STC12155-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12155-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01034-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 8 de junio1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Jader Ipuz Silva contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se pueden extractar como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia de 19 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva conden\u00f3 a Jhon Jader Ipuz Silva a la pena de doscientos treinta y un meses de prisi\u00f3n al hallarlo responsable del delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, agravado, encontr\u00e1ndose privado de la libertad en la Penitenciar\u00eda de Mediana Seguridad La Esperanza de Guaduas. <\/p>\n
2.2 La vigilancia de la sanci\u00f3n la ejerce actualmente el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de dicha poblaci\u00f3n, despacho que mediante providencia de 5 de agosto de 2020 no aprob\u00f3 la propuesta de beneficio administrativo de permiso de salida hasta por 72 horas formulada por el director del reclusorio, por cuanto el condenado no acreditaba un descuento de, al menos, el 70% de la pena irrogada. <\/p>\n
2.3. Contra esa determinaci\u00f3n Ipuz Silva interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 15 de abril, en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. El actor considera que las anteriores determinaciones desconocen sus prerrogativas superiores porque es acreedor al beneficio administrativo en cuesti\u00f3n habida consideraci\u00f3n que, por un lado, acept\u00f3 los cargos que le fueron atribuidos por la v\u00eda del allanamiento y, por otro, el requisito de haber cumplido al menos el 70% de la pena impuesta fue \u00abderogado t\u00e1citamente por la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostiene que \u00ablas autoridades accionadas desconocieron el art\u00edculo 68 A del CP que fue modificado por el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014, donde en tal art\u00edculo no aparece incluido el art\u00edculo 366 del CP [sic]\u00bb con lo que incurrieron en \u00abdefecto sustantivo\u00bb <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita ordenar a las convocadas que \u00aben un t\u00e9rmino no mayor de 48 horas me conseda [sic] el aval para el permiso de hasta 72 horas para salir del penal sin vigilancia, de igual manera que se deje sin efectos jur\u00eddicos el interlocutorio N\u00b0 1495 de 5 de agosto de 2020 y el acta 107 de 15 de abril de 2021 [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n de segundo grado cuestionada dijo que \u00aben la providencia se expusieron las razones por las cuales la Sala determin\u00f3 que la negativa del juez de primera instancia se ajustaba a derecho\u00bb con apoyo \u00aben la jurisprudencia decantada de esta Corporaci\u00f3n, condensada en amplia medida en la decisi\u00f3n CSJ SPT 25 de febrero de 2015, rad. 69763\u00bb. <\/p>\n
En tal agreg\u00f3 que la determinaci\u00f3n \u00abcuenta con una fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica suficiente que permite desechar la consolidaci\u00f3n de alguna causal espec\u00edfica de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb adem\u00e1s de haber dado respuesta puntual a los planteamientos del apelante, ac\u00e1 gestor, indic\u00e1ndole especialmente que su situaci\u00f3n procesal no se asemejaba a la estudiada en la sentencia T-1093 de 2005 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2. Similares consideraciones present\u00f3 un empleado del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas, quien resalt\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n\u2026 fue fruto de un juicioso an\u00e1lisis respecto de los requisitos por la norma para la concesi\u00f3n\u00bb del beneficio administrativo pretendido, de all\u00ed que no haya lugar a indicar \u00abque con la negativa\u2026 se haya vulnerado o amenazado alg\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva solicit\u00f3 ser \u00abdesvinculado\u00bb del presente tr\u00e1mite, habida consideraci\u00f3n que \u00abno conoce de los hechos y actuaciones objeto del amparo deprecado\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 al resguardo por cuanto \u00abla decisi\u00f3n de negar el beneficio administrativo de permiso de hasta por 72 horas estuvo precedida del an\u00e1lisis fundamentado de la controversia planteada y de la aplicaci\u00f3n de la norma pertinente, acogiendo el criterio jurisprudencial consolidado de la Sala, en relaci\u00f3n con la vigencia y aplicaci\u00f3n actual del art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999 que modific\u00f3 el numeral 5 del 147 de la Ley 65 de 1993\u00bb, as\u00ed como en la sentencia C-387 de 2015. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n, reproduciendo los planteamientos del escrito introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Jhon Jader Ipuz Silva, al confirmar la improbaci\u00f3n de la propuesta del beneficio administrativo consagrado en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, formulada por la direcci\u00f3n del establecimiento penitenciario donde aquel se encuentra recluido, por no cumplirse el requisito objetivo de haber descontado, al menos, el 70 % de la sanci\u00f3n impuesta, toda vez que fue condenado por la Justicia Penal Especializada. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo involucra los autos de 5 de agosto de 2020 y 15 de abril de 2021 proferidos por los convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al de segunda instancia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto pues, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por la colegiatura acusada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, para que el juzgador ad quem confirmara la improbaci\u00f3n del permiso de 72 horas de salida del reclusorio dijo que, para el estudio de la cuesti\u00f3n, deb\u00eda acudirse al art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario el cual, en su numeral 5 establece como requisito \u00abhaber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado\u00bb, exigencia que conserva su vigencia, seg\u00fan el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, concretamente el fallo de 5 de febrero de 2015 proferido dentro de la radicaci\u00f3n 69.763, \u00abpues mientras subsista la competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, est\u00e1 llamado a ser aplicad[a]\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, se adentr\u00f3 en la situaci\u00f3n procesal del posible beneficiario, de la que dijo, no se aven\u00eda a la preceptiva arriba citada porque, al haber sido condenado por la justicia penal especializada, el tiempo de pena descontado no se aproximaba al l\u00edmite temporal exigido por la disposici\u00f3n legal como requisito objetivo para acceder al beneficio, pues de los doscientos treinta y un meses de prisi\u00f3n impuestos, tan solo hab\u00eda purgado (entre f\u00edsico y redenciones) ciento diez meses y quince d\u00edas. <\/p>\n
Finalmente, se refiri\u00f3 a la posible aplicaci\u00f3n de la sentencia T-1093 de 2005, seg\u00fan fuera solicitado por el impugnante, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La menci\u00f3n que hace el censor a la decisi\u00f3n T-1093 de 2005 de la Corte Constitucional, no se ajusta a las caracter\u00edsticas de su situaci\u00f3n particular como quiera que, en esa oportunidad se estudi\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos derivada de la decisi\u00f3n de la autoridad penitenciaria de suspender de forma unilateral, si qe el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad lo determinara, el disfrute del permiso administrativo\u2026 previamente otorgado a un privado de la libertad. La afectaci\u00f3n de derechos que se conjur\u00f3 por la Corte tuvo que ver con la intromisi\u00f3n de la autoridad penitenciaria en una esfera que goza de reserva judicial, pero de ning\u00fan modo se mengu\u00f3 la interpretaci\u00f3n hasta aqu\u00ed trazada de la exigencia relativa a purgar el 70 % de la pena impuesta cuando se procede por un delito de competencia de los Jueces Especializados (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por el tribunal accionado no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denota ser irrazonable. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que el gestor del amparo disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n en tanto la decisi\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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