STC12146-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12146-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01614-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte en torno a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 12 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Alicia Ram\u00edrez Hern\u00e1ndez contra los Juzgados Veintid\u00f3s y Cuarenta y Siete Civiles del Circuito; Diecisiete y Veintiuno de Familia; Segundo, Cuarto, S\u00e9ptimo, Once, Doce y Trece Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Quinto, Sexto, S\u00e9ptimo, Once, Trece, Diecis\u00e9is, Treinta y Seis y Cuarenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, todos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, actuando en nombre propio, acudi\u00f3 al presente instrumento supralegal en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal trabajo\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 al debido proceso\u2026 dignidad humana\u2026 informaci\u00f3n y los que a bien se sirva calificar\u00bb. <\/p>\n
2. Afirma desempe\u00f1arse como abogada litigante por lo que sus ingresos econ\u00f3micos \u00abdependen estrictamente de [su] trabajo\u00bb, el cual se ha visto \u00abbastante afectado por los cambios intempestivos que ha tenido la rama judicial con ocasi\u00f3n de la aparici\u00f3n del Covid-19\u00bb. <\/p>\n
Comenta que \u00abante los despachos judiciales tutelados se encuentran en curso [diversos] procesos ejecutivos\u2026 los cuales con ocasi\u00f3n de la pandemia han tenido muy poco movimiento\u00bb pues, aunque \u00abdesde febrero del 2020 ha realizado varias solicitudes\u00bb de asignaci\u00f3n de citas para revisar los expedientes, no ha tenido \u00abrespuesta efectiva\u00bb, toda vez que las contestaciones recibidas, a vuelta de mensaje electr\u00f3nico, no resuelven de fondo sino que la remiten a un link para el agendamiento virtual; empero, dice, \u00abel calendario\u2026 siempre aparece lleno y nunca se puede agendar\u2026 a pesar de hacer m\u00faltiples intentos [sic]\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que dentro de los asuntos que se tramitan en los \u00abjuzgados 5 y 16 pccm [sic]\u00bb tuvo que \u00abretirar los despachos comisorios de la Alcald\u00eda de Antonio Nari\u00f1o\u2026 despu\u00e9s de dos a\u00f1os o m\u00e1s intentando la pr\u00e1ctica de las diligencias y solicit\u00f3 a los jueces de conocimiento que, por celeridad del proceso, practicaran tales diligencias y la respuesta es que deb\u00eda acudir ante la misma alcald\u00eda, sin que hace m\u00e1s de un a\u00f1o haya logrado obtener la cita para que me entreguen los documentos antes indicados (despachos comisorios y anexos) [sic]\u00bb <\/p>\n
Asegura, tambi\u00e9n, que en un asunto tramitado ante el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito \u00abestoy esperando desde hace varios meses la devoluci\u00f3n de la demanda y sus anexos sin que ello haya sido posible\u00bb y que \u00aben el caso del juzgado 42 de peque\u00f1as causas y competencias m\u00faltiples\u2026 present\u00f3 contestaci\u00f3n de la demanda en diciembre de 2020, inexplicablemente tres meses despu\u00e9s me notificaron por \u201cconducta concluyente\u201d sin haber motivo y luego admitieron la contestaci\u00f3n de la demanda pero a\u00fan no ha habido traslado, estando mi poderdante embargada y siendo el proceso de f\u00e1cil soluci\u00f3n porque la cuant\u00eda as\u00ed lo amerita al igual que la cautelar\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que en otro proceso adelantado en el Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple fue rechazada la demanda por competencia, orden\u00e1ndose su remisi\u00f3n a la ciudad de Ibagu\u00e9 pero que \u00abha hecho varias solicitudes para que me informen el n\u00famero de acta de reparto ya que en los diversos juzgados de esa ciudad no lo he encontrado y a la fecha solo hay absoluto silencio\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1ala que en el diligenciamiento de exclusi\u00f3n de bienes que curs\u00f3 en el Juzgado Diecisiete de Familia, pese a obtener sentencia favorable para su poderdante, no ha sido posible obtener el levantamiento de las cautelas all\u00ed decretadas pues dicha actuaci\u00f3n depende del Juzgado Veintiuno de la misma especialidad, despacho que pese a sus reiteradas solicitudes y los requerimientos de su hom\u00f3logo no ha dispuesto lo pertinente. <\/p>\n
Dice sentirse \u00abmuy afectada en [su] trabajo, pues ha perdido credibilidad con los usuarios [sic] quienes desconocen los cambios estructurales que se han hecho al interior de la rama judicial con ocasi\u00f3n de la aparici\u00f3n de Covid 19 [sic] y que cada vez me exigen un informe que no puedo rendir porque los procesos no avanzan en un 0.1% [sic]\u00bb; asimismo, considera que \u00abel trato que estamos recibiendo los abogados litigantes [sic] por parte de la mayor\u00eda de los despachos judiciales no es exactamente el m\u00e1s amable y solidario y si uno se queja entonces viene la amenaza de la queja disciplinaria o la conminaci\u00f3n o el requerimiento a\u2026, lo que realmente nos pone en una situaci\u00f3n muy dif\u00edcil para ejercer nuestro trabajo en debida forma [sic]\u00bb <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abordenar a los juzgados tutelados o a quien corresponda, sea agendada una cita a la suscrita y\/o al demandante en las instalaciones de cada despacho, en fecha y hora acordada [sic] para revisar los expedientes y tomar copias de las piezas procesales a que haya lugar, con el objeto de impulsar los procesos en curso\u2026 [y] que se resuelvan de fondo todas las peticiones que he realizado desde febrero de 2020 hasta la fecha [sic]\u00bb; sin embargo no especifica a cu\u00e1les se refiere. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Veintid\u00f3s Civil del Circuito pidi\u00f3 denegar el resguardo comoquiera que, si bien desconoc\u00eda la petici\u00f3n de devoluci\u00f3n de la demanda y sus anexos, que formulara la aqu\u00ed quejosa en calidad de apoderada de la parte convocante dentro del proceso 2019-00819, la misma fue resuelta haci\u00e9ndole entrega de las referidas piezas procesales. <\/p>\n
2. La Juez Cuarenta y Siete Civil del Circuito inform\u00f3 que la demanda de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea 2021-00284, incoada por la ac\u00e1 accionante como apoderada de los demandantes, fue rechazada por competencia con auto del pasado 31 de mayo, orden\u00e1ndose su remisi\u00f3n a los juzgados de Pereira, \u00absin que exista a la fecha ning\u00fan tr\u00e1mite pendiente por realizar\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Diecisiete de Familia luego de rememorar las actuaciones surtidas en los procesos de exclusi\u00f3n de un bien de la sociedad conyugal, 2012-00520, y ejecutivo 2019-01246, en el que la quejosa funge como apoderada de la demandante, pidi\u00f3 denegar el resguardo habida consideraci\u00f3n que el pasado 2 de agosto resolvi\u00f3 las peticiones formuladas por la profesional del derecho el 2 de mayo anterior. <\/p>\n
4. La Juez Veintiuno de Familia sostuvo que recibi\u00f3 el oficio 2402 de 14 de agosto de 2019 en el que se informaba que mediante sentencia de 9 de agosto del mismo a\u00f1o se \u00abexcluy\u00f3 del acta de inventarios y aval\u00faos y de la partici\u00f3n de los bienes de la sociedad conyugal un establecimiento educativo, sin que en la misiva se hiciera alusi\u00f3n a una orden que debiera cumplir este estrado judicial\u00bb, raz\u00f3n por la cual corri\u00f3 traslado de la aludida comunicaci\u00f3n a las partes del proceso 2003-00102 sin que realizaran manifestaci\u00f3n alguna, por lo que 19 de febrero de 2020 orden\u00f3 el archivo de las diligencias. <\/p>\n
5. El Juez Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias dijo que en el despacho a su cargo se adelanta el proceso ejecutivo 2009-01484 en el cual la accionante es apoderada del ejecutante y que si bien solicit\u00f3 la asignaci\u00f3n de una cita para acudir presencialmente a la sede judicial a revisar el expediente, dicha labor corresponde a la Oficina de Apoyo para los juzgados de esa especialidad, adem\u00e1s de existir una plataforma dispuesta por la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional a trav\u00e9s de la que se puede realizar el agendamiento, por lo que solicit\u00f3 denegar el resguardo. <\/p>\n
6. El Juez Cuarto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, en relaci\u00f3n con el proceso ejecutivo 2006-00877, dijo que no existe solicitud pendiente de pronunciamiento pues las que ha formulado la tutelante, en calidad de apoderada del ejecutante, han sido resueltas oportunamente, por lo que deprec\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
7. En igual sentido se pronunci\u00f3 la Juez S\u00e9ptima Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias quien dijo que dentro de los procesos 2013-00457 y 2015-00244, en los que la ac\u00e1 gestora es apoderada del demandante, no existe petici\u00f3n a la espera de ser resuelta y agreg\u00f3 que la revisi\u00f3n presencial del diligenciamiento debe ser coordinada con la Oficina de Apoyo respectiva, por ser la dependencia que tiene bajo custodia los expedientes, o a trav\u00e9s de los canales de atenci\u00f3n dispuestos. <\/p>\n
8. La Juez Once Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias pidi\u00f3 denegar la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que la solicitud formulada por la ac\u00e1 actora, como apoderada de la parte convocante en el proceso 2008-00157, fue atendida por la Oficina de Apoyo en el sentido de asignarle cita para la revisi\u00f3n del proceso, la que se materializ\u00f3 el pasado 11 de agosto a las 8 de la ma\u00f1ana. <\/p>\n
9. La Juez Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias afirm\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la presente acci\u00f3n supralegal orden\u00f3 la digitalizaci\u00f3n del expediente 2016-00175 (en el que la aqu\u00ed promotora funge como demandante) y su env\u00edo a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico informado; agreg\u00f3 que la demora en el tr\u00e1mite de la comisi\u00f3n para el secuestro de los bienes vinculados a dicho asunto, no es imputable al despacho toda vez que aquella fue retirada por la interesada sin que a la fecha la haya regresado debidamente diligenciada. <\/p>\n
10. El Juez Trece Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias sostuvo que para la revisi\u00f3n del expediente 2014-01328, la Oficina de Apoyo agend\u00f3 cita a la promotora, la que se verific\u00f3 el pasado 5 de agosto a las 3 de la tarde. <\/p>\n
11. La coordinadora de la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal se refiri\u00f3 exclusivamente al a cita asignada para la revisi\u00f3n del proceso 2008-01570 que se adelanta en el despacho once de esa especialidad y categor\u00eda y solicit\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb habida consideraci\u00f3n que, para la atenci\u00f3n o el agendamiento de visitas a esa sede, se han dispuesto canales virtuales por la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
12. El Juez Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple relat\u00f3 que conoce de los procesos 2015-00258 y 2014-0034. Sobre el primero dijo que no existen peticiones pendientes de resolver \u00absin embargo, se evidencia que la intenci\u00f3n es adelantar un despacho comisorio el cual\u2026 ha solicitado el aplazamiento ante la alcald\u00eda local\u2026 en tres oportunidades\u00bb de modo que no ha concluido por causa atribuible a la gestora y no por mora del despacho. <\/p>\n
Frente al segundo asunto, sostuvo que el pasado 9 de agosto dispuso el emplazamiento de herederos determinados e indeterminados de la parte demandada, cuya consulta puede realizarse a trav\u00e9s del micrositio web de esa c\u00e9lula judicial. <\/p>\n
13. La Juez Sexta de la misma especialidad y categor\u00eda adujo que la demanda ejecutiva 2020-01106 promovida por la ac\u00e1 gestora contra \u00abJamestown English Center Ltda. \/ Childs & Teens y C\u00eda. Ltda.\u00bb fue rechazada por competencia mediante auto del 9 de abril del cursante a\u00f1o, disponi\u00e9ndose su remisi\u00f3n a los juzgados hom\u00f3logos de Ibagu\u00e9, siendo asignada al tercero de peque\u00f1as causas y competencia m\u00faltiple. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abno obra petici\u00f3n u escrito alguno [sic] respecto del proceso\u2026 sobre la calificaci\u00f3n su rechazo o reparto\u00bb de all\u00ed que no exista \u00abmora o inactividad que lleve a una vulneraci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
14. La Juez S\u00e9ptima de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo, en lo que a ese despacho concierne, \u00aben consideraci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb pues \u00abel escrito de tutela no contiene ning\u00fan reproche espec\u00edfico con relaci\u00f3n a las conductas que por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n pueda desplegar esta servidora, pues m\u00e1s es un descontento por el manejo que el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional\u2026 han dado a la administraci\u00f3n de justicia en este tiempo de crisis [sic]\u00bb. <\/p>\n
15. El titular del Juzgado Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa sede judicial dada la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva toda vez que pues \u00abno ha cursado ning\u00fan proceso donde las partes sean Jaime Horacio Pineda y Martha Rivero\u2026 con el n\u00famero de radicaci\u00f3n 2008-01570\u00bb. <\/p>\n
17. La Juez Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas refiri\u00f3 que en ese despacho cursan los procesos ejecutivos 2009-01459 y 2015-00290. Sobre el primero indic\u00f3 que no existe petici\u00f3n pendiente de ser resuelta y que la revisi\u00f3n personal del expediente se realiz\u00f3, por solicitud de la accionante el pasado 22 de octubre a la una de la tarde. <\/p>\n
Respecto del segundo asunto dijo que, si bien la gestora no ha solicitado el agendamiento de cita para acudir a la sede judicial, \u00aba trav\u00e9s de la secretar\u00eda proceder\u00e1 a enviarle correo electr\u00f3nico a la tutelante para que se haga presente el d\u00eda viernes 6 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
18. La Juez Treinta y Seis de Peque\u00f1as Causas resalt\u00f3 que la demanda ejecutiva 2021-00319 incoada por la ac\u00e1 quejosa como apoderada de la ejecutante, fue rechazada por cuanto no se subsanaron las irregularidades advertidas en el auto de 8 de marzo de 2021, sin que frente a dicha providencia la interesada hubiere manifestado oposici\u00f3n alguna. <\/p>\n
19. El Juez Cuarenta y Dos de Peque\u00f1as causas indic\u00f3 que conoce el proceso ejecutivo 2019-01417 y pidi\u00f3 desestimar el resguardo por cuanto \u00abha sido garante de los derechos de las partes\u00bb. <\/p>\n
20. Por \u00faltimo, la abogada Edna Carolin Prieto Ruiz manifest\u00f3 encontrarse \u00abimpedida para realizar cualquier manifestaci\u00f3n [en torno al presente amparo] en raz\u00f3n a que\u2026 ya no act\u00faa como apoderada de pobre de la se\u00f1ora Mercedes Gomes [sic] de Rinc\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n por cuanto la promotora \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa para instaurar la tutela en los procesos\u2026 en los que act\u00faa en condici\u00f3n de apoderada\u00bb pues si bien aduce lesi\u00f3n de su derecho al trabajo, lo cierto es que lo perseguido con el amparo es dar impulso a los procesos, confundiendo \u00absu posici\u00f3n de apoderada con la de las personas que representa\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en los asuntos en los que funge como demandante, esto es en el 2016-00175 del Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y 2020-01106 del Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas declar\u00f3 la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Sobre el primero dijo que el despacho cognoscente, con ocasi\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional, remiti\u00f3 el expediente digitalizado a la interesada y la inst\u00f3 para que agendara cita a trav\u00e9s del canal digital dispuesto para ello, configur\u00e1ndose as\u00ed una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Frente al segundo asunto resalt\u00f3 que la tutelante no acredit\u00f3 haber formulado petici\u00f3n alguna a la c\u00e9lula judicial querellada relativa a obtener informaci\u00f3n sobre el destino que se le dio al proceso luego de su rechazo; \u00absin embargo con la respuesta\u2026 [se] acompa\u00f1a el acta de reparto\u2026 por medio de la cual se asigna el mencionado proceso\u2026 al Juzgado 3\u00ba de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n aduciendo que \u00abno involucr\u00f3 a [sus] representados porque considero que es una situaci\u00f3n de \u00edndole personal\u2026 el hecho de que solicite una cita para revisar los procesos no quiere decir que simplemente estoy protegiendo los derechos de mis poderdantes, sino que adem\u00e1s estoy viendo vulnerado mi derecho al trabajo y al acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
Estima que, pese a que el tribunal a quo encontr\u00f3 \u00abque hubo vulneraci\u00f3n de mis derechos fundamentales\u2026 en los casos de los procesos que cursan en el juzgado 12\u2026 y jugado sexto [sic]\u2026 en la parte resolutiva\u2026 omiti\u00f3 referirse al 6\u00ba de peque\u00f1as causas\u2026 justifica la mora de 6 meses por parte del juzgado y como es la costumbre intimidatoria contra los abogados litigantes nuevamente me \u201cinsta\u201d para que utilice los canales virtuales\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostiene que \u00abla aparici\u00f3n del Covid-19 es la justificaci\u00f3n es perfecta para afirmar que no hay ninguna culpa de los despachos judiciales y dem\u00e1s afirmaciones que se deducen del mismo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer, preliminarmente, si Carmen Alicia Ram\u00edrez Hern\u00e1ndez estaba facultada para promover la presente acci\u00f3n de tutela a nombre propio en aquellos asuntos en los que funge como apoderada de alguna de las partes y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas quebrantaron las prerrogativas constitucionales invocadas. <\/p>\n
2.1 Sobre la necesidad de contar con poder especial para acudir a la acci\u00f3n de tutela \u2013 Legitimaci\u00f3n en la causa y derecho de postulaci\u00f3n <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que respecta al derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
La anterior postura viene aparejada al precedente constitucional, seg\u00fan el cual \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese orden, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, puesto que: <\/p>\n
\u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
De conformidad con los anteriores lineamientos, se ratificar\u00e1 el fracaso de la salvaguarda porque, aun cuando quien la promovi\u00f3 manifest\u00f3 actuar en nombre propio, en aquellos asuntos en los que simplemente fung\u00eda como apoderada de alguna de las partes, esa sola afirmaci\u00f3n no la habilitaba para acudir a este excepcional remedio y menos para impugnar la decisi\u00f3n de primer grado bajo el supuesto de encontrarse vulnerados sus derechos a t\u00edtulo personal, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en los asuntos que se cuestionan, solo le compete a las partes all\u00ed involucradas y no a sus mandatarios judiciales, tal como lo ha venido sosteniendo de tiempo atr\u00e1s esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026). El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 2016-00801-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, tampoco se observa poder para promover esta tutela, conferido por las personas a quien Ram\u00edrez Hern\u00e1ndez dice representar en las actuaciones ordinarias, pues los mandatos otorgados en dichos tr\u00e1mites no pueden reputarse como especiales para acudir al resguardo constitucional habida consideraci\u00f3n que no fueron extendidos para formular la acci\u00f3n tuitiva, lo que significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
As\u00ed, aunque la memorialista sostiene ser la apoderada de alguna de las partes en los diferentes procesos objeto de escrutinio, esa circunstancia no la faculta para asumir la vocer\u00eda judicial de aquellas en este tr\u00e1mite constitucional ya que, para ello, se itera, es indispensable el correspondiente poder especial que ac\u00e1 se echa de menos. <\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de acciones de tutela en que se act\u00fae por conducto de apoderado judicial, el criterio que, de vieja data, sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada entre otras en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01). <\/p>\n
Por lo anterior, se ratificar\u00e1 la improcedencia del resguardo frente a los Juzgados Veintid\u00f3s y Cuarenta y Siete Civiles del Circuito; Diecisiete y Veintiuno de Familia; Segundo, Cuarto, S\u00e9ptimo, Once y Trece Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Quinto, S\u00e9ptimo, Once, Trece, Diecis\u00e9is, Treinta y Seis y Cuarenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, habida consideraci\u00f3n que en los procesos que cursan en dichos despachos la promotora del presente resguardo solo tiene la calidad de apoderada de alguna de las partes, por lo que no estaba facultada para promover el resguardo en nombre propio. <\/p>\n
No ocurre lo mismo frente a los Juzgados Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Sexto de Peque\u00f1as Causas, comoquiera que en los asuntos distinguidos con radicaci\u00f3n 2016-00175 y 2020-01106 Carmen Alicia Ram\u00edrez Hern\u00e1ndez es, en efecto, la parte demandante, por lo que se proceder\u00e1 a realizar el an\u00e1lisis pertinente frente a cada situaci\u00f3n particular. <\/p>\n
2.2. De la carencia actual de objeto por hecho superado <\/p>\n
Como se acaba de indicar, la ac\u00e1 gestora act\u00faa en causa propia en el proceso ejecutivo 2016-00175 que cursa en el Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. La queja frente a este despacho radica, b\u00e1sicamente, en que no ha tenido acceso al expediente, pese a sus solicitudes de agendamiento de cita para acudir personalmente a la sede judicial y revisar el diligenciamiento. <\/p>\n
No obstante, a partir de la intervenci\u00f3n que en estas diligencias y en respuesta al traslado de tutela realiz\u00f3 la titular del aludido estrado, se observa que la salvaguarda deviene improcedente por lo que el fallo impugnado habr\u00e1 de ratificarse, pues la funcionaria manifest\u00f3 que, \u00abcon ocasi\u00f3n de la presente tutela se procedi\u00f3 por parte de la secretar\u00eda a escanear el expediente y a remit\u00edrselo a la accionante al correo electr\u00f3nico se\u00f1alado en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
Con lo anterior, queda claro que en el transcurso de la primera instancia y en todo caso, antes de la emisi\u00f3n del fallo, el juzgado comprometido realiz\u00f3 la actividad extra\u00f1ada por la gestora pues, seg\u00fan se verific\u00f3, tuvo acceso efectivo al expediente de forma digital, por lo que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia torn\u00e1ndose inane cualquier pronunciamiento del juez de tutela en ese sentido, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.3. De la ausencia de vulneraci\u00f3n por parte del Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple <\/p>\n
Ahora bien, la queja frente a esta agencia judicial gir\u00f3 en torno a la supuesta falta de respuesta respecto de la solicitud de informaci\u00f3n sobre el destino que se le dio a la demanda ejecutiva 2020-01106, luego de su rechazo por competencia. <\/p>\n
Tal como lo advirti\u00f3 la colegiatura a quo, la gestora no acompa\u00f1\u00f3 la referida petici\u00f3n, al tiempo que el juzgado querellado asegura no haber recibido memorial en tal sentido; de manera que no es posible deducir responsabilidad alguna a la autoridad judicial dado que la interesada no demostr\u00f3 haber formulado la deprecaci\u00f3n, por lo que deber\u00e1 denegarse el resguardo, para lo cual se adicionar\u00e1 el fallo de primer grado comoquiera que en su parte resolutiva no se consign\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante lo anterior, es preciso advertir que a la respuesta brindada por el titular de la c\u00e9lula judicial se anex\u00f3 copia del acta de reparto del pasado 2 de agosto en la cual se indica que la aludida actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Ibagu\u00e9, debiendo entonces la accionante permanecer vigilante al tr\u00e1mite a trav\u00e9s de las herramientas electr\u00f3nicas dispuestas para la consulta de procesos. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
3.1. Resultaba perentorio que la profesional del derecho que formul\u00f3 el amparo e impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n en los asuntos en los que funge como apoderada de alguna de las partes, pues no es suficiente el mandato otorgado en el tr\u00e1mite ordinario para promover la salvaguarda y menos puede reputarse como titular de los derechos que dice quebrantados, pues los mismos solo ata\u00f1en a las partes. <\/p>\n
3.2. El hecho que origin\u00f3 la protecci\u00f3n de amparo frente al Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias se encuentra superado habida cuenta que antes de resolverse el presente asunto en primera instancia, la c\u00e9lula judicial permiti\u00f3 el acceso efectivo de la gestora al expediente con la remisi\u00f3n del mismo en formato digital al correo electr\u00f3nico por ella informado. <\/p>\n
3.3. Por otra parte, se adicionar\u00e1 la sentencia en el sentido de negar el auxilio frente al Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas comoquiera que la queja formulada en su contra, carece de soporte en la medida que la promotora no acredit\u00f3 haber presentado petici\u00f3n alguna relativa a obtener informaci\u00f3n frente al destino de la demanda ejecutiva incoada por ella y que fuera rechazada y remitida al Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, m\u00e1xime cuando de la contestaci\u00f3n brindada por el titular de la c\u00e9lula judicial querellada se desprende que fue asignada por reparto al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas de dicha ciudad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: ADICIONAR el fallo impugnado en el sentido de negar el resguardo frente al Juzgado Sexto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo dem\u00e1s la sentencia objeto de censura. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en su oportunidad, REMITIR la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12146-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12146-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01614-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se pronuncia la Corte en torno a la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57585","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57585\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}