STC12173-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12173-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00448-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el pasado 25 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Rueda, Jos\u00e9 Luis Rueda Rueda y Luz Adriana Ram\u00edrez Arcila contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga y Segundo Promiscuo Municipal de Gir\u00f3n, el Municipio de Gir\u00f3n y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de dicha poblaci\u00f3n y la ciudadana Natividad Bar\u00f3n Angarita. <\/p>\n
Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del circuito de Bucaramanga y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo \u00ab1997-22557-01\u00bb. <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la posesi\u00f3n\u2026 debido proceso\u2026 defensa\u2026 principio de buena fe\u2026 principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal\u2026 [y] dignidad humana\u00bb <\/p>\n
2. Dicen que vienen \u00abdetentando la posesi\u00f3n real\u00bb del predio \u00abde la calle 29 n\u00famro 32-28 en el barrio Eloy Valenzuela del municipio de Gir\u00f3n\u00bb, aproximadamente desde el a\u00f1o 2001, sobre el que han realizado mejoras y pagado las obligaciones tributarias, as\u00ed como los servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/p>\n
Cuentan que Jos\u00e9 Vicente Mart\u00ednez Caldero formul\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra Natividad Bar\u00f3n Angarita que cursa actualmente en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga bajo la radicaci\u00f3n \u00ab1997-22557\u00bb, asunto dentro del cual se dispuso el embargo (7 de noviembre de 1997) y el secuestro (4 de mayo de 1998) del inmueble referido precedentemente, orden\u00e1ndose, con auto de 5 de junio de 1998, seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y proceder al remate respectivo. <\/p>\n
Se\u00f1alan que mediante providencia de 5 de septiembre de 2019 el despacho ejecutor decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito y orden\u00f3 el levantamiento y cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares, adicionalmente, el 25 de febrero de 2020 \u00aborden\u00f3 la entrega del inmueble a Natividad Bar\u00f3n Angarita\u00bb pese a que no existe proceso de restituci\u00f3n; decisi\u00f3n que acusan de carecer de una adecuada motivaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Solicitan, en consecuencia, se ordene \u00absuspender la entrega o lanzamiento de los ocupantes del bien inmueble\u2026 hasta tanto sean o\u00eddos en sus reclamaciones sobre el derecho a la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda Promiscuo Municipal de Gir\u00f3n dijo que no ha lesionado garant\u00eda supralegal alguna pues su intervenci\u00f3n en el asunto que ocasion\u00f3 la queja se limit\u00f3 a auxiliar una comisi\u00f3n emanada del Juzgado Segundo Civil de Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, para lo cual subcomision\u00f3 a la Direcci\u00f3n del Sistema Policivo de aquella poblaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose, \u00aba la fecha\u2026 pendiente de devoluci\u00f3n\u2026 debidamente diligenciad[a]\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, luego de detallar someramente lo acontecido en el tr\u00e1mite escrutado pidi\u00f3 denegar el resguardo por cuanto su actuar se \u00abajust\u00f3 a derecho, pues en el mentado juicio ejecutivo no se encuentra acreditada la posesi\u00f3n que alegan los accionantes, pues ello no fue alegado en la diligencia de secuestro, tampoco durante el curso del proceso, luego si en derecho las cosas se deshacen como se hacen, habi\u00e9ndose ordenado el levantamiento de la medida cautelar decretada sobre dicho bien, sin que se hubiere alegado y mucho menos reconocido la posesi\u00f3n en cabeza de un tercero, lo elemental era, y es, ordenar la entrega a su propietaria\u00bb. <\/p>\n
3. Una abogada que dijo ser \u00abapoderada de la se\u00f1ora Natividad Bar\u00f3n Angarita1\u00bb solicit\u00f3 no acceder al amparo y, a su vez, ordenar \u00aba los accionantes que en un plazo perentorio acaten la orden judicial\u2026 esto es, en forma voluntaria e inmediata hacer la entrega real y material del inmueble\u2026 so pena de ser desalojados utilizando la fuerza p\u00fablica\u00bb, del mismo modo pidi\u00f3 al juez constitucional \u00abpor econom\u00eda procesal recha[zar] de plano la oposici\u00f3n a la entrega del inmueble presentada por los accionantes al inspector de polic\u00eda\u00bb y que se ordene al funcionario comisionado \u00abque adopte las medidas necesarias para adelantar en un plazo no mayor de setenta y dos\u2026 horas la diligencia de entrega del inmueble\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 la protecci\u00f3n por inexistencia de la lesi\u00f3n atribuida en la medida que \u00ablas decisiones emitidas al interior del proceso ejecutivo hipotecario de radicado 1997-2257-01\u2026se soportan en criterios razonables cimentados en las normas que regulan las cuestiones analizadas y dilucidadas en el material probatorio recaudado\u00bb lo que descarta arbitrariedad o desmesura susceptible de ser corregida por esta senda excepcional. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adem\u00e1s, la improcedencia de la tutela como instancia adicional o paralela o su utilizaci\u00f3n para soslayar decisiones ejecutoriadas, al tiempo que indic\u00f3 que para buscar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas que se dicen conculcadas, los gestores cuentan con herramientas procesales al interior del tr\u00e1mite ordinario, como la oposici\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los querellantes discreparon de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en los planteamientos del libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por los promotores, dentro del proceso hipotecario 1997-02557 que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, por disponerse la entrega del inmueble vinculado a dicho tr\u00e1mite, luego de su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, a la ejecutada Natividad Bar\u00f3n Angarita, desconociendo que aquellos \u00abvienen detentando la posesi\u00f3n real del predio\u2026 aproximadamente desde el a\u00f1o 2001\u00bb, tiempo en el cual han realizado mejoras y han sufragado las obligaciones tributarias y de servicios p\u00fablicos. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia, pero porque el resguardo no satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
De acuerdo con los antecedentes y anexos que conciernen a la actuaci\u00f3n debatida y, tal como pudo comprobarse con la revisi\u00f3n del sistema consulta de procesos dispuesto en el portal electr\u00f3nico de la Rama Judicial, la causa judicial recriminada no ha finalizado y en ella los gestores activaron las herramientas procesales id\u00f3neas para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
En efecto, en la diligencia de entrega celebrada el pasado 18 de agosto, a instancias del Inspector de Polic\u00eda de Gir\u00f3n, los ac\u00e1 accionantes formularon, en similares t\u00e9rminos a los de este amparo, oposici\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 309 del Estatuto Procedimental General que se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n por la c\u00e9lula judicial comisionada, esto es el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de aquella poblaci\u00f3n, despacho al que fue remitido el diligenciamiento el 20 de agosto siguiente, subsistiendo, inclusive, la posibilidad de recurrir la decisi\u00f3n que eventualmente sea adversa a sus pretensiones. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente el resguardo porque por medio de este tr\u00e1mite constitucional no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez ordinario en las instancias oportunas, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado, de all\u00ed que acudir al auxilio constitucional resulte inviable mientras el juicio controvertido est\u00e9 surti\u00e9ndose. <\/p>\n
En punto de lo dicho, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00abel amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, \u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, cit. en STC900-2016 y STC4645-2016). <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
Ahora bien, la Sala no emitir\u00e1 pronunciamiento en torno a las peticiones de la \u00abapoderada de\u2026 la se\u00f1ora Natividad Bar\u00f3n Angarita\u00bb de ordenar (i) \u00aba los accionantes\u2026 que en un plazo perentorio acaten la orden judicial\u2026 y de forma voluntaria e inmediata hacer la entrega real y material del inmueble\u00bb, (ii) \u00abrechazar de plano la oposici\u00f3n a la entrega\u2026 presentada\u00bb y (iii) \u00abordenar al inspector de polic\u00eda\u2026 que adopte las medidas necesarias para adelantar en un plazo no mayor a las setenta y dos horas\u2026 la diligencia de entrega del inmueble\u00bb habida consideraci\u00f3n que dicha interviniente fue convocada al presente tr\u00e1mite constitucional como tercero con inter\u00e9s en el resultado de la actuaci\u00f3n, de all\u00ed que no pueda mutar la calidad que tiene para convertirse en demandante formulando pretensiones propias del actor y sin brindarle a los dem\u00e1s sujetos la oportunidad de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed pues, si dicha ciudadana tiene reparos en torno al tr\u00e1mite dado a la comisi\u00f3n conferida por la c\u00e9lula judicial ejecutora, debe presentarlos al interior de la actuaci\u00f3n, a trav\u00e9s de las herramientas procesales establecidas por el legislador para que el funcionario competente los eval\u00fae y decida lo que en derecho corresponda y no buscar, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, un pronunciamiento expedito por fuera de los senderos ordinarios. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero por la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que, como el proceso se encuentra en tr\u00e1mite, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste deben ser dirimidas al interior de la actuaci\u00f3n y en las instancias correspondientes, lo que impide la injerencia del Juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo confutado, pero por las razones esbozadas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 No alleg\u00f3 poder especial conferido por la persona que dice representar, para actuar en esta tr\u00e1mite. <\/p>\n
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STC12173-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12173-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00448-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}