STC12164-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12164-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2021-00111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de agosto de 2021 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Enit Guti\u00e9rrez G\u00f3mez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra el Juzgado Primero de Familia de Yopal (Casanare). En el tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2009-00430-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora procura el respeto de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la vida en condiciones dignas y justas, presuntamente vulnerados por el despacho accionado. <\/p>\n
2.- Del escrito inicial se coligen los siguientes hechos relevantes, que dan origen a la salvaguarda impetrada: <\/p>\n
2.1.- La actora es bisnieta de la se\u00f1ora Carmen G\u00f3mez (QEPD) e hija de la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez (QEPD), quien, \u00abSiendo (\u2026) mayor de edad, pas\u00f3 a cuidar de su abuela la se\u00f1ora Carmen G\u00f3mez (q.e.p.d), adem\u00e1s, se responsabiliz\u00f3 del cuidado de su t\u00edo Manuel G\u00f3mez (q.e.p.d) hijo de la se\u00f1ora Carmen G\u00f3mez\u00bb. <\/p>\n
2.2.- El 17 de marzo de 2008, \u00abel se\u00f1or Manuel G\u00f3mez (q.e.p.d) mediante escritura p\u00fablica, realiz\u00f3 testamento abierto otorg\u00e1ndole sus bienes a t\u00edtulo universal a su sobrina la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez\u00bb. <\/p>\n
2.3.- El 31 de diciembre de 2009, Julia G\u00f3mez (QEPD) \u00abreuni\u00f3 a todos sus hijos en Villa Julia, all\u00ed les manifest\u00f3 sus quebrantos de salud y su deseo de dividir las hect\u00e1reas entre ellos (\u2026) de esta forma, cedi\u00f3 a sus hijos y nietos la ocupaci\u00f3n de los predios, continuando \u00fanicamente habitando la casa de Villa Julia hasta el d\u00eda de su muerte en el a\u00f1o 2016\u00bb. <\/p>\n
2.4.- Debido \u00aba la donaci\u00f3n a t\u00edtulo gratuito efectuada por la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez (q.e.p.d), quien desde diciembre del a\u00f1o 2009 cedi\u00f3 los derechos, acciones, usufructo, goce y ocupaci\u00f3n a favor de sus hijos, la accionante Mar\u00eda Yudit (sic), pudo de forma concreta ejercer la ocupaci\u00f3n de los terrenos descritos anteriormente\u00bb; no obstante, \u00abComo consecuencia de la muerte del se\u00f1or Manuel A. G\u00f3mez (q.e.p.d) y en el af\u00e1n de la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez de \u2018legalizarle\u2019 la tierra a sus hijos, debido tambi\u00e9n a la mala asesor\u00eda de los abogados contratados por la ahora fallecida, procedi\u00f3 ella a dar inicio a un proceso de sucesi\u00f3n, cuyo radicado es el n\u00famero 2009-454, el cual fue adelantado en el Juzgado Primero de Familia de Yopal\u00bb. <\/p>\n
2.5.- De otro lado, \u00abse solicit\u00f3 por la contraparte se\u00f1or Gabriel Adame, hermano del causante, (quien nunca vivi\u00f3 en la finca Corralito) consangu\u00edneo que poco despu\u00e9s tambi\u00e9n falleci\u00f3, pero contrat\u00f3 al abogado Pedro Vargas, quien sustent\u00f3 la nulidad del testamento otorgado por el se\u00f1or Manuel G\u00f3mez, mismo que fuera anulado por parte del TSY en sentencia del 31\/01\/2014, la cual fue confirmada en sede de casaci\u00f3n por parte de la CSJ-Sala Civil, N\u00b0 SC4366-2018 (\u2026), en dicho instrumento se le asignaba la totalidad de sus bienes a la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez y dentro de las hijuelas se encuentra un predio global denominado Corralito, al parecer, este globo de terreno encierra el que es objeto de ocupaci\u00f3n por parte de la accionante\u00bb. Por tanto, \u00abDecretada la nulidad del proceso testado, se continu\u00f3 bajo otro radicado, el 2009-430, un proceso de sucesi\u00f3n intestada del mismo causante Manuel A. G\u00f3mez (q.e.p.d), sin embargo, el promotor de la demanda, contin\u00fao incluyendo equivocadamente los terrenos ocupados por la se\u00f1ora Carmen G\u00f3mez (q.e.p.d), posteriormente ocupados por la se\u00f1ora Julia G\u00f3mez (q.e.p.d) y actualmente ocupados por los hijos de la se\u00f1ora Julia, entre ellos la accionante Mar\u00eda Enit\u00bb. <\/p>\n
2.6.- En desarrollo \u00abdel proceso 2009-430 mediante auto de fecha 10 de julio del 2020, se decret\u00f3 erradamente por parte del se\u00f1or Juez, \u2018el embargo y secuestro del derecho de posesi\u00f3n y mejoras que ejercen varios de los interesados sobre el bien inmueble trabado en la presente causa\u2019 predio que (\u2026) debi\u00f3 excluirse del proceso en menci\u00f3n al no ser de propiedad del se\u00f1or Manuel A. G\u00f3mez y adicionalmente al reconocerse desde siempre como un predio bald\u00edo, al carecer de t\u00edtulo de propiedad y de registro inmobiliario, esto seg\u00fan da cuenta Supernotariado y Registro\u00bb. <\/p>\n
2.8.- En ese orden de ideas, consider\u00f3 que, \u00abDe llegar a permitir llevar a cabo la medida cautelar de secuestro del predio (\u2026), se le estar\u00eda generando una serie de perjuicios irremediables, tanto para ella, como a su familia, tambi\u00e9n a la propia administraci\u00f3n de justicia al tratarse de una medida altamente ilegal\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se tutelen sus derechos y \u00ab1. (\u2026) se proceda a ordenarle al Juez Primero de Familia de Yopal, anular la medida de embargo y secuestro contra el predio denominado Corralito, con matr\u00edcula IGAC 10101820010868, del cual se desprende el predio Finca Villa Lolita ocupado por la accionante y su familia. 2. Se reconozca el car\u00e1cter de bald\u00edo del predio ocupado por mis poderdantes y como consecuencia de ello, se ordene al Juez de conocimiento excluirlo del proceso de sucesi\u00f3n 2009-430\u00bb. <\/p>\n
De forma subsidiaria, requiri\u00f3 que \u00ab1. (\u2026) se tutele el derecho a la igualdad, art. 13 CN y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, art. 229 CN, ordenando a la entidad Juzgado Primero de Familia de Yopal, permitir la intervenci\u00f3n de la accionante, como tercera interesada en las resultas del proceso. 2. Se tutele el derecho de petici\u00f3n, regulado en el art. 23 CN, ordenando al Juez Primero de Familia de Yopal, dar una respuesta clara al derecho de petici\u00f3n de informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE PARTES ACCIONADAS <\/p>\n
E INTERVINIENTES <\/p>\n
1.- El Juzgado Primero de Familia de Yopal afirm\u00f3 que, de lo relatado por la accionante, lo que \u00fanico que le consta es que en su despacho cursa el proceso con radicado 2009-430 y que \u00abla promotora cuenta con otros medios de defensa judicial\u00bb. Asimismo, alleg\u00f3 copia digitalizada del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
2.- El Inspector y Corregidor del Charte manifest\u00f3 que reprogram\u00f3, para el 7 de septiembre del a\u00f1o en curso, la diligencia de embargo y secuestro del inmueble, para la cual lo comision\u00f3 el Juzgado Primero de Familia de Yopal. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la gestora cuenta con otros medios de defensa para defender sus intereses. <\/p>\n
Sostuvo que la accionante tiene \u00abla opci\u00f3n de oponerse a la diligencia de \u2013 embargo y secuestro- de \u2018los derechos de posesi\u00f3n y mejoras que ejercen varios de los interesados en la sucesi\u00f3n\u2019 conforme la autoriza el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 596 del CGP, en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 309 ib\u00eddem\u00bb y que, en todo caso, no se advierte la presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En lo que se refiere a la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n, el Colegiado se\u00f1al\u00f3 que, \u00abmediante auto del 22 de febrero de 2021, notificado el 22 de febrero siguiente, el Juzgado resolvi\u00f3 tal solicitud, exponiendo que tras hacer la revisi\u00f3n exhaustiva del expediente, no se observaba la existencia de los documentos pedidos por el solicitante lo cual deja entrever que la petici\u00f3n fue resuelta meritoriamente, no solo porque se indic\u00f3 que no exist\u00edan los documentos solicitados, sino adem\u00e1s porque la respuesta ofrecida fue debidamente notificada, sin que le resulte aplicable las disposiciones de la Ley 1755 de 2015, pues la misma tiene relaci\u00f3n directa con el expediente dentro del que se formul\u00f3, por lo que la forma como deb\u00eda ser notificada era a trav\u00e9s de los canales dispuestos para tal fin por la Rama Judicial, es decir, mediante la publicaci\u00f3n del estado en el micrositio con que cuenta el juzgado\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la promotora, quien aleg\u00f3 que \u00abno es factible\u00bb que, en el proceso de marras, est\u00e9 siendo objeto de medidas cautelares un bien bald\u00edo y que, en todo caso, el ad quem ya hab\u00eda ordenado el levantamiento de dicha medida cautelar en el mismo juicio, \u00abmediante providencia calendada el 23 de agosto del 2017\u00bb. <\/p>\n
Censur\u00f3 que \u00abpasa por el alto el Tribunal, que la accionante ya intent\u00f3 todo ese tr\u00e1mite, precisamente de ah\u00ed que haya sido excluida por no hacer parte del proceso, ni como poseedora, ni como ocupante, ni como tercera interesada, ni como \u2018nada\u2019, es decir, el juzgado le cercen\u00f3 cualquier derecho de acci\u00f3n y nada garantiza que nuevamente no ha de pasar lo mismo\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el Colegiado no valor\u00f3 su pretensi\u00f3n subsidiaria relativa a ordenar al Juzgado accionado admitir la intervenci\u00f3n de la accionante en el proceso de marras \u00abcomo tercera interesada en las resultas del proceso\u00bb. Y tampoco revis\u00f3 la solicitud de que se reconozca que el inmueble objeto de controversia es un bald\u00edo y, \u00abcomo consecuencia de ello, se ordene al Juez de conocimiento excluirlo del proceso de sucesi\u00f3n 2009-430\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, cuestion\u00f3 que no se hubiere reconocido el riesgo de perjuicio irremediable y pidi\u00f3 que se \u00abverifique que la se\u00f1ora en cuesti\u00f3n s\u00ed es vulnerable y merece la protecci\u00f3n del Estado, por ser del campo, depender del trabajo de la tierra y afectarse su m\u00ednimo vital, su vida en condiciones dignas, justas y los dem\u00e1s derechos relacionados\u00bb. Destac\u00f3 que \u00abNo hubo una completa valoraci\u00f3n frente al tema de la ocupaci\u00f3n del predio por parte de la accionante durante m\u00e1s de 5 a\u00f1os, quien adem\u00e1s ya hizo los tr\u00e1mites de solicitud de adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado accionado vulner\u00f3 su derecho de petici\u00f3n, por haber contestado de manera confusa, \u00abpues la finalidad era obtener informaci\u00f3n respecto de la existencia de Registro de Instrumentos P\u00fablicos o folio de matr\u00edcula inmobiliaria que permitiera establecer si exist\u00eda o no propietario inscrito, pero de la lectura de la respuesta no se encuentra claridad y no es exacto el sentido de la misma\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pidi\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Tierras a la acci\u00f3n de tutela, \u00abpara la demostraci\u00f3n del car\u00e1cter bald\u00edo del predio\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la promotora reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por el Juzgado Primero de Familia de Yopal, en raz\u00f3n a que orden\u00f3 el embargo y secuestro de un inmueble en el proceso de sucesi\u00f3n intestada con radicado 2009-00430, cuya posesi\u00f3n alega ostentar y el cual aduce que es un bald\u00edo, por lo que \u00abinici\u00f3 los tr\u00e1mites ante la ANT para la adjudicaci\u00f3n\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 que se anule dicha medida cautelar y se reconozca que tal inmueble es un bald\u00edo. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2.1.- En lo relativo a la medida cautelar decretada por el Despacho convocado y los derechos de posesi\u00f3n invocados, por los cuales le asiste inter\u00e9s a la promotora en lo que se decida en el juicio de sucesi\u00f3n censurado, se recuerda que, para el efecto, el mecanismo id\u00f3neo es la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 309 y 596 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual torna improcedente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2.2.- Asimismo, en lo que concierne a la petici\u00f3n de declarar por esta v\u00eda el car\u00e1cter bald\u00edo del inmueble en cuesti\u00f3n y, en consecuencia, ordenar su exclusi\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n de marras, esta Sala advierte que dicha petici\u00f3n tampoco es procedente, en raz\u00f3n a que el juez de tutela no es el competente para emitir una decisi\u00f3n en ese sentido, que debe ser adoptada por la autoridad competente y a trav\u00e9s de los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto. <\/p>\n
2.3.- En esta medida, no es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela respecto de asuntos que deben intentarse por la v\u00eda ordinaria o administrativa, dado que es el operador judicial cognoscente y la autoridad administrativa, en cada caso, quienes deben resolver sobre los reparos expuestos, a trav\u00e9s de los mecanismos previstos, pues admitir la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios, a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de las prerrogativas invocadas en la causa censurada. <\/p>\n
Sobre el particular, ha manifestado la Corte: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un instrumento de protecci\u00f3n alternativo, con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, lo cual es improcedente. <\/p>\n
3.- Por otra parte, a folios 454 y 455 del cuaderno principal del proceso de marras, se encuentran dos solicitudes del ahora apoderado de la tutelante, por las cuales requiri\u00f3 que, de existir, se le entregara un folio de matr\u00edcula inmobiliaria de un inmueble cuyas referencias catastrales enunci\u00f3 en sus escritos. A folio 457 del mismo expediente obra el prove\u00eddo del 22 de febrero de 2021, por el que el Juzgado se pronunci\u00f3 sobre lo pedido y, en consecuencia, no se advierte vulneraci\u00f3n alguna de su derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
4.- No escapa a esta Sala que -en su escrito de impugnaci\u00f3n- la accionante pidi\u00f3 que se vinculara a la Agencia Nacional de Tierras al tr\u00e1mite constitucional, con el fin de que se demuestre en esta instancia el car\u00e1cter de bald\u00edo del predio en cuesti\u00f3n, lo cual, como se indic\u00f3, no es procedente, dado que la acci\u00f3n de tutela no es la v\u00eda id\u00f3nea para declarar tal condici\u00f3n respecto de un bien inmueble. Adem\u00e1s, se destaca que la petici\u00f3n de amparo constitucional no se dirigi\u00f3 contra aquella entidad, siendo inviable lo pretendido. <\/p>\n
5.- En cuanto al perjuicio irremediable referido por la promotora, la Sala observa que tal alegaci\u00f3n no amerita la intervenci\u00f3n del Juez de tutela como mecanismo transitorio, pues no se evidenci\u00f3 la vulneraci\u00f3n aludida y no obra prueba alguna en el expediente que demuestre su existencia, de modo que, como lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, \u00abla simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del resguardo\u00bb (STC2194-2021). <\/p>\n
6.- De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reproche, que neg\u00f3 el amparo invocado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12164-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC12164-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2021-00111-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57599","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57599\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}