STC12156-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12156-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2021-00141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Oscar Andr\u00e9s Lozano Delgado contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Comisar\u00eda de Familia del referido municipio y a la se\u00f1ora Luz Marina Toro Fl\u00f3rez. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y salud, presuntamente conculcados en el proceso de imposici\u00f3n de medida de protecci\u00f3n con radicaci\u00f3n 2020-286. <\/p>\n
2. De las pruebas aportadas al plenario se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Luz Marina Toro Fl\u00f3rez present\u00f3 solicitud de protecci\u00f3n a su favor y en contra de sus hijastros mayores de edad Oscar Andr\u00e9s y V\u00edctor Manuel Lozano Delgado, por actos de agresi\u00f3n y amenazas de muerte, proceso que se tramit\u00f3 bajo el radicado 2020-286 en la Comisar\u00eda de Familia de La Dorada. <\/p>\n
2.2. El 12 de diciembre de 2020, dicha Comisar\u00eda profiri\u00f3 auto que admiti\u00f3 el procedimiento y orden\u00f3, entre otros, la medida de protecci\u00f3n provisional de desalojo inmediato de la casa de habitaci\u00f3n para los se\u00f1ores Oscar Andr\u00e9s y V\u00edctor Manuel Lozano Delgado y su alejamiento de la denunciante1. <\/p>\n
2.3. El 22 de diciembre de 2020 se inici\u00f3 la audiencia del art\u00edculo 12 de la Ley 294 de 1996, a la que asisti\u00f3 la querellante y el se\u00f1or Oscar Andr\u00e9s Lozano Delgado, en compa\u00f1\u00eda de su apoderado2, que fue suspendida por problemas t\u00e9cnicos, despu\u00e9s de escuchar al denunciado. <\/p>\n
2.4. El 12 de marzo de 2021 se reanud\u00f3 audiencia, en la que se dej\u00f3 constancia que el se\u00f1or Oscar Andr\u00e9s Lozano remiti\u00f3 correo manifestando la imposibilidad de asistir, \u00abpor situaciones econ\u00f3micas y de salud, pero no anexa incapacidad\u00bb, por lo que no se tuvo como justificada su inasistencia para suspender la diligencia de nuevo, pues ya hab\u00eda sido aplazada el pasado 16 de febrero, por solicitud de los acusados. <\/p>\n
2.5. La Comisar\u00eda accionada profiri\u00f3 Resoluci\u00f3n No. 059 el 8 de abril de 20213, en la cual dej\u00f3 constancia del conocimiento de la muerte de V\u00edctor Manuel Lozano Delgado, por lo que determin\u00f3 continuar el proceso respecto del otro convocado, a quien declar\u00f3 responsable de la comisi\u00f3n de actos de violencia intrafamiliar, por los hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2020 en contra de la denunciante; igualmente, confirm\u00f3 todas las medidas de protecci\u00f3n provisionales, entre ellas la orden de desalojo de la vivienda. Esta decisi\u00f3n fue recurrida por el tutelante y confirmada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada el 15 de julio siguiente4. <\/p>\n
2.6. El gestor manifest\u00f3 que reside en Barrancabermeja y s\u00f3lo estuvo en La Dorada durante los meses de agosto a diciembre, raz\u00f3n por la que no encuentra necesario una orden de protecci\u00f3n en su contra ya que no pone en riesgo a la presunta v\u00edctima ni a la sociedad, y que se debieron probar los hechos y los antecedentes del sancionado contra la presunta v\u00edctima. <\/p>\n
Sostuvo que el acto mediante el cual se impuso la medida de protecci\u00f3n \u00abno cumple correctamente en la valoraci\u00f3n de las pruebas de la denunciante, ya que nunca presento pruebas el 12 de diciembre de 2020, tomando solo lo declarado como hecho cierto\u00bb, que no le notificaron oportunamente el auto del 12 de diciembre de 2020 y que la intenci\u00f3n de la denunciante fue evitar el proceso sucesorio de su padre. Agreg\u00f3 que \u00abyo, considero muy posible que la muerte de mi padre, la hoy presunta v\u00edctima, este implicada, y la muerte de mi hermano tambi\u00e9n\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el bien inmueble que se le orden\u00f3 desalojar es propiedad de su fallecido padre y de la se\u00f1ora Luz Marina y que est\u00e1 en proceso de sucesi\u00f3n, raz\u00f3n por la que tiene inter\u00e9s en \u00e9l, por tanto, la medida de protecci\u00f3n limita su derecho a la propiedad. <\/p>\n
En tr\u00e1mite de la presente tutela, el actor alleg\u00f3 escrito en el controvirti\u00f3 los testimonios escuchados en el proceso 2020-00286. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene la \u00abSuspensi\u00f3n Permanente de la Resoluci\u00f3n No. 059 del ocho (8) de abril de dos mil veinte uno (2021)\u00bb y se revoquen las actuaciones del Juzgado accionado \u00aben el Interlocutorio N\u00b0412 Rad.2021-00154 y en su efecto PROFERIR NUEVO FALLO a favor del apelante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda de Familia de La Dorada, Caldas se\u00f1al\u00f3 que la medida de protecci\u00f3n de desalojo se impuso, de conformidad con el art\u00edculo 5 de la Ley 294 de 1996 y los art\u00edculos 2 y 6 de la Ley 575 de 2000, al establecer que el actor cometi\u00f3 actos de violencia intrafamiliar contra la se\u00f1ora Luz Marina Fl\u00f3rez Toro, las cuales pretende perpetuar con las acusaciones que hace en la presente acci\u00f3n, \u00abdesconociendo adem\u00e1s la orden que se le dio de desalojar la vivienda e impedir cualquier acto que agreda a la mujer\u00bb, pues la v\u00edctima se encuentra fuera de su casa por cuidar su propia integridad. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada inform\u00f3 que, previo a resolver la apelaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 059 del 8 de abril de 2021, escuch\u00f3 en audiencia a la denunciante y al denunciado apelante y, posteriormente, mediante auto del 15 de julio de 2021 encontr\u00f3 debidamente sustentadas y con apego al debido proceso las medidas adoptadas por la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
3. La se\u00f1ora Luz Marina Toro Fl\u00f3rez asegur\u00f3 que, desde la muerte de su esposo, el 14 de noviembre de 2020, ha sido v\u00edctima de violencia intrafamiliar por parte de sus hijastros, Oscar Andr\u00e9s Lozano Delgado y V\u00edctor Manuel Lozano Delgado (fallecido), por lo que en varias oportunidades debi\u00f3 salir de la casa para protegerse, incluso despu\u00e9s de la medida provisional, ante la renuencia a cumplirla. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, por considerar que las pruebas aportadas por el actor al proceso adelantado en la Comisar\u00eda accionada s\u00ed \u00abfueron tenidas en cuenta para lo que era objeto de discusi\u00f3n\u00bb y que se excluyeron las relativas al derecho de dominio sobre el bien inmueble, pues no se debat\u00edan derechos reales. Adem\u00e1s, que de las probanzas allegadas se evidenci\u00f3 la \u00abrelaci\u00f3n irregular\u00bb en el hogar que ameritaba la intervenci\u00f3n para prevenir y sancionar hechos de violencia intrafamiliar, hip\u00f3tesis que fue reforzada con las pruebas allegadas por la denunciante. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no era una tercera instancia, para la reinterpretaci\u00f3n del material probatorio aportado al proceso. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 que la se\u00f1ora Luz Marina Toro Fl\u00f3rez \u00abnunca dio prueba de su presunto MALTRATO FAMILIAR\u00bb y que la decisi\u00f3n del 12 de diciembre de 2020 se la notificaron el 18, por tanto, \u00abes transgresiva a mis derechos de defensa, que debieron probarse antes de emitir ese concepto errado\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el tutelante que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la imposici\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n en su contra y a favor de la se\u00f1ora Luz Marina Toro Fl\u00f3rez, proferidas bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
3. En primer lugar, pese a que el accionante enfila algunos de sus reparos frente a la medida de protecci\u00f3n provisional decretada el 12 de diciembre de 2020, se estableci\u00f3 que el proceso 2020-00286 fue clausurado con el auto del 15 de julio de 2021, emitido por el Juzgado convocado, mediante el que se avalaron las medidas de protecci\u00f3n inicialmente impuestas. En tal sentido, la revisi\u00f3n constitucional se realizar\u00e1 respecto del se\u00f1alado auto que zanj\u00f3 la contienda. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, el Juzgado accionado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el asunto y en los hechos del prove\u00eddo puso de presente que la denuncia de la v\u00edctima se origin\u00f3 por \u00abviolencia intrafamiliar, por agresiones verbales reflejadas en palabras soeces del se\u00f1or VICTOR MANUEL, con \u2018al parecer\u2019 amenazas de muerte, conductas que respalda el se\u00f1or OSCAR ANDRES, advirtiendo adem\u00e1s a la se\u00f1ora LUZ MARINA TOTO FLOREZ que \u2018le har\u00e1n la vida a cuadritos\u2019, situaciones que son repetitivas, perturbando el descanso de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
En los antecedentes tambi\u00e9n destac\u00f3 que a la audiencia del 22 de diciembre de 2020 compareci\u00f3 el se\u00f1or Oscar Andr\u00e9s Lozano Delgado acompa\u00f1ado por su abogado y que fue escuchado en declaraci\u00f3n, de la que resalt\u00f3 lo all\u00ed mencionado, en el sentido que \u00abrefiere desconocer los actos de violencia que se le endilgan, afirmando adem\u00e1s que la se\u00f1ora ya no vive en la casa por lo que debe finiquitarse el asunto, siendo derecho suyo y de sus hermanos y sobrinos, poder acceder a la casa que era de su padre\u00bb. <\/p>\n
Sobre el testimonio de la se\u00f1ora Mar\u00eda Rosalba Toro Fl\u00f3rez, hermana de la denunciante, cit\u00f3 lo por ella enunciado, respecto a que \u00aben la casa hab\u00eda mala convivencia entre ellos su pap\u00e1 y su hermana, a quien trataban con palabras soeces y amenazas, ech\u00e1ndola de la casa. Refiere que ella y su familia temen por la vida de la se\u00f1ora LUZ MARINA\u00bb. Y de la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Lorena Calducho Rodr\u00edguez dijo que mencion\u00f3 \u00abhaber presenciado malos tratos verbales de los denunciados para con la se\u00f1ora LUZ MARINA (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.2. Efectuado el recuento de las actuaciones, precis\u00f3 que, \u00abEn t\u00e9rminos generales, el procedimiento alude a la recepci\u00f3n de la petici\u00f3n, debiendo en un t\u00e9rmino de cuatro horas, adoptar las medidas de protecci\u00f3n provisionales que cese o evite los actos de violencia, pudiendo solicitar prueba pericial para estimar la existencia y gravedad de las acciones del denunciado\u00bb y, a partir, de all\u00ed, continuaba el procedimiento legal. <\/p>\n
De igual modo, analiz\u00f3 las declaraciones rendidas por la quejosa y, de ellas, concluy\u00f3 eran coherente frente a lo evidenciado en las actuaciones surtidas por la Comisar\u00eda. As\u00ed tambi\u00e9n, tras citar lo manifestado por el sancionado y las acciones surtidas, determin\u00f3 que aqu\u00e9l fue acorde con el procedimiento aplicable. <\/p>\n
En cuanto a la inasistencia a las audiencias, sin justificar su ausencia, consider\u00f3 inaceptable \u00abla no comparecencia a las diligencias, a absolver los interrogatorios de las mismas, oportunidad en la que los denunciados podr\u00edan haber evidenciado de manera formal, no solo su posici\u00f3n frente a las enfilaciones de la denunciante, sino tambi\u00e9n las pruebas de su decir\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que lo alegado por el apelante no tendi\u00f3 a desvirtuar las conductas constitutivas de violencia intrafamiliar, sino que sus argumentos se circunscribieron a establecer \u00abla posesi\u00f3n o tenencia de los bienes de su fallecido padre, debate que no tiene lugar en ese espectro de protecci\u00f3n administrativa\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, advirti\u00f3 que la solicitud presentada por la se\u00f1ora Luz Marina Toro Fl\u00f3rez \u00abfue tramitada en debida forma por la Comisar\u00eda de Familia, la que se esmer\u00f3 en el acatamiento de los t\u00e9rminos judiciales\u00bb y concluy\u00f3, basado en la protecci\u00f3n legal que se ha prodigado a la mujer, que en el expediente no se encontraba actuaci\u00f3n del apelante para desvirtuar los hechos que dieron lugar al asunto, \u00abteniendo en cuenta la injustificada renuencia de los denunciados, a comparecer en los t\u00e9rminos exigidos (\u2026), pretendiendo revivir tales discusiones, en esta Segunda Instancia\u00bb; en consecuencia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, \u00abpues de manera justificada sustent\u00f3 una decisi\u00f3n y adopt\u00f3 medidas de protecci\u00f3n permanentes\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, independientemente de que la postura sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas consideradas, las actuaciones surtidas y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
En ese orden, se vislumbra que el Juez convocado resolvi\u00f3 los argumentos del recurso y constat\u00f3 los presupuestos para mantener la medida de protecci\u00f3n definitiva impuesta; adem\u00e1s, se observa que los se\u00f1alamientos alegados en el escrito de tutela pretenden que se analicen nuevamente los alegatos de instancia y que se rehaga el estudio de las probanzas allegadas, lo cual es inviable en esta sede constitucional. <\/p>\n
Adicionalmente, resalta la Sala que algunos de los argumentos tra\u00eddos en sede de tutela dan cuenta de acusaciones, supuestas conductas de la denunciante y derechos a la propiedad que no son relevantes en el debate planteado ante los accionados y que deben ser puestos en conocimiento de otras autoridades, para lo de su competencia. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 9, expediente 2020-00286. <\/p>\n
2\u0002 Folio 52, expediente 2020-00286. <\/p>\n
3\u0002 Folio 228, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 287, ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12156-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12156-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2021-00141-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57595","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57595\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}