STC12153-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12153-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 19 de enero de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado, por Carmen Cecilia Garc\u00eda Garc\u00eda contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con radicado 54001-3105-001-2012-00086-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, vida digna, m\u00ednimo vital y seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de C\u00facuta, la actora promovi\u00f3 una demanda ordinaria laboral en contra de Ecopetrol S.A., con el fin de que se ordenara su nivelaci\u00f3n salarial y el reajuste pensional, autoridad judicial que, en sentencia del 15 de junio de 2012, declar\u00f3 probadas \u00ablas excepciones de buena fe e inexistencia de la obligaci\u00f3n reclamada\u00bb y absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
2.2. Apelada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de C\u00facuta, por providencia del 16 de julio de 2013, revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del a quo y dispuso el reajuste de la mesada pensional, el salario, las cesant\u00edas y las prestaciones sociales legales y extralegales, as\u00ed como el pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del CST. <\/p>\n
2.3. Ecopetrol S.A. formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, por sentencia CSJ SL5146-2019 del 20 de noviembre de 2019, resolvi\u00f3 casar el fallo de segundo grado y, actuando como tribunal de instancia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, que absolvi\u00f3 a Ecopetrol de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.4. La tutelante manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida por la Sala Especializada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, \u00abal no valorarse adecuadamente el acervo probatorio [\u2026]\u00bb y que, contrario a lo sostenido en el fallo cuestionado, \u00ablas pruebas demuestran que [\u2026] le asist\u00eda derecho a que se le reconociera el principio de a trabajo igual, salario igual, situaci\u00f3n que se acredit\u00f3 con el testimonio de Mar\u00eda Patricia Prato quien dijo era trabajadora de la empresa demandada y compa\u00f1era de la actora en la dependencia de cuentas por pagar, cumpliendo las mismas funciones del cargo de profesional III; quien describi\u00f3 las actividades que realizaba la demandante, las cuales eran similares a las ejecutadas por la testigo\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, como lo indic\u00f3 el Tribunal, \u00abno era de recibo el reparo presentado por la demandada, pues si la actora desempe\u00f1aba el cargo de profesional III, se deb\u00eda a que su experiencia y buena labor en los cargos anteriores lo ameritaban y \u2018equipara las funciones con las dem\u00e1s personas que ocupan el mismo\u2019\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se amparen las garant\u00edas fundamentales invocadas y se ordene \u00abanular la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n (Descongesti\u00f3n) de la Corte Suprema de Justicia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Ecopetrol S.A. solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada \u00abfue proferida con absoluta legalidad, ajustadas plenamente a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jur\u00eddico y pese a las (sic) manifestaci\u00f3n efectuada por la parte actora, hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, sin que sea viable su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pretendi\u00e9ndose, como lo hace la parte actora, constituir una nueva instancia dentro del proceso [\u2026]\u00bb, y destac\u00f3 que \u00abno puede emplearse para restablecer t\u00e9rminos o discutir nuevamente asuntos probatorios como si fuera una tercera instancia, ni tampoco sustituir medios judiciales id\u00f3neos [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de hacer un breve recuento de su actuaci\u00f3n y de hacer referencia al incumplimiento del postulado de la inmediatez, se\u00f1al\u00f3 que su decisi\u00f3n se \u00abfund\u00f3 en el examen objetivo de las pruebas, las que se analizaron de manera conjunta e integral bajo las reglas previstas en los art\u00edculos 60 y 61 del CPTSS, sin que en momento alguno pueda considerarse que el ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria hubiese sido deficiente o arbitrario, como se plantea por la accionante\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 no conceder la salvaguarda pretendida, m\u00e1xime cuando lo \u00fanico cierto es que, en el proceso \u00abla actora no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba que le incumb\u00eda, dado que no acredit\u00f3 que las funciones ejercidas correspond\u00edan al cargo respecto del cual pretendi\u00f3 la nivelaci\u00f3n salarial, as\u00ed como tampoco la remuneraci\u00f3n asignada a \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por improcedente, al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, dado que \u00abel prove\u00eddo mediante el cual se resolvi\u00f3 en \u00faltima instancia su solicitud de nivelaci\u00f3n salarial y reajuste pensional pretendida por la actora fue proferido el 20 de noviembre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y notificado el 2 de diciembre siguiente; mientras la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta diciembre de 2020, es decir, m\u00e1s de 1 a\u00f1o despu\u00e9s de la presunta vulneraci\u00f3n, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, destac\u00f3 que \u00abel razonamiento de los funcionarios que resolvieron este asunto no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que en manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o arbitrario, como se quiere hacer ver, pues sus conclusiones resultan sensatas, y si ello es as\u00ed, no puede utilizarse v\u00e1lidamente la acci\u00f3n de tutela, bajo el pretexto de v\u00edas de hecho inexistentes, siendo que la accionante discrepa de lo all\u00ed resuelto, lo cual en esta sede constitucional no tiene posibilidades de prosperar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de la parte accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos plasmados en su escrito inicial y enfatiz\u00f3 en que, \u00abNo obstante que la sentencia impugnada se\u00f1ala que no se cumple con el requisito de inmediatez, debe reiterarse, que en el presente asunto tiene que ver con la afectaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de la accionante, que precisamente con la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia se le neg\u00f3 el reajuste de la mesada pensional, lo cual determina que se puede adelantar en cualquier tiempo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora cuestiona la sentencia CSJ SL5146-2019, proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de Casaci\u00f3n Laboral y, en esa medida, pide que se ordene su anulaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De manera preliminar advierte la Sala que, si bien la acci\u00f3n de tutela contra la sentencia del 20 de noviembre de 20191 fue interpuesta el 4 de diciembre de 20202, superando el t\u00e9rmino de seis meses, dicha tardanza, por tratarse de un tema de reajuste pensional, resulta excusable, dado su car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, de manera que su desconocimiento perpet\u00faa la contravenci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido esta Sala en sentencia STC20333-2017, al memorar lo dicho por la Corte Constitucional en SU1073-2012, postura que reiter\u00f3 en STC9672-2018, STC20333-2017, STC11419-2018, STC6314-2019, STC9677-2019, entre otras: <\/p>\n
\u00abSi bien el prove\u00eddo atacado data de hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que en principio tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible\u00bb. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisada la providencia cuestionada se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de casar la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 16 de julio de 2013. Para ello, indic\u00f3 que le correspond\u00eda verificar si el Tribunal se equivoc\u00f3, al encontrar acreditado que la demandante en verdad se desempe\u00f1\u00f3 como profesional III y que, por tanto, ten\u00eda derecho a la nivelaci\u00f3n salarial pretendida. <\/p>\n
Al respecto, luego de analizar el oficio del 12 de noviembre de 2008, mediante el cual la Unidad de Compensaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Cargos de Ecopetrol S.A. respondi\u00f3 una petici\u00f3n presentada por la tutelante, adem\u00e1s de la contestaci\u00f3n a los hechos de la demanda introductoria, destac\u00f3 que \u00ab[\u2026] resulta errado el razonamiento del Tribunal al establecer que las respuestas a la demanda inicial en concordancia con la contestaci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n de la actora [\u2026] resultaban adversas a los intereses de la empresa y favorables a la demostraci\u00f3n de ejercicio de las labores de profesional III que alega la accionante, pues en ning\u00fan momento estos elementos de juicio permiten dar por demostrado lo afirmado en la demanda inicial, sin que el silencio de Ecopetrol S.A. al no referirse al cargo de profesional III en la comunicaci\u00f3n del 12 de noviembre de 2008, por no haber sido preguntado sobre este puntual aspecto [\u2026] pueda acreditar que la actora ejerc\u00eda tal labor\u00bb, por lo cual determin\u00f3 que \u00ab[\u2026] la Sala advierte la equivocaci\u00f3n del Tribunal en la valoraci\u00f3n de las pruebas calificadas antes analizadas [\u2026] pues dio por establecidos supuestos f\u00e1cticos que no informan tales elementos de convicci\u00f3n, referidos a la demostraci\u00f3n del ejercicio del cargo de profesional III\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, procedi\u00f3 a examinar el testimonio de Mar\u00eda Patricia Prato Estupi\u00f1\u00e1n, en el que tambi\u00e9n se sustent\u00f3 la demostraci\u00f3n del cargo que realmente desempe\u00f1ada la promotora, para establecer que: <\/p>\n
\u00abEn su declaraci\u00f3n inform\u00f3 que trabaj\u00f3 para la empresa demandada y fue compa\u00f1era de la actora en la dependencia de cuentas por pagar. Indic\u00f3 que tanto la testigo como la demandante ten\u00edan asignado el cargo de t\u00e9cnico administrativo, pero que en realidad se encargaban de recibir y radicar las facturas, analizarlas y \u2018causarlas\u2019 o contabilizarlas, as\u00ed como pagar servicios p\u00fablicos e impuestos, funciones que, indic\u00f3, correspond\u00edan a las de un profesional III; de ah\u00ed que al igual que la actora, la se\u00f1ora Prato Estupi\u00f1\u00e1n inform\u00f3 que tambi\u00e9n reclam\u00f3 judicialmente la nivelaci\u00f3n salarial aqu\u00ed discutida. <\/p>\n
A pesar de lo dicho por esta testigo, el colegiado dio por cierto que Mar\u00eda Patricia Prato desempe\u00f1aba el cargo de profesional III y, partiendo de esta premisa errada, consider\u00f3 que como Carmen Cecilia Garc\u00eda Garc\u00eda y la referida declarante ejecutaron las mismas funciones, resultaba procedente el reajuste salarial controvertido. As\u00ed, se recuerda que el Tribunal estim\u00f3 que la testigo ten\u00eda pleno conocimiento de lo informado porque cumpl\u00eda las mismas funciones de profesional III, que eran similares a las que ejerc\u00eda la accionante. Sin embargo, no advirti\u00f3 que la misma declarante fue clara en asegurar que ambas trabajadoras estaban vinculadas como t\u00e9cnico administrativo, solo que, a su juicio, las labores que en verdad les fueron asignadas y que desarrollaron, correspond\u00edan a las de profesional III\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias, anot\u00f3 que \u00abel juzgador le dio un entendimiento equivocado a esta prueba, partiendo de que Carmen Cecilia Garc\u00eda Garc\u00eda pretend\u00eda equiparar su remuneraci\u00f3n con la percibida por Mar\u00eda Patricia Prato Estupi\u00f1an en calidad de profesional III, aunque \u00e9sta claramente indic\u00f3 que no ten\u00eda asignado tal cargo\u00bb. As\u00ed mismo, luego de hacer referencia a la forma en que operaba la nivelaci\u00f3n salarial, citando para ello la sentencia CSJ SL15023 -2016 y de se\u00f1alar que, como lo pretendido por la actora era acceder al reajuste salarial por considerar que hab\u00eda desempe\u00f1ado un cargo diferente, lo pertinente era verificar \u00absi cumpli\u00f3 efectivamente las funciones de tal cargo, as\u00ed como el salario pretendido, y lo cierto es que del testimonio rendido por Mar\u00eda Patricia Prato Estupi\u00f1an ello no se deriva\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, acot\u00f3 que dicha declaraci\u00f3n omiti\u00f3 \u00abprecisar desde qu\u00e9 momento la demandante ejecut\u00f3 las labores, que considera, corresponden a las de un profesional III, pues solo refiere que fue aproximadamente desde los a\u00f1os 2004 o 2005, lo cual no permitir\u00eda establecer con certeza el tiempo en que ejerci\u00f3 el cargo; tampoco refiere cu\u00e1l es la remuneraci\u00f3n asignada a tal labor y por ende, a la que podr\u00eda aspirar la demandante de demostrar el desarrollo del mencionado cargo y conforme a la cual, podr\u00eda establecerse la diferencia salarial alegada\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que, si bien la prueba testimonial en la que el Tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n permit\u00eda establecer las tareas realizadas por la actora, lo cierto era que no otorgaba certeza sobre si dichas labores correspond\u00edan a \u00ablas fijadas para un profesional III en Ecopetrol S.A., dada la falta de claridad de la declarante, as\u00ed como tampoco permite evidenciar, desde cuando las cumple y su remuneraci\u00f3n, aspectos relevantes y necesarios para la prosperidad de las pretensiones de la demanda\u00bb, por lo que estim\u00f3 que, ante la errada valoraci\u00f3n de las pruebas antes analizadas, era pertinente casar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que la accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En este sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep. Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep. Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. De otra parte, se resalta que, en este escenario, tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto. En efecto, \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00). <\/p>\n
6. De acuerdo con lo explicado en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en tanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones anteriormente esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Notificada por edicto fijado el 2 de diciembre de 2019 (Subcarpeta1 Tutela Carmen Cecilia Garc\u00eda Garc\u00eda pdf.fl.373). <\/p>\n
2\u0002 Subcarpeta1 Reporte Correo. <\/p>\n
<\/p>\n
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