STC12163-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12163-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2021-00452-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas al dictar los fallos de primera y segunda instancia en virtud del proceso n\u00ba 2018-00820. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio: <\/p>\n
2.1. Gustavo Adolfo Galvis Barrera, en calidad de \u00abcesionario de derechos hereditarios y adjudicatario de la sucesi\u00f3n intestada de Jose Cesar Estrada Restrepo\u00bb, llam\u00f3 a juicio a Mar\u00eda Claudia, Diana Carolina, y Cesar Estrada Estrada, y otros, pretendiendo que dieran cuenta sobre \u00abla administraci\u00f3n oficiosa que han ejercido desde mayo de 2004 sobre la tercera parte del inmueble de matr\u00edcula 080-0032341\u00bb, en donde se encuentran construidos los apartamentos 102, 203 y la caba\u00f1a n\u00ba 4. <\/p>\n
2.2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Veinte Civil Municipal de Bucaramanga quien dict\u00f3 sentencia el 5 de agosto de 2020 en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva\u00bb, por lo tanto, deneg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
2.3. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, el demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, no obstante, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga en fallo de 6 de agosto de 2021 confirm\u00f3 la providencia acusada. <\/p>\n
2.4. Inconforme con lo enunciado, Galvis Barrera acude en tutela asegurando que las providencias emitidas por las autoridades convocadas constituyen \u00abdefecto f\u00e1ctico por la no valoraci\u00f3n del acervo probatorio (\u2026) adem\u00e1s, la providencia carece efectivamente de fundamento objetivo y razonable\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo \u00abse declare que las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por los Juzgado[s] Veinte Civil Municipal y Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, incurrieron en las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la Tutela contra Providencias judiciales (\u2026) por falta de valoraci\u00f3n e indebida valoraci\u00f3n de la prueba y por exceso ritual manifiesto (\u2026) que se declaren nulas y se acceda a [sus] pretensiones conforme a lo probado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juez Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que la sentencia emitida el 6 de agosto de 2021 se fundament\u00f3 en las probanzas allegadas al plenario, en la normativa que gobierno el asunto, y en la jurisprudencia relacionada con el tema debatido, por lo que solicit\u00f3 que el amparo fuese denegado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La titular del Juzgado Veinte Civil Municipal de Bucaramanga indic\u00f3 que en el proceso que origina el reclamo constitucional se han respetado las garant\u00edas de las partes, resalt\u00f3 que las decisiones acusadas no son arbitrarias o caprichosas \u00absencillamente, no satisfacen los intereses de la parte demandante y por ello, se quiere emplear la acci\u00f3n de tutela como mecanismo para revisar nuevamente la decisi\u00f3n tomada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cesar Estrada Estrada, Jaime Estrada Valderrama, Jorge Eduardo Estrada Parra y Roc\u00edo Parra \u00c1lzate, por conducto de apoderado judicial se opusieron a la prosperidad del resguardo \u00abpor ser manifiestamente improcedente al incumplirse el principio de excepcionalidad que reviste la acci\u00f3n de tutela contra las providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que la providencia confutada se fund\u00f3 en premisas jur\u00eddicas respetables que distan de ser caprichosas o antojadizas. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor reiterando lo aducido en el escrito inicial, en torno a su inconformidad con la valoraci\u00f3n probatoria efectuada al interior del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga transgredi\u00f3 las garant\u00edas esenciales reclamadas por el accionante, al emitir el fallo de 6 de agosto de 2021 por medio del cual desat\u00f3 la segunda instancia en virtud del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas n\u00ba 2018-00820-01. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia dictada por el Juzgado Veinte Civil Municipal del mencionado lugar, el 5 de agosto de 2020, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por el querellante, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la referida autoridad y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por el despacho acusado en la sentencia de 6 de agosto de 2021, por medio del cual confirm\u00f3 el fallo de primer grado que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva, y deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda n\u00ba 2018-00820-01, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la accionante. <\/p>\n
En efecto, la citada providencia alude a la naturaleza del juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas, y seguidamente se refiere a la legitimaci\u00f3n en la causa precisando que \u00abel proceso de rendici\u00f3n de cuentas es un instrumento muy especial dentro de los procesos abreviados, que exige que las partes tengan la indiscutible posici\u00f3n de persona obligada a rendir cuentas (el demandado) y de persona legitimada a exigirlas (el demandante), situaci\u00f3n en las que se hallan el administrador de bienes, el mandatario, el representante a cualquier otro t\u00edtulo, el albacea, el secuestre, etc., pero no el comunero\u00bb. <\/p>\n
Subray\u00f3, que \u00abel comunero que ejerce actos de se\u00f1or\u00edo sobre un bien no est\u00e1 administrando el bien a nombre de sus pares, est\u00e1 ejerciendo su condici\u00f3n de due\u00f1o; en tal sentido, no se pone por ese s\u00f3lo hecho en la condici\u00f3n de mandatario de los dem\u00e1s condue\u00f1os, ni de subordinado, ni de dependiente, o algo parecido, salvo cuando ha habido por parte de estos un acto de designaci\u00f3n. En consecuencia, por tales razones no est\u00e1 obligado a rendir cuentas, pues no hace parte de sus cargas legales. En otras palabras, ni la condici\u00f3n de socio, ni la de comunero conllevan la obligaci\u00f3n de rendir cuentas. Los problemas que en una y otra situaci\u00f3n puedan presentarse tienen otros remedios en la ley (la divisi\u00f3n, la declaraci\u00f3n de perjuicios, la restituci\u00f3n, etc.) pero no la rendici\u00f3n de cuentas\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que \u00abla calidad de adjudicatorio del demandante se encuentra acreditada con el trabajo de partici\u00f3n obrante a folios 10 a 22, el cual fue aprobado por el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar por auto de fecha 21 de julio de 2016. Ahora en cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa por ACTIVA, con base en lo anterior, y de acuerdo a lo estatuido en el art 2279 del C.C que dispone: \u201cel secuestro de un inmueble tiene, relativamente a su administraci\u00f3n, las facultades y deberes de mandatario, y deber\u00e1 dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario\u201d y conforme lo explicado por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias anteriormente citadas, seg\u00fan las cuales el secuestre que no cumpla con su deber de dar cuenta de su gesti\u00f3n al futuro adjudicatario le da a este ultimo la facultad de exigirle coercitivamente el cumplimiento de tal obligaci\u00f3n, se evidencia que el aqu\u00ed demandante SI ostentar\u00eda legitimaci\u00f3n por activa para solicitar la redici\u00f3n de cuentas de quien considera es el secuestre del bien que le fue adjudicado en la sucesi\u00f3n del se\u00f1or JOSE CESAR ESTRADA RESTREPO, y esto a pesar que como se advirti\u00f3 anteriormente, en la primera instancia el demandante nunca hizo referencia a que lo pretendido era obtener la rendici\u00f3n de cuentas exclusivamente por parte del se\u00f1or JAIME ESTRADA VALDERRAMA a quien le aduce esa calidad -en la apelaci\u00f3n, pues la pretensi\u00f3n principal es que los demandantes \u201cdeben rendir cuentas sobre la administraci\u00f3n oficiosa que han ejercido\u201d, NUNCA alegado en la calidad de secuestre\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, en cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva que \u00ab(\u2026) de modo alguno el demandante les ha indilgado a lo largo del proceso a los se\u00f1ores MARIA CLAUDIA ESTRADA ESTRADA, DIANA CAROLINA ESTRADA ESTRADA, CESAR ESTRADA ESTRADA, ROCIO PARRA ALZATE Y JORGE EDUARDO ESTRADA PARRA la calidad de secuestres del bien cuyas cuentas exige, raz\u00f3n por la cual ha de concluirse que dichas personas, tal como lo advirti\u00f3 la Juez A quo no se encuentran legitimadas pues con ellas el demandante solo tiene un v\u00ednculo de comuneros com\u00fan y por indiviso (sic), que no le da derecho de exigirles cuentas\u00bb. <\/p>\n
Adujo, que \u00aben cuanto los argumentos esbozados en la sustentaci\u00f3n del recurso, relativos a que la diligencia de secuestro se celebr\u00f3 cuando estaba vigente el C\u00f3digo de procedimiento civil, se advierte que no tiene ning\u00fan sentido ahondar sobre ello, pues si bien es cierto que en dicha codificaci\u00f3n era permitido lo alegado por el togado, tambi\u00e9n lo es, que claramente el Juzgado en el cual se tramit\u00f3 el incidente aclar\u00f3 que el aqu\u00ed demandado en realidad no ostenta la calidad de secuestre, y que ello, entre otras cosas fue un error que motiv\u00f3 los diversos memoriales del aqu\u00ed demandante en el cual lo denominada como tal, as\u00ed mismo y respecto a dicho reparo, importa recordarle al actor que el mismo en los hechos de la demanda lo otorg\u00f3 la calidad de depositario, tal como se lee en el hecho quinto del libelo introductor, en el cual adem\u00e1s expresamente se\u00f1al\u00f3 que el secuestre CARLOS RAFAEL ARIAS LINDO suscribi\u00f3 un acta en el cual injustificadamente dej\u00f3 como depositario al se\u00f1or JAIME ESTRADA VALDERRAMA, raz\u00f3n por la cual sorprende a este operador judicial, c\u00f3mo para efectos de sustentar el recurso de alzada insistente y contradictoriamente el demandante pretende endilgarle una calidad al demandado JAIME ESTRADA VALDERRAMA que sabe que no tiene. Dicho lo anterior, no queda duda entonces que el demandado JAIME ESTRADA VALDERRAMA tampoco est\u00e1 legitimado por pasiva dentro del presente proceso, comoquiera que aquel no ostentaba la calidad de secuestre del bien que le fue adjudicado al demandante\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00abs\u00f3lo puede provocarse la rendici\u00f3n de cuentas a quien tiene la obligaci\u00f3n legal o contractual de hacerlo y que la parte demandante no logr\u00f3 acreditar la existencia de un convenio o mandato legal que le impusiera a los convocados la obligaci\u00f3n de rendir las cuentas pedidas, resulta evidente la improcedencia de la acci\u00f3n en estudio, lo que conlleva al fracaso de las pretensiones de la demanda por adolecer la acci\u00f3n de legitimaci\u00f3n en la causa tanto por activa como pasiva\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que esta excepcional senda constitucional es improcedente como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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