STC12205-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12205-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03193-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Pablo Barrientos Hoyos contra la Sala Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gloria Elena Montoya Casta\u00f1o en su contra y de Caracol Radio, bajo el radicado 05088311000120200025704. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada dentro del proceso referenciado. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 sus peticiones en los hechos relevantes que se compendian a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.2. El Juzgado Primero de Familia de Bello de Oralidad profiri\u00f3 sentencia el 06 de agosto del 2020, en la que resolvi\u00f3 declarar improcedente la protecci\u00f3n invocada pues evidenci\u00f3 que no se prob\u00f3 que la accionante hubiera elevado solicitud de retracto frente a los cuestionados2. <\/p>\n
2.3. Inconforme, la accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n. Sin embargo, el 25 de septiembre del 2020, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del prove\u00eddo de primer grado. Para el efecto, apunt\u00f3 que \u00abse impon\u00eda citar al tr\u00e1mite constitucional a las redes sociales Twitter y Facebook, toda vez que en la primera se realizaron las publicaciones por parte de Juan Pablo Barrientos que son objeto de inconformidad y en la segunda se publicaron los comentarios y se\u00f1alamientos por parte de la comunidad de los que se duele la accionante\u00bb3. <\/p>\n
2.4. Cumplida la orden del superior jer\u00e1rquico, el despacho Primero de Familia profiri\u00f3 nuevamente sentencia el 13 de octubre del 2020. En ella, declar\u00f3 \u00aben cuanto al Derecho de invocado por GLORIA ELENA MONTOYA CASTA\u00d1O quien se identifica con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No 43.431.701en contra de CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. y JUAN PABLO BARRIENTOS, FACEBOOK COLOMBIA S.A.S Y TWITTER, se ha dado un cumplimiento de objeto, situaci\u00f3n que no permite amparar el derecho vulnerado por estar de por medio un hecho superado\u00bb4. <\/p>\n
2.5. No obstante, en auto del 29 de enero del 2021, el Colegiado volvi\u00f3 a declarar la nulidad de todo lo actuado desde el fallo. Esto puesto que, a su juicio, el auto admisorio de la acci\u00f3n de tutela no fue notificado en debida forma a Twitter ni Facebook Inc5. <\/p>\n
2.6. Por tercera vez, el juzgador de primera instancia dict\u00f3 prove\u00eddo el 14 de febrero del 2021 en la que declar\u00f3 improcedente el resguardo por haber acaecido el hecho superado6. No obstante, tal pronunciamiento fue declarado nulo el 17 de marzo siguiente por el ad quem, pues \u00abla nulidad advertida y decretada mediante auto de enero 29 de 2021 no fue subsanada cumplidamente por la jueza a quo\u00bb7. <\/p>\n
2.7. El 9 de abril del 2021, la c\u00e9lula judicial de Bello resolvi\u00f3 denegar el resguardo8. Este prove\u00eddo fue notificado el 30 de abril del mismo a\u00f1o9. <\/p>\n
2.8. Inconforme, el apoderado de la se\u00f1ora Montoya Casta\u00f1o impugn\u00f3 la providencia del a quo. <\/p>\n
2.9. En vista de lo anterior, el 14 de mayo del 2021, se profiri\u00f3 auto con el cual se neg\u00f3 la impugnaci\u00f3n por extempor\u00e1nea10. No obstante, el 08 de julio del a\u00f1o en curso, el juzgador dej\u00f3 sin efectos tal decisi\u00f3n y, en su lugar, concedi\u00f3 la alzada11. <\/p>\n
2.10. Por tanto, el 09 de agosto del a\u00f1o en curso, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn revoc\u00f3 el fallo del a quo. En su lugar, ampar\u00f3 los derechos fundamentales invocados y orden\u00f3 a Caracol Primera Cadena Radial Colombiana a rectificar \u00abla nota period\u00edstica publicada en la p\u00e1gina web de Caracol Radio en mayo 26 de 2020 por Juan Pablo Barrientos y el audio que la acompa\u00f1a y contiene la entrevista realizada por \u201cGustavo\u201d al periodista citado quien para esa fecha laboraba en la cadena radial aludida, en las opiniones, apreciaciones o juicios de valor subjetivos, conjeturas y especulaciones puntualizadas en el numeral 9. del ac\u00e1pite consideraciones de la parte motiva de este fallo, public\u00e1ndolo a trav\u00e9s del portal de internet del medio de comunicaci\u00f3n en la misma ubicaci\u00f3n en la respectiva p\u00e1gina durante el mismo tiempo en que se han publicado la nota period\u00edstica y el audio aludido as\u00ed como en las p\u00e1ginas de Facebook y Twitter del ente aludido\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, orden\u00f3 al accionante a que \u00abdentro del mismo t\u00e9rmino rectifique su trino en su cuenta personal de twitter en las opiniones, apreciaciones o juicios de valor subjetivos, conjeturas y especulaciones tambi\u00e9n concretadas en dicho ordinal, que no son independientes de la nota y el audio referidos y replica parte del contenido de \u00e9stos\u00bb. <\/p>\n
2.11. Frente a tal providencia, el actor cuestiona que \u00ab[e]n el caso presente no se cumple el requisito de posibilidad citado pues el accionante, previo a la acci\u00f3n de tutela, no lo ninguna petici\u00f3n ante Caracol Radio, mucho menos en los t\u00e9rminos y condiciones establecidos en el Decreto 2591 de 1991\u00bb. Aunado a ello, reprocha que, \u00abno se entiende por qu\u00e9 la solicitud inicial de rectificaci\u00f3n se env\u00eda un correo que no es el mismo correo electr\u00f3nico que el accionante aport\u00f3 como direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n de Caracol para el escrito de tutela. Dar tr\u00e1mite a la presente acci\u00f3n de tutela a pesar de que el accionante envi\u00f3 la solicitud de rectificaci\u00f3n a una direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n diferente de la que se aport\u00f3 para la tutela, y m\u00e1xime teniendo en cuenta que la direcci\u00f3n correcta NO ha cambiado desde entonces hasta ahora, y que Caracol como accionado manifiesta que no conoci\u00f3 el contenido de la solicitud de rectificaci\u00f3n, por un error en la misma que caus\u00f3 el demandante; ser\u00eda una violaci\u00f3n al derecho al debido proceso del medio de comunicaci\u00f3n y una violaci\u00f3n al art\u00edculo 42 del decreto 2591 de 1991 que establece un requisito de posibilidad en estos casos\u00bb. <\/p>\n
Censura, adem\u00e1s, la falta de garant\u00edas constitucionales en el caso de marras, \u00abpues la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn s\u00f3lo estuvo conformada por una magistrada sustanciadora, es decir, la magistrada Flor \u00c1ngela Rueda Rojas, durante las 3 primeras sentencias, y s\u00f3lo en la \u00faltima sentencia, la cuarta, se sumaron 2 magistradas m\u00e1s\u00bb. Aludi\u00f3 a que, de conformidad con las sentencias de la Corte Constitucional, la opini\u00f3n no se rectifica y que, en el caso en concreto, la publicaci\u00f3n cuestionada \u00abes ajena a la opini\u00f3n y se basa en hechos, por lo que la rectificaci\u00f3n que solicita la concejala Montoya Casta\u00f1o no se puede realizar. la informaci\u00f3n p\u00fablica no es falsa o inexacta, y los comentarios que quiere reprender la sala de familia salen de fuentes protegidas que me confirmaron que la concejala Montoya Casta\u00f1o es el poder en la sombra de la corporaci\u00f3n Colombia Avanza\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, critica que ninguno de las autoridades judiciales les advirti\u00f3 sobre las impugnaciones presentadas \u00ablo que incluso llev\u00f3 a que el despacho de la magistrada Rueda Rojas, y regularmente, notificar\u00e1 la segunda sentencia (\u2026). esta \u00faltima sentencia, la cuarta del Tribunal Superior de Medell\u00edn, nos cogi\u00f3 por sorpresa, sin siquiera conocer los alegatos de la nueva defensa\u00bb. Aunado a ello, halla irrazonable que \u00abla accionante la presente de manera extempor\u00e1nea [la impugnaci\u00f3n] y que la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn recibi\u00f3 a la impugnaci\u00f3n 76 d\u00edas despu\u00e9s de la sentencia y la resuelva a favor del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme lo rese\u00f1ado, pidi\u00f3 que se revoque la sentencia notificada el 17 de agosto de 2021. Adicionalmente, que \u00abse remita este proceso a los superiores disciplinarios de la magistrada Flor \u00c1ngela Rueda Rojas de la sala de familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, para que investiguen si en el presente expediente se present\u00f3 alg\u00fan tipo de anomal\u00eda o irregularidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn remiti\u00f3 el enlace contentivo del expediente. <\/p>\n
2.- La Fundaci\u00f3n para la Libertad de Prensa hizo hincapi\u00e9 en que \u00abtanto el periodista como el medio de comunicaci\u00f3n alegaron recurrentes faltas de notificaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n presentada por la Concejal Montoya. Incluso el periodista Barrientos expuso que conoci\u00f3 de este escrito de impugnaci\u00f3n cuando fue notificada la sentencia de tutela en donde se le ordenaba hacer las rectificaciones que all\u00ed se describen\u00bb. <\/p>\n
A su vez, asever\u00f3 que el pronunciamiento del Tribunal constituye una violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n por cuanto \u00abel juez de primera instancia da por sentado que la investigaci\u00f3n period\u00edstica son meras especulaciones, diciendo con esto que los periodistas no hicieron investigaci\u00f3n alguna y que se limitaron a hablar a la ciudadan\u00eda con conjeturas personales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, puntualiz\u00f3 que \u00abla Corte Constitucional ha advertido que la rectificaci\u00f3n procede ante las opiniones de forma excepcional pues, el fundamento de la rectificaci\u00f3n es que procede ante informaciones que no sean veraces e imparciales. As\u00ed las cosas, es una violaci\u00f3n del amplio precedente constitucional el establecer de forma abstracta que tanto el medio de comunicaci\u00f3n como el periodista deber\u00e1n rectificar todas las opiniones, apreciaciones o juicios de valor subjetivos que se emitieron con raz\u00f3n del reportaje\u00bb. <\/p>\n
3.- La sociedad Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. \u2013 Caracol S.A. sostuvo que \u00abel requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en un inicio estaba viciado no solo porque el apoderado de la accionante haya enviado el Derecho de Petici\u00f3n aun correo diferente al correo de notificaci\u00f3n judicial de Caracol S. A, aun sabiendo que este era el de jorge.diaz@caracol.com.co; sino que adem\u00e1s en las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela enuncia las redes sociales tanto del medio como del periodista, pretensi\u00f3n que no estaba enunciada en el Derecho de Petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se cuestiona \u00absi el ad quem, reviso el expediente completo, pues en su orden de rectificaci\u00f3n ordena que se rectifique en redes sociales que actualmente no existen y que adem\u00e1s tampoco fueron enunciadas en el Derecho de petici\u00f3n sobre el cual se instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4.- El resto de vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela, habida cuenta que, para confutar las determinaciones adoptadas en dicha sede, existen, como dispositivos de control, la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, la \u00abeventual revisi\u00f3n\u00bb y la \u00absolicitud de insistencia\u00bb ante la Corte Constitucional. Por la esencia del resguardo, todos los funcionarios judiciales est\u00e1n llamados a tomar las medidas que resulten precisas para que por este remedio preferente y sumario se propugne, en todo momento, por la efectividad de las garant\u00edas esenciales, entre las que se encuentra el respeto al debido proceso. <\/p>\n
De donde se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. De permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la igual naturaleza se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2.- Con todo, en casos excepcionales se ha aceptado su viabilidad cuando el juez del auxilio inobserv\u00f3 el procedimiento de forma arbitraria, esto es, \u00abse desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes\u00bb (CSJ STC10416-2015). <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha dicho que \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Sobre la comentada garant\u00eda se ha explicado que es \u00abde aplicaci\u00f3n inmediata en todas las actuaciones administrativas y judiciales, que comprende todo un conjunto de garant\u00edas de vital observancia para preservar la regularidad del proceso y, a trav\u00e9s de \u00e9l, la realizaci\u00f3n y efectividad del derecho sustancial\u00bb. (CSJ STC, 26 de Oct 2010, Rad. 2010-01753-00 y 3 May 2013, Rad. 2013-00107-01) <\/p>\n
3.- El promotor acude a esta senda pues cuestiona el procedimiento agotado en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2020-00257-04, comoquiera que, entre otras cosas, se le dio tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante Gloria Elena Montoya Casta\u00f1o aun cuando esta fue extempor\u00e1nea. Con tal proceder, asegura, se vulneraron sus derechos fundamentales, habida cuenta que se desconocieron los perentorios t\u00e9rminos para la interposici\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
4.- Pues bien, observadas las piezas procesales obrantes en el plenario, advierte la Sala que efectivamente se incurri\u00f3 en un proceder que vulnera los derechos fundamentales reclamados, tal como pasa a precisarse. <\/p>\n
5.- Tal como se anot\u00f3 en el ac\u00e1pite de antecedentes, se advierte que la situaci\u00f3n procesal fue la siguiente: <\/p>\n
5.1. El 9 de abril del 2021, la c\u00e9lula judicial de Bello resolvi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, en la que deneg\u00f3 el resguardo12. Este prove\u00eddo fue notificado al apoderado de la actora el 30 de abril del mismo a\u00f1o13, en mensaje de datos remitido a las 16:17 pm. <\/p>\n
5.2. Inconforme, el apoderado de la se\u00f1ora Montoya Casta\u00f1o impugn\u00f3 la providencia del a quo, en correo electr\u00f3nico enviado el 05 de mayo del 2021 a las 17:0014. <\/p>\n
5.3. En vista de lo anterior, el 14 de mayo del 2021, se profiri\u00f3 auto con el cual se neg\u00f3 la impugnaci\u00f3n por extempor\u00e1nea15. <\/p>\n
5.4. No obstante, no se observa que esta providencia haya sido notificada a ninguna de las partes. Por ende, el 28 de junio del 2021, la parte activa radic\u00f3 memorial en que manifest\u00f3 que \u00abel d\u00eda Mi\u00e9rcoles 05\/05\/2021, interpuse IMPUGNACI\u00d3N DE FALLO DE TUTELA con RADICADO 05-088-31-10-001-2020-00257-00 a la SENTENCIA No.0035, a la fecha no se me ha notificado del fallo del juzgado de segunda instancia\u00bb16. <\/p>\n
5.5. El 08 de julio del a\u00f1o en curso, el juzgador dej\u00f3 sin efectos tal decisi\u00f3n y, en su lugar, concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n. Ello pues consider\u00f3 que \u00abes a criterio del juez que conoce de la acci\u00f3n de tutela, si concede o no el recurso de impugnaci\u00f3n a la sentencia proferida y en atenci\u00f3n a las dificultades experimentadas en su tr\u00e1mite, considera esta judicatura que se hace necesario conceder el recurso\u00bb17. <\/p>\n
Aunado a ello, se observa constancia secretarial en que se le informa al juez \u00abque el fallo de tutela fue notificado a las partes a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico el d\u00eda 30 de abril del presente a\u00f1o. Se presenta escrito de impugnaci\u00f3n presentado el d\u00eda 6 de mayo del a\u00f1o en curso por el apoderado de la accionante, toda vez el horario de trabajo es hasta las 5 de la parte\u00bb. <\/p>\n
5.6. En consecuencia, el 09 de agosto del a\u00f1o en curso, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn profiri\u00f3 fallo en que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta y revoc\u00f3 la sentencia del a quo. <\/p>\n
6.- Puestas de este modo las cosas, observa la Corte que ciertamente la protecci\u00f3n reclamada a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional est\u00e1 llamada a prosperar. En efecto, es clara la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho por \u201causencia de motivaci\u00f3n\u201d por parte del Juzgado Primero de Familia de Bello -pasada inadvertidamente-, en la providencia dictada el 08 de julio del 2021. <\/p>\n
Ciertamente, debe tenerse de presente que la observancia de los t\u00e9rminos procesales es uno de los postulados inherentes al debido proceso. Es por ello por lo que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 establece en su art\u00edculo 228 que \u00e9stos \u00abse observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u00bb. As\u00ed mismo, el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia contempla que \u00ab[l]os t\u00e9rminos procesales ser\u00e1n perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales\u00bb. <\/p>\n
A ese respecto, el art\u00edculo 117 del estatuto procesal civil, preceptiva aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo contemplado en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, dispone que \u00ab[l]os t\u00e9rminos se\u00f1alados en este c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario\u00bb. <\/p>\n
Frente a la importancia de los t\u00e9rminos judiciales, la jurisprudencia Constitucional ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00ab[l]a consagraci\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales por el legislador y la perentoria exigencia de su cumplimiento, tienen \u00edntima relaci\u00f3n con el n\u00facleo esencial del derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, pues la indeterminaci\u00f3n de los t\u00e9rminos para adelantar las actuaciones procesales o el incumplimiento de \u00e9stos por las autoridades judiciales puede configurar una denegaci\u00f3n de justicia o una dilaci\u00f3n indebida e injustificada del proceso, ambas proscritas por el Constituyente.\u201d <\/p>\n
\u201cEl se\u00f1alamiento de t\u00e9rminos procesales da certeza y, por lo mismo, confianza a las actuaciones de las partes y del funcionario judicial; por consiguiente, los t\u00e9rminos procesales contribuyen a garantizar la seguridad jur\u00eddica que es principio constitucional que se deduce de diferentes normas de la Carta, especialmente del pre\u00e1mbulo y de los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0\u201d. <\/p>\n
\u201cLas formas procesales no se justifican en s\u00ed mismas sino en raz\u00f3n del cometido sustancial al que propende la administraci\u00f3n de justicia. Pero debe dejarse en claro que el enunciado principio constitucional que rige las actuaciones judiciales no implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminaci\u00f3n, per se, de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su culminaci\u00f3n -pues all\u00ed est\u00e1 comprometido el derecho sustancial de acceso a la administraci\u00f3n de justicia-, ni puede significar la absoluta p\u00e9rdida del car\u00e1cter perentorio de los t\u00e9rminos procesales. Todos estos elementos integran la \u2018plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019, contemplada como factor esencial del debido proceso y por lo tanto no constituyen simplemente reglas formales vac\u00edas de contenido sino instrumentos necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad.\u00bb [subrayas fuera del texto] (Corte Constitucional. SU-447 de 2011). <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, no bastaba entonces con que la autoridad judicial se limitara a se\u00f1alar que \u00abes a criterio del juez que conoce de la acci\u00f3n de tutela, si concede o no el recurso de impugnaci\u00f3n a la sentencia proferida\u00bb, comoquiera que la concesi\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n no es una prerrogativa que quede \u201cal criterio\u201d de las autoridades judiciales. Por el contrario, tal determinaci\u00f3n debe obedecer al cumplimiento de los requisitos procesales impuestos en la ley. En tal sentido, no es aceptable que el estudio de la concesi\u00f3n del remedio vertical se haya circunscrito \u00fanica y exclusivamente al arbitro del juez. <\/p>\n
Sobre este punto, mem\u00f3rese que \u00abaunque los jueces gozan de una discreta y razonable libertad para la aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, no cabe duda que en el presente caso es manifiesta la v\u00eda de hecho, pues el \u00abc\u00f3mputo de t\u00e9rminos\u00bb no es objeto de interpretaci\u00f3n, lo que hace necesaria la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima de un segundo juez constitucional, pues el desacierto evidenciado en l\u00edneas precedentes transgredi\u00f3 de forma directa el derecho fundamental del actor al debido proceso, mediante la inobservancia de una norma procedimental aplicable al asunto sub examine, y de contera, evit\u00f3 su acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, al quitarle la posibilidad de contar con la garant\u00eda de doble instancia, que se contempla para las acciones de este linaje\u00bb (STC del 16 jun. 2020, exp. 2020-00121-01). <\/p>\n
En tal sentido, era imperativo que el juzgador analizara si la interposici\u00f3n de la alzada a las 5:00 pm impon\u00eda considerar que se hab\u00eda radicado o no dentro del t\u00e9rmino concedido por el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991 y a la luz de las normas procesales que regulan la materia, contenidas en el estatuto procesal civil y en los acuerdos que para el efecto ha proferido el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
En ese orden de ideas, siendo deber del Juez motivar en debida forma sus decisiones, y advertida la ambig\u00fcedad entre el informe secretarial y el auto que concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n, no cabe duda de que en el asunto revisado constitucionalmente se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por falta de motivaci\u00f3n . Sobre el deber de motivar las decisiones judiciales, esta Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u2019 sentencia de 22 de mayo de 2003, Exp. 00526-01\u00bb (CSJ STC3831-2020 citada en STC4849-2021 del 05 may., exp. 2021-01187-00). <\/p>\n
7.- Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone conceder la salvaguarda rogada, para que el Juzgado Primero de Familia de Bello proceda a aclarar si la impugnaci\u00f3n propuesta fue extempor\u00e1nea o no. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por Juan Pablo Barrientos Hoyos, exclusivamente en el siguiente sentido: <\/p>\n
ORDENAR al Juzgado Primero de Familia de Bello que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, aclare si la impugnaci\u00f3n en contra del fallo del 09 de abril de 2021 fue presentada oportunamente. Lo anterior de conformidad con los presupuestos de motivaci\u00f3n descritos en el presente fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada oportunamente, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnada la presente providencia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 17- 24 del PDF \u00ab4_110010315000202105416004 expedientedigi 20210818125239\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 36- 45 del PDF ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 56-59 del PDF \u00ab4_110010315000202105416004 expedientedigi 20210818125239\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 73 ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 87 ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 112 ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 121ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Folios 161 del PDF \u00ab4_110010315000202105416004 expedientedigi 20210818125239\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 PDF \u00ab79- 2020-00257 CONSTANCIA ENVIO SENTENCIA 3\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 PDF \u00ab83-2020-00257 AUTO EXTEMPORANEA\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 PDF \u00ab85-2020-00257 AUTO CONCEDE IMPUGNACION\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Folios 161 del PDF \u00ab4_110010315000202105416004 expedientedigi 20210818125239\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 PDF \u00ab79- 2020-00257 CONSTANCIA ENVIO SENTENCIA 3\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 PDF \u00ab82-2020-00257 IMPUGNACION MAYO Memorial 06-05-2021\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 PDF \u00ab83-2020-00257 AUTO EXTEMPORANEA\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 PDF \u00ab84-2020-00257 Memorial 28-06-2021\u00bb. <\/p>\n
17\u0002 PDF \u00ab85-2020-00257 AUTO CONCEDE IMPUGNACION\u00bb. <\/p>\n
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STC12205-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC12205-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03193-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Pablo Barrientos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57620","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57620\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}