STC12211-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12211-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00356-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 292 del pasado 9 de junio, se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por una sala de conjueces de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Meta el 25 de marzo de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Manuel Bravo Rodr\u00edguez contra la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 defensa\u2026 y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026\u00bb que estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, dentro del proceso 2012-00570. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de los elementos de convicci\u00f3n allegados, se puede extractar que contra V\u00edctor Manuel Bravo Rodr\u00edguez se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en precedencia, producto de una queja formulada en su contra por Martha Patricia Ram\u00edrez Bonilla, en la que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Seccional Meta, el 22 de marzo de 2017, emiti\u00f3 fallo sancion\u00e1ndolo con suspensi\u00f3n para ejercer la abogac\u00eda por dos a\u00f1os, al haberlo encontrado responsable de la falta prevista en el numeral 4 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n interpusieron recurso de apelaci\u00f3n la quejosa, el agente del Ministerio P\u00fablico y el aqu\u00ed accionante, resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 8 de agosto de 2019, en el sentido de confirmar la declaratoria de responsabilidad disciplinaria, pero modificando la sanci\u00f3n irrogada para aplicar la de exclusi\u00f3n del ejercicio profesional. <\/p>\n
3. Para el promotor, las decisiones adolecen de defecto f\u00e1ctico, en su dimensi\u00f3n negativa, por cuanto \u00ablos juzgadores de primera y segunda instancia\u2026 omitieron la valoraci\u00f3n del material probatorio tendiente a demostrar la relaci\u00f3n comercial y de asociados que ten\u00edan la se\u00f1ora Ram\u00edrez Bonilla y el accionante\u00bb pues, si bien existi\u00f3 entre ambos una relaci\u00f3n profesional (abogado-cliente), la misma \u00abfeneci\u00f3 para el a\u00f1o 2008 con la elevaci\u00f3n [sic] a escritura p\u00fablica de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal para la cual fue contratado\u2026 y la entrega material del dinero recaudado de la misma. Todo lo ocurrido despu\u00e9s fue producto de las actividades comerciales desarrolladas\u2026 relacionadas con la compra y venta de inmuebles\u00bb, defecto que, en su sentir, envuelve tambi\u00e9n uno sustantivo comoquiera que \u00abpor la indebida valoraci\u00f3n probatoria, aplicaron una causal que no se adec\u00faa efectivamente [a lo] acreditado en el expediente\u00bb al tiempo que motivaron \u00abindebidamente\u00bb la sanci\u00f3n irrogada, especialmente en el fallo de segundo grado que se impuso la exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, atribuye a las providencias defecto procedimental absoluto habida consideraci\u00f3n que no se le permiti\u00f3 la oportunidad de \u00abobjetar la determinaci\u00f3n de segunda instancia\u00bb a trav\u00e9s de la herramienta de \u00abla doble conformidad\u00bb, la que, seg\u00fan dice, puede aplicarse echando mano \u00abde principios del derecho penal\u2026 pues ambos provienen del ius puniendi del Estado\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abdejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia\u2026 [y] ordenar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que proceda a dictar una nueva providencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Martha Patricia Ram\u00edrez Bonilla, vinculada al presente tr\u00e1mite dada su condici\u00f3n de quejosa en la actuaci\u00f3n disciplinaria, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que \u00ablos argumentos [de la salvaguarda] se basan en apreciaciones subjetivas\u2026 recayendo, por ende, en un dialecto ret\u00f3rico, el cual, al compararlo con las actuaciones desplegadas\u2026 dentro del proceso disciplinario, resultan similares, lo que nos conlleva a pensar que dentro de la presente se propone una discusi\u00f3n jur\u00eddica que instrumentaliza la acci\u00f3n de tutela, para llevarla a un estadio de una \u201ctercera instancia\u201d\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Una sala de conjueces de la desaparecida Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Seccional Meta, accedi\u00f3 a las s\u00faplicas del promotor, dejando sin efectos las determinaciones adoptadas en ambas instancias dentro del proceso disciplinario que se adelant\u00f3 en su contra al considerar que los falladores incurrieron en defecto f\u00e1ctico y sustantivo que vulneraron \u00abgarant\u00edas constitucionales al debido proceso, derecho de defensa, doble instancia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Sobre el primero estimaron que se omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n en conjunto del material probatorio allegado a la actuaci\u00f3n con el que se demostraba que \u00abla relaci\u00f3n\u2026 entre la quejosa y el disciplinable, ya no hac\u00eda parte del mandato judicial por el cual hab\u00eda sido contratado, sino de una actividad netamente comercial o civil\u00bb, mientras que, sobre el segundo yerro dijeron que se actualiz\u00f3 con la indebida fundamentaci\u00f3n \u00abde los motivos que justificaban cualitativa y cuantitativamente la sanci\u00f3n a imponer, en especial en cuanto a la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n m\u00e1s grave como fue la exclusi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u00bb <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, orden\u00f3 a la \u00abSala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, que proceda a proferir una nueva sentencia\u2026 subsanando los defectos f\u00e1cticos y sustantivos encontrados\u2026\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Disintieron de la anterior decisi\u00f3n (i) los magistrados integrantes de la sala de decisi\u00f3n de primera instancia cuestionada y (ii) Martha Patricia Ram\u00edrez Bonilla. <\/p>\n
(i) Los funcionarios defendieron la legalidad de la actuaci\u00f3n seguida contra el accionante a quien \u00abse le respetaron las garant\u00edas procesales contenidas en la Ley 1123 de 2007\u00bb, as\u00ed como de que las decisiones sancionatorias adoptadas, las que fueron el producto del an\u00e1lisis cr\u00edtico de las pruebas recaudadas, entre ellas las aportadas por el disciplinable las cuales no ten\u00edan la entidad suficiente para enervar la responsabilidad disciplinaria atribuida. <\/p>\n
Resaltaron que las alegaciones tra\u00eddas en el presente amparo son id\u00e9nticas a las esbozadas al interior del tr\u00e1mite disciplinario, siendo analizadas y descartadas por las instancias ordinarias, pero \u00abparad\u00f3jicamente acogidas por la sala de conjueces constitucional\u00bb como si el amparo fuera una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Pidieron, en consecuencia, revocar el fallo impugnado para, en su lugar, denegar el resguardo, habida consideraci\u00f3n que \u00abno se cumplen los requisitos de excepcionalidad [para] la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb <\/p>\n
(ii) Por su parte la vinculada como tercera con inter\u00e9s se\u00f1al\u00f3 que los conjueces \u00abllegaron a conclusiones de las cuales no se prev\u00e9 su incidencia ya que, si bien aluden a l\u00edneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, respecto de como se debe realizar la valoraci\u00f3n probatoria, no advierten las mismas, pero de manera subjetiva concluyen que los yerros en los que se incurrieron se dan por la no valoraci\u00f3n individual y luego en conjunto de los elementos, sin ahondar en el tema\u00bb <\/p>\n
Para la censora, la sala a quo aunque acertadamente advirti\u00f3 que \u00abno pod\u00eda reemplazar al juez natural, realiz\u00f3 consideraciones que prueban lo contrario, ya que\u2026 con el fallo de tutela\u2026 se incurri\u00f3 en la reapertura de un debate jur\u00eddico ya zanjado en las dos instancias\u00bb, por lo que solicit\u00f3 que en reemplazo del fallo impugnado, se declare improcedente la salvaguarda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la autoridad judicial accionada vulner\u00f3, dentro del proceso disciplinario 2012-00570 las garant\u00edas invocadas por V\u00edctor Manuel Bravo Rodr\u00edguez, al sancionarlo, como responsable de la falta prevista en el art\u00edculo 35-4 de la Ley 1123 de 2007, con exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
2. Cuesti\u00f3n previa <\/p>\n
En el transcurso de esta instancia, el apoderado del accionante alleg\u00f3 un memorial a trav\u00e9s del cual manifiesta que \u00abse configura una carencia actual de objeto por satisfacerse las pretensiones del accionante y no afectarse los derechos de los accionados\u00bb habida consideraci\u00f3n que, en cumplimiento del fallo de tutela de primer grado, el pasado 10 de noviembre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Meta emiti\u00f3 una nueva sentencia dentro del asunto disciplinario seguido en contra de su procurado, la cual fue apelada al haber sido igualmente desfavorable a sus intereses. <\/p>\n
Con respecto a tal manifestaci\u00f3n, debe indicarse que la satisfacci\u00f3n de la orden constitucional no implica que el resguardo carezca de objeto, como parece entenderlo el solicitante, pues, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, el fallo de amparo debe ser cumplido r\u00e1pidamente, sin que su impugnaci\u00f3n sirva de excusa para no acatarlo; de manera que la expedici\u00f3n de la reciente sentencia disciplinaria no es nada diferente a la materializaci\u00f3n, por parte de la autoridad convocada, del deber de obedecer lo dispuesto por el juez de tutela de primer grado. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
4.1. De la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Si bien V\u00edctor Manuel Bravo Rodr\u00edguez extiende el reclamo a cuestionar las decisiones adoptadas en ambas instancias dentro de la actuaci\u00f3n disciplinaria, el examen que har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 exclusivamente a la sentencia del 8 de agosto de 2019 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto fue la que defini\u00f3, en sede ordinaria, la cuesti\u00f3n planteada por el quejoso, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de primer nivel pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior y atendiendo los argumentos de la queja constitucional y las pruebas recaudadas, la Corporaci\u00f3n resalta que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la aludida colegiatura efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n razonada y pormenorizada no solo de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que rode\u00f3 la denuncia formulada por Martha Patricia Ram\u00edrez Bonilla contra el aqu\u00ed accionante, sino de los medios de convicci\u00f3n allegados a dicho tr\u00e1mite, de cara a los reparos expresados por el disciplinable en torno al fallo de la sala a quo. <\/p>\n
En efecto, luego de un pormenorizado recuento f\u00e1ctico y procesal y de referirse a la calidad profesional del investigado (promotor del presente resguardo), la colegiatura identific\u00f3 como faltas atribuidas las consagradas en los art\u00edculos 33-9 (extinguida por prescripci\u00f3n) y 35-4 de la Ley 1123 de 2007, a t\u00edtulo de dolo, haci\u00e9ndolas consistir en \u00abhaber actuado fraudulentamente al retener los dineros referidos en la queja disciplinaria derivados de la gesti\u00f3n profesional que adelant\u00f3 a favor de la querellante\u00bb <\/p>\n
Evacuado lo anterior, identific\u00f3 los motivos de disenso planteados, entre los que observ\u00f3 una solicitud de invalidaci\u00f3n cimentada en el supuesto quebrantamiento del principio de non bis in idem, sobre la que dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no le asiste raz\u00f3n al recurrente habida consideraci\u00f3n que el Seccional de Instancia fue claro al se\u00f1alar que la falta del art\u00edculo 33-9 se imputaba como consecuencia de presuntos actos fraudulentos cometidos por el abogado inculpado en su relaci\u00f3n profesional con la quejosa, mientras que la del numeral 4 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, se configur\u00f3 por una retenci\u00f3n de dineros, aspectos completamente diferentes, m\u00e1s cuando el mismo legislador ha se\u00f1alado que el primero de los comportamientos se traduce en una falta contra la recta y leal realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del estado, mientras que la segunda corresponde a las faltas contra la honradez de los profesionales del derecho. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto en precedencia, es preciso anotar que la primera instancia decidi\u00f3 decretar la terminaci\u00f3n del procedimiento en lo que concierne a la falta del numeral 9\u00ba del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007, al verificar que en trat\u00e1ndose de hechos del a\u00f1o 2008, la acci\u00f3n disciplinaria se encontraba prescrita. <\/p>\n
Cosa distinta sucede con la falta consagrada en el art\u00edculo 35-4 del Estatuto Deontol\u00f3gico del Abogado, pues el apelante solicit\u00f3 en el ac\u00e1pite relativo a la nulidad que tambi\u00e9n debe decretarse la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pero esa solicitud no es procedente por cuanto dicha falta es de ejecuci\u00f3n continuada, es decir, que la misma se consuma en el momento en que el togado devuelve al cliente sus dineros, aspecto que no se verifica en este asunto y que el recurrente ha tratado de ventilar como un negocio comercial, cuando lo cierto es que esos dineros fueron recibidos en virtud de una gesti\u00f3n profesional y a la fecha no hay prueba de su devoluci\u00f3n, luego no se ha configurado ning\u00fan fen\u00f3meno prescriptivo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se adentr\u00f3 en el estudio del caso concreto, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los medios de convicci\u00f3n allegados oportuna y legalmente al infolio, permiten concluir a esta Superioridad que el togado aqu\u00ed disciplinado recibi\u00f3 unos dineros como consecuencia de esa gesti\u00f3n profesional, consistente en representarla en un proceso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal. <\/p>\n
Tal y como lo sostuvo la primera instancia, se puede concluir entonces que al abogado V\u00edctor Manuel Bravo Rodriguez le fueron entregados dos cheques por valor de $469.588.264 y $200.000.000, lo que arroja una sumatoria de $669.588.264, de los cuales fueron autorizados por la quejosa el descuento de: <\/p>\n
– $35.000.000 correspondientes al saldo de honorarios adeudado por la inconforme, de los que se advierte se adeudaban \u00fanicamente $30.000.000, pues recordemos que el pacto de honorarios era por $100.000.000, de los cuales la quejosa autoriz\u00f3 al inculpado descontar la suma de $70.000.000 de los $100.000.000 que le correspondieron de la liquidaci\u00f3n inicial de la sociedad conyugal <\/p>\n
– $100.000.000 destinados al pago del anticipo de honorarios del abogado Francisco Jose Vergara Carulla por su gesti\u00f3n en el proceso de lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
– $11.608.248 con los que se cancel\u00f3 la p\u00f3liza judicial para el proceso de lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las sumas autorizadas a descontar por la querellante arroja (sic) un valor de ciento cuarenta y seis millones seiscientos ocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos ($146.608.248), es decir, que continuaban bajo el poder del abogado inculpado la suma de quinientos veintid\u00f3s millones novecientos ochenta mil diecis\u00e9is pesos ($522.980.016) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo del material probatorio recaudado resalt\u00f3 que se hab\u00eda demostrado que Bravo Rodr\u00edguez \u00abrecibi\u00f3 unos dineros como consecuencia de la gesti\u00f3n profesional adelantada a favor de la querellante, sin que a la fecha haya procedido a la devoluci\u00f3n de ese dinero tal y como lo sostuvo la primera instancia y que asciende a la suma de(\u2026) $453.856.016\u00bb siendo obligaci\u00f3n del profesional del derecho \u00abhacer entrega inmediata del dinero recibido por virtud de la gesti\u00f3n encomendada por la quejosa\u00bb lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Frente a la antijuridicidad con la que obr\u00f3 el abogado sancionado, dijo <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el togado contrari\u00f3 el deber de actuar con honradez, que se encuentra consagrado en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlaci\u00f3n directa con lo dispuesto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007. Lo anterior por cuanto qued\u00f3 demostrado que el abogado investigado retuvo injustificadamente unos dineros que eran de propiedad de la quejosa y no procedi\u00f3 a devolverlos en el menor tiempo posible. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las conductas desplegadas por el togado denunciado se tornan indiscutiblemente antijur\u00eddicas, pues afectan de manera grave los principios con los que debe cumplirse la profesi\u00f3n de abogado y no tienen ninguna justificaci\u00f3n m\u00e1s cuando retuvo una sumas de dinero recibidas por virtud de una gesti\u00f3n profesional y no hizo entrega de las mismas a la querellante. <\/p>\n
Al evidenciarse entonces, la incursi\u00f3n del investigado en la falta consagrada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, confluyendo su actuar en una conducta contraria a la honradez profesional realizada en forma dolosa, pues es evidente el \u00e1nimo antijur\u00eddico con el que actu\u00f3 el profesional del derecho inculpado, pues era conocedor que su actuaci\u00f3n era contraria a derecho y no obstante ello decidi\u00f3 retener los dineros de propiedad de la denunciante (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, se ocup\u00f3 de la graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n determinada por la primera instancia, de la que dijo no se compadec\u00eda con la gravedad de la conducta desplegada por el aqu\u00ed accionante, lo que llev\u00f3 al representante del Ministerio P\u00fablico a interponer recurso de apelaci\u00f3n para que se modificara y que, en su lugar, se dispusiera la exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, luego de referirse al principio fundamental del derecho sancionatorio de la prohibici\u00f3n de reforma peyorativa cuando se es apelante \u00fanico, estim\u00f3 acertado el planteamiento del Procurador delegado indicando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Colegiatura considera que en este caso la sanci\u00f3n al profesional del derecho Bravo Rodr\u00edguez, debe ser la de exclusi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, para lo cual se desarrollar\u00e1 un an\u00e1lisis teniendo en cuenta los criterios establecidos en el art\u00edculo 45 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
En efecto, en punto a la sanci\u00f3n impuesta por la primera instancia, debido a que la misma desconoci\u00f3 los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, establecidos en el art\u00edculo 13 de la Ley 1123 de 2007 y en atenci\u00f3n a la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria en el proceso de individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, y a que no hay apelante \u00fanico en el caso objeto de examen, se acceder\u00e1 a lo peticionado por el Ministerio P\u00fablico y la misma debe ser la de exclusi\u00f3n en el ejercicio profesional. <\/p>\n
En este punto, es menester anotar que frente a la razonabilidad de la sanci\u00f3n, esta Colegiatura encuentra que su imposici\u00f3n obedece al comportamiento desplegado por el profesional del derecho, puesto que retuvo sin justificaci\u00f3n una suma de dinero derivada de un encargo profesional y no se hizo entrega de la misma en el menor tiempo posible como lo exige el Estatuto Deontol\u00f3gico del Abogado. <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 45 de la Ley 1123 de 2007, el juez disciplinario debe tener en cuenta unos criterios a la hora de graduar la sanci\u00f3n que en el presente caso se proceden a analizar as\u00ed: <\/p>\n
1. La trascendencia social de la conducta. Por supuesto que una conducta como la investigada tiene una trascendencia social que la Sala no puede desconocer, pues se trata de faltas contra la honradez que los abogados deben exponer en todas sus actuaciones. Este tipo de conductas son las que afectan de manera grave la imagen de la profesi\u00f3n entre el conglomerado social y es procedente sancionarlas de manera ejemplar. <\/p>\n
2. La modalidad de la conducta. La falta consignada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, referentes a la honradez con la que debe actuar un togado en el ejercicio de la profesi\u00f3n, es de comisi\u00f3n dolosa y por consiguiente al tenerse conocimiento por parte del disciplinado del actuar antijur\u00eddico y contrario a derecho se demuestra la voluntad de trasgredir el ordenamiento jur\u00eddico, por lo que este tipo de conductas deben sancionarse de manera ejemplar atendiendo a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. <\/p>\n
3. El perjuicio causado. En el caso objeto de estudio es evidente el perjuicio causado a la imagen de la profesi\u00f3n de abogado y por supuesto a la quejosa, a quien se le retuvo injustificadamente una importante suma de dinero derivado de una gesti\u00f3n profesional adelantada por el querellado. <\/p>\n
4. Las modalidades y circunstancias en que se cometi\u00f3 la falta, que se apreciar\u00e1n teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparaci\u00f3n. En este punto es evidente que el profesional del derecho inculpado ten\u00eda conocimiento de su proceder irregular, que retuvo de manera no justificada unos dineros derivados de una gesti\u00f3n profesional, situaci\u00f3n que se encuentra debidamente demostrada en el plenario con los medios de prueba que obran en el mismo. <\/p>\n
5. Los motivos determinantes del comportamiento. En este aspecto resulta importante precisar que el abogado aqu\u00ed disciplinado se aprovech\u00f3 injustificadamente del desconocimiento que la quejosa ten\u00eda en cuanto a la gesti\u00f3n encomendada. Se vali\u00f3 igualmente de este desconocimiento para retener los dineros a los que se ha hecho referencia a lo largo de este prove\u00eddo <\/p>\n
Concluyendo que \u00abla sanci\u00f3n impuesta por el juez de primera instancia al abogado V\u00edctor Manuel Bravo Rodr\u00edguez no se ajusta a derecho, y tampoco cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, por lo cual debe modificarse para en su lugar aplicar la exclusi\u00f3n en el ejercicio profesional\u00bb. <\/p>\n
Es claro que la sentencia objeto de reproche est\u00e1 debidamente sustentada pues en ella se indicaron las razones por las cuales se encontr\u00f3 acreditada la falta disciplinaria que dio origen a la actuaci\u00f3n en contra del gestor del resguardo y que motivaron su exclusi\u00f3n del ejercicio de la abogac\u00eda. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, pues la corporaci\u00f3n querellada fundament\u00f3 su determinaci\u00f3n en un an\u00e1lisis razonable y motivado de las pruebas allegadas al expediente y del precedente jurisprudencial aplicable, amparado en el principio de la autonom\u00eda judicial, sin que la inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado sea causa suficiente para habilitar el amparo, pues frente a ello ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que la Sala pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial. <\/p>\n
4.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Finalmente, frente al argumento del gestor, de que su debido proceso se vio menoscabado por cuanto no se le brind\u00f3 la oportunidad de impugnar el fallo de segundo grado a trav\u00e9s del mecanismo de la doble conformidad, considera la Corte que el mismo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, entendido este como la exigencia de agotar, al interior de la actuaci\u00f3n censurada, todos los medios de defensa antes de acudir al resguardo. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto esta herramienta, dada su naturaleza extraordinaria, no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el material de convicci\u00f3n obrante, no se observa que Bravo Rodr\u00edguez hubiere propuesto esa impugnaci\u00f3n excepcional ante la autoridad disciplinaria de segundo grado y con ello permitirle emitir un pronunciamiento, en el marco de sus competencias, sobre la viabilidad de concederla o no. <\/p>\n
Sin embargo, pese a tener la aludida v\u00eda expedita, el interesado prefiri\u00f3 acudir a esta particular senda buscando, por un lado, la revisi\u00f3n de unas decisiones que le fueron desfavorables y, por otro, el otorgamiento de un medio de opugnaci\u00f3n que ni siquiera formul\u00f3 al interior de la actuaci\u00f3n cuestionada, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para zanjar pedimentos que deben ser propuestos y resueltos en el respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
Entonces, el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad refuerza la inviabilidad del resguardo deprecado, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que es deber del interesado agotar todas las herramientas de defensa, previo a ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
5. Precisi\u00f3n final <\/p>\n
No se ocupar\u00e1 la Sala de la impugnaci\u00f3n formulada por Jairo Jos\u00e9 Medina M\u00e9ndez, quien dijo actuar como \u00abpresidente de la Red de Veedur\u00edas de la Orinoqu\u00eda y en representaci\u00f3n de la Veedur\u00eda Eficiencia y Transparencia por el Meta y la Orinoqu\u00eda\u00bb, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa para intervenir en la presente acci\u00f3n de tutela pues la actuaci\u00f3n y decisiones recriminadas, solo incumben a quienes intervinieron en el proceso disciplinario, valga decir, las autoridades judiciales que adelantaron la actuaci\u00f3n, los sujetos procesales y quien formul\u00f3 la queja y, de lo recopilado, no se evidencia que aquella persona tenga alguna de dichas calidades. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar, denegar el resguardo porque: <\/p>\n
6.1. Lo pretendido por el demandante es imponer un determinado criterio sustituyendo a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
6.2. El actor debe formular la solicitud de doble conformidad ante la autoridad disciplinaria competente, a efectos de que ella, en el marco de sus competencias se pronuncie sobre su concesi\u00f3n; es decir, el presente amparo desatiende el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
6.3. Como consecuencia de la prosperidad de la impugnaci\u00f3n, quedan sin valor y efecto las actuaciones desplegadas por la colegiatura convocada en cumplimiento de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00356-01 <\/p>\n
Con total respeto por lo decidido por esta Sala, con estas breves l\u00edneas consigno mi salvamento. <\/p>\n
Sobre el particular, estimo que el debate frente a los jueces naturales no ha terminado. As\u00ed las cosas, el juez de tutela no podr\u00eda obviar este necesario contencioso. <\/p>\n
Incluso, si se aceptase que -residualmente- esta Sala s\u00ed debi\u00f3 pronunciarse de fondo, considero que no est\u00e1 absolutamente acreditado que la conducta cuestionada sea disciplinable. En efecto, en el caso concreto, tal conducta sub examine deber\u00eda ser englobada por otras herramientas, remedios y sanciones jur\u00eddicas (p.e. responsabilidad contractual). <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior dejo sustentado mi salvamento en relaci\u00f3n con el fallo de la referencia. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-30-000-2021-00356-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que suscribieron la sentencia, consideramos que la protecci\u00f3n conferida al accionante en primera instancia debi\u00f3 respaldarse, comoquiera que, contrario a lo expuesto en la resoluci\u00f3n de la que nos apartamos, la condena emitida en su contra por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no es razonable. Esto, porque lo enjuici\u00f3 por una conducta que no es t\u00edpica de un abogado y, por tanto, no pod\u00eda ser juzgada bajo el estatuto disciplinario previsto en la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Dicho r\u00e9gimen est\u00e1 dirigido exclusivamente a regular la actividad que los togados despliegan en esa condici\u00f3n. De suerte que para predicar la responsabilidad por alguna de las faltas all\u00ed establecidas no bastar\u00e1 que el sujeto disciplinable tenga la calidad comentada, ser\u00e1 necesario, adem\u00e1s, que las conductas que hubiese ejecutado y por las cuales se le juzga obedezcan a su gesti\u00f3n como tal. Cualquier acto que no cumpla con esas caracter\u00edsticas quedar\u00e1 por fuera del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de esas directrices. <\/p>\n
En ese sentido, el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1123 de 2007 establece: <\/p>\n
Corresponde al Estado, a trav\u00e9s de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conocer de los procesos que por la comisi\u00f3n de alguna de las faltas previstas en la ley se [sic] adelanten contra los abogados en ejercicio de su profesi\u00f3n. <\/p>\n
El canon 19 ib\u00eddem, por su parte, consagra que <\/p>\n
Son destinatarios de este c\u00f3digo los abogados en ejercicio de su profesi\u00f3n que cumplan con la misi\u00f3n de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jur\u00eddicas, tanto de derecho privado como de derecho p\u00fablico, en la ordenaci\u00f3n y desenvolvimiento de sus relaciones jur\u00eddicas as\u00ed se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesi\u00f3n y quienes act\u00faen con licencia provisional. <\/p>\n
Se entienden cobijados bajo este r\u00e9gimen los abogados que desempe\u00f1en funciones p\u00fablicas relacionadas con dicho ejercicio, as\u00ed como los curadores ad litem. Igualmente, lo ser\u00e1n los abogados que en representaci\u00f3n de una firma o asociaci\u00f3n de abogados suscriban contratos de prestaci\u00f3n de servicios profesionales a cualquier t\u00edtulo (se destaca). <\/p>\n
En el caso, la autoridad accionada perdi\u00f3 de vista esa circunstancia, pues lo responsabiliz\u00f3 con base en aquellas directrices sin parar mientes en que los hechos que se reprocharon al promotor son extra\u00f1os a su gesti\u00f3n como profesional del derecho. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Colegiatura denunciada consider\u00f3 que V\u00edctor Manuel Bravo Rodr\u00edguez cometi\u00f3 la falta consagrada en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado1, debido a que retuvo parte de las sumas que percibi\u00f3 con ocasi\u00f3n del encargo que le encomend\u00f3 Martha Patricia Ram\u00edrez Bonilla, en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad de conyugal que aquella le promovi\u00f3 a Flavio Molina Trujillo. Sin embargo, la Magistratura querellada dej\u00f3 de lado que dicha conducta es extra\u00f1a a esa gesti\u00f3n y, por ende, no pod\u00eda ser objeto de una causa disciplinaria, toda vez que se realiz\u00f3 despu\u00e9s de cumplido aquel mandato y en desarrollo del acuerdo comercial que con posterioridad celebraron. <\/p>\n
En efecto, de las diligencias confutadas, en especial de las atestaciones plasmadas por Martha Ram\u00edrez en la denuncia que formul\u00f3 contra el actor, y los documentos asociados a la entrega de los montos retenidos, se observa que, finiquitado el proceso, aquella vendi\u00f3 a su expareja uno de los inmuebles que se le adjudicaron en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, por la suma de $900.000.000. De ese valor, luego de descontar los gastos de escrituraci\u00f3n y registro, recibi\u00f3 tres cheques para un total de $897.959.264, los cuales entreg\u00f3 al aqu\u00ed gestor, autoriz\u00e1ndolo para que, entre otros aspectos, hicieran \u201cnegocios como constituir sociedades, compraventas y dem\u00e1s\u201d (fls. 1, 102 a 114, 126 y 127, Cuaderno No. 1 Expediente disciplinario). <\/p>\n
Por ese camino, se destaca que Ram\u00edrez Bonilla expuso al denunciar al querellante: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3. Entre la suma de dinero recibida a t\u00edtulo de venta finca Tierra Prometida a FLAVIO MOLINA TRUJILLO recib\u00ed los siguientes t\u00edtulos valores representados en cheques, as\u00ed: Cheque No. 3897490 del Banco Bogot\u00e1 por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($469.568.264,00) MCTE; Cheque No. 0000407 del Banco BBVA por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) MCTE y Cheque No. 0000408 del BBVA por valor de DOSCIENTOS VENTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($228.390.000,00) MOTE, para un valor total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($897.959.264,00) MCTE. <\/p>\n
4. El d\u00eda 09 de febrero de 2009, entregu\u00e9 los t\u00edtulos valores antes referenciados al abogado V\u00cdCTOR MANUEL BRAVO RODR\u00cdGUEZ y en el recibo de soporte, autoric\u00e9 para que de aquella suma de dinero, el doctor BRAVO RODR\u00cdGUEZ descontara la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) MCTE. <\/p>\n
5. La raz\u00f3n por la cual le hice entrega de los cheques mencionados en el numeral 3, fue que por asesor\u00eda del abogado VICTOR MANUEL BRAVO RODRIGUEZ, me manifest\u00f3 que yo no pod\u00eda abrir una cuenta bancaria con esas sumas de dinero porque la DIAN me investigaba, que m\u00e1s bien le entregara cheques que \u00e9l se encargar\u00eda de abrir una cuenta, lo que en efecto hizo, con el cheque de $228.391.000,00. <\/p>\n
6. Posteriormente a esto, el doctor BRAVO RODR\u00cdGUEZ me propuso que invirtiera esos dineros y que hici\u00e9ramos negocios como constituir sociedades, compraventas y dem\u00e1s; entre esos negocios me coment\u00f3 de la posibilidad de comprar una finca que estaba embargada por un Juzgado de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito. Me manifest\u00f3 que era un remate por valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($199.248.000,00) MCTE, y como \u00e9l ten\u00eda el dinero lo autorice verbalmente para que hiciera los tramites respectivos para la compra de la finca. El abogado nunca me present\u00f3 documento alguno para dicho tr\u00e1mite, pero si me informo que la finca se hab\u00eda comprado (se enfatiza). <\/p>\n
En adici\u00f3n, Ram\u00edrez Bonilla reconoci\u00f3 que ten\u00eda un contador para sus negocios y, en esa medida, el aducido aprovechamiento del accionante para prevalecerse de su ignorancia, resulta comprometido, pues una persona con un buen patrimonio, haciendo gala de un \u201cbuen padre de familia\u201d para cuidarlo, busca ese tipo de profesionales para tener claro del devenir de sus haberes, no pudiendo derivar de ello un dolo o mala fe, m\u00e1xime si, para la venta de inmuebles, no se requiere ser abogado para entender sus pormenores. <\/p>\n
Como puede verse, la conducta que provoc\u00f3 la investigaci\u00f3n del impulsor -retenci\u00f3n de un capital de quien fuera su cliente- la ejecut\u00f3 como un particular m\u00e1s, despojado de los deberes que la ley le impon\u00eda como profesional del derecho. <\/p>\n
Ahora, el tema motivo de controversia tambi\u00e9n ata\u00f1e a la adquisici\u00f3n en un remate de una heredad, por parte de Ram\u00edrez Bonilla, en donde, seg\u00fan se alega, el actor, de manera inconsulta, tom\u00f3 el dinero dado por aqu\u00e9lla para la almoneda, figurando, junto a ella, como propietario del predio, con fundamento en unos documentos espurios. <\/p>\n
En cuanto a dichos cartularios, no se observa en la motivaci\u00f3n de la sentencia de Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reproche alguno, m\u00e1xime si no hay cargos sobre ese aspecto concreto, pues la conducta endilgada se relacionaba con la retenci\u00f3n de dineros obtenidos en un proceso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, los cuales, se reitera, no se obtuvieron en la forma referida en el fallo de esa corporaci\u00f3n, contrario sensu, surgieron de una de venta posterior a ese ritual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como lo denunci\u00f3 el precursor, la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurri\u00f3 en desafuero al sancionarlo por ese hecho, el cual, aunque eventualmente tuviera repercusiones en el campo civil o comercial, no debi\u00f3 tenerlas en el \u00e1mbito disciplinario. De all\u00ed que era evidente la viabilidad del amparo a fin de restaurar sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
Entonces, dado que, a nuestro juicio, la conducta realizada por V\u00edctor Bravo Rodr\u00edguez, a prop\u00f3sito de los dineros que retuvo de Martha Patricia Ram\u00edrez, escapaban del control disciplinario de la judicatura, toda vez que no la ejecut\u00f3 como abogado, debi\u00f3 mantenerse el amparo que se le otorg\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejamos consignada nuestra diferencia. <\/p>\n
Fecha, ut supra, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u201cNo entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo\u201d. <\/p>\n
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STC12211-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12211-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00356-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). De conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57624","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57624"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57624\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}