STC12087-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12087-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-002-2021-00147-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Julio Cesar Vallejo Torres frente a la sentencia de 11 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela que Jos\u00e9 Luis Villafa\u00f1e Quintero le instaur\u00f3 a los Juzgados Civiles del Circuito y Municipal de Roldanillo y al Juzgado Promiscuo Municipal de La Uni\u00f3n Valle, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo con radicados n\u00b0 76-622-40-03-001-2019-00257-00 y 76-622-31-02-001-2020-00136-01 de primera y segunda instancia, respectivamente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 que i). se ordene al despacho del Circuito notificar en debida forma el auto que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de su alzada, ii). se deje sin efectos el prove\u00eddo que levant\u00f3 las cautelas sobre \u00ablos productos financieros\u00bb de los ejecutados y, iii). se conmine al juzgado comisionado de La Uni\u00f3n para que adelante el secuestro de los bienes embargados a causa del coercitivo objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En sustento adujo que figura como ejecutante en el proceso cuestionado, el cual se adelanta en el Juzgado Civil Municipal de Roldanillo donde se decret\u00f3 el embargo y secuestro de los inmuebles, establecimientos de comercio y cuentas bancarias de los ejecutados Mauricio Vallejo Rivera y Julio Cesar Vallejo Torres. Relat\u00f3 que, una vez embargados los bienes, la parte pasiva pidi\u00f3 la reducci\u00f3n de las cautelas a lo que el despacho accedi\u00f3 en auto de 2 de septiembre de 2020, decisi\u00f3n que luego de ser apelada se confirm\u00f3 por la agencia del circuito de esa urbe (11 may. 2021). De esa determinaci\u00f3n deriva el precursor el primero de sus reproches pues consider\u00f3 que ante la falta de secuestro de los predios no hab\u00eda lugar a levantar las medidas sobre los productos financieros gravados. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Promiscuo Municipal de la Uni\u00f3n fue comisionado para adelantar el secuestro respectivo sin que a la fecha del resguardo hubiese cumplido el encargo, de lo que dedujo su segunda cr\u00edtica. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que en sentencia de 27 de abril hoga\u00f1o se declararon no probadas las excepciones del coercitivo y se desestim\u00f3 la tacha de falsedad propuesta por la parte deudora pero no se impuso la respectiva sanci\u00f3n, determinaci\u00f3n que critic\u00f3 por v\u00eda de apelaci\u00f3n que fue declarada desierta por falta de sustentaci\u00f3n conforme al Decreto Legislativo 806 de 2021(17 jun. 2021). <\/p>\n
Expuso que dicho auto no fue notificado en debida forma por lo que pidi\u00f3 al ad quem el respetivo enteramiento que fue denegado en prove\u00eddo de 2 de agosto pasado tras predicar que, seg\u00fan la certificaci\u00f3n expedida por el \u00abdesarrollador Portal Rama Judicial\u00bb, el estado respectivo \u00abpresent[\u00f3] problemas\u00bb en fechas posteriores al t\u00e9rmino de ejecutoria de la decisi\u00f3n de deserci\u00f3n, empero estuvo disponible en el interregno en que pudo ser impugnada la determinaci\u00f3n. Dicha decisi\u00f3n fue recurrida y confirmada, de all\u00ed la tercera queja del censor quien considera que la providencia y el estado debieron permanecer publicados, incluso despu\u00e9s de su ejecutoria. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil Municipal de Roldanillo hizo un relato de las actuaciones surtidas. Resalt\u00f3 que revisado el expediente encontr\u00f3 que el despacho comisorio que orden\u00f3 el secuestro de los bienes no fue remitido oportunamente por el secretario de la \u00e9poca al Juzgado Promiscuo Municipal de La Uni\u00f3n quien se encargar\u00eda de la se\u00f1alada aprehensi\u00f3n, pero que, \u00aben ocasi\u00f3n a la tutela\u00bb, procedi\u00f3 a enviarlo. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de esa municipalidad tambi\u00e9n efectu\u00f3 un relato de las etapas procesales acaecidas dentro de las que destac\u00f3, en lo que respecta a la notificaci\u00f3n del auto de deserci\u00f3n, que \u00abclaramente se certific\u00f3 por la entidad competente que el estado N\u00b0 032 estuvo visible al p\u00fablico desde el d\u00eda de su publicaci\u00f3n (18 de junio de 2021) hasta el d\u00eda 24 de junio de 2021, lo que significa que se garantiz\u00f3 al accionante el acceso a la providencia desde el d\u00eda de su publicaci\u00f3n hasta el d\u00eda de su ejecutoria que para el caso era hasta el 23 de junio de 2021, puesto que el estado se borr\u00f3 el 24 del mismo mes y a\u00f1o\u00bb. Nada dijo en relaci\u00f3n al auto que resolvi\u00f3 en segunda instancia sobre la reducci\u00f3n de embargos. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de La Uni\u00f3n adujo que \u00abno ten\u00eda conocimiento de la comisi\u00f3n referida en el amparo tutelar y solo se tuvo conocimiento el d\u00eda de ayer [(2 ago. 2021)] cuando el Juzgado Civil Municipal de Roldanillo siendo las 11:58 a.m. env\u00eda correo electr\u00f3nico con las Comisiones No. 002 y 030 de 2 de agosto de 2021, a las cuales se les dio tr\u00e1mite en la misma fecha requiri\u00e9ndose a ese Despacho para que allegaran la documentaci\u00f3n completa a fin de poder diligenciar en debida forma la comisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional otorg\u00f3 raz\u00f3n al accionante en lo referente a la alegada irregularidad con la forma en que se notific\u00f3 el prove\u00eddo de deserci\u00f3n y a la forma en que se resolvi\u00f3 la solicitud de reducci\u00f3n de embargo. En lo tocante a la falta de pr\u00e1ctica del secuestro deneg\u00f3 el auxilio tras cavilar que no se acredit\u00f3 mora por parte del despacho comisionado. <\/p>\n
4. El recurrente impugn\u00f3 la decisi\u00f3n sin exponer reparo concreto y pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado tras considerar que no fue debidamente notificado de la existencia del resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En cuanto a la solicitud de nulidad, ella no debe acogerse porque revisado el expediente de este tr\u00e1mite (Folio 7 del documento \u00ab05notificaci\u00f3nadmite\u00bb) se observa que el auto admisorio del resguardo s\u00ed fue remitido al recurrente el 3 de agosto de 2021 a las 10:36 a.m. al correo electr\u00f3nico surtiplazadelvalle@hotmail.com, direcci\u00f3n que \u00e9l mismo suministr\u00f3 a trav\u00e9s de su apoderado en el marco del proceso cuestionado, en concreto, en el ac\u00e1pite de notificaciones de la contestaci\u00f3n al libelo ejecutivo (Folio 131 del cuaderno principal del coercitivo). <\/p>\n
De all\u00ed, emerge ostensible que el impugnante tuvo la oportunidad de pronunciarse tempestivamente en este asunto, pues a pesar de que el prove\u00eddo inicial conten\u00eda un apellido distinto al suyo, datos como el radicado del pleito acusado, en el que es parte, se hallaron debidamente consignados y remitidos al correo electr\u00f3nico que fue indicado para efectos del enteramiento de los actos relativos al litigio. <\/p>\n
2. Ahora, estudiados los reclamos tutelares y la gen\u00e9rica impugnaci\u00f3n del recurrente, se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado por las razones que se pasan a exponer. <\/p>\n
3. Para confirmar la decisi\u00f3n adoptada respecto de la queja por la manera en que se adelant\u00f3 la notificaci\u00f3n del auto que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n (18 jun. 2021) en contra de la sentencia que defini\u00f3 la disputa (27 abr. 2021), basta con remitirse al \u00abreporte detallado de auditoria\u00bb efectuado por el \u00abdesarrollador Portal Rama Judicial\u00bb sobre el \u00abcontenido web publicado en el Portal Web de la Rama Judicial \/juzgado-001-civil-del-circuito-de-roldanillo\/80 con Estados Electr\u00f3nicos \u2013 2021 \u2013 pesta\u00f1a junio el 18 de junio de 2021: www.ramajudicial.gov.co\u00bb, donde luego de exponer las distintas anotaciones adelantadas por la agencia del circuito accionada, dictamin\u00f3 a modo de conclusi\u00f3n que: <\/p>\n
El contenido web de juzgado 001 civil del circuito de Roldanillo en Estados Electr\u00f3nicos \u2013 2021 \u2013 pesta\u00f1a junio presenta problemas en las fechas desde el 18 hasta el 28, en las cuales el usuario al agregar contenido ha borrado otros contenidos, actualmente en el contenido web los estados de junio del No 31 salta al No 34 faltando los estados No 32 y 33. (Resaltado propio) <\/p>\n
Ahora, a pesar de los inconvenientes develados por el informe de auditor\u00eda, llama la atenci\u00f3n que el documento tambi\u00e9n da cuenta de que el estado respectivo estuvo publicado, al menos, durante el tiempo de su ejecutoria, empero, se extra\u00f1a que la certificaci\u00f3n diera fe sobre la posibilidad de acceso efectivo a la providencia a trav\u00e9s del hiperv\u00ednculo respectivo, lo que aunado a la acreditada existencia de los \u00abproblemas\u00bb acaecidos en la publicaci\u00f3n del medio de enteramiento conlleva a la concesi\u00f3n del resguardo a fin de garantizar el derecho de impugnaci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
De otro lado, se suma el hecho de que, seg\u00fan el mismo informe de la autoridad encartada, el prove\u00eddo acusado no permaneci\u00f3 publicado en el micrositio web del juzgado convocado, a\u00fan con posterioridad a la ejecutoria de la providencia, lo que pone en evidencia el desconocimiento del deber consagrado en el canon 9 del Decreto Legislativo de 2020, de cuyo tenor literal se extrae que \u00ab[l]os ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservar\u00e1n en l\u00ednea para consulta permanente por cualquier interesado\u00bb. Ello, acorde a la doctrina de esta Sala que sobre la publicidad de los estados electr\u00f3nicos ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) el n\u00facleo esencial de las \u00abnotificaciones\u00bb en general gira alrededor del conocimiento que puedan adquirir los justiciables respecto del pronunciamiento que se les informa, con sujeci\u00f3n a las formalidades prescritas por el legislador, en aras de consolidar el \u00abprincipio\u00bb de publicidad de las \u00abactuaciones judiciales\u00bb (\u2026) porque la \u00abpublicidad de las decisiones judiciales\u00bb juega un papel preponderante en la democracia del Estado en tanto contribuye a la legitimidad de la administraci\u00f3n de justicia y permite que los ciudadanos ejerzan varias prerrogativas que componen el \u00abdebido proceso\u00bb, como el derecho a ser o\u00eddo en juicio que presupone necesariamente haberse enterado de su existencia y de su posterior impulso. <\/p>\n
En ese orden, trat\u00e1ndose de \u00abestados electr\u00f3nicos\u00bb es apropiado que la \u00abpublicaci\u00f3n\u00bb contenga, adem\u00e1s de las exigencias contempladas en el art\u00edculo 295 \u00eddem, la \u00abinformaci\u00f3n\u00bb trascendente de lo resuelto por el funcionario, para asegurar que el litigante no solo conozca el hecho de haberse emitido la providencia, sino su verdadero alcance. (Rad. 52001-22-13-000-2020-00023-01, 20 may. 2020) <\/p>\n
En suma, al acreditarse que el auto que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada no fue notificado con el lleno de las prescripciones legales, se impone la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n de primer grado en lo que respecta a su adecuado enteramiento. <\/p>\n
4. En lo referente a la cr\u00edtica por la forma en que el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n (11 may. 2021) del auto que orden\u00f3 la regulaci\u00f3n de las cautelas dentro del ejecutivo objeto de revisi\u00f3n (2 sep. 2020), se otea que la queja medular del entonces recurrente se redujo a que no era dable la reducci\u00f3n pedida por los ejecutados y, por ende, el levantamiento del embargo sobre los \u00abproductos financieros\u00bb, como quiera que \u00abno se ha[b\u00eda] consumado\u00bb el secuestro sobre los inmuebles gravados, de all\u00ed que, a su parecer, no se hallaba satisfecho el correspondiente requisito contemplado en el art\u00edculo 600 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sin embargo, revisado el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la alzada se observa que la agencia acusada, a pesar de haber identificado el reproche en los antecedentes de la providencia censurada, nada dijo en torno a esa particular tem\u00e1tica, por el contrario, limit\u00f3 su argumentaci\u00f3n a exponer sobre la \u00abposibilidad de aplicar la imputaci\u00f3n al pago de intereses\u00bb, la inexistencia de \u00abilegalidad en pronunciamiento alguno del juez a quo, al determinar que hab\u00eda que regular la medida cautelar por considerar que existen bienes suficientes para garantizar el pago de la obligaci\u00f3n a cargo de la parte demandada\u00bb y la justificaci\u00f3n de la reducci\u00f3n cautelar de cara a la \u00abemergencia social y econ\u00f3mica\u00bb del pa\u00eds. <\/p>\n
Establecido lo anterior, brota diamantina la indebida motivaci\u00f3n por parte del juzgado querellado frente al reproche concreto expuesto por el apelante y la existencia de un yerro configurativo de v\u00eda de hecho, enmendable por tutela, sobre el cual se ha predicado que: <\/p>\n
(\u2026) el defecto en comento se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que conlleva que deba abordarse de nuevo el estudio y definici\u00f3n del caso, en tanto que: \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso (CSJ STC8921-2020, reiterado en STC1749-2021). <\/p>\n
En suma, deviene el respaldo de la decisi\u00f3n adoptada por el a quo constitucional para que el juzgador adopte una decisi\u00f3n que aborde de manera espec\u00edfica la problem\u00e1tica expuesta por el censor. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo relativo a la censura contra el Juzgado Promiscuo Municipal de La Uni\u00f3n, a quien se comision\u00f3 para llevar a cabo la diligencia de aprehensi\u00f3n de los bienes cautelados, pronto se impone el tropiezo de la salvaguarda porque del dossier se extra\u00f1a que el actor haya intentado acudir ante el fallador comisionado a obtener pronunciamiento directo por la censura que alega, de lo que se colige con facilidad la desidia del libelista y su desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de acci\u00f3n constitucional. Tal situaci\u00f3n se corrobor\u00f3, adem\u00e1s, con el informe del mencionado despacho qui\u00e9n manifest\u00f3 no haber tenido noticia alguna del encargo sino hasta el 2 de agosto de 2021 y en ocasi\u00f3n al tr\u00e1mite tutelar. No en vano, sobre la conducta que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
Con todo, se observa que el juzgado comisionado s\u00f3lo tuvo conocimiento del encargo hasta el pasado 2 de agosto y ese mismo d\u00eda requiri\u00f3 al despacho comitente para que \u00aballegaran la documentaci\u00f3n completa a fin de poder diligenciar en debida forma la comisi\u00f3n\u00bb, de lo que se colige la inexistencia de la tardanza invocada por el gestor y a cargo de esa dependencia judicial. <\/p>\n
6. En definitiva, como quiera que i). se demostraron las anomal\u00edas en la notificaci\u00f3n del auto que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada contra la sentencia de primera instancia en el ejecutivo fustigado, ii). el reparo del censor en contra de la decisi\u00f3n de levantar las cautelas sobre los productos financiero de los ejecutados no fue debidamente resuelto por la agencia del circuito accionada y, iii). no se acredit\u00f3 haber concurrido ante el juzgado comisionado para la diligencia de secuestro a fin de exponer la alegada mora en su realizaci\u00f3n, no queda alternativa diferente a confirmar el desenlace impugnado, por las razones que aqu\u00ed se expusieron. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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