STC12219-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12219-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03095-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luly Jaqueline Forero Cort\u00e9s contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado de Familia de Soacha, as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3 el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, \u00abIGUALDAD\u00bb y \u00abM[\u00cd]NIMO VITAL\u00bb, presuntamente conculcadas por la colegiatura requerida. <\/p>\n
De modo concreto, que se ordene restar valor a lo sentenciado en segunda instancia dentro del dossier n.\u00b0 \u00ab2018-00876\u00bb para, por consiguiente, conferir una \u00abcuota de alimentos\u00bb a su favor. <\/p>\n
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2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado de Familia de Soacha se surti\u00f3 el descrito consecutivo, impulsado por demanda que instaurara la titular del resguardo contra Carlos Arturo Contreras Murillo, en procura de obtener i) la declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre los contendientes, del 1\u00b0 de febrero de 1992 al 30 de mayo de 2018, ii) la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la misma sociedad, m\u00e1s iii) el otorgamiento de alimentos a cargo del enjuiciado. <\/p>\n
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2. De la contienda all\u00ed desatada provino fallo mediante el cual la dependencia judicial cognoscente accedi\u00f3 a las prenotadas pretensiones, el 25 de marzo de la anualidad en curso, declarando disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad patrimonial. <\/p>\n
3. Sin embargo, tal decisi\u00f3n fue revocada parcialmente por el Tribunal repelido con ocasi\u00f3n de su veredicto emitido el 10 de agosto postrero, en lo que alberg\u00f3 el objeto de la apelaci\u00f3n interpuesta por el extremo demandado y, as\u00ed las cosas, hubo de desestimar la asignaci\u00f3n alimentaria fijada por el juez a-quo a favor de la tutelante (demandante) en cuant\u00eda de $200.000 mensuales.1 <\/p>\n
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4. La promotora del pedido de amparo adujo, en compendio, una vulneraci\u00f3n a partir de lo dirimido por la corporaci\u00f3n encartada, en punto a suprimir los alimentos reconocidos en primera instancia. <\/p>\n
De un lado, pues se desconoci\u00f3 que desde hace 10 a\u00f1os se encuentra en continuo \u00abtratamiento por MIOP[\u00cd]A DEGENERATIVA\u00bb, patolog\u00eda que la conllevar\u00eda a estar \u00absiempre (\u2026) acompa\u00f1ada\u00bb, dada su \u00abincapacidad laboral absoluta\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en tanto se dio al traste con el principio de \u00absolidaridad\u00bb entre los c\u00f3nyuges y compa\u00f1eros permanentes, propicio para su caso toda vez que prob\u00f3 hallarse en una \u00absituaci\u00f3n [econ\u00f3mica] lamentable y con la imposibilidad de generar [el] propio sustento\u00bb, como efecto de la mencionada afecci\u00f3n visual. <\/p>\n
Finalmente, porque se rehus\u00f3 dar cr\u00e9dito a los hechos de violencia por ella alegados en interrogatorio. <\/p>\n
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1. Agreg\u00f3 que pese a \u00abser(\u2026) posible intentar la [c]asaci\u00f3n\u00bb, dicho recurso denota costo y tiempo que no le es dable asumir, de donde s\u00f3lo cuenta con el dispositivo tutelar. <\/p>\n
1. Esta Sala de la Corte admiti\u00f3 el libelo supralegal, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor y llam\u00f3 a rendir los informes de que trata el canon 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DEL CONVOCADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, defendi\u00f3 la pertinencia de su determinaci\u00f3n, misma a la que dijo estarse. <\/p>\n
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2. El Juzgado de Familia de Soacha esboz\u00f3 carecer de argumentos para disentir de lo fallado por su superior funcional. <\/p>\n
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3. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
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2. Por el demarcado trasegar, en los precisos casos en que el funcionario de conocimiento incurra en una actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez de amparo con el fin de recuperar el orden jur\u00eddico si la persona afectada no dispone de otro medio de respaldo judicial. <\/p>\n
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Al respecto, en este nivel se ha manifestado que, <\/p>\n
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\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
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En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
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3. Ahora, de cara al sub examine, vale la pena precisar que el requisito de subsidiariedad se halla satisfecho, puesto que, en \u00faltimas, el debate de apelaci\u00f3n suscitado ante el Tribunal acusado gravit\u00f3 en torno a una disputa de alimentos, que no a la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho (ni mucho menos a la de sociedad patrimonial) reclamada por la tutelante en el enjuiciamiento verbal n.\u00b0 \u00ab2018-00876\u00bb, que ella instaurara frente a Carlos Arturo Contreras Murillo. <\/p>\n
Circunstancia de donde es inviable el recurso de casaci\u00f3n contra lo sentenciado desde la corporaci\u00f3n judicial fustigada, m\u00e1xime si, it\u00e9rese, sobre la uni\u00f3n marital no hubo discordia y, por ende, tampoco fue objeto de alzada lo dirimido al respecto. <\/p>\n
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4. Hecha la anterior precisi\u00f3n, se procede a auscultar en sus cimientos la sentencia dimanada del Tribunal accionado (10 ag. 2021), por albergar, como se dijo, el objeto del embate superlativo. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo pertinente, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)En relaci\u00f3n con los alimentos entre compa\u00f1eros permanentes la Corte Constitucional en sentencia C-117 de 29 de abril de 2021, expediente D-13761, M.P. Dr. Alejandro Linares Cantillo, extendi\u00f3 a las uniones maritales de hecho el reconocimiento de alimentos a las mujeres que son v\u00edctimas de violencia intrafamiliar, dada la igualdad existente entre mujeres parte de un matrimonio y mujeres parte de una uni\u00f3n marital, en atenci\u00f3n [al] d\u00e9ficit de protecci\u00f3n de las mujeres v\u00edctimas de violencia intrafamiliar, tanto en el matrimonio, reconocido en la sentencia SU-080 de 2020, como en la uni\u00f3n marital de hecho, reconocido en la sentencia C-117 de 2021. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[C]on el prop\u00f3sito de proteger el derecho a la igualdad de la mujer frente a escenarios de violencia, defini\u00f3 un m\u00ednimo de protecci\u00f3n para las compa\u00f1eras permanentes, raz\u00f3n por la cual declar\u00f3 la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 411-4 del C\u00f3digo Civil, garantizando que las mujeres parte de una uni\u00f3n marital v\u00edctimas de violencia intrafamiliar o cualquiera de las conductas descritas en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, puedan acceder al resarcimiento o reparaci\u00f3n integral mediante la solicitud de alimentos dentro del proceso que corresponda. <\/p>\n
\u201c104. En este contexto, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la expresi\u00f3n. \u201cd\u00e9ficit de protecci\u00f3n\u201d para denominar aqu\u00e9l vac\u00edo del r\u00e9gimen que desampara a individuos cuya protecci\u00f3n es un imperativo constitucional. Pese a que, en principio, la identificaci\u00f3n de un vac\u00edo ha llevado a la Corte a exhortar al legislativo, con el fin de obtener una regulaci\u00f3n, tal llamado en el presente caso se considera insuficiente. <\/p>\n
105. No cabe duda de que en el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, considerando que (i) se extiende el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n declarado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-080 de 2020; y (ii) el tratamiento diferenciado representa un notable vac\u00edo en materia de mecanismos para sancionar la violencia intrafamiliar la que son sometidas las compa\u00f1eras permanentes. Este grupo no puede acceder efectivamente a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado y, por ello, este tribunal considera que es necesario definir un m\u00ednimo de protecci\u00f3n, sin perjuicio de a futuro el Legislador expida una regulaci\u00f3n al respecto y que, entre otras cuestiones, podr\u00eda definir la manera de acceder a esta reparaci\u00f3n, siempre que materialice el marco normativo aplicable y los fundamentos se\u00f1alados en este sentencia, materializando un enfoque estructural y transformador que permita atacar las causas sistem\u00e1ticas de la violencia de g\u00e9nero contra la mujer. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
109. Ante esta situaci\u00f3n, basado en el respeto del tribunal constitucional a la amplia potestad de configuraci\u00f3n del Legislador en el dise\u00f1o y regulaci\u00f3n de los tipos de familia, la Corte declarar\u00e1 la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 411 numeral 4\u00ba, con el objetivo de ampliar el margen de protecci\u00f3n de las mujeres. De esta manera, se dispondr\u00e1 el reconocimiento igualitario de los alimentos, por resultar dicha situaci\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para las mujeres parte de una uni\u00f3n marital de hecho, como una manera de establecer un mecanismo de reparaci\u00f3n integral justo y eficaz a la mujer v\u00edctima de violencia por parte de su pareja, como se se\u00f1ala a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
110. En este punto, se\u00f1ala este tribunal que si en gracia de discusi\u00f3n se considera un potencial desconocimiento por parte de esta Sala de las particularidades del matrimonio civil y el r\u00e9gimen jur\u00eddico que resulta aplicable en el divorcio, que conlleva a la anulaci\u00f3n de la voluntad de las partes quienes, precisamente, decidieron libremente no acogerse a las reglas del matrimonio y sujetarse a las de la uni\u00f3n marital de hecho; dicha posici\u00f3n que conlleva a un respeto profundo por la libertad de los individuos de someterse o crear una familia en el marco de lo dispuesto en el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n, perpetua la desprotecci\u00f3n a la que se encuentran sometidas las mujeres v\u00edctimas de violencia intrafamiliar en el marco de una uni\u00f3n marital de hecho. El art\u00edculo 13, 42 y la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1, como se se\u00f1al\u00f3 no admiten dicha lectura, la cual resulta inconstitucional y violatoria de los derechos de las mujeres v\u00edctimas de violencia intrafamiliar.\u201d <\/p>\n
Conforme a la anterior nota jurisprudencial, resulta claro que la Corte Constitucional reconoce alimentos a las mujeres parte de uni\u00f3n marital de hecho, v\u00edctimas de violencia intrafamiliar; n\u00f3tese como (\u2026) se limita el reconocimiento de alimentos a las mujeres v\u00edctimas de violencia intrafamiliar, aspecto que no se vislumbra en el presente caso, dado que la actora en su demanda no refiri\u00f3 violencia alguna por parte del demandado, pues s[\u00f3]lo refiere que \u00e9ste abandon\u00f3 el domicilio de la uni\u00f3n marital… <\/p>\n
Se sigue de lo dicho, que la demandante no tiene derecho a que su excompa\u00f1ero le provea alimentos teniendo en cuenta su estado de salud, pues no fue v\u00edctima de violencia intrafamiliar, como lo determina la Corte Constitucional en la sentencia arriba trascrita\u2026 <\/p>\n
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5. Puestas as\u00ed las cosas, y trat\u00e1ndose del reproche iusfundamental referente al desconocimiento del principio de solidaridad entre c\u00f3nyuges y compa\u00f1eros permanentes, pronto se vislumbra la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, no habiendo necesidad de abordar los dem\u00e1s ataques, por sustracci\u00f3n de materia, si de relieve se coloca que la violencia aqu\u00ed inferida tampoco aglutin\u00f3 t\u00f3pico de discusi\u00f3n en la primera instancia del litigio. <\/p>\n
Tocante a la apertura del amparo, refulge di\u00e1fano que el juzgador acusado opt\u00f3 por revocar la estipulaci\u00f3n alimentaria en favor de la accionante sin analizar adecuadamente los reparos de la apelaci\u00f3n que suscit\u00f3 su pronunciamiento judicial, recurso a trav\u00e9s del cual la parte demandada en el litigio disentido esboz\u00f3, a la postre \u2013como se resalt\u00f3 en el fallo criticado\u2013, la supuesta no obligatoriedad del principio de solidaridad entre los compa\u00f1eros permanentes y, asimismo, la aparente estabilidad econ\u00f3mica de aquella. <\/p>\n
Como en lugar de atender los verdaderos puntos de inconformidad contra el veredicto de primera instancia dispuso analizar si en el caso concreto hubo o no violencia intrafamiliar, el colegiado de Cundinamarca incurri\u00f3 en una falta de motivaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando, tal cual ha quedado dilucidado, el contorno de la apelaci\u00f3n no vers\u00f3 sobre ese punto (el de la violencia), sino frente a la posibilidad o no de que el demandado (apelante) se mantuviera \u201cobligado\u201d a proveer alimentos en favor de la demandante; contexto bajo el que el juez de alzada debi\u00f3 haber respetado el \u00e1mbito general de su propia competencia, acorde a los par\u00e1metros delineados en los c\u00e1nones 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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1. Total, el aut\u00e9ntico fundamentar de los jueces, en palabras de esta Corte, equivale a \u00ab(\u2026)un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en STC10798-2018, rad. 2018-00102-02). <\/p>\n
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2. Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026 En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026 Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0). <\/p>\n
\u2026 La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (\u00c9nfasis ajeno – CC T-214\/12). <\/p>\n
En ese marco de factores, toda seria falencia de motivaci\u00f3n \u00absupone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales\u00bb, dirigido a divulgar \u00ablas razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan\u00bb sus providencias (SU-635\/15). <\/p>\n
6. Para complementar, n\u00f3tese que esta Sala de la Corte ha sostenido en asuntos con cierta simetr\u00eda al de marras, con relaci\u00f3n a los alimentos entre c\u00f3nyuges y compa\u00f1eros permanentes, lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) [T]rat\u00e1ndose de compa\u00f1eros o de c\u00f3nyuges al margen de la culpabilidad o del elemento subjetivo que puede imputarse a su conducta para efectos de la terminaci\u00f3n de su vida de pareja, as\u00ed esa extinci\u00f3n se surta con respecto al v\u00ednculo solemne o meramente consensual; sin duda, pueden reclamarse alimentos entre s\u00ed, cuando uno de los compa\u00f1eros o c\u00f3nyuges se encuentre en necesidad demostrada, salvo las limitaciones que imponen los casos de \u201cinjuria grave o atroz\u201d. <\/p>\n
De tal forma que los alimentos postruptura conyugal, marital, conviviente; postdivorcio o postcesaci\u00f3n matrimonial para la pareja que, sin distingos de raza, color, sexo, religi\u00f3n, constituy\u00f3 una familia, corresponden a un r\u00e9gimen excepcional, el cual de ning\u00fan modo puede ser ajeno el juez en el Estado de Derecho Constitucional y Social. Por supuesto, que en el caso, de las uniones de hecho, ante las intermitencias y veleidades de algunas de ellas, el juez debe analizar los tiempos de permanencia de la convivencia (por ejemplo, la del caso concreto super\u00f3 los veinte a\u00f1os), esto es, su duraci\u00f3n; los roles de la pareja, la situaci\u00f3n patrimonial, el estado de salud o enfermedades graves, la edad de las partes, las posibilidades de acceso al mercado laboral del necesitado, la colaboraci\u00f3n prestada a las actividades del otro, las responsabilidades en la econom\u00eda del hogar, etc. <\/p>\n
Se trata tambi\u00e9n de la solidaridad posterminaci\u00f3n, que mediante juicios de inferencia analiza en cada situaci\u00f3n de hecho el juez, sin que se trate de una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os o de enriquecimiento injusto, o de la construcci\u00f3n de un r\u00e9gimen sancionatorio o culpabil\u00edstico, como consecuencia de actos antijur\u00eddicos, como los tocantes con la regla 411 del numeral 4 del C.C. colombiano vigente. Incumbe a un tratamiento singular y extraordinario, \u201cno com\u00fan ni habitual\u201d de las prestaciones alimentarias entre la pareja que da por terminada su convivencia, coherente con el concepto de Estado Constitucional y social de derecho, que defiende la familia, el socorro, la ayuda mutua, la \u00e9tica social y familiar en las relaciones familiares de pareja y en la buena fe en la celebraci\u00f3n de los negocios o actos jur\u00eddicos familiares como los concernientes a los acuerdos de una pareja que edificara una familia, frente a la regla general de la cesaci\u00f3n de toda obligaci\u00f3n rec\u00edproca entre excompa\u00f1eros o exc\u00f3nyuges. No emerge, por consiguiente\u2026, como sanci\u00f3n o castigo, ni como fuente de enriquecimiento para el necesitado; sino que brota de las entra\u00f1as del Estado Constitucional fincado en valores, principios y derechos, anclado en una axiolog\u00eda desde la estructura jur\u00eddica y \u00e9tica de la familia, ante la fragilidad, la debilidad, el desamparo o la incapacidad vital, como puede quedar uno de los convivientes, que por tanto, reclama una hermen\u00e9utica humanitaria y fraterna, desde la \u00f3ptica de la solidaridad familiar, de la equidad y de la \u00e9tica. <\/p>\n
Por consiguiente, para la determinaci\u00f3n de la cuota alimentaria, tal cual se anticip\u00f3, el juez debe entonces, observar elementos tales como la posibilidad de la reinserci\u00f3n laboral del c\u00f3nyuge o compa\u00f1era alimentario, su edad, el n\u00famero de hijos, la calificaci\u00f3n laboral que se posea, la dignidad humana, acorde con las condiciones que se ten\u00edan antes de la ruptura o terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n; y por supuesto, la capacidad econ\u00f3mica del obligado y sus propias necesidades y obligaciones alimentarias frente a quienes dependen de \u00e9l; sin que ahora se predique que se trata de la continuaci\u00f3n de la uni\u00f3n postdisoluci\u00f3n, o del surgimiento de una carga prestacional eterna, sino dependiente de la permanencia o vigencia de la necesidad del alimentario y de la capacidad del obligado; pues puede extinguirse porque si se prueba la desaparici\u00f3n de la necesidad del acreedor o la capacidad del deudor, en fin, reviste una naturaleza diferente a la erigida con fundamento en la relaci\u00f3n inocencia-culpabilidad, encofrado y detonante de la causal 4 del art. 411 del C.C., citado.\u2026 (Destacado con intenci\u00f3n \/ CSJ STC6975, 4 jun. 2019, rad. 00591-00; reiterada en STC9870-2020,11 nov., rad. 02944-00; y citada en STC1512, 19 feb. 2021, rad. 00005-01). <\/p>\n
De forma que es errado el entendimiento del Tribunal Superior de Cundinamarca, si lo que quiso sugerir, a partir de la cita que hizo sobre la sentencia CC C-117\/21, es que el reconocimiento de alimentos entre c\u00f3nyuges y compa\u00f1eros permanentes s\u00f3lo se resume a los eventos de violencia intrafamiliar, m\u00e1xime cuando tal fallo de constitucionalidad debe analizarse desde una perspectiva amplificadora de derechos, mas no restrictiva. <\/p>\n
<\/p>\n
7. No en vano, la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la sentencia C-1033\/022, sobre la naturaleza del derecho de alimentos, doctrin\u00f3: <\/p>\n
Entre las caracter\u00edsticas que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la obligaci\u00f3n alimentaria se tienen las siguientes(\u2026): <\/p>\n
<\/p>\n
a. La obligaci\u00f3n alimentaria no es una que difiera de las dem\u00e1s de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jur\u00eddica y una situaci\u00f3n de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligaci\u00f3n alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros m\u00e1s cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. <\/p>\n
<\/p>\n
c. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. <\/p>\n
<\/p>\n
d. La obligaci\u00f3n de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protecci\u00f3n efectiva, por cuanto el ordenamiento jur\u00eddico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del C\u00f3digo Civil); el concepto de la obligaci\u00f3n, las v\u00edas judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del C\u00f3digo del Menor), y el tr\u00e1mite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 C\u00f3digo de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al beneficiario de la prestaci\u00f3n alimentaria hacer efectiva su garant\u00eda, cuando el obligado elude su responsabilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
A partir de las anteriores consideraciones se ha concluido que cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley le obliga, ello con fundamento en el principio de solidaridad, seg\u00fan el cual los miembros de la familia tienen la obligaci\u00f3n de procurar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no est\u00e1n en capacidad de asegur\u00e1rsela por s\u00ed mismos. <\/p>\n
Por ello, la obligaci\u00f3n alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio constitucional de la solidaridad\u2026, del cual se derivan obligaciones y cargas susceptibles de ser reclamados coercitivamente y con el apoyo del Estado, como del principio de equidad, en la medida en que \u201ccada miembro es obligado y beneficiario rec\u00edprocamente\u201d\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De este modo, una interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil obliga concluir que si la obligaci\u00f3n alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, seg\u00fan el cual los miembros de la familia tienen la obligaci\u00f3n de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no est\u00e1n en capacidad de asegur\u00e1rsela por s\u00ed mismos, y la uni\u00f3n marital de hecho al igual que el matrimonio est\u00e1 cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los compa\u00f1eros permanentes frente a quienes celebraron contrato de matrimonio, por el simple origen del v\u00ednculo familiar, m\u00e1s aun teniendo en cuenta la expresa prohibici\u00f3n que hace el art\u00edculo 13 Superior. <\/p>\n
<\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n en sentido contrario permitir\u00eda presumir que las personas que constituyen una uni\u00f3n marital de hecho pretenden evadir responsabilidades, contraviniendo con ello el principio de que a todas las personas que forman una familia se les exige un comportamiento responsable, sin importar la forma que ella asuma, el cual puede ser exigido incluso judicialmente. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, debe precisarse que los compa\u00f1eros permanentes s\u00f3lo podr\u00e1n exigir el derecho alimentario, hasta que est\u00e9 demostrada su condici\u00f3n de integrantes de la uni\u00f3n marital de hecho, puesto que debe existir certeza que quien dice ser compa\u00f1ero permanente lo sea en realidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Demostrada la inconstitucionalidad del numeral acusado habr\u00eda lugar a declarar su inexequibilidad, caso en el cual la Corte Constitucional actuar\u00eda como un simple legislador negativo y no como el \u00f3rgano a quien el Constituyente en el Estado social de derecho confi\u00f3 la guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n. Por ello en aplicaci\u00f3n del principio de conservaci\u00f3n del derecho y en aras de respetar el principio democr\u00e1tico y garantizar la seguridad jur\u00eddica, se proferir\u00e1 una sentencia integradora\u2026, que permita mantener en el ordenamiento jur\u00eddico dicha disposici\u00f3n del C\u00f3digo Civil pero condicionando su exequibilidad a una interpretaci\u00f3n que respete los valores, principios y derechos consagrados en el ordenamiento superior. Esto es, que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil se ajusta a la Constituci\u00f3n, siempre y cuando se entienda que dichas normas tambi\u00e9n se aplican a los compa\u00f1eros permanentes\u2026 (Se recalc\u00f3). <\/p>\n
De la anterior glosa se desprende, pues, que la Corte Constitucional no restringi\u00f3 el derecho de alimentos entre c\u00f3nyuges y compa\u00f1eros permanentes s\u00f3lo a los escenarios de violencia intrafamiliar, como parece comprenderlo el Tribunal confutado, sino que tambi\u00e9n ha hecho hincapi\u00e9 en el principio de solidaridad que caracteriza a estos tipos de relaciones tanto en C-1033\/02 como por senda de revisi\u00f3n de tutela, poni\u00e9ndose a manera de ejemplo, entre otras, las providencias T-467\/153 y T-559\/174. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Se impone, entonces, abrir paso a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el operador judicial recriminado, sumido en ausencia de motivaci\u00f3n, olvid\u00f3 desatar un pronunciamiento valedero de cara a la apelaci\u00f3n que le brind\u00f3 atribuci\u00f3n para adoptar su veredicto; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a restarle efecto y proveer otra vez, acorde a lo plasmado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo implorado por Luly Jaqueline Forero Cort\u00e9s. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, que en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas, contado a partir de su notificaci\u00f3n, y tras dejar sin valor la sentencia de 10 de agosto pasado, as\u00ed como todas las resoluciones que de ello dependan, dirima nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo proferido en primera instancia dentro del proceso verbal n.\u00b0 \u00ab2018-00876\u00bb, instaurado por la tutelante frente a Carlos Arturo Contreras Murillo, conforme a lo plasmado en la considerativa de este pronunciamiento. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado de Familia de Soacha deber\u00e1 enviar el descrito dossier al Tribunal, en el lapso m\u00e1ximo de un (1) d\u00eda siguiente a su enteramiento, a fin de que esta \u00faltima corporaci\u00f3n pueda impartir cumplimiento a lo aqu\u00ed mandado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Cuota que ser\u00eda incrementada anualmente en igual porcentaje del reajuste del salario m\u00ednimo legal, y pagadera los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mes. <\/p>\n
2\u0002 Fallo en el que ese \u00f3rgano resolvi\u00f3, en \u00faltimas: (…)Declarar EXEQUIBLE el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, siempre y cuando se entienda que esta disposici\u00f3n es aplicable a los compa\u00f1eros permanentes que forman una uni\u00f3n marital de hecho\u2026 (Subrayas con intenci\u00f3n). <\/p>\n
3\u0002 Sentencia en la que se estudi\u00f3 un caso de cara al derecho a la pensi\u00f3n, pero para lo aqu\u00ed relevante se sostuvo, con base en el veredicto de constitucionalidad C-1033\/02, que: (…)la obligaci\u00f3n alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio constitucional de la solidaridad, del cual se derivan obligaciones y cargas susceptibles de ser reclamados coercitivamente y con el apoyo del Estado, como del principio de equidad, en la medida en que cada miembro de la pareja \u2013 uni\u00f3n marital o matrimonio- es obligado y beneficiario rec\u00edprocamente\u2026 (Negrillas ajenas). <\/p>\n
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STC12219-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12219-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03095-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luly Jaqueline Forero Cort\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57627","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57627","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57627"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57627\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57627"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57627"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57627"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}