STC12147-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12147-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2021-00484-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 24 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa Multiactiva Coosalud contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la empresa Safimed S.A.S. y el Banco Agrario de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al no resolver sobre la entrega de un t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial. <\/p>\n
2. Expuso que como consecuencia de la desestimaci\u00f3n \u00aben ambas instancias\u00bb de las pretensiones del ejecutivo adelantado en su contra por que Safimed S.A.S. (rad. 2011-00318), elev\u00f3 \u00abno menos de 2 solicitudes\u00bb para que se proceda \u00abla entrega del t\u00edtulo judicial No. 412071222907 por valor de $376\u00b4457.593 elaborado en fecha 20 de febrero de 2012 y el cual se encuentra pendiente de pago [a la ejecutada] y conforme a se avizora del \u00faltimo reporte entregado por el Banco Agrario (\u2026) est\u00e1 pronto a verse afectado con la declaratoria de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que adem\u00e1s de lo anterior, el dep\u00f3sito en menci\u00f3n corresponde a \u00abrecursos del sistema integral de la seguridad social en salud, necesarios para la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de los afiliados de Coosalud\u00bb, el juzgado no se ha pronunciado sobre la \u00abentrega inmediata, a fin de evitar la cesaci\u00f3n de la oferta en salud y los servicios de salud requeridos por los usuarios del sistema de salud, en consideraci\u00f3n del estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica que se padece en todo el territorio nacional por cuenta del Covid-19\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende \u00abse ordene al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena la entrega de t\u00edtulos judiciales a favor de Coosalud que obren en el expediente, sobre los cuales el Banco Agrario reporta a disposici\u00f3n del despacho y a \u00f3rdenes del mencionado proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Sexta Civil del Circuito de Cartagena, inform\u00f3 que la solicitud sobre entrega de dep\u00f3sitos a que alude la reclamante, ingres\u00f3 al despacho \u00abel d\u00eda de ayer [11 de agosto de 2021] luego de que el expediente fuere organizado y escaneado por completo, y hoy se dict\u00f3 auto mediante el cual se resuelve sobre lo pedido por la parte ejecutada\u00bb, por tanto, pidi\u00f3 se declare la improcedencia de la tutela \u00abpor carencia actual de objeto, al constituirse un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia, en relaci\u00f3n con el dep\u00f3sito judicial deprecado por el accionante, dijo que esa entidad \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, ya que la obligaci\u00f3n de nosotros como entidad financiera, es en primera medida actuar como receptor de las consignaciones realizadas por la constituci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales (\u2026) y la segunda es la de realizar el pago de los mismos, previa orden por parte del funcionario competente donde cursa el proceso\u00bb, por lo que \u00abno puede ser llamado como contradictor en esta acci\u00f3n constitucional, toda vez que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva habida cuenta de que su actuaci\u00f3n se limita a la funci\u00f3n de ente pagador\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el resguardo implorado al observar que \u00abpara el caso se ha presentado un hecho superado, ya que el juzgado accionado ha surtido el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb, en la medida en que \u00abmediante auto de 12 de agosto de 2021, notificado en estado electr\u00f3nico N\u00b0 77 resolvi\u00f3 la solicitud del accionante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante refutando que la postura asumida por el querellado a su juicio es \u00abdesproporcionada\u00bb, pues en este asunto \u00abincluso se ha procedido a la liquidaci\u00f3n de costas (\u2026) como \u00faltima actuaci\u00f3n reportada al interior del mismo, lo que indica que previa a esta actuaci\u00f3n judicial debi\u00f3 preverse lo atinente a embargos de remanentes, situaci\u00f3n que no se avizora en el plenario y con lo que deja entrever que la decisi\u00f3n adoptada por la c\u00e9lula judicial encartada va en detrimento de los derechos fundamentales alegados\u00bb, e insisti\u00f3 en la destinaci\u00f3n de los recursos reclamados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la sociedad accionante, porque no ha accedido a las solicitudes de entrega de un dep\u00f3sito judicial que se halla a su disposici\u00f3n por cuenta del proceso radicado bajo el n\u00ba 2011-00318. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC4313-2021, 23 abr. 2021, rad. 00545-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la presente queja constitucional, a la informaci\u00f3n proporcionada por el despacho accionado y a la que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo en virtud a que se configura carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
La figura jur\u00eddica en comento se predica porque ya se solucion\u00f3 la situaci\u00f3n de mora judicial endilgada al accionado, en la medida en que este acredit\u00f3 que las peticiones elevadas por el accionante el 20 de mayo y 19 de julio de 2021, recibieron tr\u00e1mite con auto del 12 de agosto de 2021, dirigido a hacer efectivo el pago del dep\u00f3sito judicial reclamado como consecuencia de lo resuelto dentro del pleito ejecutivo en el que fung\u00eda como demandada. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan el referido prove\u00eddo el juzgado razon\u00f3 que para verificar lo atinente a remanentes, \u00aben cumplimiento de los deberes consagrados en los numerales 1, 2 y 3 del art\u00edculo 42 del CGP este despacho ha implementado, en procesos como el presente (antiguos y sin ninguna anotaci\u00f3n en libros de control), medidas administrativas tendientes a garantizar los derechos de las partes y de los terceros, tales como la de oficiar a las diferentes sedes judiciales a efectos de determinar que no se vulneren derechos de terceros. Sin embargo, en aras de garantizar igualmente los derechos de la parte que solicita la entrega de los dep\u00f3sitos y evitar la dilaci\u00f3n irrazonable de la resoluci\u00f3n de su solicitud, se establecer\u00e1 un l\u00edmite temporal para que tal informaci\u00f3n sea remitida al despacho, que lo ser\u00e1 el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales premisas, dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Por Secretar\u00eda, de manera inmediata, se ordena la remisi\u00f3n de una circular a todos los despachos judiciales de la ciudad y del pa\u00eds solicit\u00e1ndoles que en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas, remitan con destino a este Despacho informaci\u00f3n acerca de la emisi\u00f3n o proferimiento, con anterioridad a la fecha, de orden de embargo de remanentes de los bienes que se llegaran a desembargar de la demandada COOSALUD EPS con destino al proceso EJECUTIVO con radicado 13001-31-03-006-2011-00318-00 cuyo DEMANDANTE es SAFIMED S.A.S. y DEMANDADO COOSALUD EPS, que se tramita en este juzgado. <\/p>\n
SEGUNDO: Cumplido lo anterior ingrese el proceso al despacho con el fin de resolver sobre la solicitud de entrega de dineros realizada por la parte Demandada, acompa\u00f1ada de la respectiva certificaci\u00f3n sobre la existencia o no de embargos de remanentes con destino al presente\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior -y particularmente a lo resaltado-, es claro que la medida adoptada por la funcionaria judicial cognoscente, conlleva una resoluci\u00f3n integral y eficiente a la situaci\u00f3n que motiva la presente tutela, consistente en la entrega efectiva de los dineros a la beneficiaria de los mismos, una vez se constate la inexistencia de remanentes por cuenta de otro estrado judicial, pues para ello advirti\u00f3 que en el procedimiento de verificaci\u00f3n no puede suscitarse dilaci\u00f3n alguna en tanto otorg\u00f3 diez (10) d\u00edas para que los requeridos se pronuncien. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, por cuanto la autoridad convocada demostr\u00f3 haber atendido las peticiones y actuaciones que la actora ech\u00f3 de menos al interponer la salvaguarda, esta deviene inviable ya que se est\u00e1 ante una situaci\u00f3n de carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso la demanda tutelar \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01, citada entre otras en STC9847-2021, 5 ago. 2021, rad. 00170-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se impone ratificar la sentencia desestimatoria de primer grado, al evidenciarse carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a las partes y al a-quo lo aqu\u00ed resuelto por medio id\u00f3neo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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