00edodo comprendido entre junio de 2012 y el 03 de febrero de 2015, pero neg\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial y su consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n tras considerar que \u00ab(\u2026) la demandada es casada y con sociedad conyugal vigente, pues no hay nota marginal en su registro civil de nacimiento y menos a\u00fan de matrimonio que pruebe lo contrario, raz\u00f3n por la cual no ha sido disuelta su sociedad conyugal con el se\u00f1or Roberto Mesa Ch\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que frente a la anterior decisi\u00f3n promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, en el que expuso que Sonia Leonor omiti\u00f3 manifestar que el 17 de mayo de 2012, mediante acta de conciliaci\u00f3n No. 123 suscrita ante la Comisar\u00eda de Familia de Sabana de Torres, acord\u00f3 la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que ten\u00eda con Roberto Mesa Ch\u00eda, la cual se protocoliz\u00f3 a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 291 de la Notar\u00eda \u00danica de Sabana de Torres (21 junio 2012). Destac\u00f3 que pudo acceder a las pruebas respectivas solo despu\u00e9s de emitida la sentencia de primer grado; sin embargo, el Tribunal adujo que lo aducido no correspond\u00eda a ninguno de los supuestos previstos en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda tener como prueba la documental aportada, m\u00e1xime cuando no fue acreditada la imposibilidad de aportarla en primera instancia y, en consecuencia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de su antecesor (19 abril 2021). <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente, sin aducir defensa alguna. El Juzgado 3\u00ba Promiscuo de Barrancabermeja adujo que la queja del actor cuestiona \u00fanicamente la actuaci\u00f3n realizada por el Tribunal accionado, por lo que, a su juicio, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que no fue satisfecho el requisito de procedibilidad denominado subsidiariedad; adem\u00e1s, la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal es razonable. <\/p>\n
En efecto, el gestor cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n mediante la cual la magistratura fustigada confirm\u00f3 la sentencia emitida por el Juzgado 3\u00ba Promiscuo de Barrancabermeja emitida dentro del proceso de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial No. 2016-093-00 (19 abril 2021), habida cuenta que no fue tenida en cuenta como prueba la escritura p\u00fablica que daba cuenta de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que la demandada tuvo con antelaci\u00f3n, documental que no fue aportada por el gestor oportunamente en raz\u00f3n a que, seg\u00fan su dicho, tuvo acceso a ella solo despu\u00e9s de proferido el fallo de primer grado. <\/p>\n
Revisado el expediente encuentra la Sala que el actor, al apelar la sentencia que neg\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial y su consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, invoc\u00f3 como uno de sus reparos que la sociedad conyugal que la demandada tuvo con Roberto Mesa Ch\u00eda fue liquidada mediante acta de conciliaci\u00f3n No. 123 suscrita ante la Comisar\u00eda de Familia de Sabana de Torres; adem\u00e1s, aport\u00f3 ese documento y la escritura p\u00fablica respectiva, por lo que a su juicio, s\u00ed hab\u00eda lugar a liquidar, en el caso concreto, la sociedad patrimonial que surgi\u00f3 como consecuencia de la uni\u00f3n marital de hecho que tuvieron las partes. <\/p>\n
La circunstancia descrita permite colegir que el aqu\u00ed actor no hizo uso de la posibilidad que le otorgaba el art\u00edculo 327, inciso primero, numeral cuarto, del C\u00f3digo General del Proceso de solicitar pruebas en segunda instancia, pedimento que deb\u00eda elevar \u00abdentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n\u00bb, sin que as\u00ed hubiera procedido. Debe destacar la Sala que no bastaba con que el accionante aportara, en primera instancia, con su escrito de apelaci\u00f3n la documental que, seg\u00fan \u00e9l, cambiaba el rumbo del litigio, sino que era necesario que, para que aquella tuviera el car\u00e1cter de prueba, se incorporara al plenario en los tiempos que el legislador previ\u00f3 para tal fin (solicitud de prueba adicional en segunda instancia), de forma tal que se permitiera la igualdad de las partes y la contradicci\u00f3n necesaria en este tipo de asuntos y como no procedi\u00f3 de tal forma, su incuria no puede ser subsanada por la senda constitucional, toda vez que dada la naturaleza excepcional del presente ruego superlativo, la Corte ha considerado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC7730-2020, reiterada, entre otras, en STC2557-2021). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, bien vale desatacar que el Tribunal accionado, al emitir la sentencia de segundo grado, expuso fundadas razones para no acceder al reparo formulado por el gestor, para lo cual le indic\u00f3 que la documental aportada por aqu\u00e9l con el recurso de apelaci\u00f3n no pod\u00eda ser tenida como prueba en segunda instancia, toda vez que <\/p>\n
\u00ab (\u2026) el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso establece los eventos en que procede su decreto, esto, previa solicitud de parte y la Sala advierte que ninguno de los cinco presupuestos establecidos en esta norma se acomoda al hecho o a las exigencias legales para decretar pruebas en 2\u00ba instancia, toda vez que como se indic\u00f3 (\u2026) no se demostr\u00f3 por la parte apelante que ello hubiere ocurrido\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esa corporaci\u00f3n hizo \u00e9nfasis en que el legislador limit\u00f3 el decreto de las pruebas en segunda instancia a los casos previstos en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso con el fin de que el tr\u00e1mite de la alzada no pierda su naturaleza y se entrabe en asuntos propios de la primera instancia; se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que no fue demostrada la imposibilidad alegada por el actor de aportar oportunamente la documental que acreditada la liquidaci\u00f3n aludida, toda vez que \u00e9l conoc\u00eda que la demandada estuvo casada, por lo que tuvo la posibilidad de indagar si exist\u00eda el instrumento p\u00fablico que diera cuenta de la disoluci\u00f3n de dicha uni\u00f3n, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que esos documentos tienen el car\u00e1cter de ser p\u00fablicos. De igual forma aludi\u00f3 a la necesidad de salvaguardar los derechos de la parte demanda, quien no puede ser sorprendida con pruebas que no fueron debidamente controvertidas (min. 40:17 a 51:21). <\/p>\n
El an\u00e1lisis de los raciocinios expuestos por la Magistratura evidencia un estudio de lo acontecido en el expediente, lo que permiti\u00f3 concluir que antes de que se admitiera el recurso de apelaci\u00f3n el solicitante tuvo acceso a la documental cuyo reconocimiento hoy demanda, es decir, tuvo plenas garant\u00edas para hacer uso de la oportunidad procesal prevista en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed invocar y acreditar la ocurrencia de alguna de las causales all\u00ed previstas y con ello tener como prueba en segunda instancia el acta de conciliaci\u00f3n y la escritura que aport\u00f3. Luego, como ninguno de los presupuestos mencionados se cumpli\u00f3, es claro que la decisi\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
Debe precisarse que el hecho que el promotor no est\u00e9 de acuerdo con el citado razonamiento, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Ernesto Alonso Cort\u00e9s Uribe. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12076-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC12076-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03179-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la salvaguarda que Ernesto Alonso Cort\u00e9s Uribe promovi\u00f3 contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57577","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57577"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57577\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}