STC12082-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12082-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-00818-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 25 de junio de 20201, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Lilia Guti\u00e9rrez de Upegui contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los intervinientes en el litigio 2014-00447. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL5128-2019, dictada por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura (25 nov. 2019), para que, en su lugar, se ordene el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que el 1\u00b0 de mayo de 1964 contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Manuel Leonardo Upegui Arango (q.e.p.d.), quien labor\u00f3 en Ecopetrol S.A. por m\u00e1s de 25 a\u00f1os y se pension\u00f3 el 16 de agosto de 1991; no obstante, falleci\u00f3 por un tumor cerebral (14 feb. 2009), de ah\u00ed que formul\u00f3 proceso ordinario laboral para obtener el reconocimiento de la prestaci\u00f3n pensional aludida. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 sus pretensiones (9 nov. 2015), decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta capital (12 jul. 201), por tanto, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n; sin embargo, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia dispuso no casar el prove\u00eddo de segundo grado (25 nov. 2019). <\/p>\n
En su criterio, la autoridad convocada: i) incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, ya que desde\u00f1\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n que daban cuenta de su calidad de c\u00f3nyuge y el cumplimiento de sus deberes y obligaciones de atenci\u00f3n, ayuda, cuidado y socorro hasta la muerte de su esposo, m\u00e1xime, cuando fue beneficiaria del sistema de salud que brindaba Ecopetrol; empero, si bien no habitaban bajo el mismo techo, por decisi\u00f3n de aquel y sin culpa de su parte, vivi\u00f3 s\u00f3lo \u00aben el apartamento ubicado en la carrera 5 n\u00famero 45-30\u00bb, pero aun as\u00ed no \u00abdeja[ron] de actuar como esposos\u00bb; ii) realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n incorrecta \u00abde los art\u00edculos 3 de la ley 71 de 1998, 2 de la ley 12 de 1975, 2 de la ley 33 de 1973, y 6 y 7 del decreto 1160 de 1989\u00bb y, iii) desconoci\u00f3 los lineamientos de la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el concepto de familia (Radicaci\u00f3n N.\u00b0 45779, SL14237-2015, reiterada en SL6519-2017). Hermen\u00e9utica que vulner\u00f3 sus prerrogativas fundamentales, toda vez que tiene 78 a\u00f1os y depend\u00eda econ\u00f3micamente de Manuel Leonardo Upegui Arango. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tras defender la legalidad de la actuaci\u00f3n surtida, solicit\u00f3 denegar el amparo por cuanto la accionante no logr\u00f3 acreditar que, desde mucho antes de la fecha del deceso del causante, hicieron vida com\u00fan o que conviv\u00eda con aquel. <\/p>\n
El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que con fundamento en el material probatorio coligi\u00f3 que Ana Lilia Guti\u00e9rrez no demostr\u00f3 \u00abla vida marital\u00bb con el causante antes de su muerte, as\u00ed como tampoco la convivencia de cinco a\u00f1os con anterioridad a su deceso, toda vez que \u00abno se demostr\u00f3 que fuera la demandante quien le brindara los cuidados necesarios en el curso de su enfermedad, pues se encontraba a cargo de una enfermera durante el d\u00eda y otra durante la noche, sino mucho m\u00e1s porque se demostr\u00f3 que no hac\u00edan vida en com\u00fan desde hac\u00eda m\u00e1s de 15 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que, por el contrario, qued\u00f3 demostrado que desde el a\u00f1o 1979 la pareja Upegui Guti\u00e9rrez disolvi\u00f3 y liquid\u00f3 su sociedad conyugal, am\u00e9n de romper su convivencia 15 a\u00f1os antes del diagn\u00f3stico de su enfermedad. De manera que, cuando la demandante decidi\u00f3 acudir a la casa del se\u00f1or Manuel Leonardo Upegui a brindarle cuidado o compa\u00f1\u00eda ya hab\u00eda perdido su derecho pensional, pese a ser su beneficiaria en el sistema de salud o continuar recibiendo ayuda econ\u00f3mica, cuesti\u00f3n que tampoco est\u00e1 plenamente probada, pues la condici\u00f3n de beneficiaria deriva de su real y efectiva convivencia durante el tiempo se\u00f1alado en la legislaci\u00f3n. <\/p>\n
Ecopetrol S.A. indic\u00f3 que la decisi\u00f3n atacada es razonable, ya que se fundament\u00f3 en las normas que rigen la materia. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego, tras considerar que la providencia fustigada \u00abresulta razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u00bb, porque \u00ablos argumentos son coherentes y est\u00e1n conforme a la normatividad que regulan el tema, los cuales le permitieron a la accionada negar las pretensiones de la actora al no colmarse los presupuestos para acceder a la sustituci\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
4. La quejosa impugn\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de Ana Lilia Guti\u00e9rrez de Upegui debe negarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado porque los razonamientos de la Sala hom\u00f3loga aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En principio, debe reiterarse que esta instituci\u00f3n no fue creada para replicar la actividad jurisdiccional, salvo cuando exista una irregularidad que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y el interesado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros instrumentos ordinarios o extraordinarios para conjurar el agravio. De ah\u00ed que, solamente \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC9877-2018, CSJ STC9600-2019). <\/p>\n
Ahora bien, tras revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio, donde la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n no cas\u00f3 la sentencia de 12 de abril de 2016, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, confirmatoria del prove\u00eddo de primer grado que deneg\u00f3 a la aqu\u00ed impugnante la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica (SL5128-2019, 25 nov. 2019), cabe observar que no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
En punto a los reparos formulados por la interesada, relacionados con la consagraci\u00f3n normativa en relaci\u00f3n con la convivencia al momento de la muerte del causante, la autoridad enjuiciada concluy\u00f3 que no existi\u00f3 un error jur\u00eddico en la interpretaci\u00f3n de las normas que se acus\u00f3 como violadas, toda vez que: <\/p>\n
(\u2026) el Juez de la alzada [se pronunci\u00f3], en s\u00edntesis, de la siguiente manera: <\/p>\n
Observ\u00f3 el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley de 71 de 1988, en cuanto extendi\u00f3 las previsiones sobre sustituci\u00f3n pensional de la Ley 12 de 1975, en forma vitalicia, entre otros, al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, al compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, en concurrencia con los hijos menores o inv\u00e1lidos con derecho acrecentar cuando uno de los \u00f3rdenes tengan extinguido su derecho; que, por su parte, los art\u00edculos 6\u00b0 numeral 1\u00b0 y el 7\u00b0 del Decreto 1160 de 1989, establecieron que es beneficiario de la sustituci\u00f3n pensional la c\u00f3nyuge sobreviviente y a falta de \u00e9ste, el compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, por lo que se\u00f1al\u00f3 que se entiende por falta de c\u00f3nyuge cuando opera su muerte real o presunta, hay nulidad del matrimonio civil o eclesi\u00e1stico y por divorcio. <\/p>\n
A su vez adujo, que hay p\u00e9rdida del derecho a la sustituci\u00f3n pensional, cuando el c\u00f3nyuge sobreviviente, al momento del deceso del causante, no hac\u00eda vida en com\u00fan con \u00e9l, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo o al haber abandonado \u00e9ste el hogar sin justa causa, o haberle impedido su acercamiento o compa\u00f1\u00eda, de igual forma, cuando el c\u00f3nyuge sobreviviente contraiga nupcias o haga vida marital; al respecto, aclar\u00f3, sobre el \u00faltimo supuesto, que el Consejo de Estado, secci\u00f3n segunda, mediante sentencia del 8 de julio de 1993 y 12 de julio de 1994, expedientes 4583 y 7240, declar\u00f3 nulo como causal para perder el derecho del c\u00f3nyuge sobreviviente, cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separaci\u00f3n legal o definitiva de cuerpos. <\/p>\n
A su turno, adujo que <\/p>\n
(\u2026) en relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n dada por la Corporaci\u00f3n con respecto al art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual pretende la censura se extienda a su situaci\u00f3n particular, es pertinente aclarar, que se trata de dos preceptos que son diferentes en su redacci\u00f3n y en los supuestos de hecho contenidos en las mismas, por lo que no es dable interpretar en igual sentido las dos disposiciones, adem\u00e1s que esta no regula el caso particular. <\/p>\n
Ahora bien, sobre el concepto de vida en com\u00fan refiri\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la censura parte de una premisa falsa al argumentar \u00abque el Tribunal interpret\u00f3 el concepto de vida en com\u00fan de una manera limitada, pues la asimil\u00f3 exclusivamente a convivencia, en el sentido de exigir a los c\u00f3nyuges que vivieran bajo el mismo techo al momento del fallecimiento del pensionado\u00bb, cuando el Juez de segunda instancia expres\u00f3: <\/p>\n
De ah\u00ed que coligi\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) aflora con nitidez para la Sala, que el ad quem parte del juicio de que existen situaciones en las cuales no se da la vida en com\u00fan bajo un mismo techo, pero por esa sola circunstancia no se desnaturaliza la existencia de una comunidad o vida en com\u00fan, puesto que el Juez de apelaciones, al realizar la valoraci\u00f3n probatoria, de conformidad a las pruebas allegadas en legal forma, no consider\u00f3 acreditado tal hecho, por tanto, el soporte para confirmar la condena ahora cuestionada, no fue solamente el entendimiento de la norma aplicable, que en todo caso es acertada, sino la falta de elementos de convicci\u00f3n que demostrasen la convivencia durante la \u00e9poca concomitante a la muerte del pensionado. <\/p>\n
Aspecto reiterado en la sentencia del Consejo de Estado antes referenciada que, para determinar a qui\u00e9n le asiste el derecho a sustituci\u00f3n pensional, se trata de un problema puramente probatorio, por lo que el ataque debi\u00f3 formularse, por aparte, a trav\u00e9s de la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
Y respecto a la valoraci\u00f3n probatoria indic\u00f3 que \u00abla conclusi\u00f3n a la cual arrib\u00f3 el sentenciador de segunda instancia se muestra razonada y soportada, dado que, (\u2026) se detect\u00f3 la no convivencia en la misma residencia y, posteriormente, se analiz\u00f3 si exist\u00eda una raz\u00f3n plausible para entender por qu\u00e9 la pareja no se encontraba conviviendo bajo el mismo techo, la cual se ech\u00f3 de menos\u00bb, por ende, tuvo en cuenta que: <\/p>\n
(\u2026) En relaci\u00f3n a la declaraci\u00f3n de la representante legal de la demandada, se observa, que se acepta la inscripci\u00f3n de la demandante como beneficiaria de los servicios de salud que ofrec\u00eda la entidad demandada a sus pensionados y que, para su inscripci\u00f3n, se cumpli\u00f3 con los requisitos establecidos en el reglamento de la demandada, hechos que no fueron desconocidos por el Tribunal y, analizados en su contexto, no demuestran lo que el Juez de alzada ech\u00f3 de menos, como lo fue la convivencia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la inscripci\u00f3n como beneficiario del servicio de salud u otros beneficios econ\u00f3micos, la Sala ha expresado que no es prueba por s\u00ed misma de la convivencia ni de su temporalidad, entre otras en sentencia CSJ SL4141-2019, que reiter\u00f3 la CSJ SL14237-2015, expresando: <\/p>\n
\u201cAhora, respecto de la documental denunciada por el censor como erradamente apreciadas y consistentes en las certificaciones de afiliaci\u00f3n a COLMEDICA S.A. (fl .18), paz y salvo de auxilio p\u00f3stumo (folio 21), certificado laboral emitido por AVIANCA S,A, (fi.22) y certificado AJUCAX, acerca del pago de p\u00f3liza de salud (fl. 23), documentos donde la c\u00f3nyuge fue incluida como beneficiaria del causante, se tiene que el Tribunal fue claro en se\u00f1alar que eran indicativos de que el de cujus inscribi\u00f3 como amparados por esas p\u00f3lizas a sus hijos y a su esposa, pero que de ellos no se pod\u00eda establecer la convivencia con \u00e9sta. <\/p>\n
Deducci\u00f3n que comparte esta Magistratura, pues en realidad, la sola inclusi\u00f3n de la c\u00f3nyuge como favorecida de determinados beneficios econ\u00f3micos, no implican esa noci\u00f3n de convivencia\u2026\u201d <\/p>\n
Consecuente con lo anterior, lo que destaca la censura del interrogatorio de parte absuelto por la demandada, no conlleva las consecuencias desfavorables para ese extremo ni las favorables a la demandante, por lo que no se configuran los presupuestos de la confesi\u00f3n judicial establecidos del art\u00edculo 195 del CPC (hoy 191 del CGP), aplicable por autorizaci\u00f3n expresa del precepto 145 del CPTSS, que es la prueba admisible en casaci\u00f3n (art. 7\u00ba L. 16\/69). <\/p>\n
Ahora, acerca de las certificaciones de los folios 143 y 144 del cuaderno principal, en la primera de ellas se certifica que el pensionado, Manuel Leonardo Upegui Arango, residi\u00f3 desde el a\u00f1o 2003 al 14 de febrero de 2009, en la carrera 5 n.\u00b0 45-30, Agrupaci\u00f3n de Vivienda Parque Residencial Cramer 45 y, la segunda, que durante ese mismo interregno la demandante no habit\u00f3 en dicho lugar, que no fueron los elementos centrales para abstenerse de acceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n deprecada, tal como se extrae de los argumentos del Tribunal, cuando expres\u00f3, <\/p>\n
[\u2026] no se prob\u00f3 que hicieran vida en com\u00fan o que en la demandante siguiera viva la ocasi\u00f3n de convivencia por dem\u00e1s que del dicho de los testigos citados no se logran inferir impedimentos certeros y fidedignos de los que se pueda determinar una raz\u00f3n plausible para entender porque la pareja no se encontraba conviviendo bajo el mismo techo [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, respecto al desconocimiento de los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (SL14237-2015, SL6519-2017), cabe advertir que los supuestos f\u00e1cticos de aquellos distan en su totalidad con los expuestos en este auxilio, debido a que en esas sentencias de casaci\u00f3n se concluy\u00f3 que si bien las demandantes y los causantes resid\u00edan en domicilios diferentes, lo cierto era que se acredit\u00f3 la convivencia por haber mantenido los lazos afectivos y su relaci\u00f3n se hab\u00eda conservado vigente sin que en ning\u00fan momento hubiesen tenido la intenci\u00f3n de dejar de compartir sus vidas, situaci\u00f3n dis\u00edmil del debate suscitado en esta oportunidad, por cuanto la actora no logr\u00f3 demostrar la vida marital con el causante durante los cinco a\u00f1os anteriores al fallecimiento de Manuel Leonardo Upegui Arango, menos una raz\u00f3n valedera para comprender por qu\u00e9 no se encontraban conviviendo bajo el mismo techo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la sentencia adoptada como se anticip\u00f3 no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre la recurrente y la autoridad convocada que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que la precursora no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC3956-2021 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el prove\u00eddo cuestionado en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo de la impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendada la sentencia protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 22 de junio, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 20 de agosto, donde se radic\u00f3, reparti\u00f3 e ingres\u00f3 al despacho el 23 de agosto. <\/p>\n
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