STC12188-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12188-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00602-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el pasado 18 de mayo1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Energ\u00eda de Colombia (en adelante Sintraelecol) contra un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad, el Fiscal General de la Naci\u00f3n y la Presidencia de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, obrando por conducto del presidente de la Subdirectiva Caquet\u00e1 y apoderada judicial, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debdo proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito introductor, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se puede extractar que, en el mes de septiembre de 2020 Sintraelecol, en representaci\u00f3n de los trabajadores de la Electrificadora del Caquet\u00e1 S.A. E.S.P. afiliados a la organizaci\u00f3n, formul\u00f3 denuncia penal contra varios funcionarios de la aludida empresa, dos jueces laborales del circuito de Florencia y una magistrada del Tribunal Superior de aquella poblaci\u00f3n, para que se investigaran las presuntas conductas punibles perpetradas en contra de aquellos pues, aparentemente, desde el a\u00f1o 2003 han sido v\u00edctimas de pr\u00e1cticas constitutivas de acoso laboral y violencia sindical. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n, a la cual el ente investigador le asign\u00f3 en NUNC 2020-51162, fue repartida al Fiscal Octavo Especializado de Florencia a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 99 de 2019; empero, el aqu\u00ed querellante solicit\u00f3 la variaci\u00f3n de la asignaci\u00f3n para que se dispusiera que la investigaci\u00f3n fuera adelantada un Fiscal Especializado adscrito a la Subunidad OIT de la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos Humanos. <\/p>\n
El pasado 6 de febrero, producto de la compulsa de copias ordenada por el funcionario instructor, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n 431 de dicha data, deleg\u00f3 el conocimiento de la denuncia, exclusivamente en lo que ata\u00f1e a la magistrada involucrada -dada su condici\u00f3n de aforada constitucional- a la Unidad de Fiscal\u00edas Delegadas ante esta Corte. <\/p>\n
3. Sintraelecol aduce que a la fecha \u00abEl Fiscal General de la Naci\u00f3n se ha negado a asignar a un Fiscal Especializado OIT\u2026 y no ha asignado un Fiscal Delegado ante el Tribunal, de la Unidad Nacional del Eje Tem\u00e1tico de Corrupci\u00f3n de la Rama Judicial\u00bb, este \u00faltimo para adelantar la acci\u00f3n frente a los jueces denunciados, desconociendo \u00abla cl\u00e1usula (6) sexta del Convenio Interadministrativo No. 154-6 de 2006\u2026 suscrito entre el Fiscal General de la Naci\u00f3n y la Presidencia de la Rep\u00fablica\u2026 las recomendaciones de la Conferencia No. 95 de 2006\u2026 y en especial el Convenio Internacional de la OIT \u201cC190-Convenio sobre la Violencia y el Acoso\u201d de junio (10) diez del a\u00f1o 2019\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, afirma que, por conducto de apoderada, se solicit\u00f3 ante el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas la realizaci\u00f3n de una audiencia de \u00abprueba anticipada y medidas de protecci\u00f3n a las v\u00edctimas\u00bb dentro del proceso 2020-51162, que no se pudo llevar a cabo por inasistencia del Fiscal del caso; asimismo, impetr\u00f3 la misma diligencia ante un magistrado con Funciones de Control de Garant\u00edas del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; empero, tampoco se adelant\u00f3 porque \u00aben varias oportunidades [se] aplaz\u00f3 sin mediar el motivo por el cual se solicitaba el aplazamiento [sic]\u00bb <\/p>\n
Finalmente, de una forma absolutamente confusa, refiere que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Favio Aranda Guerrero Secretario Administrativo de la Unidad de Fiscal\u00edas Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, coordin\u00f3 al interior de la Fiscal\u00eda, como en efecto est\u00e1 demostrado en la presente, con un sinn\u00famero de funcionarios de dicha, para que el Fiscal General de la Naci\u00f3n Asignara un Fiscal Delegado de dicha Unidad que debi\u00f3 asistir al Control de Garant\u00edas, pero que no asign\u00f3 mediante la denuncia penal de Sintraelecol que lleg\u00f3 a su conocimiento a finales del mes de Noviembre de 2020, y por ello se hicieron actos dilatorios ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 los d\u00edas 11 y 16 de Febrero de 2021, pero de forma contraria a los establecido en el Art\u00edculo 250 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ni la Fiscal\u00eda, ni el Magistrado Dagoberto Hern\u00e1ndez Pe\u00f1a, efectuaron la Debida Diligencia Penal, dejaron a un lado las disposiciones convencionales y constitucionales y permitieron la presencia del Fiscal (8) Octavo Especializado de Florencia, Juan Carlos Galindo, a que a modo de tentativa de Prevaricato [sic] si ha de verse tal conducta, a que expresara en tal Audiencia que la se\u00f1ora Magistrada Diela Hortensia Ortega Castro, no se encontraba denunciada, acto y manifestaci\u00f3n contraria a la realidad, cuando en la Unidad de Fiscal\u00edas delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, tal denuncia se hallaba desde el mes de Noviembre de 2020. <\/p>\n
Solo es a comienzos de Marzo de 2021, cuando el Fiscal General de la Naci\u00f3n expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 0431 de Febrero 26 de 2021, pero con el supuesto legal que tal apertura se debi\u00f3 a la compulsa penal del Fiscal (8) Octavo Especializado y no mediante la denuncia penal allegada ante Dr. Favio Aranda Guerrero. Situaci\u00f3n que nos obliga a solicitar de la correcci\u00f3n de la mencionada Resoluci\u00f3n por parte del Se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n, pues es un acto que merece tener el contenido real del impulso de la denuncia penal por parte de Sintraelecol (\u2026)\u00bb <\/p>\n
4. En suma, solicita lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ordenar al Fiscal General de la Naci\u00f3n Asignar de forma inmediata al Fiscal Delegado de la Subunidad OIT por las razones demandadas. <\/p>\n
Ordenar al Fiscal General de la Naci\u00f3n Asignar de forma inmediata al Fiscal Delegado ante Tribunal, de la Unidad Nacional del Eje Tem\u00e1tico de Corrupci\u00f3n de la Rama Judicial, por las razones demandadas. <\/p>\n
Ordenar al Se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n y al Presidente de la Rep\u00fablica a designar un equipo de polic\u00eda judicial especializado conjunto entre el CTI y la DIJIN, en coordinaci\u00f3n con las Autoridades Migratorias para que se impida la salida del territorio nacional de todos los denunciados en las hasta ahora aperturadas [sic] denuncias penales. <\/p>\n
Se modifique la Resoluci\u00f3n 0-431 de Febrero 26 de 2021, por las razones demandadas [sic]\u00bb <\/p>\n
Remover [sic] al Dr. Dagoberto Hern\u00e1ndez Pe\u00f1a, Magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con Funciones de Control de Garant\u00edas, y ordenar a la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en reprogramar la Audiencia solicitada por parte de la Apoderada de Sintraelecol y Subdirectiva Caquet\u00e1, de Forma Perentoria, y que no se programe la misma hasta tanto no se haya modificado la Resoluci\u00f3n 0-431 de Febrero 26 de 2021 del Se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n [sic]. <\/p>\n
Se ordene al Juez 55 Penal Municipal de Bogot\u00e1 con Funciones de Control de Garant\u00edas, se suspenda toda notificaci\u00f3n de Audiencia hasta tanto no se haya designado a los fiscales aqu\u00ed mencionados en las peticiones 2 y 3 [sic] (\u2026)\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado accionado, se\u00f1al\u00f3 que la audiencia solicitada por las directivas de Sintraelecol, dentro de la radicaci\u00f3n 2020-51162, no se pudo llevar a cabo por cuanto \u00abse constat\u00f3 que en el proceso en cuesti\u00f3n no aparec\u00eda como indiciada o imputada la persona aforada\u2026 por lo que\u2026 se declar\u00f3 incompetente para su realizaci\u00f3n en aras de que la interesada redireccionara su solicitud\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abverificado el inicio de una investigaci\u00f3n penal en contra de la magistrada del Tribunal de Florencia bajo el CUI\u2026 202100045, ser\u00e1 dentro de ese radicado en particular con persona aforada que la demandante pueda ejercer los derechos que dice representar de las v\u00edctimas\u00bb <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 negar el resguardo \u00abporque no existe afectaci\u00f3n de derechos fundamentales, se trata de actuaciones en curso donde subsisten mecanismos de defensa y lo que se procura es contrariar la autonom\u00eda judicial establecida por la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Cincuenta y Cinco Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas indic\u00f3 que el pasado 23 de marzo instal\u00f3 la audiencia preliminar impetrada por la apoderada de las v\u00edctimas dentro del proceso 2020-51162, luego de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal le asignara la competencia mediante auto AP471-2021, la que no se pudo llevar a t\u00e9rmino por cuanto la solicitante \u00abmanifest\u00f3 que no era su deseo continuar con la audiencia en atenci\u00f3n a que no se otorgaban las garant\u00edas suficientes para materializar la misma\u00bb, por lo que pidi\u00f3 no acceder al resguardo. <\/p>\n
3. El director seccional de Fiscal\u00edas de Caquet\u00e1 dio cuenta de las actuaciones surtidas al interior de la investigaci\u00f3n 202051162 que se adelanta contra varios funcionarios de la Electrificadora del Caquet\u00e1 S.A. E.S.P. <\/p>\n
Adujo que las solicitudes de la abogada Margarita Salamanca Arias, apoderada de las v\u00edctimas en dicha actuaci\u00f3n, relativas a la variaci\u00f3n de la asignaci\u00f3n a un Fiscal Especializado OIT, fueron remitidas a la Delegada para la Seguridad Ciudadana a efectos de que se estudie y, de ser el caso, emita el visto bueno previo requerido para que la \u00abOficina de Variaciones Especiales\u00bb proceda a resolver. <\/p>\n
4. El director de Asuntos Jur\u00eddicos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 \u00abdesvincular\u00bb al jefe del organismo instructor comoquiera que \u00abno es el funcionario llamado a rendir informe sobre las actuaciones surtidas dentro de los procesos penales que refiere la accionante en su escrito\u00bb. <\/p>\n
5. Una funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 \u00abse declare la falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva\u2026 y\/o la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, por cuanto, no existe nexo de causalidad entre la presunta violaci\u00f3n o amenaza\u2026 y las entidades que represento, comoquiera que no son la autoridad p\u00fablica que presuntamente viol\u00f3 o amenaz\u00f3 los derechos fundamentales invocados [sic]\u00bb <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo, habida consideraci\u00f3n que \u00ablas etapas, recursos y procedimientos que conforman una actuaci\u00f3n son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2026 especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas que conforman el debido proceso\u00bb de all\u00ed que, mientras el asunto est\u00e9 siguiendo su cauce normal, subsiste la posibilidad de obtener, en su interior, la protecci\u00f3n de garant\u00edas supralegales, sin que la tutela pueda ser utilizada a modo de herramienta alternativa o instancia adicional o paralela a las previstas en el respectivo asunto. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que para atacar los actos administrativos proferidos por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, puntualmente, la resoluci\u00f3n que deleg\u00f3 en un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema la investigaci\u00f3n de la conducta punible presuntamente cometida por una magistrada del Tribunal Superior de Florencia, el quejoso cuenta con la herramienta adecuada ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, torn\u00e1ndose de ese modo improcedente el resguardo, pues no se encuentra instituido para obviar los procedimientos ordinarios. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante, por conducto de su apoderada, disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo, confusamente, en los planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Sintraelecol dentro del proceso penal 2020-51162, por no asignar un Fiscal adscrito a la Subunidad OIT de la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos Humanos para que asuma la investigaci\u00f3n de las conductas punibles presuntamente cometidas por funcionarios de la Electrificadora del Caquet\u00e1 S.A. E.S.P. y si las dem\u00e1s autoridades convocadas incurrieron en conducta similar por no realizar las audiencias por ella solicitadas. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento en punto de la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, los tr\u00e1mites penales (2020-51162 y 2021-00045) a\u00fan no han culminado, sino que, por el contrario, se encuentran en una fase incipiente de la investigaci\u00f3n, de modo que todav\u00eda subsiste en esos escenarios la posibilidad de buscar la satisfacci\u00f3n de las garant\u00edas que se dicen conculcadas. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que frente a las audiencias preliminares solicitadas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal Municipal de la misma ciudad, si bien no pudieron realizarse debido a causas atribuibles exclusivamente a la profesional del derecho que las impetr\u00f3, tanto el magistrado que en esa ocasi\u00f3n ejerci\u00f3 la funci\u00f3n de control de garant\u00edas como el titular de la aludida c\u00e9lula judicial fueron claros en advertir a la profesional del derecho interesada que, si era su deseo, pod\u00eda incoar nuevamente la petici\u00f3n, la cual ser\u00eda sometida a un nuevo reparto. <\/p>\n
As\u00ed, es claro que Sintraelecol cuenta con herramientas id\u00f3neas, al interior de las respectivas actuaciones penales, para proponer los reparos que trae a esta senda excepcional puesto que la acci\u00f3n tuitiva no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches que aqu\u00ed se formulan. <\/p>\n
Proceder como se plantea en este caso, implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una tercera instancia, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
3.2. De la acci\u00f3n de tutela contra actos administrativos <\/p>\n
Ahora, frente a la censura formulada en torno a los actos administrativos expedidos por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, puntualmente la Resoluci\u00f3n 431 del pasado 6 de febrero por medio de la cual destac\u00f3 a un Fiscal Delegado ante esta Corporaci\u00f3n para asumir la investigaci\u00f3n 2021-00045 y el contenido en la comunicaci\u00f3n GTAE-0110 del 15 de marzo siguiente (radicaci\u00f3n 20217130000821), de los que se busca su modificaci\u00f3n o la remoci\u00f3n de sus efectos, para la Sala, en consonancia con lo referido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, el amparo tampoco puede salir avante, pues no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Ciertamente, como lo tiene sentado el precedente de esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela no es el escenario id\u00f3neo para controvertir actuaciones administrativas, puesto que para ello el legislador previ\u00f3 diversas acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, salvo aquellos eventos en los que el auxilio constitucional tenga cabida como mecanismo transitorio, lo cual impone verificar, con suficiencia, que los medios ordinarios de defensa no resultan eficaces. <\/p>\n
En el caso estudiado, se tiene que la queja constitucional se dirige contra actos administrativos concretos, cuyo control corresponde, al menos prima facie, a los jueces contenciosos administrativos. En ese sentido, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(…) las inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa (CSJ STC, 20 Feb. 2013, Rad. 2012-00100-01), que es el escenario natural donde es posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [se] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterada en STC795-2016, 1 feb.). <\/p>\n
As\u00ed, el medio de defensa con que cuenta el actor para debatir lo atinente a la legalidad de los actos administrativos identificados en p\u00e1rrafos precedentes, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo, resulta eficaz, dada la posibilidad de reclamar all\u00ed medidas cautelares, conforme lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
De all\u00ed que la pretensi\u00f3n tendiente a la sustituci\u00f3n del juez competente por el de tutela no pueda prohijarse, como lo pretende el censor. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto, por lo que se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala solo hasta el pasado 7 de septiembre <\/p>\n
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STC12188-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12188-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00602-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57615","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57615\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}