STC12203-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12203-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03170-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Patricia G\u00f3mez Beltr\u00e1n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e interesados en el proceso con radicado n\u00famero 2017-00181. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja relat\u00f3 que se adelanta en su contra proceso ejecutivo, el cual correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, bajo el radicado n\u00famero 2017-00181-00. <\/p>\n
Ante dicho Despacho solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado, por indebida notificaci\u00f3n, no obstante, \u00aba pesar de obrar prueba reina, en el cual se acredit\u00f3 que en el domicilio NO HUBO CONSUMO DE ENERG\u00cdA DURANTE VARIOS MESES, y que por lo TANTO, no es posible que se me hubiera notificado de un proceso judicial\u00bb, su requerimiento fue negado por el Juzgado y confirmada por el Tribunal convocado. <\/p>\n
En su criterio, las autoridades accionadas vulneraron sus derechos, porque \u00ab(\u2026) nunca se evalu\u00f3 en debida forma la prueba sobreviniente, en donde por parte de la ESSA, indic\u00f3 que, NO HUBO CONSUMO DE ENERG\u00cdA DURANTE VARIOS MESES EN EL DOMICILIO DONDE SE ENVIARON LAS NOTIFICACIONES, y que por lo TANTO, no era posible que la suscrita se presentar\u00e1 (sic) al proceso a ejercer mis derechos\u00bb. <\/p>\n
3.- Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se deje \u00ab(\u2026) sin efecto la Sentencia de primera instancia, y de segunda instancia, dentro del proceso de nulidad interpuesto por la suscrita\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1.- Quien adujo ser la representante legal de Inversiones Premium J Y M S.A.S. se pronunci\u00f3 sobre los hechos y pretensiones de la demanda y solicit\u00f3 denegar el amparo deprecado por la tutelante, por cuanto aquella se ha negado a \u00abrecibir las notificaciones, y a ejercer su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n , situaci\u00f3n que nuevamente queda en evidencia en la diligencia de secuestro realizada el d\u00eda 21 de noviembre de 2018, la cual fue atendida por la misma accionante y en la que se neg\u00f3 nuevamente a firmar el acta del mismo\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito en Oralidad de Barrancabermeja inst\u00f3 denegar el amparo, \u00abcomo quiera que dentro del tr\u00e1mite del incidente de nulidad las autoridades judiciales y jueces naturales del proceso, previa valoraci\u00f3n probatoria y f\u00e1ctica (\u2026) decidieron\u00bb lo pertinente, y alleg\u00f3 el expediente digital del proceso de marras. <\/p>\n
3.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por su parte, tambi\u00e9n requiri\u00f3 denegar el amparo, en raz\u00f3n a que la tutela no es una instancia adicional \u00abcuando no se comparte los argumentos que llevaron a la resoluci\u00f3n del asunto, en el que se cont\u00f3 con todas las garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la gestora persigue la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados por los prove\u00eddos de 28 de abril y 4 de julio del a\u00f1o en curso, proferidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Barrancabermeja y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, respectivamente, por medio de los cuales se deneg\u00f3 su solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- De manera preliminar resulta pertinente precisar que, si bien el reclamo se dirige contra las providencias dictadas en primera y en segunda instancia, el presente examen se circunscribir\u00e1 a la emitida en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, pues, en \u00faltimas, fue la que defini\u00f3 el asunto objeto de controversia1. <\/p>\n
3.- Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la salvaguarda impetrada habr\u00e1 de ser denegada, pues la providencia cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico y no contiene una anomal\u00eda que imponga la perentoria protecci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a confirmar la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal convocado concluy\u00f3 que s\u00ed se hab\u00eda notificado el mandamiento ejecutivo en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se alleg\u00f3 copia de la citaci\u00f3n respectiva, como del aviso, con los requisitos de ley, documentos cotejados por la empresa de correo, as\u00ed como certificado el reh\u00faso por parte de la ejecutada, lo cual adem\u00e1s encuentra respaldo en la presunci\u00f3n de buena fe de que trata el art. 83 de la CP, as\u00ed como la presunci\u00f3n de autenticidad de tales documentos acorde al art. 244 del CGP, que por ende hacen inviable la exigencia que extra\u00f1amente requiere el recurrente en torno al art. 42-5 del CGP, relativo a los deberes del Juez, debiendo por tanto se\u00f1alarse, que irrelevante resulta el argumento que pretende infirmar la decisi\u00f3n de primer grado a partir de que el secuestro fue posterior a ello, que en nada incide frente a la legalidad de la notificaciones, no siendo aplicable tampoco la ley 1755 de 2015, estatutaria del derecho de petici\u00f3n, pues la norma especial del procedimiento son los art\u00edculos mencionados, resultando tambi\u00e9n irrelevante la certificaci\u00f3n de la electrificadora de cara a la actuaci\u00f3n que se procura entorpecer infundada y hasta temerariamente, seg\u00fan colige esta Corporaci\u00f3n ante lo deleznable de la nulidad y del recurso contra el auto que neg\u00f3 la nulidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- De lo anterior se vislumbra que la decisi\u00f3n se motiv\u00f3 razonadamente en las pruebas allegadas y la normativa que gobierna el asunto, independientemente de que la postura sea o no compartida, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a confirmar la decisi\u00f3n del a quo, que neg\u00f3 la nulidad deprecada. <\/p>\n
Para ello, el Tribunal valor\u00f3 la certificaci\u00f3n de la electrificadora aportada por la promotora como prueba de que no resid\u00eda en el lugar cuando se efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, a la que se aludi\u00f3 en la tutela, pero la consider\u00f3 irrelevante porque advirti\u00f3 que, de acuerdo con los certificados del correo postal allegados al plenario, la ahora accionante se hab\u00eda rehusado a recibir los documentos para la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago dictado en el proceso de marras. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para no acceder a la nulidad reclamada. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que se hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en el juicio correspondiente. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha definido la jurisprudencia que, \u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
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